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Arbitraje
CIADI condena a la República Bolivariana de Venezuela a pagar compensación por Expropiación del Aeropuerto Santiago Mariño en la Isla de Margarita
 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, D.C., dictó decisión a favor de las compañías Flughafen Zürich A.G., y Gestión e Ingeniería IDC, S.A. en el juicio arbitral llevado contra la República Bolivariana de Venezuela, iniciado en junio del año 2010 y que fue originado por la expropiación del derecho de administración y explotación del Aeropuerto Internacional del Caribe “General Santiago Mariño”, el cual se encuentra ubicado en la Isla de Margarita.

 

La decisión del CIADI establece que hubo una expropiación de la inversión realizada por las empresas demandantes y declara que hubo denegación de justicia por parte de la República Bolivariana de Venezuela, al ordenar el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 04 de marzo de 2009, la entrega al Ejecutivo Nacional del manejo y control del aeropuerto de la Isla de Margarita.

 

En razón de lo anterior se condena a la República Bolivariana de Venezuela al pago de la suma de USD 9.714.130,50 a cada una de las empresas demandantes por concepto de compensación de la expropiación de su inversión, debiendo incluirse los intereses devengados sobre dichos montos, desde diciembre del año 2005, fecha en la cual se realizó la expropiación.

 

Por otra parte, el CIADI ordenó también el pago a cada una de las demandantes, de la cantidad de  USD 525.000 y USD 1.874.000 por concepto de costos de procedimiento y gastos de defensa, respectivamente.

 

1)       De los Hechos

 

En junio de 1991 el Estado de Nueva Esparta, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, aprobó su propia Ley asumiendo la administración y el mantenimiento de los aeropuertos ubicados en su territorio. En octubre de 2001 empezaron las negociaciones entre los representantes de las compañías Flughafen Zürich, A.G., y Gestión e Ingeniería IDC, S.A., que actuaban en conjunto bajo la denominación del “Consorcio Unique”, y el Gobierno del Estado Nueva Esparta.

El 26 de febrero de 2004 que se promulgó el Decreto No. 1.188 mediante el cual el Gobernador del Estado adjudicó la prestación del servicio público del Aeropuerto de la Isla de Margarita al Consorcio Unique, lo que originó que las compañías demandantes crearan dos estructuras en Venezuela para organizar la operatividad del Aeropuerto, y en este sentido se constituyeron las empresas de nacionalidad venezolana Administradora Unique IDC, C.A. y la Sociedad de Aeropuertos Asociados de Venezuela, C.A.

En julio de 2004, el Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta demandó la nulidad del contrato entre las compañías y la Gobernación inició una serie de procedimientos y emitió Decretos, Resoluciones y Oficios con la finalidad de recuperar la administración y manejo del Aeropuerto de la Isla de Margarita, lo que dio cabida a numerosas acciones legales por parte del Consorcio Unique, como amparos constitucionales y medidas cautelares. Sin embargo, finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que la gestión del Aeropuerto pasaría a manos del Poder Nacional.

2)       De las Pretensiones de las Partes

Las partes demandantes, Flughafen Zürich A.G., y Gestión e Ingeniería IDC, S.A, solicitaron que el Tribunal ordenase y declarase que la inversión de ambas empresas:

·         Fue expropiada por la República Bolivariana de Venezuela.

·         Recibió un trato injusto e inequitativo por parte de la República Bolivariana de Venezuela.

·         Fue sometida a medidas arbitrarias o discriminadoras.

Asimismo solicitó pronunciamiento en el sentido de que:

·         La República Bolivariana de Venezuela incurrió en denegación de justicia con respecto a la violación del derecho internacional consuetudinario.

·         Ambas empresas tienen derecho a ser indemnizadas por la totalidad de los daños sufridos por consecuencia de las actuaciones arbitrarias de la República Bolivariana de Venezuela.

·         La República debe indemnizar a Flughafen Zürich A.G. y a Gestión e Ingeniería IDC, S.A. por el monto de CHF 40.376.173 y CHF 24.002.048.009 respectivamente, o por el monto que el Tribunal estime.

·         La República Bolivariana de Venezuela deberá pagar a ambas empresas los intereses sobre el monto de la indemnización establecida por el Tribunal hasta la fecha de su pago en efectivo, a una tasa de interés anual compuesta equivalente al LIBOR mas 4% o la tasa de interés comercial que el Tribunal estime aplicable.

·         La República Bolivariana de Venezuela debe pagar a las demandante todos los costos del arbitraje incurridos, incluidos los honorarios de los abogados y gastos legales.

Por otra parte, la demandada, la República Bolivariana de Venezuela, solicitó que el Tribunal ordenase y declarase:

·         Que el Centro carece de jurisdicción y el Tribunal de competencia para conocer de la controversia, razón por la cual solicitan que se rechacen todas las pretensiones de las demandantes.

·         Que los reclamos presentados por las demandantes no pueden resultar admisibles en los términos que han sido presentados.

·         Que las demandantes deben ser condenadas a pagar todos los gastos y las costas que surjan del procedimiento arbitral.

3)       Aspectos Resaltantes de la Motivación

En cuanto a la expropiación:

Las compañías demandantes alegaron, según se puede constatar en el Laudo, que la República Bolivariana de Venezuela incurrió una serie de violaciones a los tratados correspondientes. Entre ellas se alega que la demandada expropió los derechos dimanantes del mencionado contrato, más específicamente señalan que hubo una “expropiación directa” que se habría llevado a cabo con varios actos sucesivos, cada uno violando el Derecho Internacional. Estos actos son los siguientes:

  • La Resolución del 10 de junio de 2005, mediante la cual la Gobernación de Nueva Esparta revocó el Decreto 1.188 de la adjudicación del Contrato.
  • Oficio del 29 de diciembre de 2005, mediante el cual se ordenó la intervención del aeropuerto.
  • Decreto 806, del 17 de junio de 2006, mediante el cual se acordó el rescate de la Concesión por razones de interés público.
  • Sentencias del 04 de agosto de 2006 y el 04 de marzo de 2009, dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, mediante las cuales se instituyó una Junta Interventora y entregó la administración del Aeropuerto al Poder Nacional, respectivamente.

A juicio de las demandantes, las razones aducidas por la Gobernación de Nueva Esparta para el rescate de la Concesión no constituyen razones de interés público y no se corresponden con la situación real.

Por otra parte, la República Bolivariana de Venezuela alega que se vio obligada a llevar a cabo todas las actuaciones correspondientes, debido a la existencia de grandes vicios en el procedimiento de contratación y para garantizar el servicio público de los usuarios del Aeropuerto.

Se puede observar que en preceptos transcritos en el Laudo de los tratados suscritos por la República Bolivariana de Venezuela que se le impone a la misma que se abstenga de adoptar medidas expropiatoria, salvo que se reúnan los requisitos de interés público, no discriminación, legalidad y compensación adecuada.

Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela afirma que las compañías no tenían una inversión protegida por los tratados, ya que el otorgamiento de la concesión se habría ajustado al Derecho Venezolano, lo cual es completamente contradicho por las compañías demandantes.

El Tribunal Arbitral constata que la República Bolivariana de Venezuela no fue capaz de probar que la intervención constituye una medida justificada precedida de una auditoría seria e independiente, adoptada tras una tramitación garantista, fundada en incumplimientos del Contrato o de la normativa específica por la que se rigen los aeropuertos en Venezuela, sino que por el contrario se concluye que las medidas adoptadas por al Gobernación del Estado Nueva Esparta y por el Tribunal Supremo de Justicia constituyen una expropiación directa, y más concretamente una nacionalización de la inversión perteneciente a las demandantes, que gozaban del estatuto de inversiones protegidos por los tratados.

Trato Justo y Equitativo:

Se puede desprender del Laudo que las compañías demandantes sostienen y alegan que las actuaciones de la Gobernación de Nueva Esparta constituyen una violación a la obligación de brindar un trato justo y equitativo. Tales actuaciones son aquellas que como mencionamos anteriormente originaron la expropiación ilegítima (Decreto 1.188; Oficio del 29 de diciembre de 2005, y el Decreto 806). Mientras que siguiendo en esta misma línea, las demandantes sostienen que el Tribunal Supremo de Justicia no tomó en consideración los derechos de las demandantes bajo el contrato, violando los principios básicos de la Constitución y Legislación venezolana. Por ello las demandadas entienden que todas estas actuaciones fueron contradictorias, incoherentes, arbitrarias y violaron el derecho al debido proceso.

Por otra parte, la demandada sostiene que sus acciones no incumplieron tal obligación de dar un Trato Justo y Equitativo, ya que fueron actuaciones válidas en el ordenamiento jurídico y los Tribunales Venezolanos brindaron a las demandantes un proceso justo, en  el que tuvieron la oportunidad de presentar pruebas y defenderse.

En este punto, el Tribunal Arbitral se apega a los argumentos presentados por la República Bolivariana de Venezuela, ya que no se puede considerar que no hubo un Trato justo y Equitativo sólo por las actuaciones realizadas por la Gobernación del Estado Nueva Esparta, puesto que se debe tomar en cuenta que hubo un evidente acceso a la justicia ya que las mismas fueron efectivamente controladas y corregidas por los Tribunales Contenciosos Administrativos, razón por la cual el Tribunal arbitral desestimó dicha pretensión. 

De la Denegación de Justicia:

En cuanto a este punto, las compañías demandantes alegaron que la República Bolivariana de Venezuela incurrió en denegación de justicia, ello derivado de las dos decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: La sentencia del 04 de agostos de 2006, en la que acordó sometes la administración del Aeropuerto a una junta Interventora y, por otra parte, la sentencia del 04 de marzo de 2009, mediante la cual entregó la administración del Aeropuerto al Poder Nacional.

Las compañías demandantes sostienen que la denegación de justicia es manifiesta, ya que la Sala constitucional del Tribunal supremo de Justicia estaba obligada a resolver la controversia a la que ya se había avocado y que no existía remedio efectivo alguno contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

Por otra parte, la demanda sostiene que no hubo denegación de justicia, ya que los demandantes no agotaron los recursos disponibles, puesto que lo que hizo la Sala Constitucional fue declinar su competencia al Tribunal que era realmente competente para resolver el asunto, por lo que la demandada considera que las compañías no agotaron sus recursos.

El Tribunal estableció que no puede generar denegación de justicia, ya que “el ilícito iusinternacional está reservado para situaciones en las que los órganos judiciales han vulnerado flagrantemente el ordenamiento jurídico, no para situaciones dudosas, en las que se puede defender legítimamente diferentes interpretaciones de la normativa aplicable”.

En cuanto a la sentencia del 04 de marzo de 2009, el Tribunal Arbitral establece que hay dos grandes vicios: primero, que dicha sentencia fue adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia, sin que mediara petición alguna de ninguna de las partes, de esta forma violando el principio de justicia rogada. Segundo, la sentencia se publicó inaudita parte (sin escuchar a las demandantes) e inauditis partibus, o sea, sin dar audiencia ni al Estado de Nueva Esparta, ni al Procurador, ni a la Fiscalía ni a ningún funcionario que represente al Poder Nacional. Todo esto de forma contraria al principio que establece que nadie puede ser afectado en sus derechos y en su patrimonio sin haber tenido la posibilidad de que el juzgador oiga sus alegaciones y valore sus pruebas. Por otra parte, el laudo establece que la motivación de la sentencia es insuficiente, ya que se justifica la cesación de la Junta Interventora y la entrega del Aeropuerto al Poder ejecutivo central en los argumentos siguientes: incapacidad de las partes en asumir el control del Aeropuerto y la garantía de preservar la paz social y el interés general.

El Tribunal Arbitral considera que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuó sin respetar las exigencias más básicas del debido proceso, sin norma autorizante y con el único objetivo de reforzar los poderes y competencia del Poder Ejecutivo central en materia aeroportuaria y recortar la competencia de los Estados. Por esta razón, el Tribunal concluye en que hubo denegación de justicia en perjuicio de las demandantes, tanto en la sentencia del 04 de marzo de 2009, como en su aclaratoria.

4)       Voto Disidente

Por su parte, Raúl Emilio Vinuesa manifestó su voto disidente del Laudo por distintas razones, entre ellas:

La consumación del iter expropiatorio:

En este aspecto, Vinuesa concuerda con la mayoría en cuanto a que los actos realizados por  Gobernación del Estado Nueva Esparta constituyen una expropiación directa, sin embargo, entiende que la consumación del iter expropiatorio se produjo no por ante dicha sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sino a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 6.646 del 24 de marzo de 2009. De esto se desprende que dicha disidencia se motiva por una apreciación distinta de los hechos que dieron lugar a la expropiación, pero coincide con la mayoría sobre la existencia de una expropiación contraria a Derecho.

De la Denegación de Justicia:

Vinuesa establece que en el Derecho Internacional consuetudinario se exigen dos requisitos fundamentales para que se declare la denegación de justicia: Manifiesta Antijuridicidad imputable al Órgano del Estado y el Agotamiento de los Recursos Internos.

Partiendo de este punto, la mayoría del Tribunal concluyó en el Laudo que la República Bolivariana de Venezuela incurrió en una denegación cuando el Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión del 04 de marzo de 2009, decidió que el manejo y el control del Aeropuerto fuera entregado al Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo se debe tomar en cuenta que el otorgamiento de la administración del Aeropuerto a favor del Poder Nacional fue definido por el Tribunal Supremo de justicia  como temporaria y supeditada a la resolución de los recursos de nulidad pendientes. En segundo lugar, las decisiones del Poder Nacional respecto a la apropiación definitiva de los aeropuertos de la Isla Margarita fueron posteriores a la decisión del Tribunal de fecha 4 de marzo de 2009.

En consecuencia, la sentencia no evidencia violación alguna al debido proceso ni provoca una manifiesta arbitrariedad que fundamente la existencia de una denegación de justicia.

En consecuencia, manifiesta Vinuesa, que “la existencia de una denegación de justicia no depende de si una sentencia definitiva es favorable a una u otra parte, si está bien, medianamente o mal fundada en derecho, o si contiene errores en cuanto al derecho aplicable o si se comparten o no los criterios definidos en sus considerandos. Para que haya una denegación de justicia debe haberse constatado una clara y manifiesta antijuridicidad en el procedimiento y/o en el resultado; la sentencia debe evidenciar una arbitrariedad notoria y resultar ser manifiestamente injusta; debe provocar un sentido de desprecio por el debido proceso y debe afectar gravemente la esencia misma de la función judicial. Una denegación de justicia genera un sentimiento de repudio generalizado frente a la constatación de la antijuridicidad evidente de una sentencia definitiva” y que “Ninguno de estos elementos considerados por el derecho internacional consuetudinario como constitutivos de una denegación de justicia se manifiestan en la decisión del Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2009”.



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