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Arbitraje
Alvaro Badell Madrid, "Reaccion o relacion Poder Judicial y arbitraje"
 

REACCIÓN O RELACIÓN PODER JUDICIAL Y ARBITRAJE*

Álvaro Badell Madrid

Doctor en Derecho

Profesor de Derecho Procesal

Universidad Católica Andrés Bello 

Universidad Central de Venezuela

Presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje

 

Sobre tema de la relación entre el poder judicial y el arbitraje y la reacción de aquel sobre éste, resulta necesario para su comprensión, sistematizar nuestro comentario a la luz de las tres etapas –según mi visión- en las que se ha desarrollado el arbitraje en Venezuela.

Primera etapa: vigencia de los Código de Procedimiento Civil del siglo XX, particularmente 1904, 1916 y 1986

En estos 70 años de vigencia de dichos Códigos Procesales, fueron de evidente exclusividad y prelación del poder judicial ante la institución del arbitraje. Se regulaba el arbitramento de manera profusa en dichos textos legislativos, con algunas formalidades -hoy superadas- como por ejemplo la necesidad de que el compromiso arbitral constara en documento autentico (502 CPC 1916) o la posibilidad de discusión —en juicio— sobre la existencia del compromiso arbitral.

Escasa fue la relación poder judicial arbitraje, ya que en esta primera etapa legislativa básicamente el arbitramento derivada en procesos judiciales ordinarios habida cuenta de la posibilidad de litigar sobre la existencia o no del compromiso arbitral.

Segunda etapa: promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial de 1998

Con la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial (LAC) se estatuye un procedimiento expedito, breve, sin incidencias, recogiendo la mayoría de los principios que rigen la materia arbitral a nivel internacional, tales como la confidencialidad, cosa juzgada derivada del laudo, plena autonomía de la voluntad de las partes como signo distintivo de la relación jurídica procesal que en definitiva distingue la justicia por consenso.

Surgen los 2 centro de arbitraje que actualmente funcionan en el país y comienza la etapa de promoción masiva y sostenida del arbitraje.  En esta fase podríamos afirmar que se genera una reacción del poder judicial ante la incorporación del arbitraje comercial al derecho positivo venezolano. Esta reacción quizá se ve incrementada por la incorporación que la Constitución de 1999 hace a través de los artículos 253 y 258. Igualmente, los árbitros son reactivos ante el poder judicial partiendo de la errada premisa según la cual se trataba de jurisdicciones excluyentes.

Tercera etapa: se establece la normalidad de la relación entre jurisdicción judicial y jurisdicción arbitral

Es en esta etapa,  la Sala Constitucional dicta decisiones limitando los recursos que proceden contra el laudo arbitral (caso: Van Raalte de Venezuela SC N° 1.773-30/11/2011) y se pronuncia dicha Sala por la tesis de la necesaria colaboración que debe existir entre el poder judicial y el arbitraje, como por ejemplo hizo en el caso: Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas SC N° 702-18/10/2018.

Esta sentencia determinó conforme a derecho el control difuso realizado al literal “j” del artículo 41 por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas en un caso de desalojo regido por el vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, dado que dicho Centro en su laudo desaplicó por vía de control difuso ese referido literal indicando que la norma era inconstitucional en el caso planteado, toda vez que una interpretación de los artículos 253 y 258 de la Constitución permitía la utilización del arbitraje como un medio legítimo para dirimir controversias, incluyendo a las que se susciten en materia arrendaticia.

La Sala inició de oficio el control concentrado de la constitucionalidad del literal “j” del artículo 41 por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas en un caso de desalojo regido por el vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El resumen es que la relación entre poder judicial y arbitraje vive actualmente una etapa de colaboración y armonía plena en función del cumplimiento idónea del cometido constitucional de reconocimiento y promoción del arbitraje como medio de justicia por consenso.

* Artículo publicado en MARC, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, 2da Edición (2019), VENAMCHAM. pp. 18 y 19. Disponible en: https://issuu.com/cedca/docs/marc_iiedicion_f



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