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Derecho Administrativo
Rafael Badell Madrid. Intervención del Estado en la economía. Conferencia dictada en las XIX Jornadas Centenarias Internacionales del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Valencia, 9 de diciembre de 2016.
 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

Rafael Badell Madrid[1]

I.     Introducción

II.  Constitución económica

1.      Planteamiento del asunto

2.      Origen y concepto de la Constitución Económica

3.      Principio de neutralidad política de la Constitución

3.1  Origen y concepto

3.2  Jurisprudencia

4.      La Constitución económica en Venezuela

4.1  La Constitución de 1811 hasta 1961

4.2  La Constitución de 1999: el régimen socio-económico y la función del  Estado en la economía.

 

III.             Principios y límites que rigen la intervención del Estado

1.      Límite de la reserva legal (artículo 112 de la Constitución)

2.      El principio ¨Favor Libertatis¨

3.      Principio de subsidiariedad (decisión de 30 de mayo de 1930 del Consejo de Estado francés)

4.      Principio de coiniciativa (artículo 299 de la Constitución; artículo 128 de la Constitución de España)

4.1 Planteamiento

4.2 Límites al principio de coiniciativa

4.2.1 Libertad de empresa

4.2.2 Libre competencia

5.      Principio de proporcionalidad

IV.    Limitaciones al ejercicio de la libertad económica en Venezuela

1.      Planteamiento del asunto

2.      Derecho de libertad de industria y comercio

2.1 Planteamiento (artículo 112 de la Constitución)

2.2 Inversiones extranjeras (artículo 301 de la Constitución)

2.3 Regulación de hidrocarburos (artículo 302 de la Constitución)

2.4 Regulación de minas (artículo 12 de la Constitución) 

2.5 Sector bancario, de seguros y títulos valores (artículo 156.11 de la Constitución)

2.6 Sector de consumidor y usuario (artículo 117 de la Constitución)

2.7 Sanidad (artículos 83 y 85 de la Constitución)

2.8 Turismo (artículos 310, 156.23, y 178.1 de la Constitución)  

2.9 Telecomunicaciones (artículo 156.28 de la Constitución)

2.10 Servicios postales (artículo 156.8 de la Constitución)

2.11 Servicio eléctrico (artículos 156.9, y 178.6 de la Constitución) 

3.      Derecho de propiedad

3.1 Planteamiento (artículo 115 de la Constitución)

3.1.1 Propiedad inmobiliaria urbana y propiedad rural (artículos 306 y ss. de la Constitución)

3.1.2 Propiedad industrial y propiedad intelectual (artículo 98 de la Constitución)

3.1.2.1 De la violación al derecho de propiedad industrial (artículos 323 al 329 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores).

3.2 De la violación a las garantías del derecho de propiedad inmobiliaria

3.2.1 De la violación a la garantía de declaración de utilidad pública e interés social.

3.2.1.1 Ley Orgánica de Precios Justos

3.2.1.2 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas

3.2.2 De la violación a la garantía de que exista un proceso judicial y se declare la expropiación mediante sentencia firme.

3.2.2.1 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas

3.2.2.2 Ley Orgánica de Precios Justos

3.2.3 De la violación a la garantía de que medie justa indemnización

3.2.3.1 Ley para la determinación del justiprecio de bienes inmuebles en los casos de expropiación de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad

3.2.3.2 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario

3.2.4 Del establecimiento indebido de la expropiación como sanción

3.2.5 De la disminución de los atributos de uso, goce y disposición de la propiedad

3.2.5.1 Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda

3.2.6 De las expropiaciones de hecho

4. Régimen monetario (artículos 318 y 319 de la Constitución)

4.1 Régimen de control cambiario

4.1.1 Constitución (artículo 50 de la Constitución)

4.1.2 Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela

4.1.3 Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

5. Influencia de los Decretos-Leyes en la economía.

V.  Bibliografía

 

I.                   Introducción

 

Las relaciones entre economía y derecho son muy importantes pues independientemente del sistema económico que se adopte, se requiere una estructura normativa que permita a los diferentes actores de la vida económica, la adquisición y el uso de los factores de producción, de los productos y los servicios. El sistema económico precisa  de una formulación jurídica y, en tal sentido, su organización y funcionamiento depende de las normas.

El derecho ofrece a la economía las técnicas jurídicas instrumentales, así como la seguridad y previsibilidad necesarias, a la vez que incide en ella de forma general y particular. Tan relevante es dicha incidencia que partiendo del análisis de la historia económica se ha sostenido que la existencia de instituciones jurídicas formales y sociales no formales, han constituido el principal factor diferenciador que explica el desarrollo en unos países y el subdesarrollo en otros[2]. Así pues, se ha determinado que a mayor intervención o incidencia del Estado en la actividad económica de los particulares, bien sea a través de normas constitucionales, legales o sublegales, menor será el desarrollo y el crecimiento económico, provocando a su vez un detrimento profundo en la democracia y el estado de derecho de un país pues, mientras mayor es el grado de desigualdad, menores son los niveles de estado de derecho.

Sin embargo, hay que aclarar que aun cuando el derecho influye en la economía, no la determina. Podemos referirnos a cuatro postulados formulados por Max Weber[3] al respecto: (i) El derecho no garantiza únicamente intereses económicos; (ii) El orden jurídico puede mantenerse según un modelo, aun cuando las relaciones económicas se hayan transformado; (iii) Los intereses económicos, son factores determinantes en la formación del derecho; y (iv) La capacidad del derecho para influir en la economía es limitada. Entonces, las relaciones entre derecho y economía son de gran importancia, pues el funcionamiento armonioso y eficiente de un sistema económico precisa de normas que aseguren la adquisición y uso de los factores de producción, de los productos o de los servicios. Todo orden jurídico repercute de manera directa en lo económico.

Ahora bien, como fundamento del sistema jurídico, la Constitución constituye una de las bases del régimen económico. El proceso de juridificación de la materia económica y de las relaciones entre los titulares de los derechos económicos y la mayor o menor intervención del Estado en la economía se expresa, en primer lugar, a través de la Constitución, luego por medio de la Ley y, más allá de las fuentes anteriores, a través de actos de rango sub-legal.

Desde Weimar la doctrina ha denominado Constitución Económica al bloque de regulaciones constitucionales referidas a la economía y al derecho.  Las otras, de rango legal y sub legal, han dado origen al derecho administrativo económico, es decir al ordenamiento jurídico que establece y regula, de una parte,  la intervención del Estado en la economía y sus límites y, de la otra, los derechos y garantías de los administrados.

El derecho administrativo económico es la ¨suma de normas y medidas que regulan las distintas instituciones y la actividad de los órganos administrativos y autoridades administrativas en sus formas de actividad de seguridad, planeamiento, vigilancia, dirección y fomento de la economía y las relaciones entre los sujetos que actúan en la vida económica y la administración pública¨[4].

La administración pública está facultada para intervenir en la economía, con  mayor o menor intensidad, de acuerdo a lo que determinen las normas constitucionales, legales o sublegales, a través de la actividad de policía, consistente en el conjunto de medidas coactivas utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad, el ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, al orden público; la actividad de fomento, mediante la cual la administración se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público protegiendo o promoviendo, sin emplear la coacción, las actividades de los particulares o de otros entes públicos que directamente las satisfacen (Garrido Falla); y la actividad de gestión económica, por medio de la cual la administración pública concurre junto a los particulares en el ejercicio de la actividad económica, industrial y comercial en régimen de competencia, para la satisfacción de los intereses generales[5].

En Venezuela la intervención en la economía, mediante la actividad de policía, fomento y empresarial, se ha presentado de forma muy marcada en los distintos sectores económicos del país como en el de la propiedad privada[6], tanto urbana[7] como rural[8], la propiedad industrial[9], la propiedad intelectual[10], etc.; la regulación de hidrocarburos[11] y minas[12];  el sector financiero y bancario[13]; sector de consumidor y usuario[14]; sanidad[15]; turismo[16]; telecomunicaciones[17]; servicios postales[18]; servicio eléctrico[19], contratación pública[20], inversión extranjera[21], régimen tributario[22], régimen monetario[23] y control de cambio[24], entre otros.

 

II.                Constitución Económica

 

1.      Planteamiento del asunto

La Constitución como norma superior, rectora del ordenamiento jurídico,  no solo regula la organización, competencias y funcionamiento de los órganos del Estado, desde un punto de vista funcional y territorial, así como lo derecho civiles, sociales, políticos y económicos, sino que contempla también las relaciones económicas entre el Estado y los ciudadanos; regula los aspectos fundamentales del régimen económico del país, el grado de la participación del Estado en la economía, modula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y determina sus derechos económicos.

De allí que en la Constitución, además de la parte dogmática, relativa a las limitaciones para el ejercicio del poder frente a los ciudadanos: régimen de derechos y garantías; y la parte orgánica, a través de la cual se organizan los Poderes Públicos, su funcionamiento y ámbito de competencia, encontramos  un conjunto de regulaciones que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las relaciones económicas entre el Estado y los particulares y el papel que, en esas relaciones, corresponde a la iniciativa privada y al propio Estado[25].

Un asunto delicado respecto del planteamiento anterior, es el contenido de esas  cláusulas económicas contenidas en la Constitución, es decir su mayor o menor rigidez o flexibilidad, de lo cual dependerá  la forma política que se adopte.  El orden económico constitucional, ¨no es una pieza aislada sino un elemento más dentro de la estructura básica de la ley fundamental¨[26]. La denominada neutralidad política de la Constitución se configura como un principio que tiene por finalidad evitar que el Estado se comprometa con doctrinas económicas específicas e inmutables. De allí que en los Estados con pensamientos democráticos, estas regulaciones económicas han de ser flexibles, amplias y abiertas, en tanto que en los países menos democráticos, las cláusulas económicas tienden a ser cerradas, rígidas e inflexibles, enderezadas a imponer  un único y absoluto modelo económico.  Esa flexibilidad en la formulación de los postulados es la que puede permitir la actuación sucesiva de gobiernos democráticos, cada uno con sus propias concepciones económicas e ideológicas, sin que para implantarlas sea necesario reformar la Constitución, de manera de no coartar la acción legislativa[27]

No debe la Constitución consagrar de forma expresa y categórica el modelo económico del país. No debería definir con grado de detalle las políticas públicas que el Estado deberá adoptar. No estamos proponiendo la absoluta y completa indeterminación o ausencia de regulación. Preferimos un modelo de constitucional abierto y  flexible en el cual no haya pronunciamiento determinante sobre el modelo económico que pueden desarrollar los poderes públicos, sino que se dejen expresamente plasmados algunas expresiones, principios, libertades y derechos que están dirigidos a configurar un sistema económico, así como los principios generales de la actividad empresarial; de esta forma, ¨a partir de una interpretación integrada del conjunto de derechos y libertades individuales reconocidos en el texto constitucional, se puede inducir el sistema económico que debe presidir la vida social¨[28].

A esas regulaciones económicas les corresponde precisar la concepción del Estado frente a la propiedad privada, la libertad contractual, la libertad de industria y comercio, la naturaleza y grado de intervención del Estado dentro de la economía, la dimensión de la iniciativa personal de los particulares en el mercado y la tutela jurídica que se le concede a esa iniciativa. En desarrollo de esas disposiciones constitucionales el legislador dictará las normas necesarias para actualizarlas o concretarlas.

Ese es, precisamente, el derecho administrativo  económico, que se relaciona con la aplicación concreta de los principios predicados por la Constitución económica y comprende los procedimientos y órganos creados por la ley para  dar plena instrumentación al sistema económico escogido, así como la intervención coercitiva de los poderes públicos en la actividad económica.

Cierto que la Constitución Económica requiere de desarrollo legislativo para originar nuevos bloques normativos y que son la manifestación del estado social de derecho, es decir las potestades públicas económicas reconocidas al Estado en la Constitución Económica y que conforman el derecho administrativo económico, dentro del cual están regulados también, obviamente, el sistema empresarial de producción o distribución de bienes y servicios. Esos dos componentes, estado social y sistema de libertades, se presentan interconectados en el sentido de que las potestades públicas económicas se coordinan con las libertades económicas de los ciudadanos. Esa delicada tesitura o relación es, precisamente,  el objeto del derecho constitucional económico y el derecho administrativo económico.

 

 

2.      Origen y concepto de Constitución económica

 

La regulación constitucional de las relaciones económicas entre el Estado y los ciudadanos ocurre como reacción al establecimiento del modelo del Estado Liberal luego de que este se impusiera a su vez como respuesta al poder absoluto del príncipe, es decir, al Estado del poder absoluto que se consolidó durante la Edad Media en Europa Occidental, donde el poder se ejercía sin dependencia o control alguno por parte de otras instancias.

El Estado Liberal estuvo caracterizado por configurar un orden jurídico-político en el cual se sometió la actuación de los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución y a la ley; además en él se dividieron las funciones del Estado entre poderes separados, y se reconocieron expresamente  ciertos derechos y libertades con plenas garantías jurídicas a los ciudadanos. Este modelo suponía una Constitución que, si bien no contemplaba específicamente los asuntos relativos al sistema económico, establecía si el régimen de  derechos y libertades que, a pesar de ser concebidos como derechos generales de la personalidad, estaban dispuestos además con el fin de crear las condiciones jurídicas para el desarrollo de un sistema económico preponderantemente capitalista.

Este sistema se consideraba regulado por sí mismo a través de un mecanismo de mercado y sin necesidad alguna de la intervención del Estado, a menos que fuere necesario eliminar alguna perturbación circunstancial o coyuntural. De esta forma, el orden estatal y el orden económico eran considerados dos sistemas separados que funcionaban de manera sustancialmente independiente, orientado cada uno por sus propios fines y llevándose a cabo por la operación de leyes de distinta naturaleza, en las que el estado solo intervenía por sí mismo en lo referente al sistema objetivo- monetario y arancelario de forma subsidiaria[29].

Sin embargo, pese a los grandes avances que pudo significar la imposición del Estado Liberal para una sociedad completamente reprimida por la monarquía, a finales del siglo XIX comenzaron a surgir una serie de protestas sociales que cuestionaban la pertinencia de ese modelo de Estado y lo consideraban perjudicial para la sociedad, puesto que en él se permitía la existencia de situaciones de injusticia que permitían el beneficio de pocos, al tiempo que se generalizaba la pobreza. Eso trajo consigo la respuesta de los desfavorecidos socialmente, quienes lucharon por la reivindicación de sus derechos, impulsando al Estado a actuar más activamente y tomar un rol, más allá de la abstención, de mayor tutela en obsequio de los principios de igualdad, solidaridad y justicia social.

La magnitud de los problemas sociales que tuvieron lugar durante el Estado Liberal dio  origen al surgimiento de medidas de política social y económica, llevadas a cabo a través de la legislación y la administración. Aunque dichas medidas en principio resultaron excluyentes, luego constituyeron un sistema que sería reconocido a mediados del siglo XX como parte de la ordenación constitucional, teniendo como primeras manifestaciones la Constitución mexicana de Querétaro de 1917 y luego la Constitución alemana de Weimar de 1919 (que comprendía una sección -V- que denominada ¨La vida económica¨, de su segunda parte dedicada a los derechos y deberes de los alemanes, a regular la actividad económica[30]).  Se pasó del mercado auto regulado  a un sistema a través del cual el Estado controlaba, con mayor o menor intensidad, la economía. Esa regulación económica corresponde desarrollarla, en primer lugar, a la  Constitución que diseña las líneas rectoras del régimen económico, consagra los derechos económicos de los ciudadanos y delimita  el ámbito de participación del Estado en la vida económica.

A ese conjunto de normas que regulan los aspectos económicos de la vida nacional se les ha denominado Constitución Económica.  Esa expresión, Constitución Económica, es un término que tiene entonces su origen en Alemania (En la obra Defensa de la Constitución, Schmitt emplea la voz ¨constitución económica¨ y desde entonces se ha generalizado[31]), cuando la doctrina comenzó a reparar en las consecuencias jurídicas derivadas de la ordenación de la economía llevada a cabo por la Constitución[32], en ¨contraste con las constituciones prohijadas por el pensamiento ilustrado en las cuales no está presente la regulación económica, pues se entendía que se guiaba por sus propias leyes¨[33]; y para distinguirla de otra disciplina relacionada: el derecho administrativo de la economía.

Sin embargo, el proceso de adopción de la Constitución económica, tal y como lo conocemos hoy día, fue más acentuado al término de la segunda guerra mundial, cuando se inició una nueva etapa en el derecho constitucional, fruto de un compromiso político y social, y se consagraron normas de principio de carácter declarativo sobre fines sociales, o bien de rechazo del orden económico liberal. De forma que se llevaron a los textos constitucionales bloques de derechos sociales, entendidos como prestaciones u obligaciones a asumir progresivamente por el Estado y medidas de nacionalización de sectores productivos, entre otras normas, con la idea de configurar el nuevo rol del Estado y su mayor compromiso con las necesidades económicas y sociales de la población[34].

 

 

Concepto de Constitución económica

 

 

La Constitución económica comprende el conjunto de normas o principios de rango constitucional que establecen el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad económica, previendo formas de interrelación entre la iniciativa económica de los particulares (individualmente o en grupos, asociaciones o empresas), y la actividad del Estado[35].

 

 La Constitución no solo regula derechos económicos, políticos y sociales, sino que también se refiere a los llamados principios que regulan la economía y establece el régimen jurídico indispensable para su estructura y funcionamiento, de modo que permita al Estado planificar e intervenir en la economía, a modo de  asegurar el desarrollo de políticas económico-sociales pertinentes y adecuadas a las distintas necesidades de la población. La Constitución económica  tiene por objeto establecer los principios del régimen de las relaciones económicas y el papel que, en las mismas, corresponde a la iniciativa privada y al propio Estado[36]. Son las normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica.

 

Se trata de las cláusulas económicas contenidas en la Constitución, que determinan la función del Estado en la economía, así como los derechos económicos de los ciudadanos[37], de forma  que sirven de parámetros jurídicos básicos para para la acción de los actores económicos, bien sean públicos y privados, y a su vez comprenden la enunciación de principios y valores directivos orientados de la acción, o pueden tener formulación y garantías más rigurosas.

En el derecho español, autores como García Pelayo han definido la Constitución Económica como « [...] el conjunto de las normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro modo, para el orden y proceso económico [...]»[38]

En el mismo sentido, se entiende por constitución económica, o modelo económico de la Constitución, de acuerdo con Gaspar Ariño Ortiz, ¨el conjunto de principios criterios, valores, y reglas fundamentales que presiden la vida económico-social de un país, según un orden que se encuentra reconocido en la Constitución¨[39]; y conforme con Retortillo (1998), la Constitución económica es el conjunto de principios y normas que, a nivel constitucional, establecen el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica.

 

3. Principio de neutralidad política de la Constitución

 

3.1  Origen y concepto del principio de neutralidad política

El término “neutralidad política de la Constitución” fue acuñado  por la jurisprudencia alemana, refiriéndose a la Constitución económica de Bonn de 1949, cuando el Tribunal Constitucional alemán, en una sentencia relativa a la constitucionalidad de la Ley de Ayuda  a la Inversión de fecha 20 de julio de 1954, hizo mención a la noción de neutralidad política económica, teniendo como límite el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales. En el mismo sentido, el referido Tribunal Constitucional alemán, en fecha 1 de marzo de 1979, declaró que ¨La Ley fundamental no contiene determinación o garantía de modelo económico alguno, sino que encomienda el régimen económico al legislador, quien decidirá libremente dentro de los márgenes trazados por la ley fundamental¨, ello por gozar del fundamento sólido de la legitimación democrática.

Como lo hemos señalado en otras ocasiones[40], la neutralidad política de la Constitución se traduce en la imposibilidad de deducir, de la letra del texto constitucional, modelo económico alguno o una orientación político-económica concreta, pues se entiende que estas son tareas que están encomendadas al legislador.  El principio de neutralidad supone que en el texto de la Constitución no se define determinantemente un modelo u orientación económica, antes y por el contrario, se delega en el legislador ese cometido. De este modo, a la Constitución no le corresponde establecer paradigmas económicos; el carácter mutable de la necesidad del Estado y la coyuntura económica justifican la neutralidad política de la Constitución[41].

La utilidad de la tesis de la neutralidad política del texto Constitucional es que puede dotarse al Estado de un instrumento que, además de dar espacio al legislador para que produzca leyes adecuadas a los requerimientos del grupo social, también pueda convertirse en un instrumento eficaz y predecible para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La tesis de la neutralidad política de la Constitución excede la mera flexibilidad del régimen económico; la neutralidad debe entenderse como una clave interpretativa conforme a la cual, en primer lugar, la Constitución no determina ni prevé una garantía de modelo económico alguno; de otra parte no debe establecer juicios en relación con el modelo económico a partir de las disposiciones constitucionales y, en tercer lugar, ha de existir una delegación a favor del legislador quien -atendiendo a las necesidades y a las circunstancias- dentro de los márgenes que la propia Constitución le ha impuesto, y sin más legitimación que la que deriva de su carácter de cuerpo colegiado elegido popularmente, debe establecer la orientación político-económica del Estado. La neutralidad política de la Constitución evita comprometer al Estado con unas específicas doctrinas económicas y con la garantía o imposición de las correspondientes concepciones acerca de la política de ordenación óptima o adecuada[42].

El criterio de la neutralidad es la base de la clasificación formulada por Karl Loewenstein entre constituciones ¨ideológicas¨ y constituciones ¨pragmáticas¨, de acuerdo a la cual las primeras responden a objetivos axiológicos, políticos, económicos o religiosos predeterminados, mientras que las segundas pretenden fundamentarse sobre una base ideológica neutra[43]. No obstante, debe advertirse, esa neutralidad de la Constitución no implica en modo alguno la ausencia de bases jurídicas sobre las cuales pueda desarrollarse una economía; antes por el contrario, lo que hace es delegar en el legislador el desarrollo de dichas bases.

Rolf Stober, representante de la doctrina alemana, al definir la neutralidad de la Constitución económica, señala que esta debe entenderse como ¨… una amplia disponibilidad de regulación de la ordenación económica, cuya reorientación en un momento determinado puede hacerse sin cambio constitucional…¨[44]. En este sentido, la neutralidad consiste en la abstención del texto constitucional de delimitar un sistema económico concreto, transfiriendo así dicha atribución a los órganos del Poder Público, de forma tal que estos no queden sujetos a un modelo económico específico, dándole la libertad de adecuar a las necesidades coyunturales de determinado momento el modelo a ser adoptado[45].

En los países democráticos la Constitución ha tendido a la estructuración de sistemas que se muestren suficientemente amplios como para garantizar la aplicación de diferentes variables, para diferentes momentos históricos, según sea aplicable una u otra ideología, de las distintas y sucesivas políticas económicas que traten de llevarse a cabo[46]. De ahí que la justificación de la tesis de la neutralidad política de la Constitución se halla en el carácter mutable de las necesidades del Estado y variabilidad de la coyuntura económica, de manera que se entiende que la adopción de un modelo económico o de una orientación político-económica son tareas que deben estar encomendadas al legislador. 

Un muy llamativo ejemplo de neutralidad político-económica es la Constitución de los Estados Unidos de América; donde fueron consagradas la propiedad privada y la protección contra la voracidad fiscal de los estados que tenían exceso de autonomía, y a pesar de que no se especificaron las bases para un modelo económico de corte capitalista como el que ha adoptado, tampoco se prohibieron al gobierno central ni a los estados intervenir en la economía[47].

 

3.2  Jurisprudencia

En este punto es pertinente nuevamente tener en cuenta el criterio jurisprudencial. Es interesante la orientación de la jurisprudencia del Máximo Tribunal, en la sentencia del 15 de diciembre de 1998, con ponencia de la Dra. Hildegard Rondón de SansóEn ese caso se solicitó la inconstitucionalidad de la Ley de Privatización argumentándose que la política de privatización no es un principio establecido en la norma fundamental sino que, por el contrario, el artículo 97 de la Constitución sólo permitía al Estado reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional.  Así, había alegado el accionante que la Ley de Privatización requería para su existencia de una norma constitucional que la estableciera en forma expresa. En respuesta  el Alto Tribunal reconoció el carácter neutral a la Constitución venezolana, señalando que: «la Constitución Económica, entendida como el conjunto de normas constitucionales destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica, no está destinada -salvo el caso de las constituciones socialistas de modelo soviético- a garantizar la existencia de un determinado orden económico, sino que actúan como garantes de una economía social de mercado, inspiradas en principios básicos de justicia social y con una “base neutral” que deja abiertas distintas posibilidades al legislador, del cual sólo se pretende que observe los límites constitucionales» (CSJ/CP; 15.12.98, Pedro Antonio Pérez A.).

 

 

4.      La Constitución económica en Venezuela

 

4.1  La Constitución de 1811 hasta 1961

 

La Constitución de 1811 adoptó un sistema económico basado en tres principios: el bien común; la propiedad privada y la libre iniciativa industrial y comercial. De allí que, con algunas notas típicas del modelo de Estado social, la primera Constitución se inclinó al sistema económico liberal.  No se reguló expresamente la forma en la cual intervendría  el Estado.  Por el contrario, de manera bastante general se postulaba el principio de libertad de industria y comercio, salvo para las materias que formaban en ese momento parte la subsistencia del Estado, pudiendo el Congreso “libertarlas” cuando lo juzgase útil y conveniente a la causa pública. La orientación del texto era sin duda la de ampliar el campo de acción de los particulares en la vida económica.

1.2  La Constitución de 1819, con una técnica mucho más elaborada que la anterior, consagró, de una parte, la propiedad privada[48] y la libertad de industria y comercio[49], y de la otra, estableció límites ciertos de esos derechos, en obsequio del interés general.  Ese texto Constitucional otorgó por primera vez rango constitucional a las limitaciones al derecho de propiedad, al establecerse que « [...] nadie puede ser privado de su propiedad, cualquiera que sea, sino con su consentimiento, a menos que la necesidad pública o la utilidad general probada legítimamente lo exijan. En estos casos la condición de una justa indemnización debe presuponerse [...]» (artículo 15).  Se reconoció así que la propiedad no es un derecho absoluto y que tiene límites derivados de la necesidad pública y la utilidad general. 

Se incorporó por primera vez en 1819, el principio de distribución de las cargas públicas, al disponerse que « [...] la sociedad tiene derecho para exigir de cada ciudadano las contribuciones, subsidios, cargas e impuestos que la representación nacional crea necesarios para los gastos públicos [...]» (Título 1°, Sección Segunda, Artículo 7°)

 

1.3 Las Constituciones de 1821  y 1830, en términos generales, mantuvieron la misma línea de sus predecesoras. Sin embargo, es preciso señalar que el liberalismo llegó a su punto de mayor expresión, precisamente, con la Constitución de 1830, que reconoció expresamente el derecho a la indemnización por expropiación, estableciendo en su artículo 208 que: ¨Ninguno podrá ser privado de la menor porción de su propiedad ni será aplicada a ningún uso público sin su consentimiento o del Congreso. Cuando el interés común legalmente comprobado así lo exija debe presuponerse siempre una justa compensación¨, facilitando el nacimiento de la denominada oligarquía conservadora, grupo gobernante identificado con el sector comercial venezolano que promovía el afianzamiento de las libertades económicas.  No obstante, la flexibilidad de los postulados económicos de la Constitución de 1830 fomentó el nacimiento de una corriente política-económica completamente distinta: la oligarquía liberal. A pesar de que ello se ve reflejado con la promulgación en 1834 de una Ley de Libertad de Contratos que permitía a las partes contratantes pactar libremente cualquier tipo de interés, sin limitación alguna[50], años más tarde tal circunstancia produciría a su vez importantes cambios legislativos que acentuaron el rol intervencionista del Estado. Así, en 1848 la Ley de Libertad de Contratos fue reformada sobre la base de que dicha libertad “no debe dañar la igualdad que la ley debe proteger en el ejercicio de todas las industrias”.  Se llegó incluso en 1849 a sancionar una ley en cuya virtud el Gobierno podía sustituirse en acreencias privadas, pagando tales obligaciones con la emisión de billetes.

 

1.4 La Constitución de 1857, aunque de corta duración y dictada con una motivación eminentemente política[51], pero en sintonía con las anteriores, consagró la libertad de industria[52] y la propiedad como derecho inviolable, aunque admitió su afectación por causa de interés público[53], y el deber de los ciudadanos de contribuir con las cargas públicas (artículo 96, numeral 3°).

 

 1.5 Las Constituciones de 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893 tampoco presentaron variaciones sustanciales en relación con las Constituciones anteriores.

 

 1.6 Con las Constituciones de 1901 y 1904 se consolidó el proceso de intervencionismo estatal en la economía cuando, por primera vez, se autorizó la intervención directa del Estado en actividades económicas de interés general, al facultar al Ejecutivo para que reglamentara servicios públicos prestacionales, como  el servicio de correos, telégrafos y teléfonos federales.

 

  1.7- En las Constituciones de 1914 y 1922 continuó el proceso intervencionista y se hizo mención por primera vez a la prohibición de los monopolios[54].  La Constitución de 1925 afianzó la intervención indirecta del Estado en la economía al someter el derecho de libertad de industria a las prohibiciones y limitaciones que exijan el orden público y las buenas costumbres, sin que puedan concederse monopolios para el ejercicio exclusivo de ninguna industria (artículo 32, numeral 8 °).  Los textos constitucionales sancionados posteriormente en 1928, 1929 y 1931 preservaron esas disposiciones. 

 

El proceso de intervención del Estado en la economía se desarrolló a través de  la Constitución de 1936 con disposiciones que establecieron mayores limitaciones a los derechos de propiedad y a la libertad de empresa.  En tal sentido, dicha Constitución dispuso la posibilidad de establecer, por razón de interés nacional, restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad (artículo 32, numeral 2°), o las limitaciones a la libertad de empresa por razones de ¨interés público¨ o ¨buenas costumbres¨ (artículo 32, numeral 9°).  Asimismo se facultó al Poder Federal para gravar ciertas especies con el objeto de crear rentas al Erario, y reservarse el ejercicio de determinadas industrias para asegurar los servicios públicos y la defensa y crédito de la Nación (artículo 32, numeral 9°).

 

La Constitución en 1945 no introdujo reformas sustanciales en el régimen de los derechos de propiedad y de industria y comercio. Sin embargo, se otorgó al Congreso la facultad de autorizar al Presidente para «Dictar determinadas y precisas facultades extraordinarias destinadas a proteger la vida económica y financiera de la Nación, cuando la necesidad o la conveniencia pública lo requieran» (artículo 104, numeral 29).  Con dicha norma, por primera vez se abrió la vía  para que el Presidente de la República ejecutara actividades normativas de primer grado -decretos-leyes- e impusiera restricciones, controles y limitaciones a los derechos económicos. La experiencia posterior ha demostrado como a partir del uso de esta facultad el Presidente ha limitado, en violación de las garantías constitucionales, los derechos económicos.

 

En la Constitución de 1947 se establecieron,  por primera vez, deberes y derechos individuales y sociales, y se hizo referencia a una Constitución social y con ella económica[55],  aparecieron todos los caracteres del Estado-interventor: el Estado planifica, racionaliza, fomenta y regula la actividad económica de los particulares[56].  También se previó en esta Constitución la figura del Estado empresario: el Estado que crea personas jurídicas para realizar actividades financieras o industriales (artículo 239).

 

El derecho de propiedad en la Constitución de 1953, no sufrió transformaciones de fondo[57]. Sin embargo, llama la atención que dicho Texto Fundamental sancionado en un régimen de facto­- se limitó a  garantizar, en su artículo 35, ordinal 12, la libertad de industria y comercio, conforme a las leyes, sin ningún tipo de determinación en relación con el alcance o extensión de ese derecho[58].

 

La Constitución de 1961, en su artículo 96  estableció el derecho de libertad económica que había sido consagrado desde la Constitución de 1931 y reiterado en las sucesivas reformas constitucionales de 1945 y 1947, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por razones de interés social.

 

4.2       La Constitución de 1999: el régimen socio-económico y la función del  Estado en la economía.

 

Conforme se ha señalado precedentemente, el principio de libertad económica -libre empresa- ha informado la estructura del Estado venezolano desde la primera Constitución de 1811 hasta la vigente de 1999.  Ya hemos señalado que el artículo 96 de la  Constitución de 1961, estableció la libertad económica que había sido consagrada desde la Constitución de 1931 y reiterada  en las sucesivas reformas constitucionales de 1945 y 1947, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por razones de interés social.

Su desarrollo, sin embargo, no ha sido siempre uniforme: algunos textos constitucionales han tenido una marcada orientación liberal que se manifestaba en la ausencia de previsiones de posibles intervenciones o restricciones por parte de los Poderes Públicos en la economía; mientras que otros, han sido más proclives a facilitar la intervención estatal.

La Constitución de 1999,  siguiendo los pasos trazados por el Constituyente de 1961, no define al régimen socio-económico en forma rígida y consagra los principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad.  Sin embargo, se ha admitido que las modificaciones habidas con respecto a la Constitución de 1961, aunque en apariencia leves, pueden representar un cambio sustancial respecto del contenido de este derecho.

La Constitución 1999 estableció entonces cambios fundamentales en la estructura socio-económica del Estado. En su preámbulo pueden encontrarse los caracteres de la Constitución económica. Se establece allí como uno de sus propósitos: "…refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana…”.

Si bien en la Exposición de Motivos el Constituyente de 1999 dice haber evitado dogmatismos ideológicos en relación con los roles que deben jugar el Estado y el mercado en la economía, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, estableciendo las bases para la formación de una economía de respeto a la acción individual,[59] en ella se sentaron las bases para una intervención económica del Estado justificada en la solidaridad como valor fundamental de la nueva organización socio política[60].

Pese a ello, creemos también que tal y como lo plantea la referida Exposición de Motivos, lo que se debe perseguir es un equilibrio entre Estado y mercado, en razón de que el problema no es la medida de la intervención del Estado, sino la calidad de su actuación.  El mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; por lo que debe haber un equilibrio entre los fines y los principios rectores, un equilibrio entre productividad y solidaridad, un equilibrio entre eficiencia económica y justicia social, dando libertad y protegiendo la iniciativa privada a la par de que se resguarda el interés colectivo; por lo que esta declaración de principios debe vincularse con el artículo 2 en el que se consagran como valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano «[...] la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político», con el artículo 3 que establece como fin esencial del Estado «[...] la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo».

El Estado en Venezuela más allá de un simple prestador de servicios públicos y gestor de las actividades de explotación de los recursos naturales, interviene para corregir deficiencias de mercado, ¨El Estado se reserva áreas a las que califica de estratégicas y con la justificación  del interés general y la cláusula social puede además incrementar su participación en actividades propias del sector privado, con los límites del mantenimiento del modelo de economía de mercado, y el respeto de las garantías jurídicas de la libertad de empresa y la libre competencia¨[61]. Todo ello de acuerdo al marco constitucional vigente. El modelo de economía mixta, que puede en efecto estar caracterizado por la intervención directa del Estado, únicamente en los casos en que el interés público justifique esa actuación,  ha sido reemplazado en Venezuela por el de un Estado que no necesita de justificación específica para asumir de manera directa la gestión de actividades económicas realizadas hasta ahora por los particulares y aun cuando ello suponga la violación del modelo de economía de mercado, la libertad de empresa y la eliminación de la competencia.

El artículo 302 de la Constitución no sólo establece la reserva de la actividad petrolera, sino la de otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico por razones de conveniencia nacional. A su vez, el Estado -según ésta disposición- promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

 De esta forma, la reserva de la industria petrolera efectuada mediante la ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de 1975, adquirió rango constitucional en el texto de 1999[62]. Por consiguiente, la actividad de hidrocarburos y sus derivados está sometida a regulaciones especiales para su ejecución, lo que constituye una limitación a la libertad económica de los particulares legalmente consagrada[63].

Esta tendencia a disminuir la esfera del derecho de industria y comercio par parte del Estado, viola el llamado principio de subsidiariedad, conforme al cual estaría vedado al Estado intervenir en los sectores de la economía  en los que los particulares son competentes y suficientes para participar con su propia iniciativa o industria[64].

En efecto y como hemos apreciado, el Estado venezolano no se ha caracterizado por una intervención subsidiaria en la economía. Por el contrario, la intervención estatal directa en la economía es considerada en nuestro país como una costumbre en el desarrollo de la actividad económica. Si algo caracteriza al Estado Social de Derecho venezolano es precisamente su actividad empresarial, dándole el carácter de economía mixta[65] en que el Estado juega un papel de empresario o regulador de la vida económica. Venezuela indudablemente se ubica dentro de los países de economía mixta, donde el Estado no actúa de manera subsidiaria, en el sentido de que el Estado actúa por derecho propio en las áreas económicas en que estima conveniente, no solo en las áreas donde los particulares no actúan[66].

La Constitución de 1999  no consideró la subsidiariedad estatal como un principio del régimen económico venezolano, sino que se contempla la intervención estatal en la economía como el principio rector en esta materia. Así, la actividad de intervención, en un Estado de bienestar y solidaridad social, se concibe en la Constitución venezolana, no como una actividad de planificación o de regulación, sino, en su más intensa modalidad, como un Estado que realiza una actividad de gestión directa y que, además, la realiza en su condición de Estado, con sus prerrogativas y beneficios y no en las mismas condiciones en que las podría realizaría un particular¨[67].

Conviene tener presente alguna jurisprudencia en Venezuela relevante sobre esta materia. Ciertamente. En primer lugar mencionamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre de 1999, que definió la Constitución Económica como ¨El marco jurídico fundamental… para la estructura y funcionamiento de la actividad económica (o para el orden del proceso económico, en palabras del profesor Luis Diez Picazo) en el cual se define el orden económico en sus funciones esenciales y se establecen normas que sirven de parámetros para la acción de los operadores económicos¨[68].

Luego es bueno también referirse a la precitada decisión de la Sala Constitucional, nro. 117 del 6 de febrero de 2001, caso demanda de nulidad contra Ley de Privatización, que analizó el tema de las constituciones modernas de los distintos países, que si bien establecen de manera general la forma de actuación de los poderes públicos y de los individuos en la actividad económica, señala que esa consagración se hace en términos principista; de este modo estableció que la Constitución Económica, entendida como el conjunto de normas constitucionales destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental  para la estructura y funcionamiento de la actividad económica, no está destinada -salvo el caso de las constituciones socialistas de modelo soviético- a garantizar la existencia de un determinado orden económico, sino que actúan como garantes de una economía social de mercado, inspiradas en principios básicos de justicia social con una ¨base neutra¨ que deja abiertas distintas posibilidades al legislador, del cual solo se pretende que observe los límites constitucionales.

En esta sentencia se determinó entonces que la Constitución económica comprende el conjunto de normas de carácter de directrices generales o principios esenciales que garantizan una economía social de mercado, que se inspira en el fin de la justicia social, pero tales normas constitucionales poseen una indiscutible naturaleza ¨neutra¨, lo cual implica la posibilidad del legislador de desarrollar esas directrices generales o principios básicos constitucionales atendiendo a las necesidades reales de la Nación y respetando los límites que la propia Constitución impone.

III.             Principios y límites que rigen la intervención del Estado

 

La Constitución consagra una serie de derechos y principios a favor de los particulares que a su vez  aceptan limitaciones y restricciones, cumpliendo con los principios señalados -favor libertatis y proporcionalidad- y que son manifestación de la denominada ¨tutela del interés general¨. Esas limitaciones y restricciones sin embargo, no pueden manifestarse de forma que deje sin vigencia o contenido el régimen de las libertades ciudadanas o afecte el núcleo esencial de los derechos. De allí que un capítulo de especial importancia dentro del derecho administrativo económico es, precisamente, el que estudia las limitaciones de la intervención del Estado en la economía.

          La libertad económica implica el derecho de participar libremente en una actividad económica lícita, la posibilidad de dedicar los recursos privados a un objetivo económico libremente escogido y, sometiéndose al ordenamiento jurídico que lo regule, realizar en atención a las demandas actuales y potenciales del mercado la actividad con el objetivo de obtener un lucro[69].

Como la mayoría de los derechos y libertades, la libertad económica, como derivación del principio general de libertad, no puede definirse como un derecho absoluto y por lo tanto se encuentra sometida a varias condiciones, restricciones  y limitaciones. Sin embargo, todas y cada una de esas restricciones, por ser excepcionales deben ser expresas e interpretadas de forma restrictiva, así como estar justificadas en razones imperiosas de interés general, debiendo ponderarse si el mismo resultado no puede alcanzarse a través de mecanismos menos coercitivos.

 

De comprobarse la existencia de un interés general, la jurisprudencia ha exigido que la limitación impuesta no vaya más allá de lo necesario para garantizar la protección de dicho interés[70]. En todo caso, evidentemente la libertad económica es tutelable judicialmente, lo que supone que para llevar a cabo su ordenación, la administración debe ajustarse a un conjunto de garantías jurídicas, so pena de resultar nulas sus actuaciones.

 

El principio de libertad económica, también llamado libertad de empresa es una extensión del principio general de libertad. Es el reconocimiento expreso de la posibilidad que tienen los ciudadanos de dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, sin más limitaciones o restricciones que aquellas establecidas en la Constitución o en las leyes, debiendo estas ser proporcionales al interés general, en el marco de la economía social de mercado.[71].

 

1. Límite de la reserva legal

Entre las garantías que los particulares tienen frente a las limitaciones del Estado, se encuentra la ya mencionada exigencia de que la limitación a la libertad económica debe estar establecida en la ley. La reserva legal establecida en la propia Constitución exige que solo y exclusivamente  mediante ley formal, se pueda imponer restricciones, limitaciones, prohibiciones o sanciones al ejercicio de ese derecho. Además de ello ha de tenerse en cuenta que cualquier limitación que se imponga a los derechos constitucionales,  debe garantizar y respetar la esencia, el núcleo del derecho, de forma que existe un límite a las limitaciones, un límite a la intervención del Estado, y ese límite es, precisamente, el contenido esencial del derecho. Se trata de la parcela o reducto mínimo de la esfera de libertad que debe siempre quedar inmune y protegido a cualquier intromisión del Estado para no desnaturalizar el derecho, paro no dejarlo sin contenido.

Bajo el Título IV “Del Poder Público”,  Capítulo II “De la Competencia del Poder Público Nacional” se ubica el artículo 156, numeral  32 de la Constitución, que regula expresamente las materias sujetas a reserva legal, es decir, aquellas que por su trascendencia únicamente pueden ser reguladas por el legislador en el seno de la Asamblea Nacional.

Como hemos señalado ya, el principio de reserva legal constituye una de las garantías fundamentales para imponer límites a los derechos constitucionales. Con respecto al derecho de libertad económica, y todo lo que él deriva, éste únicamente puede ser reducido en su ejercicio mediante disposición constitucional o legal (artículo 112 de la Constitución).

La garantía de la reserva legal en los derechos establecidos en la Constitución supone que solo la Ley puede regular el derecho. Sólo mediante ley o actos con rango de Ley  puede limitarse los derechos Constitucionales. Ello supone que no corresponde a actos de rango sublegal limitar los derechos, ni puede tampoco hacerse mediante remisiones en blanco o deslegalizarse la regulación. No puede la Ley remitir o delegar en la administración el desarrollo normativo o la concreción de la limitación[72], y en este sentido no puede dejar de mencionarse la deslegalización  a que se contrae  el artículo 54 de la Ley Antimonopolio, que en materia delicada sobre sanciones (violando adicionalmente la garantía constitucional dispuesta en el artículo 49, numeral 6 de la constitución según la cual las penas y las sanciones deben estar previstas en la ley), dispone que toda infracción a la Ley y a sus reglamentos ¨no castigada expresamente, será sancionada con multa entre el uno por ciento (1%) y el veinte por ciento (20%) del valor del patrimonio del infractor, según la gravedad de la falta, y a juicio de la Superintendencia Antimonopolio¨[73].

 

2.      El principio ¨Favor Libertatis¨

 

El principio “Favor Libertatis” es una regla de interpretación conforme a la cual ha de entenderse que las libertades ciudadanas que no están restringidas, deben considerarse permitidas; de allí que los derechos fundamentales deben interpretarse  de la manera más amplia y generosa, de forma que su contenido pueda ser realmente efectivo y las limitaciones al régimen de libertades y garantías ha de interpretarse, siempre, de forma rigurosamente  restrictiva.

 

Este principio, que de acuerdo con Sagües ¨postula entender al precepto normativo

en el sentido más propicio a la libertad en juego¨, y debe interpretarse en un doble sentido, de modo que:

 

 ¨i) Las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos fundamentales no deberán ser interpretadas extensivamente, sino, siempre de modo restrictivo.

 

 ii) Su correlato, es decir, que el operador deba interpretar la norma de manera que mejor optimice su ejercicio, pues cada disposición constitucional, como señala Haberle, «está dirigida a la realidad» y, en ese sentido, «está solícita de una interpretación orientada a la efectividad, a la vigencia práctica, material»[74]. ¨

 

 

El principio “Favor libertatis” implica también que para el caso en que se encuentren en conflicto las libertades individuales y las habilitaciones estatales para intervenir en la esfera jurídica de los particulares, deberán prevalecer las primeras, debiendo juzgar o administrar a favor de la libertad de los particulares. De esta forma queda vedado, en razón de este principio, el uso discrecional, desproporcionado e indiscriminado de todas las medidas que afecten  la libertad del particular, cuando la Administración o la Ley pudiesen utilizar otros medios menos onerosos o perjudiciales a los derechos e intereses de las personas para alcanzar la finalidad perseguida en cada caso.

 

 

 

3.  Principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad limita o impide que el Estado haga todo lo que los particulares puedan realizar con su propia iniciativa o industria. Es el que justifica la intervención  del Estado en la economía solo en aquellos casos en los que los particulares no atienden debida o suficientemente cierto sector o actividad. Este principio de subsidiariedad en materia económica tiene como uno de sus orígenes la célebre decisión de 30 de mayo de 1930 del Consejo de Estado francés, que indicó: ¨las empresas que tengan un carácter comercial permanecen en regla general reservadas a la iniciativa privada¨. De esta forma, las actividades comerciales e industriales, por su naturaleza misma, quedaban excluidas del campo de acción de las personas públicas, sea cual sea la actividad, y sea cual sea la modalidad de su ejercicio[75]. Es verdad, sin embargo, que  este criterio se ha ido flexibilizando a través de la jurisprudencia francesa, que admitiría la intervención pública en la actividad comercial e industrial bajo ciertas circunstancias particulares.

            La doctrina tanto en Argentina, como en Chile y en España, ha puesto de relieve el principio de subsidiariedad para destacar que la intervención estatal en la economía debe restringirse exclusivamente a aquellos campos en los que la iniciativa privada sea insuficiente o, a lo sumo, para complementar esta. La subsidiariedad es un principio de derecho natural que se encuentra a la cabeza de las reformas y transformaciones que se están operando en casi todos los países del mundo[76].  La subsidiariedad no promueve una minimización de la presencia del Estado en la economía y la vida social; por el contrario, lo que persigue es reafirmar la autoridad del Estado en sus funciones soberanas y la eficiencia de las actividades supletorias que lleve a cabo: el Estado se ve fortalecido pues su solidez se fundará no sobre el alcance o extensión de sus actividades, sino por su eficiencia en el cumplimiento de los cometidos que le son esenciales. El Estado subsidiario es, en esencia, como lo ha destacado Cassagne, el Estado de Justicia[77].

Sin embargo, es preciso señalar que en tal sentido, cuando las actividades económicas estatales concurran con la de los particulares, el respeto al principio de libre competencia siempre obligará al Estado a competir en igualdad de condiciones respecto de los particulares, pues de lo contrario la subsidiariedad se vería anulada.

Germán Fernández Ferreres[78], en su estudio titulado ¨En torno al procedimiento de creación de empresas nacionales: especial referencia al principio de subsidiariedad¨, esquematiza los puntos focales dentro de los cuales se circunscribe el principio de subsidiariedad para determinar su aplicación en el ordenamiento jurídico, siendo estos los siguientes:

 

1.      El Estado actuará (mediante la creación de Empresas Nacionales) en aquellos sectores económicos a los que no acuda la iniciativa privada o ésta sea deficiente.

2.      Como consecuencia de la actuación subsidiaria del Estado para cubrir aquellos sectores descuidados por la iniciativa privada, cuando las circunstancias que dieron lugar al protagonismo estatal desaparezcan la actividad económica debe cesar y traspasarse a los particulares.

3.      El principio de subsidiariedad actúa asimismo como límite, como freno, de la tendencial fuerza expansiva del sector público, con lo cual se evita que asuma excesivas tareas y responsabilidades que pueden poner en peligro la propia gestión global del sector.

 

Bajo esas premisas el precitado autor analiza que el Estado está impedido de participar en aquellos sectores económicos que se encuentran debidamente asistidos por los particulares (a no ser que se trate de sectores que afecten a la defensa nacional o similar), puesto que la iniciativa privada, normalmente movida según los más clásicos principios de la economía de mercado por el interés de lucro, no va a acudir a aquellos sectores económicos que desde el punto de vista de la rentabilidad no lo sean, o que exijan un elevado volumen de inversión, siendo entonces la intervención del Estado en actividad de gestión económica, se presta al capitalismo privado un importante servicio, ya que tales sectores, ¨aunque no sean rentables, son necesarios dentro de una perspectiva macroeconómica de la producción nacional y la concurrencia del capital público impide la formación de nudos de estrangulamiento que paralizarían incluso los sectores rentables¨[79]

            La subsidiariedad, en definitiva, es una consecuencia obligada de las finalidades que el Estado persigue y presupuesto indispensable para permitir el adecuado ejercicio de las garantías individuales: el Estado no puede acaparar y absorber para si todas las iniciativas individuales y colectivas que se generan en el seno de la sociedad.  La intervención estatal debe restringirse a aquellos campos en los que la iniciativa privada sea insuficiente o, a lo sumo, para complementar ésta. 

Y aún en estos casos de actuación subsidiaria del Estado para cubrir aquellos sectores descuidados por la iniciativa privada, de acuerdo con German Fernández Farreres, ¨cuando las circunstancias que dieron lugar al protagonismo estatal desaparezcan la actividad económica debe cesar y traspasarse a los particulares. Y ello porque la subsidiariedad se configura de tal forma que la actividad estatal suple a la privada, nunca la sustituye ni elimina¨. Fernández Farreres afirma que esta es la lógica conclusión a la que lleva el principio de subsidiariedad, de tal forma que bien puede decirse que el Estado se halla obligado a entregar la gestión de la Empresa a los particulares en cuanto el sector económico devenga rentable[80].

 

 

4. Principio de coiniciativa

4.1 Planteamiento

En orden contrario al principio de subsidiariedad explicado precedentemente, se encuentra el “principio de coiniciativa pública”, que postula que la iniciativa del sector público en el ámbito económico está consagrada en los mismos términos que la iniciativa privada, de forma que la intervención del Estado en la economía puede verificarse en cualquier sector, indistintamente que este suficientemente servido por los particulares. Tengamos presente, en este punto, lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución conforme al cual ¨…El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional…¨.

En Venezuela, de acuerdo al texto constitucional de 1999,  el Estado empresario se puede desarrollar conjuntamente con los particulares en la promoción del desarrollo armónico de la economía nacional, de modo que el artículo 301 de la Constitución se refiere tanto a la empresa pública como privada de manera paritaria, como objeto de protección de la política comercial del Estado frente a la inversión extranjera[81]. Igualmente, la Constitución incluye la previsión de la empresa pública como forma organizativa del Estado, a fin de realizar actividades empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan (artículo 300 de la Constitución).

También, con respecto a la empresa pública, el Estado reservó a la misma la actividad del sector petrolero (artículo 302) y previó el desarrollo de una actividad empresarial estatal por virtud del carácter público de los recursos naturales, energéticos y mineros, y en este sentido, no solo establece la reserva de la actividad petrolera, sino la de otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico por razones de conveniencia nacional[82]. A su vez, el mismo artículo 302 constitucional dispone que el Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riquezas y bienestar para el pueblo.

De lo anterior puede destacarse que en Venezuela, el Estado se concibe no solo como prestador de servicios y gestor de las actividades de explotación de los recursos naturales sino que su intervención rebasa la subsidiariedad o la corrección de las deficiencias del mercado privado. De este modo, el Estado se reserva áreas a las que califica estratégicas con la justificación del interés general y la cláusula social puede además incrementar su participación en actividades propias del sector privado. Es por ello que, al igual que España, la acción empresarial del Estado venezolano debería estar limitada por el mantenimiento del modelo de economía de mercado (o economía social de mercado como se reconoció en la Constitución de 1961 y tempranamente se identificó también en la constitución de 1999), el respeto de las garantías jurídicas de la libertad de empresa y la libre competencia, el respeto a la propiedad privada y a la garantía de reserva legal, a la noción del interés general que subyace en toda actividad administrativa y a la racionalidad del gasto público, entre otros[83].

            Solo un comentario para dejar cuenta de que en España ha sido reconocido este principio de iniciativa pública, en tanto que su Constitución define su sistema económico como de mercado en el cual coexisten en la actividad económica, tanto la empresa privada como la pública.  En este sentido, el artículo 38 de la Constitución española dispone que ¨Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio  la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación¨. Esta norma, conforme al criterio del Tribunal Constitucional español (sentencia 37/1981 del 16 de noviembre), debe ser interpretada junto a las disposiciones de los artículos 128 y 130 eiusdem[84]:

Artículo 128:

a.                  Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

b.                  Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general¨

 

Artículo 130:

1.                  El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta de la riqueza y su más justa distribución.

2.                  El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

 

 

4.2 Límites al principio de coiniciativa

4.2.1 Libertad de empresa

Una de las limitaciones del principio de coiniciativa es, fundamentalmente, el derecho de libertad de empresa. La libertad de empresa reconocida en el marco de la economía de mercado, como bien lo afirma María Amparo Grau,  es un límite al accionar de los poderes públicos. ¨La libertad de empresa como derecho público subjetivo –Garrido Falla, Martín-Retortillo Baquer, Ariño Ortíz, entre otros- vincula a los poderes públicos en el sentido de que su limitación compete a la ley y esta debe en todo caso respetar su contenido esencial¨[85].

En efecto, la libertad de empresa, en el ordenamiento jurídico constitucional venezolano está dispuesta en el artículo 112 de la Constitución al establecer este que ¨Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.¨. Asimismo, el artículo 299, define el sistema socioproductivo del país, y reconoce la iniciativa privada, la productividad y la libre competencia como sus bases fundamentales.

Por otra parte, el derecho comunitario europeo, siendo un claro ejemplo de los límites impuestos al principio de coiniciativa, ha servido para repotenciar los principios económicos del modelo de mercado, de modo que enaltecen la libre competencia y, a pesar de reconocer la actividad empresarial del Estado (la libre iniciativa empresarial a favor del Estado, o lo que es lo mismo, el Estado Empresario), como una manifestación de la libertad general[86], tiende a disminuir el ámbito de actuación de la empresa pública a favor de la libertad de empresa privada, ¨en el bien entendido que en la economía de mercado la regla general debe ser la iniciativa privada y la excepción la pública o la participación del Estado empresario¨[87]. De esta forma, en las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, donde están incluidas normas referidas a la libre empresa, la empresa pública, la libre competencia, la limitación de la actividad de fomento estatal en virtud de la libre competencia y el derecho de propiedad) se reconoce la empresa pública y se la sujeta de forma estricta a la libre competencia[88].

 

4.2.2 Libre competencia

Sobre este punto es necesario hacer mención a la dificultad que ha existido a la hora de definir el alcance y el verdadero significado de la libre competencia desde un punto de vista jurídico, siendo que este concepto tiene su origen en las definidas ciencias económicas. Debemos precisar entonces qué ha de entenderse por libre competencia en el marco del aspecto económico para luego proceder a identificarlo desde un punto de vista jurídico como límite al principio de coiniciativa, sin confundirlo con el anteriormente mencionado derecho a la libertad económica (libertad de empresa).

La libre competencia ha sido definida por Sánchez Calero como ¨la situación en la cual dos o más empresarios ofrecen bienes y servicios similares en el mercado intentando atraerse a los consumidores¨. La libre competencia se entiende también como ¨la concurrencia libre de los agentes del mercado, en completa libertad de entrar o salir del mercado, y para que quienes estando dentro de él, tanto individualmente como en colusión con otros, no tengan posibilidad de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio¨[89].

La competencia económica es un término alusivo, fundamentalmente, a las relaciones comerciales entre las empresas privadas, relaciones que como tal se entregan al derecho privado. Sin embargo, como éste es insuficiente para asegurar condiciones efectivas de competencia en la economía, ante distorsiones introducidas por los propios operadores económicos privados, es precisa la intervención de los Poderes Públicos, a través de medidas de ordenación jurídico-públicas del sistema económico.

Es por ello que la relevancia de la competencia económica ha sido reconocida poco a poco por las legislaciones de manera tal que actualmente, y de forma expresa, en los textos legislativos y hasta constitucionales se reconoce la libre competencia ya como una figura de índole jurídica[90].

La libre competencia como límite al principio de coiniciativa implica que en efecto la intervención pública en la economía debe estar condicionada por el respeto a este principio de la libre competencia, en otras palabras, exige la sujeción de las empresas públicas al principio de libre competencia[91], mediante la eliminación de las intervenciones excesivas del Estado, así como de los monopolios en manos públicas, y la disminución del abuso de la actividad de fomento.[92]

El irrespeto de la libre competencia implicaría entonces un ¨falseamiento de la competencia¨ o una ¨competencia desleal¨, esto es, el abuso del poder de la Administración Pública para el logro de sus objetivos empresariales en detrimento de quienes le compiten[93]. En este sentido, González-Varas, citado por la profesora Grau, expone tres tipos posibles de prácticas desleales por parte de la administración en los siguientes casos: 1) cuando la administración abusa de su autoridad: se produce cuando con el ejercicio de las competencias públicas, la administración promueve la actividad de sus empresas o de terceros; 2) cuando saca partida en el mercado a la hora de ejercer sus competencias; y 3) cuando se usan las ventajas propias o connaturales de su condición de administración en relación con la posición de sus competidores privados[94].

Ahora bien, la Constitución venezolana, como hemos visto, dispone el derecho a la libre empresa (artículo 112), y aunque no define expresamente el régimen de economía de mercado[95] (por tratarse sus cláusulas económicas de enunciar un régimen ¨flexible y neutro¨), si plantea que ese derecho pueda desarrollarse en el ámbito de un régimen socio económico de libre competencia. De esta forma, el artículo 299 de la Constitución de 1999 prevé que ¨El régimen socio económico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad¨.

En Venezuela, la libertad de competencia no solo se contempla como uno de los principios fundamentales del régimen socio económico del país (precitado artículo 299), sino que es desarrollado de forma específica, además, en el artículo 113[96] de la Constitución, en el cual se prohíbe el establecimiento de monopolios así como la conducta de abuso de posición de dominio, es decir, aquella realizada por empresas que en determinado mercado disfrutan de una posición dominante donde podrían imponer, con absoluta independencia de sus competidores, precios y condiciones de comercialización supracompetitivos a sus clientes y distribuidores[97].

Ahora, desde un punto de vista legal, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio[98] ha establecido el concepto de ¨competencia económica¨ (muy contrario al de libertad económica), como la ¨Actividad que permite a los sujetos regulados en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en su condición de sujetos económicos, acceder, actuar y participar en el mercado, como oferentes o demandantes, sobre la base de los principios de complementariedad, intercambio justo y solidaridad; y que quienes estén dentro de él, no tengan la posibilidad de imponer condición alguna en las relaciones de intercambio, que desmejoren las posibilidades de actuación de los otros sujetos económicos

Esta Ley Antimonopolio dejó sin vigencia a su antecedente legislativo, la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia[99] del año 1992, el cual estuvo inmersa (junto a otros textos legales de igual orientación, como la Ley de Privatización[100]) en la tendencia liberalizadora y desreguladora, a la que concurrió Venezuela con otros países latinoamericanos durante la década de los noventa. Esta Ley Pro-competencia  comprendía mecanismos que realmente tendían a favorecer la gestión natural de los agentes económicos y la auto-regulación del mercado, e incluso incluía expresamente entre sus regulaciones a las personas jurídicas de derecho público que realizasen actividades, con o sin fines de lucro[101]. La Ley Antimonopolio, cabe destacar, se inscribe en una tendencia completamente opuesta a la favorecida por la Ley Pro-competencia, de forma que estimula el estatismo, llevando a la regularización al extremo y por lo tanto a la eliminación del principio de libre competencia, a pesar de su rango constitucional[102]

En efecto, la Ley Antimonopolio, si bien somete los entes públicos a su aplicación, excluye de la misma a las empresas públicas y mixtas de carácter estratégico y las empresas Estadales de prestación de servicios públicos (artículo 3). Asimismo, prevé que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, pueda decretar excepciones a su aplicación cuando lo considere conveniente al interés de la Nación, en los siguientes casos: 1) fijación directa o indirecta, individual o concertada de precios de compra o venta de bienes o servicios; 2) aplicación de condiciones diferentes en las relaciones comerciales para prestaciones equivalentes que ocasionen desigualdades en la competencia; y 3) representaciones territoriales exclusivas y las franquicias con prohibición de comercias otros productos (artículo 18)[103].

En el mismo marco de limitación de la libertad de competencia en Venezuela, fue dictado el Decreto N° 600 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos[104], el cual establece un control total de precios, costos y ganancias. Dicho Decreto elimina toda posibilidad de desarrollo de la libre competencia, puesto que asigna a un órgano estatal la fijación de los precios de todos los bienes y los servicios de carácter comercial, con facultades para incidir en los costos y controlar la ganancia, que pasaría a depender ya no del mercado sino del criterio burocrático y arbitrario del órgano estatal. En este sentido la Ley de Precios Justos, en su artículo 10 crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), como ¨órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno¨, cuya primera atribución consiste en ¨Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios¨ (artículo 11.1 de la Ley de Precios Justos).

Un sistema de control total de precios, como bien lo afirma Maria Amparo Grau, es sin duda contrario a la libre competencia, más aún cuando también se controlan los costos y los márgenes de la ganancia. En este sentido, citando a Cases Pallares explana que: ¨La técnica de la defensa de la competencia supone no atribuir a la Administración la formulación de las conductas de las empresas del mercado. Es un sistema en el que la administración no tiene capacidad para configurar de forma previa la acción de los particulares, sino que únicamente ha de cuidar de la vigilancia de un amplio marco en el que son posibles distintas propuestas  o soluciones (…) Los actores principales del mercando son los particulares, que desarrollan sus acciones dentro del marco establecido por el ordenamiento, mientras que la Administracion permanece atenta vigilando el cumplimiento del marco configurado. La Administracion se coloca, en consecuencia, en un segundo plano supervisor de la acción de los particulares, dirigiendo indudablemente con ello también el comportamiento de las empresas en el mercado¨[105].

En otro orden de ideas, y en cuanto a la libre competencia como limitación al principio de coiniciativa presente en el derecho comparado, podemos hacer mención a la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de España, donde su Exposición de Motivos establece ¨La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad

En el mismo sentido, el artículo 106 del mencionado TFUE,  textualmente se dispone que  ¨1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive (referidos a la prohibición de discriminación por nacionalidad, y prohibición de todas las prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior, entre otros)¨ (paréntesis nuestro)[106].

También, en el derecho comunitario, se contempla el supuesto de las empresas de servicio de interés económico general que bien pueden ser empresas estatales, y a las cuales se las sujeta a las normas sobre libre competencia[107], disponiendo el artículo 106.2 del TFUE que ¨Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas  a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión¨[108].

 

5. Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad se traduce en la exigencia de la justa medida, ponderación o moderación de la limitación y de la prohibición del exceso;  por lo cual se repudia toda afectación injustificada del derecho constitucional, y por lo tanto de las situaciones  jurídicas subjetivas. El principio de proporcionalidad postula que el Estado adopte la técnica de limitación menos lesiva a la libertad económica, y entre varias opciones, seleccione aquella que vulnere, en menor medida la libertad.

En efecto, se exige, para legitimar la limitación del derecho, la existencia de un motivo verdadero y serio, además de la idoneidad de los instrumentos de intervención elegidos, su absoluta necesidad y la elección del medio menos gravoso, así como el equilibrio entre la trascendencia de la intervención y la utilidad obtenida y, por consiguiente, una cierta proporcionalidad en la relación de medios afines.

El principio de proporcionalidad, a su vez, cuenta para su efectividad con los principios de idoneidad, que exige fundamentalmente de la acción estatal un cierto grado de eficacia en orden a la consecución del fin; el principio de la necesidad, referido a la ausencia de una alternativa menos gravosa pero igualmente eficaz; y la proporcionalidad en sentido estricto, donde es preponderante el interés en amparar el bien correspondiente sobre el sacrificio sufrido por la posición jurídica subjetiva afectada.

También, en atención a los principios antes explicados, favor libertatis y proporcionalidad,  debe medirse la adecuación de la regulación con respecto al interés general que se pretende proteger, de modo que las restricciones sean adecuadamente proporcionales a las necesidades que se pretende satisfacer. Asimismo, las limitaciones deben realizarse respetando el principio de igualdad, el cual se opone al tratamiento discriminatorio sin fundamentación alguna. Debe propenderse a la menor intervención posible a modo de resguardar, de lo mejor manera, a amplitud del derecho.

 

IV. Limitaciones al ejercicio de la libertad económica en Venezuela

1.      Planteamiento del asunto

En Venezuela la intervención del Estado en la economía se ha diversificado sin límite  alcanzando sectores de la economía tradicionalmente dirigidos por la iniciativa privada, tales como el sector bancario, alimentario, de la construcción, turístico, medios de comunicación, hoteles, entre otros.

El Estado en Venezuela no sólo es un prestador de servicios públicos y gestor de las actividades de explotación de los recursos naturales, su intervención no es subsidiaria o para corregir deficiencias de mercado.  

El Estado se reserva áreas a las que califica de estratégicas y, con la justificación  del interés general y la cláusula social ha incrementado su participación en actividades propias del sector privado, con los límites del mantenimiento del modelo de economía de mercado, y el respeto de las garantías jurídicas de la libertad de empresa y la libre competencia. Todo ello de acuerdo al marco constitucional vigente.

El modelo de economía mixta, que puede en efecto estar caracterizado por la intervención directa del Estado, únicamente en los casos en que el interés público justifique esa actuación,  ha sido reemplazado en Venezuela por el de un Estado que no necesita de justificación específica para asumir de manera directa la gestión de actividades económicas realizadas hasta ahora por los particulares y aun cuando ello suponga la violación del modelo de economía de mercado, la libertad de empresa y la eliminación de la competencia.

En efecto, desde 1999 hasta la fecha hemos presenciado múltiples intervenciones por parte del Estado, que han generado un deterioro progresivo en la libertad económica. Dichas intromisiones se han manifestado a través de distintas formas como son la reserva, o la apropiación de propiedad privada a través de la compra amistosa, la expropiación y la nacionalización, o incluso mediante la apropiación a través de las vías de hecho; o interviniendo en el mercado a través de la creación de empresas públicas dando pie  a que la iniciativa pública desarrolle una visión estatista de la economía donde el Estado es el principal actor económico, según corresponde al modelo socialista, colocando en un segundo plano (si lo hubiere) a la libre iniciativa privada.

Dentro del afán de lesionar la libertad de industria y comercio debemos hacer referencia a un conjunto de leyes dictadas en los últimos años que regulan determinados sectores de la actividad empresarial en franca violación de principios y derechos constitucionales, incluyendo de la forma más flagrante y grosera por una cantidad sorprendente de Decretos[109] que contienen normas amplias y abiertas que remiten  considerablemente a la Administracion el desarrollo y la concreción de limitaciones a la libertad de empresa y propiedad privada, haciendo caso omiso a la orden constitucional que previamente enunciamos, que dispone que toda limitación a los derechos debe estar previamente establecida en la Ley, debiendo esta abordar, con la mayor claridad y precisión posible, el contenido básico de la limitación que podrá adoptar la Administracion económica[110].

Para entender mejor la trascendencia de este asunto, debe tenerse en cuenta que durante la Constitución de 1961, con sus treinta y ocho años de vigencia, se dictaron siete leyes habilitantes[111], mientras que con la Constitución de 1999, para el año 2015, se han dictado seis leyes de ese tipo (otorgadas cuatro durante el gobierno de Hugo Chávez y habilitadas dos al Presidente Nicolás Maduro)[112]. período dentro del cual se han dictado aproximadamente doscientos setenta y ocho (278) Decretos-Leyes en materias de organización del Poder Público, laboral, vivienda y hábitat, intervención del Estado en la economía, tributaria, turismo, salud y seguridad social, arrendamiento inmobiliario, sistema financiero nacional, derecho marítimo y aeronáutico, hidrocarburos, tránsito terrestre, seguridad, misiones, desarrollo agrario, seguridad alimentaria, entre otras materias.

Dichos Decretos violan el principio de menor intervención, que rige también para la actividad prestacional de la Administración, junto al principio de coiniciativa. Muchos Decretos-Leyes dictados ¨se apartan de esta garantía al asumir una visión estatista de la economía, esto es, una visión en la cual el Estado es el principal actor económico, según corresponde al modelo socialista, colocando en un segundo plano a la libre iniciativa privada¨, siendo el rasgo común la clara preferencia por la iniciativa pública y la subordinación  de la iniciativa privada a los objetivos políticos que la Administración central ha asumido a través del llamado Plan de la Patria[113].

 

 

2.      Derecho de libertad de industria y comercio

2.1 Planteamiento

El principio de libertad económica -libre empresa- ha informado la estructura del Estado venezolano desde la primera Constitución de 1811 hasta la vigente de 1999. Su desarrollo, sin embargo, no ha sido siempre uniforme: algunos textos constitucionales han tenido una marcada orientación liberal que se manifestaba en la ausencia de previsiones de posibles intervenciones o restricciones por parte de los Poderes Públicos en la economía; mientras que otros, han sido más proclives a facilitar la intervención estatal.

En el artículo 112 constitucional se refunden las disposiciones referentes a la libertad económica y la protección a la libre iniciativa[114]. En tal sentido, el artículo 112 dispone que «Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social»[115].

Esta libertad de empresas ¨como manifestación del principio general de libertad, no constituye otra cosa que la declaración del reconocimiento expreso de la posibilidad que tienen las personas para dedicarse a la actividad de su preferencia, sea esta de trabajo, oficio, comercio, industria o profesión, sin más limitaciones o restricciones que aquellas establecidas en la Constitución o en las leyes, debiendo estas ser proporcionales del interés general, en el marco de la economía social de mercado¨[116].

La libertad económica implica el derecho de participar libremente en una actividad económica lícita, de dedicar los recursos privados a un objetivo económico libremente escogido, y sometiéndose al ordenamiento jurídico que lo regule, realizar en atención a las demandas actuales y potenciales del mercado la actividad con el objetivo de obtener un lucro[117].

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se ha referido al derecho a la libertad económica de la siguiente forma: ¨Este derecho, tal como ha expresado la Sala, constituye una manifestación especifica de la libertad general de los ciudadanos, proyectada en su ámbito o aspecto económico, y consiste en la posibilidad legítima de emprender y mantener en liberta la actividad empresarial, esto es, de entrar, permanecer y retirarse del mercado de su preferencia (Vid. Sentencia n°00286 del 5 de marzo de 2008, caso: Imosa Tuboacero Fabricación, C.A.). ¨[118]

El derecho de libertad económica consiste en el reconocimiento a «Todas las personas» de la libertad para asumir la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en el propio texto constitucional y en la ley.  Entonces, como ocurre con todos los derechos constitucionales, la libertad es la regla y las limitaciones la excepción[119]. Así, en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional se reconocen dos categorías principales de limitaciones a ese derecho: las limitaciones legislativas y constitucionales y las limitaciones establecidas mediante reserva constitucional o legal.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado sobre este aspecto en sentencia de fecha 4 de mayo de 2004, señalando que: ¨de las normas antes transcritas se puede colegir, que las mismas consagran la libertad económica no en términos absolutos, sino permitiendo que mediante la ley se dispongan limitaciones. Sin embargo, debe destacarse que ello no implica ejercicio alguno de poderes discrecionales por parte del legislador, el cual, no podrá incurrir en arbitrariedades y pretender calificar, por ejemplo, como ¨razones de interés social¨ limitaciones a la libertad económica que resulten contrarias a los principios de justicia social, ya que, si bien la capacidad del Estado de limitar la capacidad económica es flexible, dicha flexibilidad existe mientras ese derecho no se desnaturalice. En este sentido debe entenderse que mientras la norma transcrita se refiere a las limitaciones a dicho derecho, y señala solo ‘las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes…’ no puede interpretarse que la Constitución establezca garantías cuya vigencia pueda ser determinada soberanamente por el legislador ya que todos los derechos subjetivos previstos en la Constitución son eficaces por sí mismos, con independencia de la remisión legal a la que pueda aludir la Constitución. Lo que la Ley fundamental ofrece es un ¨estatuto completo de la libertad, efectivo por sí mismo, no necesitando de ningún complemento para ser operativo inmediatamente¨.

Entonces, si bien la libertad de empresa admite limitaciones mediante la ordenación jurídica administrativa, la misma debe respetar el contenido esencial del derecho. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional Español ha reseñado: ¨Esta libertad, en el marco de la economía de mercado, constituye uno de los pilares sobre los que descansa el Estado social y democrático de derecho que es España (art. 1 de la Constitución), de forma que sin ella estaríamos ante un modelo radicalmente distinto de sociedad. El concepto de libertad de empresa supone la libertad de elección de la actividad empresarial que se desea desarrollar, pero fundamentalmente comporta la libertad de elección del producto que se quiere producir, así como de los procedimientos productivos más adecuados para ello desde un punto de vista económico. Qué producir, cómo producirlo y cuándo producirlo serán los contenidos básicos de la libertad de empresa. Cierto que el margen de liberta del empresario en una economía  liberal se ha reducido en razón de la protección de intereses colectivos de diversa índole. En este sentido, la teórica libertad de no producir se ha visto limitada en supuestos todavía muy concretos, en virtud de la función social de la propiedad. Pero, en todo caso, es necesario reconocer el núcleo esencial de aquel derecho, por muchas que sean las limitaciones  que se impongan al empresario, de forma que es necesario que este pueda decidir qué producto elaborar, qué proceso de elaboración seguir y cómo ordenar o combinar los factores de la producción para fabricar en condiciones adecuadas de rentabilidad y de racionalidad técnica en función de las circunstancias del Mercado¨[120].

Ahora bien, observemos cómo la administración pública venezolana, en un sentido muy contrario, se ha encargado de coartar la libertad de industria y comercio, en cada uno de sus aspectos fundamentales. Así entonces podemos encontrar como ejemplo claro la violación de la libre competencia que, no solo se contempla como uno de los principios fundamentales del régimen socio económico del país (precitado artículo 299), sino que es desarrollado de forma específica, además, en el artículo 113[121] de la Constitución, en el cual se prohíbe el establecimiento de monopolios así como la conducta de abuso de posición de dominio, es decir, aquella realizada por empresas que en determinado mercado disfrutan de una posición dominante donde podrían imponer, con absoluta independencia de sus competidores, precios y condiciones de comercialización supracompetitivos a sus clientes y distribuidores[122].

Ahora, desde un punto de vista legal, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio[123] ha establecido el concepto de ¨competencia económica¨ (muy contrario al de libertad económica), como la ¨Actividad que permite a los sujetos regulados en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en su condición de sujetos económicos, acceder, actuar y participar en el mercado, como oferentes o demandantes, sobre la base de los principios de complementariedad, intercambio justo y solidaridad; y que quienes estén dentro de él, no tengan la posibilidad de imponer condición alguna en las relaciones de intercambio, que desmejoren las posibilidades de actuación de los otros sujetos económicos.¨

Esta Ley Antimonopolio dejó sin vigencia a su antecedente legislativo, la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia[124] del año 1992, el cual estuvo inmerso (junto a otros textos legales de igual orientación, como la Ley de Privatización[125]) en la tendencia liberalizadora y desreguladora, a la que concurrió Venezuela con otros países latinoamericanos durante la década de los noventa. Esta Ley Pro-competencia  comprendía mecanismos que realmente tendían a favorecer la gestión natural de los agentes económicos y la auto-regulación del mercado, e incluso incluía expresamente entre sus regulaciones a las personas jurídicas de derecho público que realizasen actividades, con o sin fines de lucro. La Ley Antimonopolio, cabe destacar, se inscribe en una tendencia completamente opuesta a la favorecida por la Ley Pro-competencia, de forma que estimula el estatismo, llevando a la regularización al extremo y por lo tanto a la eliminación del principio de libre competencia, a pesar de su rango constitucional[126]

En el mismo marco de limitación de la libertad de competencia en Venezuela, fue igualmente dictado el Decreto N° 600 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos[127], el cual establece un control total de precios, costos y ganancias. Dicho Decreto elimina toda posibilidad de desarrollo de la libre competencia, puesto que asigna a un órgano estatal la fijación de los precios de todos los bienes y los servicios de carácter comercial, con facultades para incidir en los costos y controlar la ganancia, que pasaría a depender ya no del mercado sino del criterio burocrático y arbitrario del órgano estatal. En este sentido la Ley de Precios Justos, en su artículo 10 crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), como ¨órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno¨, cuya primera atribución consiste en ¨Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios¨ (artículo 11.1 de la Ley de Precios Justos).

En Venezuela, si bien los controles de precios ¨han permitido –en el mejor de los casos. Represar temporal y limitadamente la inflación, en realidad ha generado incluso más problemas, adicionales a la inflación¨. Tal es la gravedad del asunto que las autoridades administrativas imponen precios que no cubren costos, condenando a productores y distribuidores a trabajar a pérdida[128].

Un sistema de control total de precios, es sin duda contrario a la libre competencia, más aún cuando también se controlan los costos y los márgenes de la ganancia. En este sentido: ¨La técnica de la defensa de la competencia supone no atribuir a la Administración la formulación de las conductas de las empresas del mercado. Es un sistema en el que la administración no tiene capacidad para configurar de forma previa la acción de los particulares, sino que únicamente ha de cuidar de la vigilancia de un amplio marco en el que son posibles distintas propuestas  o soluciones (…) Los actores principales del mercando son los particulares, que desarrollan sus acciones dentro del marco establecido por el ordenamiento, mientras que la Administracion permanece atenta vigilando el cumplimiento del marco configurado. La Administracion se coloca, en consecuencia, en un segundo plano supervisor de la acción de los particulares, dirigiendo indudablemente con ello también el comportamiento de las empresas en el mercado¨[129].

Como hemos dicho previamente, en Venezuela, bajo los parámetros tanto de normas constitucionales y legales como de actuaciones administrativas (de carácter sublegal), el Estado ha intervenido con tal intensidad que ha abarcado, si no la totalidad, la mayoría de los distintos sectores económicos del país como en el de la propiedad privada , tanto urbana  como rural, la propiedad industrial , la propiedad intelectual, etc.; la regulación de hidrocarburos  y minas;  el sector bancario, de seguros y títulos valores; sector de consumidor y usuario; sanidad; turismo ; telecomunicaciones ; servicios postales; servicio eléctrico, inversión extranjera, actividad de fomento, régimen monetario, entre otros.

2.2 Inversiones extranjeras (artículo 301 de la Constitución)

Como es bien sabido, el artículo 301 de la Constitución reconoce expresamente el principio de igualdad entre la empresa extranjera y la nacional, puesto que somete a la primera a las mismas condiciones que la segunda, otorgándole carácter constitucional (a pesar de ser conteste en la doctrina que la inversión extranjera no es más que una manifestación de la libertad económica que, con carácter general, reconocer el artículo 112 constitucional[130]).

Es necesario hacer énfasis entonces en que ¨el principio general constitucionalmente aceptado es el de la igualdad entre la inversión extranjera y la inversión nacional¨, criterio que ha sido respaldado por la Sala Político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 15 de mayo de 2001, caso Consorcio Absorven, donde afirmó que no puede considerarse que a  partir del artículo 301 constitucional nace ¨una posición preeminente de las empresas nacionales por contraposición a las extranjeras en cuanto al reconocimiento y respeto de derechos constitucionales consagrados¨[131]. Dicho lo anterior, queda claro que la promoción de las empresas nacionales en modo alguno puede implicar su preminencia respecto de las empresas extranjeras en lo que respecta a sus derechos constitucionales de contenido económico[132].

Ahora bien, no ha sido un éxito del derecho administrativo el desarrollo legal que se le ha dado a dicho artículo 301 constitucional, por el contrario, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras es creadora de mayores controles, restricciones y desincentivos para los actuales y potenciales inversionistas. Entre los atrasos que supone la Ley de Inversiones Extranjeras a la protección y promoción de las inversiones extranjeras en nuestro país, resaltaremos en primer lugar que fueron eliminadas las disposiciones contenidas en la LPPI que establecían el derecho de los inversionistas extranjeros a recibir el trato más favorable por parte de la Administración Pública y la igualdad en derechos y obligaciones de éstos con respecto a las inversiones e inversionistas nacionales, establecidas en los artículos 9 y 7 de la LPPI respectivamente. De igual forma se eliminó la disposición contenida en el parágrafo segundo del artículo 7 de la LPPI en el cual se establecía que para realizarse las inversiones extranjeras no se requería de la autorización previa por parte de la Administración Pública.

Ahora, el artículo 39 de la Ley de Inversiones Extranjeras prevé que  para que un inversionista extranjero sea acreditado y reconocido, deberá contar con el Registro de inversión extranjera y, de igual forma, la empresa receptora de la inversión para ser reconocida en tal condición, deberá tener el Certificado de calificación de empresa de conformidad con el artículo 40 eiusdem.

Así pues, la Ley de Inversiones Extranjeras representa una violación del derecho a la libre competencia al condicionar el reconocimiento de la inversión extranjera a un previo acto administrativo de control, cuyo otorgamiento depende a su vez, entre otros parámetros, de la valoración del cumplimiento del llamado Plan de la Patria[133], desnaturalizando con ello todo contenido esencial de la libertad de empresa[134].

 

2.3 Regulación de hidrocarburos (artículo 302 de la Constitución)

El artículo 302 de la Constitución no sólo establece la reserva de la actividad petrolera, sino la de otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico por razones de conveniencia nacional. A su vez, el Estado -según ésta disposición- promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

 Así pues, la reserva de la industria petrolera efectuada mediante la ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de 1975, adquirió rango constitucional en el texto de 1999[135]. Por consiguiente, la actividad de hidrocarburos y sus derivados está sometida a regulaciones especiales para su ejecución, lo que constituye una limitación a la libertad económica de los particulares legalmente consagrada[136].

 

2.4 Regulación de minas (artículo 12 de la Constitución) 

La regulación minera en Venezuela ha experimentado diversos tratamientos, desde el ámbito constitucional, pasando por el legal y hasta el sublegal. De esta forma, bajo la Constitución de 1936 fue dictada la primera Ley de Minas, en el año 1945, donde se consideró que las minas comprendidas en la jurisdicción de los estados federales eran de su propiedad. Posteriormente, la Constitución de 1961 no hizo mención sobre la titularidad de las minas, sino que indicaba que correspondía a la competencia del Poder Nacional, el régimen y administración de las minas (artículo 136, numeral 10)[137], sin embargo, si dispuso, al igual que la Constitución de 1947, la prohibición de la plena enajenación de las tierras sometidas a concesiones mineras, por lo que los particulares solo tenían sobre ellas un derecho temporal (artículo 103 de la Constitución de 1961). Al respecto señala  Ambrosio Oropeza que ¨En virtud de este artículo las [tierras] dedicadas, por razón de concesiones, a la explotación de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasan al dominio nacional una vez agotadas las sustancias minerales, y por eso los consorcios extranjeros no pueden ni podrán disponer de los terrenos concedidos, para fines distintos de los previstos en las respectivas contrataciones¨[138].

Ahora bien, con la Constitución de 1999 se produce un notable cambio al disponer esta en su el artículo 12 que ¨los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles (…)¨. De esta forma, se experimentó ¨una reforma trascendental, dado que las minas que fueron consideradas expresa o implícitamente propiedad de los estados federales durante el último siglo, han sido transferidas en su titularidad a la República por mandato de la Constitución, es una especie de nacionalización de la propiedad de las antiguas minas estadales¨[139]

De otra parte, el constituyente excluye, por lo tanto,  a los particulares del uso de una porción concreta del dominio público, reservándose su aprovechamiento con carácter de exclusividad. Tal situación es plasmada a nivel legal en la Ley de Minas[140]  (cf. art. 23)  y a nivel sublegal había sido establecida anteriormente por el Decreto N° 2.039 (del 15 de febrero de 1977) el cual ¨condujo a la extinción del derecho de los particulares a la explotación libre, la explotación exclusiva o el libre aprovechamiento de los minerales, quedando únicamente factible de ejercicio los derechos de los particulares, conforme a lo dispuesto en la ley, sobre el otorgamiento de concesiones en zonas reservadas¨[141]. De esta forma la República conserva el régimen, la administración y el eventual otorgamiento de concesiones temporales de exploración y explotación.

2.5 Sector bancario, de seguros y títulos valores (artículo 156.11 de la Constitución)

La Constitución prevé en su artículo 156, numeral 11, como competencia del Poder Público Nacional ¨La regulación de la banca central, del sistema monetario, de la moneda extranjera, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda¨.

La regulación actual del sector  bancario está prevista en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario[142], el cual muy lamentablemente se constituye en otro claro ejemplo de la excesiva intervención y regulación de la actividad económica de los particulares, así como la ruptura de los parámetros que se desprenden del principio de proporcionalidad, igualdad y subsidiariedad.

Dicha Ley establece varias disposiciones que conforman un régimen especial y particular para las instituciones bancarias públicas (aquellas en cuyo capital social la República posee la mayoría accionaria), las cuales se han propagado de tal manera que viola el principio de coiniciativa al marginar el alcance de la libre iniciativa privada, frente a las privadas, entre las cuales pueden destacarse las exenciones a las instituciones bancarias públicas del pago de las contribuciones al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) (artículos 121 y 168, respectivamente), así como el pago del aporte social (artículo 46)[143].  Tal como lo hace la Ley Antimonopolio, la Ley de Instituciones del Sector Bancario es claramente inconstitucional desde que viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 21 al disponer ventajas y exenciones a los bancos públicos, lo que notoriamente trastoca también la libre competencia en el sentido que en el marco de esas actividades las empresas privadas y públicas deberían quedar igualmente sometidas a las disposiciones que establece la ley respecto a la realización de actividades que afecten la libre competencia y el libre desenvolvimiento de la actividad comercial bancaria.

Asimismo, La Ley de Instituciones del Sector Bancario, previamente mencionada, irrumpe el principio de reserva legal al disponer de forma expresa una cláusula penal en blanco, habilitando al Presidente de la República en Consejo de Ministros  a ¨acordar la intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesarias, sobre las instituciones del sector bancario, así como sobre sus empresas relacionadas o vinculadas de acuerdo a los términos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley¨. La Ley deja al libre arbitrio del Ejecutivo Nacional la determinación de la naturaleza y alcance de dichas medidas, así como los supuestos en que pudiera adoptarlas, eliminando por completo la seguridad jurídica.

También, esta Ley permite que se amplíe y se regule la actividad comercial bancaria (que resaltamos, debe estar limitada en su regulación exclusivamente por el cuerpo legislativo), a la normativa prudencial que dicte la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y a las emanadas del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre el encaje y las tasas de interés, a los Institutos Municipales de Crédito en cuanto a su funcionamiento, supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción (no obstante, en lo relativo a su administración, dichos institutos se regirán por la correspondiente ordenanza municipal)[144]. Igualmente, con respecto al régimen sancionatorio, la Ley en su artículo 202, referido a las irregularidades en las operaciones, incluye que las instituciones del sector bancario serán sancionadas con multa de entre el cero coma dos por ciento (0.2 %) y el dos por ciento (2%) de su capital cuando, infrinjan las limitaciones y prohibiciones previstas en la Ley, en la normativa prudencial que dicte la  SUDEBAN y en las regulaciones emanadas del BCV, remitiendo sin límite alguno la disposición de sanciones a normas de rango sublegal.

En cuanto a la actividad de seguros, la misma se encuentra regulada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.220 de fecha 15 de marzo de 2016, y por las Normas -de Rango sublegal- para la Divulgación y Publicidad de la Actividad Aseguradora, dictadas mediante Providencia N° FSAA-9-00731 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, publicadas en Gaceta Oficial Nro. 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016, que violenta el principio de reserva legal de tal forma que la libertad de industria y comercio se ve claramente limitada por normativas de rango sublegal.

Téngase en cuenta que entre las materias sujetas a reserva legal el constituyente menciona, en el artículo 156, la materia mercantil que abarca a la actividad aseguradora, pero el constituyente va más allá y por su importancia establece expresamente a la actividad de Seguros, de lo que se deduce con claridad que esta materia es de la reserva legal. Sólo mediante ley formal podrá regularse.

Por lo anterior, frente a la derogatoria de la Ley del Contrato de Seguro a través de la Disposición Derogatoria de la Ley de la Actividad Aseguradora, y  ante el vacío legal que ello supone, la norma de rango legal que se mantiene vigente en nuestro ordenamiento jurídico y que regula a lo largo de sesenta y tres artículos todo lo concerniente al seguro y los contratos que se celebran, es el Código de Comercio en sus artículos 548 al 611. No obstante la existencia de una norma de rango legal vigente que regula la materia, la SUDEASEG en ejercicio de una “delegación de la delegación” que hizo la Asamblea Nacional en el Presidente de la República mediante una Ley Habilitante, procedió a dictar las referidas normas en materia de seguro a través de un acto de rango sublegal, lo que resulta manifiestamente violatorio al principio de la reserva legal prevista en el artículo 156.32 de nuestra Constitución.

 

2.6 Sector de consumidor y usuario (artículo 117 de la Constitución)

Dentro de la línea de equilibrar la libre iniciativa con la protección del interés público, el artículo 117 que establece el derecho de todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad, « […] así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno

Se delegó en el legislador el establecimiento de «[L]os mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos».

Aunque previamente dicha materia había sido regulada por la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (publicada en la Gaceta Oficial Nº 4 37.930 de 4 de mayo de 2004), en la actualidad la ¨protección¨ a los consumidores y usuarios está prevista en la Ley de Precios Justos, publicada en Gaceta Oficial Nro. 40.340 del 23 de enero de 2014.

En la misma se prevén multas a cual será calculada sobre la base de Unidades Tributarias, que serán aplicadas a las infracciones genéricas, previstas para la trasgresión de derechos de los usuarios y consumidores (artículo 49) y expendio de alimentos vencidos (artículo 50).

Al respecto del sector de protección al consumidor y al usuario, y además a la transgresión del principio de reserva legal, también es importante destacar lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario[145], en la cual se delega, de forma amplia e indeterminada la regulación del sector agroalimentario a  la Administración[146], de conformidad con el artículo 51 eiusdem que dispone ¨El Ejecutivo Nacional, por órgano de los Ministerios del Poder Popular, con competencia en comercio y alimentación, debe establecer las normas sobre calidad, recepción, sistemas de envasado, empaque, etiquetado y clasificación de los productos agroalimentarios, en concordancia con las normas del Codex Alimentario y las normas de calidad, en lo que sea aplicable, que garanticen una información veraz y confiable de las características del producto. Así mismo, debe establecer las normas para su verificación y la certificación de origen de los productos que lo requieran¨.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.7 Sanidad (artículos 83 y 85 de la Constitución)

El Artículo 83 de la Constitución dispone que ¨la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República¨.

En el mismo sentido, el Artículo 85 eiusdem dispone que ¨El financiamiento del sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud¨.

De acuerdo con Luis Alfonso Herrera Orellana[147], ¨Directamente relacionado con la protección y garantía del derecho a la salud, el régimen sanitario de los alimentos y de los medicamentos tiene por objeto en general, establecer las condiciones y limitaciones generales y especiales conforme a las cuales, tanto los particulares con interés en ello como los entes empresariales de la propia Administración Pública, podrán dedicarse a actividades económicas de importación, producción, distribución, prestación de servicios, almacenamiento y comercialización de bienes y servicios en materia de alimentos y de medicamentos para el consumo humano¨.

Continua el mencionado autor explicando que, ¨forma parte del objeto de este sector del ordenamiento jurídico el atribuir a órganos y entes de la Administracion publica potestades para que supervisen, controlen y sancionen la actuación de los particulares y entes estatales que se dediquen a alguna de las referidas actividades económicas¨[148].

Ahora bien, justificadas en las anteriores razones expuestas, el Estado, mediante el órgano legislativo o a través de la directa acción de los órganos de la Administración Pública, específicamente el Ministerio de la Salud, ha dictado una serie de normativas que restringen notoriamente el ejercicio de la libre iniciativa privada en esta materia.

Así entonces, podemos mencionar, de forma sumaria, las siguientes:

i)                  Resolución Nro. 0010-99 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicada en Gaceta Oficial Nro. 36.796, mediante la cual se dispone que toda persona jurídica legalmente constituida en Venezuela interesada en fabricar, importar, comercializar o prestar servicios de mantenimiento de materiales y equipos de uso en los niveles del área de salud, debe previamente inscribirse en el Registro Sanitario Nacional. [149]

ii)                Ley de Medicamentos, publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.006 del 3 de agosto del 2000.

iii)              Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.543 del 7 de octubre de 2002.

iv)              Ley de Protección al Consumidor y Usuario, publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.930 del 4 de mayo de 2004 (Derogada por la Ley de Costos y Precios Justos del 18 de julio de 2011, posteriormente derogada por la Ley de Precios Justos del año 2014.)

v)                Resolución Nro. 253 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.966 del 23 de junio de 2004, mediante el cual dictó las Normas de Buenas Practicas de Distribución de Medicamentos.

vi)              Resolución Nro. 407 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicada en Gaceta Oficial Nro. 38.009 del 26 de agosto de 2009, mediante la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Fabricación de Productos Farmacéuticos (BPM) de la Organización Mundial de la Salud[150].

 

2.8 Turismo (artículos 310, 156.23, y 178.1 de la Constitución) 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 310 de la Constitución,  ¨El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esta Constitución, el Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo. El Estado velará por la creación y fortalecimiento de una industria turística nacional¨. El turismo también figura en los artículos 156, numeral 23 como competencia del Poder Público Nacional para establecer las políticas nacionales y la legislación en materia de turismo, y en el artículo 178, numeral primero como competencia del Poder Público Municipal, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia.

Así pues, existen variados decretos-leyes dispuestos para la regulación del  sector turismo, denotando la marcada intervención del Estado en el mismo, tales como: el Decreto-Ley Orgánica del Turismo[151], El Decreto-Ley de Fomento del Turismo Sustentable como Actividad Comercial y Social[152], y el Decreto-Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo[153], entre otros.

Especial mención requiere el Decreto-Ley Orgánica del Turismo, pues en el mismo están dispuestas una serie de obligaciones y sanciones pecuniarias, violentando nuevamente el principio de reserva legal sobre las sanciones y penas. En efecto, el Decreto-Ley en cuestión establece multas que varían de entre 50 y 125 Unidades Tributarias (por la infracción levísima de deberes como notificar modificaciones de la información del Registro Turístico Nacional, utilizar el portal web del Ministerio con competencia en turismo, mantener visible a los visitantes las normas para la prestación del servicio turístico, mantener visible la información del prestador del servicio turístico en las instalaciones donde se preste, etc.), 126 a 500 U.T. (por infracción leve  de deberes de promoción de la identidad nacional, mantener a la vista libro de sugerencias y reclamos, incorporación de personal venezolano egresado de institutos de educación para el trabajo de la actividad turística, o personal de la comunidad de su entorno directo, remitir las quejas al ministerio para el turismo, entre otras), y de 501 a 1000 U.T. (por la infracción severa de deberes como renovar la licencia de turismo, obtener autorización del ministerio con competencia  en el sector de turismo, para construir y establecer sucursales en el territorio nacional, prestar servicios turísticos con las condiciones contratadas por los turistas o visitantes, cumplir con lo ofrecido en la publicidad o promoción de los servicios turísticos, etc.).

Asimismo, el Decreto-Ley establece una sanción de clausura de establecimiento de uno a tres días, por el incumplimiento de deberes formales tributarios (sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario), por los prestadores de servicios turísticos y al ejercicio de actividades comerciales realizadas dentro de las zonas declaradas de interés turístico, y si el ilícito corresponde al incumplimiento oportuno de la obligación del pago de las contribuciones especiales por la prestación del servicio turístico del 1% sobre la base imponible conformada por todos los ingresos brutos obtenidos mensualmente por los respectivos sujetos pasivos ( contribución que también deberían estar dispuestas en un texto legal conforme al principio de reserva legal sobre los tributos y demás contribuciones), el lapso de clausura será de tres a cinco días.

2.9 Telecomunicaciones (artículo 156.28 de la Constitución)

El artículo 156, numeral 28 de la Constitución le otorga al Poder Público Nacional la competencia de establecer el régimen de las telecomunicaciones. En este sentido, han sido sancionadas varias leyes de marcada trascendencia en la materia de telecomunicaciones, como lo son la Ley de Telecomunicaciones de 1940 (Gaceta Oficial Nro. 20.248, del 1 de agosto de 1940), derogada por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Gaceta Oficial Nro. 36.970 del 12 de diciembre de 2000),  posteriormente modificada mediante Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Gaceta Oficial 6.015 extraordinario del 18 de diciembre de 2010, reimpresa por error material en Gaceta Oficial Nro. 39.610, del 7 de febrero de 2011), y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Gaceta Oficial Nro. 39.579 del 22 de diciembre de 2010, reimpresa por error material en Gaceta Oficial nro. 39.610, del 7 de febrero de 2011).

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) del 2000, supuso la introducción de importantes cambios en el régimen jurídico tradicional de las telecomunicaciones; en ese sentido, no solo fue derogada la ya anticuada Ley de Telecomunicaciones, sino que además, la nueva Ley permitió la incorporación de varios elementos en nuestro ordenamiento jurídico dirigidos a la liberalización de este sector,  que había estado reservado al Estado, de forma que la actividad de telecomunicaciones correspondía exclusivamente al Estado y, como principio general, estaba excluida la intervención de los particulares, quienes solo podían explotarla previa concesión. La LOT consagró diversos principios para afianzar el ejercicio de la iniciativa privada en el sector y consolidar la vigencia del régimen de libertad económica, persiguiendo la racionalización de las regulaciones en el sector telecomunicaciones para llevarlas a su mínima expresión necesaria, sin embargo, sin dejar de un lado técnicas de intervención pública (en su mayoría consagradas como competencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) dirigidas a proteger el interés general presente en el sector de telecomunicaciones y la vigencia del mercado[154].

Ahora bien, los avances que supuso la LOT fueron evidentemente trastocados por la Ley de Reforma sancionada en el año 2010, donde  el régimen de telecomunicaciones retrocede al estado de la concesión. Así pues, el artículo 5 de la LOT dispone que ¨Se declaran como de servicio e interés público el establecimiento o explotación de servicios de telecomunicaciones, entre ellos radio, televisión, y producción nacional audiovisual para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso, de ser necesario en los casos y condiciones que establece esta Ley, sus reglamentos y las condiciones generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones¨. Asimismo dispone el artículo 7 de la LOT que ¨El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la República, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión, de conformidad con la ley¨.

También, la LOT determina ciertas limitaciones en cuanto a la inversión extranjera en su artículo 9, señalando que ¨Las habilitaciones administrativas para la prestación de servicios de telecomunicaciones así como las concesiones para el uso  explotación del dominio público radioeléctrico, solo serán otorgadas a personas domiciliadas en el país, salvo lo que establezcan los acuerdos o tratados internacionales suscritos y ratificados por la República¨, además, la participación de la inversión extranjera en el ámbito de las telecomunicaciones únicamente podrá ser limitada en los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, de conformidad con lo que prevean al respecto las normas legales y reglamentarias correspondientes.

2.10 Servicios postales (artículo 156.8 de la Constitución)

La Constitución de 1999, como la Constitución de 1961,  ha dispuesto entre sus normas la referencia a los servicios postales únicamente como competencia a regular por el Poder Público Nacional (artículo 156.8 de la Constitución de 1999), más no  ha calificado la prestación la actividad de correo como un servicio público, por lo que se ha entendido que el Constituyente ha sido cuidadoso en únicamente limitar dicha actividad a las disposiciones que determine la Ley[155].

Ahora bien, la Ley de Correos (del 18 de septiembre de 1939, con más medio siglo de vigencia),  en comparación con las normas constitucionales, si ha dispuesto (en su artículo 1) que ¨el correo es un servicio público prestado exclusivamente por el Estado y se regirá por las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos¨. Por lo que debería inferirse de la interpretación literal de las leyes que ¨el correo constituye un servicio público prestado exclusivamente por el Estado, lo que en principio, hace pensar que se trata de una actividad sometida a la titularidad estatal, con exclusión de la participación de la iniciativa privada (Martín-Retortillo, Del Piazzo)¨, que persigue la satisfacción de un interés general, es decir, la satisfacción de las necesidades de comunicación postal de las personas y que se encuentra sometido a un régimen de Derecho público¨[156]

Sin embargo, como lo afirma el Profesor Hernández-Mendible, la regulación de los servicios postales en Venezuela tiene unas características bien particulares puesto que las mismas giran en torno a la vigente Ley de Correos y a un conjunto de reglamentos ¨que han pretendido atender la transformación de la actividad dentro del sector y han contribuido a la liberalización del mismo¨[157]. Así pues, se advierte que aun cuando la Ley de Correos ha señalado que la prestación del servicio de correos es exclusiva del Estado, la misma reconoce que pueden existir excepciones, por lo que dicha exclusividad no ha implicado la negación de la participación empresarial privada, permitiendo a los particulares el transporte de correspondencia y la prestación del servicio de correo, en los casos permitidos en la Ley, conforme a lo establecido en el artículo 13.b) del Reglamento sobre Concesión de los Servicios de Correos (8 de agosto de 1983)[158], es decir, previa la correspondiente habilitación administrativa.

Así pues, se ha permitido que los operadores privados presten los servicios de correo, siempre y cuando los mismos obtengan una concesión otorgada por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, previa opinión favorable del actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. La concesión será otorgada por un plazo que no excederá de cinco años, y podrá ser renovada por periodos iguales e indefinidos, por lo que la autoridad administrativa, en caso de tener la intención de no prorrogar la concesión, deberá notificarlo al concesionario con al menos seis meses de antelación. Cabe destacar, dicha concesión administrativa habilita a a los operadores privados a la prestación del servicio de correo de: 1. Recepción, 2. Expedición, 3. Transporte, y 4. Distribución de correspondencia o piezas postales, siempre y cuando no excedan dos kilogramos, de lo contrario, toda correspondencia con destino urbano, interurbano o internacional deberá enviarse a través del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela[159].

Pero, además del otorgamiento de la concesión, como acto administrativo unilateral,  el operador privado y la Administración Postal deberán suscribir el contrato de concesión de servicio público de correos donde figuren todas las condiciones que normarán la prestación del mismo. Al respecto el Profesor Hernández-Mendible explica lo siguiente:¨Dado que el Reglamento sobre Concesión de los Servicios de Correos no estipula cuales deben ser todas las condiciones que debe comprender el contrato de concesión de servicios públicos, se deberá aplicar a la celebración del mismo las disposiciones pertinentes del Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre promoción de la inversión privada bajo régimen de concesiones (25 de octubre de 1999) ¨

 

2.11 Servicio eléctrico (artículos 156.9, y 178.6 de la Constitución) 

La Constitución de 1999 reparte de una manera muy clara y precisa las competencias en el área del servicio eléctrico entre el Poder Nacional y el Municipal, señalando que corresponde al primero el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial la electricidad (artículo 156, numeral 29), régimen dentro del cual se ubica la competencia para determinar las tarifas aplicables al sector eléctrico; y al segundo, la dotación y prestación del servicio de electricidad como servicio público domiciliario, de acuerdo con la asignación de competencias que el Poder Nacional realice al establecer dicho régimen general, teniendo en cuanta lo que concierna al ámbito local. También serán competencias municipales la promoción de la participación y el mejoramiento en general de las condiciones de vida de la comunidad en áreas como la actividad de servicio eléctrico, igualmente en los términos previstos en el régimen general dictado por el Poder Nacional[160].

Ahora bien, la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (Gaceta Oficial Nº 39.573 del 14 de diciembre de 2010), es la normativa que regula el sector eléctrico en la actualidad, dejando sin vigencia la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, publicada en Gaceta Oficial N°5568 extraordinario, de fecha 31 de 2001[161], que regulaba todo lo relativo a la prestación del servicio público de electricidad.

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) define el objeto de la misma, siendo este ¨establecer las disposiciones que regularán el sistema eléctrico y la prestación del servicio eléctrico en el Territorio Nacional, así como los intercambios internacionales de energía, a través de las actividades de generación, transmisión, despacho del Sistema Eléctrico, distribución y comercialización, en concordancia con el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación¨, por lo que son aplicables entonces las disposiciones de la LOSSE, en todo el territorio nacional: al órgano rector del sistema y servicio eléctrico nacional, el operador y prestador del servicio, los usuarios, los municipios, las organizaciones del poder popular, los trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del servicio y las demás personas que intervienen en la prestación del servicio eléctrico (artículo 2 y 3 de la LOSSE).

De acuerdo con el texto de la LOSSE, las premisas que rigen la prestación del servicio eléctrico son: 1. Acceso universal al servicio eléctrico; 2. Reserva y Dominio del Estado; y 3. Modelo de Gestión Socialista. Cabe destacar, en este punto, que la LOSSE, marcó un retroceso sustancial en cuanto a la liberalización que había representado la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico del año 2001, donde, en consonancia con la corriente de apertura del sector eléctrico que había tenido impacto ya en diversos países latinoamericanos y en la Unión Europea, se había aceptado que ¨la consecución de un mercado de la electricidad competitivo constituye un paso importante hacia la consecución del mercado interior de la energía¨, entendiéndose que la apertura del sector es un presupuesto básico para el logro de una mayor eficiencia y productividad.

Entonces, la LOSSE determinó la reserva y dominio del Estado sobre el sector eléctrico en su artículo 8, el cual establece que ¨El Estado, de acuerdo a la competencia que le establece la Constitución de la República, por razones de seguridad, defensa, estrategia y soberanía nacional, se reserva las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, a través del operador y prestador del servicio; así como la actividad de despacho del sistema eléctrico, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica¨, pasando de  1. La liberalización como política a través de la cual el Estado fomenta e incentiva la libre iniciativa privada en el sector eléctrico, 2. La desregularización, que suponía la racionalización de las trabas administrativas que restringen la iniciativa privada en el sector eléctrico, y 3. La privatización, que buscaba reducir el papel del Estado como empresario para fomentar la iniciativa privada[162], al completo monopolio por parte del Estado de todas y cada una de las actividades de generación, transmisión, despacho del sistema eléctrico, distribución y comercialización,  ¨bajo el modelo de gestión socialista que está contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación¨ (artículo 6 LOSSE).

 

3.      Derecho de propiedad

 3.1 Planteamiento

El derecho de propiedad ha sido regulado por las Constituciones en Venezuela desde 1811 hasta la Constitución de 1999 en términos muy similares. El artículo 115 de la Constitución de 1999  dispone que  “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene el derecho al uso, goce y disfrute de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la Ley con fines de utilidad pública o interés social.  Sólo por causa de utilidad pública o social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podría ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. De forma que el mecanismo de tutela del derecho de propiedad, es la garantía expropiatoria, que no es más que la manifestación del derecho a no ser desposeído de la propiedad sino mediante la expropiación, en los términos y condiciones consagrados en la Constitución y en la Ley.

 

La expropiación puede ser definida, más extensa­mente, como un Instituto de Derecho Público, por medio del cual se confiere a la Administración Pública Nacional, Estadal y Muni­cipal, órganos descentralizados funcionalmente e incluso concesio­narios, la potestad para adquirir, en el marco de un procedimiento legalmente establecido, de forma coactiva, cualquier clase de bienes de propiedad privada, susceptibles de apropiación, por causa de utilidad pública o de interés social, siempre que así sea declarado mediante sentencia firme y previo el pago oportuno de justa indem­nización a aquél contra quien obra la medida, por la merma sufrida en su patrimonio[163].

 

Conforme la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social[164], es necesario que la expropiación esté debidamente justificada en razones de utilidad pública o de interés social;  que se proceda a sustanciar y decidir un proceso judicial, razón por la cual la Constitución exige sentencia firme; y que se proceda al pago de una justa y oportuna indemnización.

 

 

3.1.1 Propiedad inmobiliaria urbana y propiedad rural (artículos 306 y ss. De la Constitución).

 

 

La Constitución también establece entre sus normas los distintos tipos de propiedad inmobiliaria amparados por ella. En este sentido, distingue la propiedad urbana de la rural, particularmente señalada en los artículos 305, 306, 307 y 307 de la Constitución sobre el desarrollo rural integral, el fomento de la actividad agrícola y la prohibición del latifundio. Ambos tipos de propiedades tienen una regulación legal bien diferenciada y de este modo, la propiedad urbana se rige, dependiendo del fin o uso que se le dé al inmueble, por la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial[165], o por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de vivienda[166], en la cual ¨Los artículos 1 y 2 (…) dejan claro el espíritu, propósito y razón del legislador al regular este tipo de contrato como una materia de interés público, social y colectivo, al considerar la vivienda como derecho fundamental aisladamente del derecho de propiedad, que también es un derecho fundamental, todo lo cual origina un visible y claro desequilibrio en las relaciones contractuales en materia de arrendamiento de viviendas, si bien la misma exposición de motivos de la ley, y sus diversos anteproyectos no llevan a tal conclusión¨[167].

 

Sobre la propiedad rural, el artículo 307 de la Constitución establece, por una parte, el derecho de los campesinos y demás productores agropecuarios a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva, además de la obligación del Estado de promover y proteger las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola, de modo que garantiza el respeto a la propiedad privada para velar por la ordenación sustentable de la vocación agrícola, y configura un estímulo al ejercicio del derecho a la libertad económica, con el objeto de asegurar su potencial agroalimentario.

 

Y de otra parte, declara al régimen latifundista como contrario al interés social, y remite al legislador para disponer lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecer las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Excepcionalmente, dispone el mismo artículo constitucional, que el legislador creará contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola[168].

 

El derecho a la propiedad privada de la tierra y el desarrollo agrícola ha sido interpretado por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia de fecha 14 de enero de 2014, de la siguiente forma: 

 

¨Como primariamente se bosquejó, el valor del ámbito agrario, no se limita a los efectos económicos beneficiosos sobre la producción nacional, sino que trasciende dicha esfera y se ubica dentro de la idea, mucho más integral, del desarrollo humano y social de la población.
Dentro de éste trazo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que el Estado deba desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria, medio de desarrollo rural, elevación de la calidad de vida de la población campesina,etc. 
Nuestra Carta Fundamental nos confiere una serie de lineamientos claros, en lo que se refiere a los aspectos esenciales, para llevar adelante los diferentes sistemas de producción de alimentos que garanticen el desarrollo del ser humano: Indica que todas las aguas son bienes del dominio público, insustituibles para la vida y el desarrollo, (Artículo. 304 Constitucional), establece que el estado promoverá la Agricultura Sustentable como base estratégica del Desarrollo Rural Integral a fin de garantizar la Seguridad Alimentaria de la población. (Artículo. 305 Constitucional), establece el que el estado tiene la obligación y es el responsable además de promover las condiciones para alcanzar este Desarrollo Rural Integral y de igual manera dotará la infraestructura, insumos, créditos, capacitación y asistencia técnica necesaria, para alcanzar tales fines, (Artículo. 305 Constitucional), y declara el régimen latifundista contrario al interés social, grava con un impuesto la infrautilización de la tierra , promueve las formas asociativas de producción y sobre todo ratifica que el estado, tiene la gran responsabilidad de velar por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. (Artículo. 304 Constitucional). 

 

Este criterio, a pesar de no corresponderse íntegramente con el que se desprende del texto constitucional, ha sido el más contemplado durante la última década, a tal punto que el régimen que actualmente regula este sector, es decir, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario[169], no admite la propiedad plena de la tierra como la conocemos, sino derechos mediatizados, con el nombre de propiedad agraria, queriendo beneficiar a los campesinos a los cuales se le otorga,  ¨pero el solo hecho de denominarla propiedad no es suficiente para que se trate realmente de este derecho porque la Ley solo permite a su titula ¨usar, gozar y percibir los frutos de la tierra¨, pero no le da poder para constituirla en garantía, con lo cual desviste a esta ¨propiedad¨ de un atributo fundamental al eliminar la facultad de disposición, ya que desnaturaliza este derecho que pasa entonces a convertirse en un derecho de uso y goce, mas no de propiedad al carecer de uno de sus atributos fundamentales: la disposición¨[170].

 

En este sentido, se ha desvirtuado el propósito originario de la norma constitucional del artículo 307 de vincular necesariamente la propiedad privada agraria a un fin público o social promoviendo la actividad de los campesinos y demás productores agropecuarios, y ¨ha servido en la práctica para acumular cada vez mayores extensiones de tierras con vocación agraria en manos del Estado (principalmente de la Administración Pública Descentralizada Nacional), antes de 2001 por medio de la creación de la llamada propiedad dotacional, y desde entonces con la denominada adjudicación de tierras agrarias, pues ni en la Ley de Reforma Agraria y en la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario está contemplada la transferencia de la propiedad del Estado a los particulares, con lo cual la intervención no ha generado tanto desarrollo productivo del sector como concentración de la explo­tación del mismo en pocas manos, todas las cuales están supeditadas a la acción gubernamental de turno¨[171].

 

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario constituye otro claro ejemplo de la abundancia de normas de derecho administrativo cuyo fin es el aumento de la intervención y del control del Estado en el sector agrario más que de la promoción y protección de la acción de los particulares en este ámbito de la economía, constituyendo el llamado latifundio público o del Estado, quizás el de mayor extensión, constituido por las tierras baldías afectadas a la reforma agraria.

 

 

 

3.1.2 Propiedad industrial y propiedad intelectual (artículo 98 de la Constitución)

 

La Constitución igualmente hace alusión a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual (artículo 98[172] de la Constitución, sobre los Derechos Culturales y Educativos, y artículo 124 sobre la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas), las cuales se encuentran reguladas de una parte por la Ley de Propiedad Industrial[173] y por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación[174], y de otra por la Ley Sobre el Derecho de Autor[175].

 

El derecho de propiedad intelectual, vale acotar, es reconocido como un derecho humano de carácter cultural, que persigue ¨alentar la creatividad, recompensar el ingenio humano y estimular institucionalmente, garantizado por el Constituyente de 1999¨[176]. Este derecho, por haber sido reconocido como un derecho de propiedad, además cuenta con tratamiento patrimonial, quedando sometido a la regla general sobre la propiedad que establece el citado artículo 115 de la Constitución[177], tal como lo disponen los artículos 5546 y 545 del Código Civil venezolano[178].

 

Astrid Uzcátegui Angulo, en su libro titulado  ¨Derechos de propiedad intelectual y derechos fundamentales¨, muy concreta y asertivamente ha señalado al respecto que ¨Según el citado artículo [115], el reconocimiento del derecho humano a la propiedad intelectual como derecho de propiedad privada, se deriva del derecho que tienen los autores y creadores a usar, gozar, disfrutar y disponer del fruto material por su actividad creadora, en la medida y con las obligaciones que establezca la ley¨, ello a su vez, ¨en un todo de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recoge el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (CFR. Art. 17), y a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora (cfr. Art. 27.2)¨[179].

 

3.1.2.1 De la violación a las garantías del derecho de propiedad intelectual. Artículo 325 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores

 

 

La LOTTT, en su artículo 325 viola la Constitución en tanto que transgrede el derecho de los trabajadores a la creación intelectual contemplado en el artículo 98 de la Constitución al disponer que niega la protección de las creaciones intelectuales a los empleados de los entes públicos y a los proyectos financiados por el Estado, puesto que considera que las invenciones, mejoras y otros objetos de la propiedad intelectual realizados por el estado o los entes públicos  o por cuenta de éste, caen en el dominio público, negando que estas creaciones inmateriales sean protegidas como bienes de propiedad intelectual y que sus creadores tengan sobre ella tanto los derechos morales (autoría) como los derechos patrimoniales.

 

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 325 de la LOTTT, no parecería posible obtener ningún derecho de exclusividad sobre las invenciones y creaciones, modelos o signos relativos al sector público, puesto que establece expresamente que: “la producción intelectual generada bajo relación de trabajo en el sector público, o financiado a través de fondos públicos que origine derechos de propiedad intelectual se considerará del dominio público, manteniéndose los derechos al reconocimiento público del autor”.

 

Teniendo como consecuencia lo anterior que las invenciones, dibujos, modelos de utilidad, modelos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, software, hardware; por no hablar de los derechos de autor, que son los relativos al arte; a la ciencia y, a la tecnología, pueden ser utilizados libremente por cualquiera por cualquiera. De lo anterior, aparece claro que no puede solicitarse derecho de exclusividad alguno ante las autoridades administrativas sobre tales bienes y que tampoco puede demandarse, el uso espontaneo e inconsulto de tales bienes por parte de terceros, independientemente de la forma como se realice[180].

 

 

3.2 De la violación a las garantías del derecho de propiedad inmobiliaria

Como dijimos previamente, conforme la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social[181], para que la expropiación sea procedente, es necesario que la misma esté debidamente justificada en razones de utilidad pública o de interés social;  que se proceda a sustanciar y decidir un proceso judicial, razón por la cual la Constitución exige sentencia firme; y que se proceda al pago de una justa y oportuna indemnización.

 

De allí que la expropiación puede ser también considerada, desde el punto de vista adjetivo o formal, como un procedimiento. Se ha entendido que la expropiación es un procedimiento de naturaleza compleja, en el cual debe procurarse la intervención de los tres poderes públicos a objeto de garantizar el respeto del interés individual que va a ser  sacrificado en aras del interés colectivo. Así, se ha señalado que el procedimiento expropiatorio comprende tres fases: la legislativa, la administrativa y la judicial.

 

La fase legislativa, corresponde tanto a la sanción de las distintas leyes de expropiación que disponen el procedimiento a seguir y desarrollan las condiciones para su procedencia, como a  la declara­toria de utilidad pública o social de la actividad que va a determinar la expropiación, por parte de los órganos que conforman al Poder Legislativo en los distintos niveles del Poder Público (Nacional, Estadal y Municipal). En los casos de los estados de excepción, esta declaración puede provenir del Poder Ejecutivo Nacional.

 

La fase administrativa tiene lugar, en el seno de la Adminis­tración Pública, y se manifiesta en la emisión del Decreto de Expropiación, Decreto de Ejecución o Decreto de Afectación, en el que se indique que la ejecu­ción de la obra anteriormente declarada de utilidad pública o social, exige necesariamente que determinados bienes pasen a la propiedad del ente expropiante.  Asimismo, también comprende el arreglo amigable.

 

 

Por último la fase judicial, se lleva a cabo ante órganos competentes del Poder Judicial y su función es la de procurar y preservar el respeto a la garantía de los derechos del particular frente a la Administración, cuando no se haya llegado a un arreglo amigable. Dentro de esta fase encontramos también la actividad con­tralora en la cual los particulares tienen la posibilidad de atacar  los actos de los poderes públicos relativos a la expropiación, tal y como lo expresan el Profesor Canova y otros, ¨en esa oposición se puede cuestionar, sin limitación, toda ilegalidad que afecte al Decreto de Expropiación, tanto formales como, obviamente, de fondo, incluyendo la errada utilización de la discrecionalidad administrativa en esa medida¨[182]. Esta fase culmina con la sentencia definitiva que decrete o no la expropiación del bien afectado.

 

La jurisprudencia ha entendido que la existencia del procedimiento expropiatorio constituye la garantía principal de esa institución, pues el ente público sólo podrá expropiar siguiendo los trámites formales establecidos, todo ello en respeto del principio de legalidad. El cumplimiento de dicho procedimiento, tal y como lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia, tiende a proteger, por un lado, los intereses de los particulares afectados y, por el otro, los intereses del ente público expropiante, que tendrá la seguridad de que el bien expropiado estará libre de todo vicio, riesgo o gravamen[183].

 

De igual forma, la necesidad de que haya un procedimiento legalmente preestablecido existe en relación con cualquier actividad desplegada por los órganos y entes de la Administración mediante la cual se prive la propiedad privada, independientemente de que esta actuación sea calificada o no como expropiación. En este sentido, ¨La administración no puede entrar en posesión del bien que pretende expropiar antes de que se produzca la intervención del órgano judicial y, concretamente, antes de que se dicte la sentencia de fondo y esta adquiera el carácter de definitivamente firme…¨[184]

 

Ahora bien, hay un conjunto de normas que violan esa garantía de la Expropiación. Algunas de ellas amplían indebidamente el requisito de la utilidad pública o interés social; otras dejan a un lado el proceso judicial para permitir expropiaciones  administrativas sin la debida garantía del control del Juez y otro cuerpo normativo viola el principio de la justa indemnización. De otra parte, la expropiación en ningún momento puede ser considerada como una sanción. Como ya reiteramos previamente, y tal como dispone el artículo 115 constitucional, la expropiación como adquisición coactiva de bienes, única y exclusivamente procede por razones de utilidad pública e interés social, nunca a razón de la comisión de un ilícito, caso contrario a la confiscación y al decomiso, que configuran medios coactivos de adquisición de la propiedad privada, como consecuencia de algún delito cometido. Sin embargo, existen leyes dentro de nuestro ordenamiento jurídico que contrariando al artículo 115 constitucional, establecen la expropiación como sanción por la comisión de ilícitos.

 

3.2.1        De la violación a la garantía de declaración de utilidad pública e interés social

3.2.1.1 Ley Orgánica de Precios Justos

Entre las normas que amplían la declaración de utilidad pública e interés social de una manera arbitraria, podemos mencionar las contenidas en el artículo 6 de la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (LDEPABIS) (hoy artículo 7 de la LOPJ), en el cual se establecía:

“Se declaran, y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios (…)”.

Asimismo, la Ley Orgánica de Precios Justos publicada en la Gaceta Oficial Nro. 40.340, del 23 de enero de 2014, extiende los supuestos de declaración de utilidad pública cuando formula una declaratoria general mediante la cual no una obra sino todo bien de propiedad privada destinado a la actividad económica particular es de utilidad pública, estableciendo la expropiación como sanción en caso de ilícitos económicos y administrativos y permitiendo la apropiación anticipada sin intervención del juez y sin garantía procesal alguna. Esta aberrante distorsión de la expropiación como institución del Estado de Derecho garante de la propiedad privada para preverla como una figura que la desconoce de la forma más absoluta constituye, sin duda, una violación grosera de los postulados constitucionales y del derecho de la propiedad privada que se proclaman en el Texto Constitucional.

Como podemos observar, la declaración expuesta con anterioridad establece un rango exageradamente amplio de bienes y actividades declaradas de utilidad pública e interés social. Este tipo de disposiciones constituyen un cheque en blanco a la Administración, puesto que partiendo de una declaración tan amplia y generalizada, ésta podría iniciar el procedimiento expropiatorio de casi cualquier bien que se encuentre dentro del territorio nacional. De este modo, se desnaturaliza la expropiación como una garantía constitucional, puesto que anulan prácticamente toda intervención del Poder Legislativo en el proceso expropiatorio, siendo la participación de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) uno de los pilares fundamentales de la expropiación como garantía.

3.2.1.2 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas

Otra ley que amplía la declaración de utilidad pública o social al extremo de eliminarla es la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, que bajo el objeto de “hacerle frente con éxito y rapidez a la crisis de vivienda” (artículo 1°), declara “de utilidad pública, interés social e importancia estratégica, los inmuebles no residenciales, así como los terrenos urbanos o rurales abandonados, ociosos, subutilizados o sobre los que exista un uso inadecuado a los fines de poblamiento, para el buen vivir de la población en las Áreas Vitales de Viviendas y de Residenciales (AVIVIR)” (artículo 5°).

 

3.2.2        De la violación a la garantía de que exista un proceso judicial y se declare la expropiación mediante sentencia firme

3.2.2.1 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda

En cuanto a la violación del requisito de que debe mediar sentencia firme para que sea legítima la limitación del derecho constitucional de propiedad, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos disposiciones legales que prevén medidas expropiatorias sin que medie la intervención del juez, entre las cuales podemos mencionar el régimen de  ocupación previa  contenido en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda[185] (LOETV)   y la LOPJ.

La LOETV tiene por objeto, conforme a su artículo 1°, establecer un conjunto de mecanismos extraordinarios  destinados a hacerle frente con éxito y rapidez a la crisis de vivienda. Dentro de dichos mecanismos, encontramos la ocupación previa por parte del Ejecutivo Nacional de terrenos o inmuebles no residenciales, en caso de que la ejecución de una obra llegare a ser urgente. Esta ocupación previa procede sin que medie procedimiento expropiatorio alguno, y está prevista en los artículos 10 y 11 de la LOETV, que establecen:

Artículo 10: “Cuando la ejecución de la obra se califique de urgente, procederá la ocupación previa del terreno o inmueble no residencial afectado, para su ejecución inmediata en los términos establecidos en la presente Ley”.

Artículo 11: “La ocupación previa, señalada en el artículo precedente, será competencia única y exclusiva del Ejecutivo Nacional”.

De esta manera, dicha disposición es inconstitucional por cuanto viola la prohibición de ocupación sin haber sido decretada la expropiación y sin el debido control del juez.

 

3.2.2.2 Ley Orgánica de Precios Justos

Por otro lado, la LOPJ en su artículo 7, otorga la potestad al Estado de “(…) adoptar medida de ocupación temporal e incautación de bienes mientras dure el procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional (…)”.

Esta potestad otorgada al Ejecutivo Nacional de ocupar temporalmente los bienes afectados, sin previo procedimiento y sentencia que decrete la ocupación, es ratificada en el artículo 39 de la LOPJ, el cual establece la posibilidad por parte del funcionario competente, de declarar la ocupación temporal inmediata de los bienes afectados, como medida preventiva en los procedimientos  de inspección y fiscalización:

Artículo 39: “Si durante la inspección o fiscalización, el funcionario actuante detectara indicios de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, y existieren elementos que permitan presumir que se pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la colectividad; podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto, medidas preventivas destinadas a impedir que se continúen quebrantando las normas que regulen la materia. Dichas medidas podrán consistir en: (…) 2. Ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad, o para el transporte o almacenamiento de los bienes comisados.”

Esas  medidas de ocupación expuestas previamente son inconstitucionales desde que son ejecutadas por la propia administración sin mediar procedimiento judicial previo ni sentencia que decrete la medida.

 

 

3.2.3        De la violación a la garantía de la justa indemnización

3.2.3.1 Ley para la determinación del justiprecio de bienes inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la determinación del justiprecio de bienes inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad[186], del 15 de junio de 2012, constituye una clara violación al principio de justa indemnización. La ley tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar el justiprecio de los inmuebles a ser adquiridos por el Estado venezolano, a los fines de poblamiento y habitabilidad, en los casos de expropiación de emergencia previstos en la ley que regula la materia de emergencia para terrenos y vivienda. (Artículo 1).

A tales efectos, el referido Decreto establece que “el justiprecio del inmueble se determinará utilizando como base de cálculo, el último valor de compra de dicho inmueble, indicado en el respectivo documento de propiedad debidamente protocolizado” (artículo 3°), valor éste que se actualizará conforme al promedio aritmético simple de (i) la variación del índice nacional de precios al consumidor (INPC), (ii) la tasa de interés pasiva nominal de los depósitos a plazo superiores a noventa (90) días capitalizable mensual, y (iii) la tasa de interés activa nominal promedio ponderada, todas de acuerdo con lo publicado por el BCV, sin embargo, en cualquier caso, se establece que para “determinar el justiprecio del inmueble, no se podrá considerar el precio del mercado o el valor del mercado” (artículo 3°). Este procedimiento viola las garantías en la determinación del justiprecio. Obsérvese que la ley contraría de manera flagrante el artículo 115 de la Constitución y toda la jurisprudencia sobre la justa indemnización.

El trámite a que se acaba de hacer referencia es contrario a las garantías que prevalecen en la determinación del justiprecio de un bien que sea objeto de expropiación. En primer lugar, el método establecido no se corresponde con la realidad de las cosas, ni con el precio real del bien en el mercado, lo que vulnera el derecho de propiedad del expropiado. En segundo lugar, no se establece la posibilidad de intervención judicial, con lo cual la Administración Pública (parte interesada) sería la encargada de realizar el trámite, condicionando de inmediato su validez. La intervención judicial, junto al pago oportuno de la justa indemnización, es una garantía de la expropiación e inclusive del derecho de propiedad (artículo 115 de la Constitución).

3.2.3.2 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario

De otra parte, es igualmente importante señalar respecto a la violación de la garantía de la justa indemnización, lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), declarado nulo por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establecía el rescate por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de fundos propiedad del Instituto Agrario Nacional, sin otorgar la correspondiente indemnización a los ocupantes por las bienhechurías ejecutadas en ellos. Esta disposición fue impugnada mediante recurso de nulidad en el caso Fedenaga vs. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el cual la SCTSJ en su sentencia del 20 de noviembre de 2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García, sostuvo lo siguiente:

No reconocer la propiedad de los bienes que existan sobre las tierras del indicado Instituto Nacional de Tierras, atenta contra el derecho a la propiedad, y hace que el Instituto incurra en un enriquecimiento sin causa, pues se subvierte la idea de accesión inmobiliaria en sentido vertical, que acarrea la inconstituciona­lidad de la norma.

El derecho a la propiedad es un derecho esencialmente limitable, dado su utilidad social, pero dicha limitación no puede suponer un desconocimiento del derecho, por su rango constitucional, una absorción de las facultades del propietario al extremo que llegue a eliminarlo, pues de ese modo no se estaría garantizando esa protección que la Constitución le otorga. De tal manera que, siendo que con la norma en referencia se desconoce de manera absoluta el derecho a la propiedad sobre las bienhechurías rea­lizadas por los ocupantes de las tierras del Instituto Nacional de Tierras, esta Sala declara la nulidad del artículo 90 del De­creto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”.[187]

 

 

3.2.4        Del establecimiento indebido de la expropiación como sanción

La  Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) que contempla en sus artículos 68 y siguientes, la expropiación agraria como una sanción a los propietarios de tierras con vocación agrícola que no tienen un nivel óptimo de productividad. De igual manera, la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) en su artículo 7, establece la expropiación como sanción a la comisión de ilícitos económicos, en la misma forma, impone la ocupación de los bienes como sanción aplicable a las infracciones referidas a la especulación, alteración fraudulenta de bienes y servicios, acaparamiento, boicot y al condicionamiento de venta de bienes y prestación de servicios. La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV) -que está sancionada para regular las relaciones privadas de un contrato de naturaleza netamente civil- por su parte establece que  la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda dará inicio a los trámites pertinentes a fin de expropiar los inmuebles propiedad de los infractores que reincidan por tercera vez (artículo 145), desvirtuando la figura de expropiación de forma constitucional, ¨ya que la misma es utilizada como una herramienta sancionatoria en caso de reincidencia, en vez de ser utilizada para su verdadero fin que es la utilidad social y el bien común¨[188].

 

3.2.5 De la disminución de los atributos de uso, goce y disposición de la propiedad

3.2.5.1 Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda

La Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda (LRCAV), establece en sus artículos 84 y 88 la obligación de las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez inmuebles, de destinar un porcentaje de viviendas para su arrendamiento, y que al cumplir diez años de su construcción, los propietarios tendrán el compromiso de  ofertar en venta al arrendatario el inmueble:

Artículo 84: “(…) las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez inmuebles deberán destinar un porcentaje de viviendas para el arrendamiento. Ese porcentaje será fijado mediante resolución del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat”.

Artículo 88: “En aquellos inmuebles construidos, según lo referido en el artículo 84 de la presente Ley (…) al cumplir diez años de construcción, los propietarios tendrán el compromiso de ofertar la venta al arrendatario o arrendataria que esté en el inmueble, y el precio de venta será el que se determine conforme lo establezca la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda”.

De igual manera, en la Disposición Transitoria Quinta, la LRCAV garantiza el derecho de adquisición de los arrendatarios que ocupen viviendas construidas sobre edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento: “(…) los arrendatarios y arrendatarias que ocupen viviendas constituidas sobre edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento, tendrán el derecho a adquirirla, exceptuando del cumplimiento de la presente disposición a los pequeños arrendadores. A tal efecto el propietario o arrendador, procederá de acuerdo al capítulo relativo a la preferencia ofertiva, establecido en este instrumento legal, en un lapso no mayor de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley”.

En este caso, las disposiciones anteriormente expuestas suponen medidas expropiatorias, debido a que limitan los elementos de uso, goce y disfrute de la propiedad al obligar al propietario a dar en arrendamiento un porcentaje de los inmuebles construidos, no pudiendo elegir entre alquiler o venta del inmueble. Además el propietario estaría obligado a ofertar en venta la vivienda después de 10 años del contrato de arrendamiento, obligación que supone una modalidad de imposición legal de venta de patrimonio obligatoria y violatoria del principio de libre disposición del derecho de propiedad, caso idéntico con lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la LRCAV, que obliga a los arrendadores de viviendas construidas en edificios dedicados por veinte o más años al arrendamiento, a ofertarlas en venta a los arrendatarios.

Cabe destacar que estas disposiciones fueron objeto de recurso de nulidad ante la SCTSJ, en el cual la Sala sentenció el 16 de octubre de 2014, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero,  pronunciándose al respecto:

“(…) las normas garantizan el derecho del propietario al pago del precio de venta del inmueble una vez vencidos los lapsos legalmente establecidos para que termine la relación arrendaticia y opere el traspaso de propiedad del inmueble.

 Según lo expuesto, ni todos los inmuebles están sujetos a las normas atacadas, ni las medidas que se establecen implican la confiscación de los mismos, sino que prevén el pago del precio de venta y con ello, la garantía de incolumidad del patrimonio del arrendador.

 En consecuencia de lo expuesto, esta Sala no considera desproporcionadas las medidas atacadas y de allí que se desestima el alegato de violación del derecho de propiedad, ya que los límites del derecho a la propiedad que contienen las normas impugnadas, se enmarcan dentro de los principios de reserva legal e interés general que justifican la restricción de este derecho a los fines de garantizar el derecho a la vivienda digna y así se declara.”

3.2.6 De las expropiaciones de hecho

Otra de las violaciones al derecho de propiedad que ha resultado bastante frecuente en los últimos años son las llamadas expropiaciones de hecho (también conocidas como expropiaciones de facto), que al ser realizadas por las autoridades administrativas sin procedimiento y sin que medie indemnización alguna violan todas y cada una de las garantías dispuestas para la protección del derecho de propiedad.

 

Entonces, la omisión de la garantía mínima fundamental que reporta el ser sometido a un debido proceso, en el que se permita el ejercicio del derecho a la defensa, comporta una actuación material e irrita, transgresora de la legalidad y que propende a la interferencia ilegal de la propiedad, pues aun cuando la expropiación supone la apropiación de un bien por parte de un ente público, ésta apropiación será considerada ilegal. Esto quiere decir que la Administración siempre tendrá el deber  de ajustar su actuación al bloque de la legalidad, impidiendo, en consecuencia, que su actuar implique un atropello a la garantía al debido proceso, en un proceder de hecho.

 

            Eduardo García de Enterría ha identificado el caso típico de expropiación de hecho en los supuestos en los cuales el apoderamiento por la Administración de los derechos patrimoniales privados se efectúa tácticamente, sin mediar declaración expresa ni procedimiento alguno[189]. Sin embargo, no debemos dejar de advertir que aun existiendo formalmente un decreto de expropiación y habiéndose dado inicio al procedimiento correspondiente, éste puede contener vicios, irregularidades y omisiones de tal magnitud que hagan nugatoria la garantía procedimental frente al particular expropiado, lo que equivaldría a una vía de hecho. En todo caso -vale aclarar- la vía de hecho se configurará sólo con el efectivo apoderamiento del respectivo bien, o cuando sea evidente la voluntad de la Administración de proceder a tal apoderamiento[190].

 

La LEXP prevé tal supuesto al señalar que todo propietario a quien se prive del goce de su propiedad, sin llenar las formalidades previstas en la Ley, «[...] podrá ejercer todas las acciones posesorias o petitorias que correspondan, a fin de que se le mantenga en el uso, goce y disfrute de su propiedad, debiendo ser indemnizado de los daños y perjuicios que le ocasione el acto ilegal» (Artículo 8 de la LEXP).

 

            En ese sentido, si la expropiación de hecho aún no se ha materializado mediante la efectiva afectación del bien a una causa de utilidad pública o social, el particular podrá ejercer las acciones reivindicatorias previstas en el ordenamiento jurídico. Pero si, por el contrario, la obra o actividad para cuyo fin la Administración “expropió de hecho” se encuentra totalmente culminada, no resultan procedentes las acciones reivindicatorias, sino la indemnización por daños y perjuicios[191].

 

            Dicho criterio fue reiterado posteriormente por la Sala en sentencia de fecha 3 de octubre de 1990 (caso Inmobiliaria Cumboto), al señalar que si la expropiación de hecho culmina con la definitiva construcción de la obra «[...] mal puede el propietario mantener el uso o goce de su propie­dad como lo señala el artículo 4 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social -y agrega- El actor en el presente juicio es un acreedor de la República y la acción ejercida es para hacer valer el precio de la cosa expropiada, por aplicación analógica del artículo 8 eiusdem [...]»[192].

 

            La sentencia estableció también que la ocupación de hecho por parte de la República -a los solos efectos del cálculo de la indemnización- debe ser asimilada a la ocupación previa solicitada y ejecutada en virtud de un Decreto de Expropiación, previo al cumplimiento de lo pautado en la Ley que rige la materia; es decir, que la indemnización por la expropiación de hecho se asemeja a la justa indemnización de la expropiación legalmente efectuada.

 

            Sin embargo, lo que interesa destacar es que la sentencia comentada, al aplicar los supuestos generales de la justa indemnización, extiende la responsabilidad de la Administración no sólo al valor del bien, sino a todos los daños y perjuicios ocasionados por la vía de hecho ejercida. Precisamente, la aplicación del régimen expropiatorio a las denominadas expropiaciones de facto, propende al establecimiento de una noción sustantiva de la expropiación, lo que apareja la ampliación del régimen de la justa indemnización a distintos supuestos tanto de derecho como de hecho, y que procuran la reparación de los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad de la Administración, en consonancia con el artículo 259 de la Constitución.

 

Una vez destacado el significado y la trascendencia de este concepto de expropiación de hecho o de facto, procederemos a enunciar los casos más relevantes que en los últimos años se han producido como vivos ejemplos de la transgresión del derecho de propiedad por parte del Estado venezolano.

 

i)  En primer lugar podemos hacer mención a la posesión por parte de la Administración,  sin procedimiento y sin garantías judiciales, de las empresas relacionadas con bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos.

 

Mediante el artículo 2 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos[193], pasaron a manos del Estado, sin procedimiento expropiatorio alguno, 39 empresas del sector privado en la referida materia, que comprendía: 1. Inyección de agua, de vapor o gar que permitan incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el recobro, 2. Compresión de gas, 3. Los vinculados a las actividades en el Lago de Maracaibo: lanchas para transporte de personal, buzos y mantenimiento, barcazas con grúas para transporte de materiales, diésel, agua industrial y otros insumos, remolcadores, gabarras planas, boyeras, grúas, de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos, de mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza[194].

 

Esta apropiación arbitraria se autorizó, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Nro. 054 del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo[195], en los siguientes términos: ¨Se instruye a Petróleos de Venezuela, S.A. o a la filial que esta designe, a tomar, el control de las operaciones y posesión inmediata de las instalaciones, documentación, bienes y equipos, afectos a las actividades a que se refiere esta Resolución.¨ este proceder debía constar en acta con la firma de las empresas afectadas pero en caso de no hacerlo mediante una simple inspección judicial extra-proceso o acta notarial[196].

 

ii)    En segundo lugar, nos referiremos a un caso similar ocurrido respecto de las empresas que operaban en el sector de transformación del hierro.

 

Los Decretos Nros. 695 y 697[197], declararon la afectación de dos empresas a los fines de su expropiación con base a la reserva previa de la actividad dispuesta en la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que desarrollan actividades en el sector siderúrgico en la Región Guayana[198], la cual reservó al Estado la industria de la transformación del mineral del hierro en dicha zona del país[199] (a pesar de que dichas empresas ya habían sido ocupadas en el año 2009, mucho antes de su afectación y sin procedimiento expropiatorio ni pago de indemnización alguna[200]).

 

De esta forma, conformidad con el artículo 2 de la mencionada Ley se ordenó ¨… la transformación de la sociedad mercantil SIDOR C.A., sus empresas filiales y afiliadas, en empresas del Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Administración Pública, con una participación estatal no menor del 60% de su capital social¨. De igual forma se declaró de utilidad pública y de interés social las actividades que desarrolla la sociedad mercantil SIDOR C.A., sus empresas filiales y afiliadas, así como las obras, trabajos y servicios que fueran necesarios para realizarlas.

 

Cabe destacar que posteriormente dicha Ley fue utilizada para la apropiación de otras empresas del sector, entre las que se pueden mencionar Venprecar y Orinoco Iron, las cuales pasaron a manos estatales aun antes de haberse declarado su expropiación (e incluso a pesar de haber demandado la nulidad de tales actos por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia)[201].

 

 

 

iii)                          Un tercer caso parecido también a los anteriores se produjo con ocasión a la reserva por parte del Estado de la industria de fabricación de cemento en la República.

 

El Presidente de la República dictó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas  Productoras de Cemento[202], mediante el cual el Estado se reservó la industria de fabricación de cemento en la República, por razones de conveniencia nacional y ¨en virtud de su vinculación con actividades estratégicas para el desarrollo de la Nación¨.

El artículo 2 de dicha Ley ordenó la transformación de las sociedades mercantiles CEMEX VENEZUELA, S.A.C.A. (Cementos Mexicanos), HOLCIM VENEZUELA, C.A. (empresa cementera suiza) y, C.A. FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTOS S.A.C.A. (que era el GRUPO LAFARGE DE VENEZUELA, cementera francesa), sus empresas filiales y afiliadas, en empresas del Estado conforme al artículo 100 y siguientes de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con una participación estatal no menor del 60% de su capital social. Así también, se declaró de utilidad pública y de interés social de las actividades que desarrollan las mencionadas personas jurídicas.

Cabe resaltar, María Amparo Grau, que el uso de las vías de hecho para estatizar un sector de la actividad económica privada sin dudas violenta flagrantemente el derecho de propiedad privada y por lo tanto las garantías jurídicas de la libre empresa. ¨En este sentido, el citado caso de las siderúrgicas venezolanas [así como el caso de las cementeras] son un ejemplo del uso de la vía de hecho para transferir a manos públicas empresas que pertenecían a los particulares quienes desarrollaban la actividad en régimen de concurrencia con el propio Estado¨[203]. Asimismo, de los tres casos antes expuestos puede deducirse la confusión entre reserva de la actividad como presupuesto para excluir la libre iniciativa privada, de la declaratoria de utilidad pública, como presupuesto para permitir el ejercicio de la potestad expropiatoria[204].

 

iv)               En cuarto lugar vale la pena referirse a la infinidad de casos en que el Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha apropiado, sin que medie procedimiento expropiatorio, tierras con vocación agraria o bienhechurías edificadas sobre ellas de manos de particulares, bajo la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

Tal como lo exponen los profesores Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera Orellana y Karina Anzola Spadaro, bien por el desconocimiento de la propiedad sobre todo el inmueble o sobre una parte importante del mismo, el Ejecutivo Nacional, ¨con apoyo en causas tan disímiles como el carácter ocioso de la tierra, la explotación de los trabajadores (en algunos casos se habló de esclavitud), la conservación del ambiente o el desarrollo agrario, ha asumido la posesión de miles de hectáreas de tierras con vocación agraria, bien a través del rescate de tierras, bien a través de la intervención de tierras u otras medidas de aseguramiento, pero nunca por vía de la expropiación¨[205]

 

Es el caso entonces de la ¨intervención¨ del Ejecutivo Nacional de tierras del dominio público de la República que, al decir del Ejecutivo, están ocupadas ilegalmente por lo que no procede jurídicamente la expropiación (como procedería de tratarse de propietarios), sino la intervención para luego rescatar y destinar a fines agrarios[206]

 

Entre los estos casos podemos mencionar, como lo hacen los precitados autores, la intervención de los hatos: 1) El Charcote (Estado Cojedes, 08-01-2005); 2) Hato Piñero (Estado Cojedes, 15.02.2005); 3) La Marqueseña (Estado Barinas, 18.09.2005); 4) Hato Guanayen-Los Guayeros (10.02.2016); 5) Hacienda Bucarito (Estado Lara, 29.06.2006); 6) Hato Calleja (Estado barinas, 12-07-2006); 7) Agropecuaria Buena Vista, Agropecuaria Montaña del Orinoco, Agropecuaria la Atascosa (Todos ubicados en el Estado Aragua e intervenidos en fecha de 25.03.2007); Hato La Yagüita, Hato El Caribeño, Hato las Mercedes, Hato Bartolero, Hato San Gregorio El Viejo, Hato Cabuyare, Hato Coronero (Estado Apure, 25.03.2007); Hatos Las Cunaguaras, Hato la Esperanza, Hato San Francisco (estado Apure, 25.03.2007); Hato La Viereña (Estado Apure, 25.03.2007), Fundo Agrobárbara (Estado Barinas 25.03.2007), Fundo Sucesión Bolívar (Estado Portuguesa), Fundo Arrecife Los González (Estado Guárico), (25.03.2007); Hato Caroní (Estado Barinas 09.03.2009); Hato Tamarindo (Estado Barinas, 09.03.2009), Hato El Piñal (Estados Lara y Portuguesa 06.03.2009); Finca El Maizal ( Estado Lara, 06.03.2009); Hato Santa Cruz (Estado Barinas, 25.03.2009); Hato Morichalito (Estado Apure, 11.05.2009); Hacienda Santa Clara (Estado Carabobo, 02.05.2009); Haras San Isidro (Estado Carabobo, 20.04.2009); Haras Gran Derby (Estado Carabobo, 20.04.2009), Haras La Primavera (Estado Carabobo 20.04.2009); Haras La Quebrada (Estado Aragua 20.04.2009); Hacienda Santa Teresa (Estado Aragua, 20.04.2009)[207]

 

El Ejecutivo Nacional, ante los enumerados terrenos con vocación agrícola ¨ha actuado reincidentemente del mismo modo: exige a los poseedores de las tierras los títulos que acreditan su propiedad y, seguidamente, en sede administrativa, procede a su desconocimiento para, asumiendo su pertenencia a la República dada su carácter de tierras baldías, pasar a ocuparlas incluso por la fuerza (de allí la utilización de las Fuerzas Armadas Nacionales), desalojando a quienes hasta entonces las tenían como dueños, quienes son calificados de ocupantes ilegales y, por ende, ni siquiera se les reconoce indemnización alguna por las bienhechurías allí construidas¨[208].

Es así como el Ejecutivo Nacional, a través del INTI, se valió de la ilegal e inconstitucional interpretación del artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, y posteriormente en el artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para ¨tomar¨, ¨rescatar¨ o ¨intervenir¨ tierras agrarias; ocasionando un ¨desapoderamiento [que] ha tenido lugar incluso en casos en los que los propietarios de los terrenos, si no en todos en su mayoría, opusieron títulos de propiedad registrados en las oficinas públicas¨, y constituyendo ¨a la fecha, los de más flagrante y masiva violación de derechos de propiedad en Venezuela¨[209], al prescindir de todo tipo de procedimiento judicial, por ende de contradictorio, y además de una justa indemnización.

 

4. Régimen monetario (artículos 318 y 319 de la Constitución)

 

4.1 Régimen de control cambiario

 

4.1.1 Constitución (artículo 50 de la Constitución)

El régimen cambiario en Venezuela encuentra su fundamento constitucional en el derecho al libre tránsito, consagrado en el artículo 50 de la Constitución de 1999 que dispone: “Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley (…)”. Este derecho estuvo consagrado de igual modo en el artículo 64 de la Constitución de 1961. Como podemos observar, del derecho al libre tránsito se desprende derecho de cada ciudadano a trasladar dentro o fuera del país sus bienes y pertenencias, dentro de las cuales podemos incluir el dinero propio de cada persona. Ambrosio Oropeza resalta la importancia del derecho al libre tránsito, considerándolo fundamental para la defensa de la dignidad y el desarrollo de la persona humana, no obstante, agrega  Oropeza que la disposición deja abierta la posibilidad de que la ley establezca limitaciones al derecho de libre tránsito, sin embargo no hay duda de que las limitaciones a imponerse nunca podrán ser excesivas sino las absolutamente necesarias para que el ejercicio de dichas prerrogativas no llegue a dañar intereses esenciales[210].

Un asunto en el que por su puesto venimos de una posición desfavorable en el derecho administrativo venezolano  es el régimen de control cambiario. En efecto, a partir del Convenio Cambiario N° 1, del 05 de febrero de 2003, suscrito entre el BCV y el entonces Ministerio de Finanzas (publicado en la Gaceta Oficial N° 37.625, del 05 de febrero de 2003), y el Decreto N° 2.330, del 06 de marzo de 2003 (publicado en la Gaceta Oficial N° 37.644, de la misma fecha), se estableció en el país un régimen de control cambiario, el cual implicó limitaciones a las personas para la adquisición de divisas destinadas al pago de bienes, servicios y demás usos, así como limitaciones para la administración de divisas producto de exportaciones y pago en el exterior de bienes producidos en el país.

De este modo, ¨la Administracion impone la venta forzosa de las divisas que ingresan a Venezuela; fija el volumen de divisas que se destinará al mercado privado interno; establece las finalidades que marcarán las prioridades a los fines de entregar las divisas, ahora consideradas recursos escasos; desarrolla normativamente los requisitos que determinan quiénes podrán solicitar y obtener la correspondiente autorización; establece los recaudos exigidos y los procedimientos aplicables, e impone, finalmente, los controles a los cuales se sujetarán todos los particulares.¨[211]

La implementación del régimen de control cambiario ha traído consigo una serie de limitaciones a los derechos en materia económica, concretamente a la libertad económica, que abarca la libertad cambiaria, y la libre circulación de bienes consagrados en los artículos 112 y 50 de la Constitución.

El primero de esos derechos es el que faculta a toda persona a participar en la economía y realizar actividades comerciales, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley, teniendo esta última la limitación también del respeto y la protección al núcleo duro del derecho, junto a los principios de proporcionalidad y menor intervención.

Dentro del derecho a la libertad económica se encuentra como atributo inherente la libertad cambiaria, la cual, de acuerdo con José Ignacio Hernández, suele ubicarse junto a la libre convertibilidad de la moneda, siendo esta última la que ¨engloba al derecho del portador de los billetes y monedas de curso legal, a convertir estos en el respaldo conforme al cual el Banco Central de Venezuela ha efectuado la correspondiente emisión¨, se trata por tanto del derecho a ¨exigir al Banco Central de Venezuela que convierta los billetes y monedas por él emitidos, incluso, mediante la entrega de las divisas de las cuales es titular¨[212].

Las limitaciones impuestas a través del régimen de control cambiario afectan directamente el desenvolvimiento normal de la economía y la libertad de las personas para realizar operaciones comerciales, y ¨se ha enervado, también, el papel que la libre iniciativa empresarial desempeña en la distribución eficaz de divisas, pues es la administración quien ha asumido tal función de distribución, en detrimento de la eficacia y celeridad, principios anhelados en la toma de decisiones empresariales, siempre dinámicas y flexibles¨[213]. Piénsese, por ejemplo, en la adquisición de productos en otros países para destinarlos a la producción en empresas nacionales. En ese sentido, el régimen de control cambiario constituye una limitación a la libertad económica.

Por otro lado, en relación al derecho a traer los bienes al país o sacarlos, previsto en el artículo 50 de la Constitución expuesto previamente, se debe decir que las limitaciones en materia cambiaria afectan directamente este derecho, ya que por regla general no es posible sacar libremente del país divisas de las que una persona sea propietaria y tampoco hacer la operación inversa, cuando el monto supere los 10.000 dólares (Artículo 12 Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos). La excepción podría suceder a través de las denominadas cuentas en dólares en Bancos nacionales, efectuando transferencias, si bien el titular de éstas no podrá usar en el territorio nacional tales divisas. También se presenta una limitación en el caso de los exportadores, quienes sólo pueden conservar una parte del producto de su operación financiera y el resto deben venderlo al Estado, sin tener libertad para disponer enteramente de éste.

 

4.1.2 Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela

Con respecto a las obligaciones contraídas en moneda extranjera, la Ley Orgánica del Banco de Venezuela[214] establece en su artículo 128 que ¨Los pagos estipulados en moneda extranjera se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de cambio¨.

La jurisprudencia venezolana se ha pronunciado sobre esta limitación legal del uso de la moneda extranjera  en diversas ocasiones. Así entonces, mediante sentencia del 13 de abril de 2015, con ponencia del Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró que las obligaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en el territorio de la República deben pagarse en moneda de curso legal, a la tasa de cambio vigente a la fecha del pago.

Para sostener ese criterio, la Sala de Casación Civil estableció en primer lugar, que no se comete una ilegalidad el haber pactado o contratado en divisa extrajera, sobre todo cuando ésta se ha convenido como referencia, sin embargo, en este caso las partes deberán adaptar sus acuerdos, en el marco de las disposiciones de las normas cambiarias vigentes.

Por otro lado, la Sala citó el criterio de la Sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ N° 1641 del 2 de noviembre de 2011, en la cual en referencia a las contrataciones pactadas en moneda extranjera estableció lo siguiente:

“(…) lo que sí viene a ser un principio rector en este tipo de contrataciones es que si el pago se hace en el territorio venezolano para que tenga efectos de liberación debe hacerse en bolívares que es la moneda de curso legal y, su monto conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago, y no al momento de la celebración del contrato” (Subrayado de la Sala).

En este sentido, la Sala ratificando el criterio de la Sala Constitucional previamente citado, estableció que:

“(…)las obligaciones en Venezuela expresadas en moneda extranjera y pagadera en el territorio, se presumen salvo convención especial que acrediten válidamente las partes, como obligaciones que utilizan la divisa como moneda de cuenta, es decir, de referencia del valor sobre bienes y servicios en un momento determinado, según lo que establece, el artículo 115 hoy 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, (vigente para la fecha de la contratación) ello refiere que el deudor de obligaciones estipuladas en moneda extranjera se liberará entregando a su acreedor el equivalente en bolívares de la moneda extranjera aplicando la tasa del lugar a la fecha de pago.” (Resaltado de la Sala).

Asimismo, la Sala determinó que ordenar el pago de una obligación acordada en moneda extranjera, a la tasa de cambio oficial vigente al momento de protocolizar el contrato que las establece, va en desmedro del patrimonio del acreedor, quien tiene derecho a recibir el mejor precio posible por la venta de sus bienes. Concluyó la Sala que “La finalidad de pactar en moneda extranjera es que esta sirva como divisa de cuenta, pues sirve como mecanismo de ajuste del valor de la obligación para la oportunidad del pago, por lo que debió establecer la cantidad para la variación monetaria de la conversión dólar-bolívar en la oportunidad en que se efectúe el pago”.

 

 

4.1.3 Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

Como resultado del referido régimen de control cambiario, se dictó el 05 de septiembre de 2005 la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (publicada en la Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de septiembre de 2005), la cual tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respetivas sanciones (artículo 1°).

La mencionada Ley contra los Ilícitos Cambiarios fue objeto de sucesivas reformas hasta comienzos de 2014, cuando fue derogada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (publicada en la Gaceta Oficial N° 6.126 Extraordinario del 19 de febrero de 2014) y que posteriormente fue derogado por el Decreto N°1.403 que dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (publicada en la gaceta Oficial N° 6.150 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014).  Este Decreto con Rango de Ley tiene un doble propósito: por un lado, regular las condiciones en que los organismos con competencia en el régimen de administración de divisas ejercen las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico; y por el otro, regular los parámetros fundamentales para la participación de los particulares y entes públicos en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilícitos en la materia y sus respectivas sanciones (artículo 1°).

Además de las limitaciones a la libertad económica y al traslado de bienes dentro y fuera del territorio nacional que impone la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, deben mencionarse las severas sanciones  en ella previstas, en caso de incumplimiento de las regulaciones en materia cambiaria. Entre ellas, el artículo 22 de la referida Ley contempla que “Quienes estando en la obligación de reintegrar divisas al Banco Central de Venezuela, en los términos y condiciones establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o en la normativa cambiaria vigente, incumplan con la orden de reintegro dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que corresponda, o quede firme en sede administrativa la orden de reintegro, según sea el caso, serán sancionados con pena de prisión de dos a seis años  y con multa equivalente a cinco décimas de la Unidad Tributaria (0,5 U.T.) vigente para la fecha de su liquidación, por cada dólar de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, del monto correspondiente a la respectiva operación cambiaria, cuando el monto a reintegrar sea superior a cincuenta mil dólares de los Estado unidos de América (US$ 50.000,00) o su equivalente en otra divisa (…)”. Desde tiempo atrás se ha admitido en Derecho la regla de que nadie puede ir preso por deudas civiles, lo que quiere decir que el incumplimiento de obligaciones dinerarias en modo alguno da lugar a medidas privativas de libertad. En ese sentido, la sanción establecida en el precepto que antecede viola principios elementales del Derecho y su aplicación atentaría contra la libertad personal.

 

 

 

5. Influencia de los Decretos-Leyes en la economía

 

En los últimos 18 años han sido dictados una cantidad enorme  de Decretos-Leyes, mediante sucesivas leyes habilitantes, que en su mayoría invocan la promoción, la construcción o el desarrollo del socialismo o del modelo económico socialista,  que bajo una interpretación impropia de la Constitución económica, han sido adoptados por los órganos estatales.

Para entender mejor la trascendencia de este asunto, debe tenerse en cuenta que durante la Constitución de 1961, con sus treinta y ocho años de vigencia, se dictaron siete leyes habilitantes[215], mientras que con la Constitución de 1999, para el año 2015, se han dictado seis leyes de ese tipo (otorgadas cuatro durante el gobierno de Hugo Chávez y habilitadas dos al Presidente Nicolás Maduro)[216]

Estos Decretos-Leyes han entrado en vigencia bajo la autorización de Leyes Habilitantes que han carecido completamente de constitucionalidad, ejemplo de ello la Ley Habilitante de 1° de febrero de 2007, inconstitucional por varios motivos pero principalmente por constituir una delegación legislativa general, absoluta y total ¨en el ámbito económico y social¨, materia que, estrictamente, es de reserva legal, ¨interpretada como una prescripción según la cual solo mediante ley formal pueden ser afectados, limitados o restringidos los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran los derechos económicos, y, en todo caso, como un mandato que impide que las limitaciones y restricciones desnaturalicen el derecho fundamental regulado o lo aniquilen¨[217].

Esos Decreto Leyes han influido en todas las áreas, pero principalmente ha ido dirigidas a regular el bloque de regulaciones económicas. Han sido dictadas con una vocación abiertamente socialista[218] (como el Decreto-Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social[219]; el Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria; el Decreto N° 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas y el Acceso a los bienes y servicios).

Tengamos en cuenta lo señalado por Ana Cristina Núñez Machado[220] ¨Vemos entonces cómo el Estado venezolano demuestra, a través de estas nuevas leyes y acciones, su disposición de intervenir cada vez más en la economía, no sólo como ¨Estado regulador¨ o ¨Estado planificador¨, sino de forma más directa, incidiendo en la actividad económica de los particulares en un grado de intensidad cada vez mayor¨:

- El Decreto N°5.999 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo se establece la posibilidad de que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, conjuntamente con el Ministerio competente en materia de control de precios, fije las tarifas de los servicios turísticos;

- El Decreto N° 6.069 Rango, Valor y Fuerza de Ley de Transporte Ferroviario Nacional se declaran de interés y utilidad pública las actividades relacionadas con la construcción, prestación, desarrollo y conservación del transporte ferroviario nacional y se elimina la posibilidad de que el Estado otorgue concesiones en materia ferroviaria bajo ninguna de sus modalidades de prestación de servicios (monopolio del Estado en la prestación de servicio);

- El Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria se declara de utilidad pública e interés social los bienes que garanticen disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos en cantidad suficiente a la población y las infraestructuras con las cuales se desarrollen esas actividades;

- El Decreto N° 6.130 Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular; Decreto  N° 6.240 Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, entre otros, se establece y se acentúa la propiedad social (empresas de propiedad social, directas e indirectas, unidades de propiedad social);

- El Decreto N° 6.092 Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se declaran de utilidad pública  e interés social todos los bienes y servicios declarados de primera necesidad.

De esta forma, la libertad de empresa y la propiedad privada han sido desconocidas en su contenido esencial (cuyo ejercicio depende de decisiones autónomas) en la aplicación del marco jurídico derivado de estos Decretos-Leyes, que parten de una planificación central vinculante. Como expusimos anteriormente, la Ley de Precios Justos es el más claro ejemplo de ello, puesto que establece un sistema centralizado de control de costos y precios de todos los bienes y servicios, sin embargo existen otros Decretos que no se apartan mucho de este cometido limitador. En ese sentido, la Ley de Inversiones Extranjeras[221] condiciona el reconocimiento de la inversión extranjera (que es manifestación del derecho de libertad de empresa) a un previo acto administrativo de control, cuyo otorgamiento  depende de la valoración del cumplimiento de los objetivos del llamado Plan de la Patria.

Por otra parte, los Decretos-Leyes dictados por autorización de la Ley Habilitante de 2013 contienen normas amplias y abiertas que remiten  considerablemente a la Administracion el desarrollo y la concreción de limitaciones a la libertad de empresa y propiedad privada, haciendo caso omiso a la orden constitucional que previamente enunciamos, que dispone que toda limitación a los derechos debe estar previamente establecida en la Ley, debiendo esta abordar, con la mayor claridad y precisión posible, el contenido básico de la limitación que podrá adoptar la Administracion económica[222].

Inclusive, dichos Decretos violan el principio de menor intervención, que rige también para la actividad prestacional de la Administración, junto al principio de subsidiariedad. Muchos Decretos-Leyes dictados ¨se apartan de esta garantía al asumir una visión estatista de la economía, esto es, una visión en la cual el Estado es el principal actor económico, según corresponde al modelo socialista, colocando en un segundo plano a la libre iniciativa privada¨, siendo el rasgo común la clara preferencia por la iniciativa pública y la subordinación  de la iniciativa privada a los objetivos políticos que la Administración central ha asumido a través del llamado Plan de la Patria[223].

De este modo, los Decretos-Leyes contradicen la Constitución económica al configurarse como instrumentos de ordenación de la economía para tipificar delitos económicos y promover la visión estatista de la economía, en la cual el Estado es el principal actor económico, según corresponde al modelo socialista, colocando en un segundo plano a la libre iniciativa privada. En este sentido es preciso dejar en claro que la libertad de empresa no se corresponde en su esencia como el desarrollo de Instancias del Poder Popular bajo la dirección de la Administración Central; y que la propiedad privada no es lo mismo  que la ¨propiedad social¨, que en realidad termina siendo la propiedad estatal o pública. Esta visión estatista se ha presentado como un sistema de ordenación y limitación que viola el contenido esencial de la libertad de empresa, hace caso omiso del principio de subsidiariedad y margina el alcance de la libre iniciativa privada. ¨La actuación del poder legislativo y de las administraciones públicas es, en este sentido, una actuación de hecho, una conducta arbitraria. No se pueden dictar leyes y decretos que contraríen el modelo de economía a mixta consagrado en la Constitución¨[224].

 

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[1] *Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado, postgrado y doctorado). Profesor de la Universidad Monteávila. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999.  Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007.  Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985.

[2] NORTH, Douglas, ¨Instituciones, cambio institucional y desempeño económico¨, Fondo de Cultura Económico, México, 1993. P.95

[3] WEBER, Max, ¨Economía y Sociedad¨, Fondo de Cultura Económica, México, 1977. P. 635

[4] STOBER, Rolf. ¨Derecho Administrativo Económico¨, Traducido y anotado por Santiago González-Varas Ibánez, Ministerio para las Administraciones Públicas, Colección Estudios, Madrid, 1992. p.44.

[5] GRAU, María A., ¨Empresa Pública y Contratación Administrativa en Venezuela (desde un marco constitucional común al español, a una ilimitada acción empresarial del Estado en Venezuela¨, Tesis doctoral de la Universidad CEU-San Pablo, Madrid, 2015. Pp.24 y ss.

[6] Véase artículos 55 y 115, entre otros, sobre la protección y el reconocimiento del derecho a la propiedad.

[7] Véase artículo 115 de la Constitución, artículo 1 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (Gaceta Oficial Nº 6.053 Extraordinaria de fecha 12 de noviembre de 2011) y Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (Gaceta Oficial Nro. 40.418 del 23 de mayo de 2014).

[8] Véase artículos 305, 306, 307 y 307 de la Constitución sobre el desarrollo rural integral, el fomento de la actividad agrícola y la prohibición del latifundio.

[9] Véase artículo 112 de la Constitución.

[10] Véase artículo 98 de la Constitución, sobre los Derechos Culturales y Educativos, y artículo 124 sobre la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas.

[11] Véase artículo 302 de la Constitución, y regulación en textos legales como la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Gaceta Oficial Nº 38.493 del 4 de agosto de 2006), la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos (Gaceta Oficial Nro. 39.173 de fecha 7 de mayo de 2009), Ley de Asignaciones económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.991 de fecha 29 de julio de 2010).

[12] Véase artículo 12 de la Constitución, y artículo 1 de la Ley de Minas (Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999) y su Reglamento (9 de marzo de 2001).

[13] Véase artículos 156, numeral 11 sobre la competencia del Poder Público Nacional sobre La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda. Asimismo, téngase en cuenta la Ley de Instituciones del Sector Bancario (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154 del 19 de noviembre de 2014 y posteriormente reimpreso por error material en la Gaceta Oficial N° 40.557 del 8 de diciembre de 2014).

[14] Véase artículo 117 de la Constitución en el que se reconocen y garantizan los derechos de consumidores y usuarios.

[15] Véase artículos 83 y 85 de la Constitución sobre la salud como derecho social fundamental, y de obligatoria garantía y protección por el Estado.

[16] Véase artículos 310, 156, numeral 23 y 178, numeral 1, de la Constitución. igualmente téngase en cuenta artículo 1 de la Ley Orgánica de Turismo (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.152 de fecha 18 de noviembre de 2014).

[17] Véase artículo 156, numeral 28 de la Constitución, y artículo 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010).

[18] Véase artículo 156, numeral 28 de la Constitución, y Ley de Correos (Gaceta Oficial N° 25.841 de fecha 18 de diciembre de 1958).

[19] Véase artículos 156, numeral 29, y 178, numeral 6, de la Constitución. Asimismo, véase artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (Gaceta Oficial Nº 39.573 del 14 de diciembre de 2010).

[20] Véase artículos 151, 113, 127 y 314 de la Constitución, y artículo 1 de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6154 de fecha 19 de noviembre de 2014) y su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.181 del 19 de mayo de 2009).

[21] Véase artículo 302 en concordancia con artículo 112 de la Constitución; y Ley de Inversiones Extranjeras (Gaceta Oficial N° 6.152 del 18 de noviembre de 2014).

[22] Véase artículos 316 y 317 de la Constitución.

[23] Véase artículos 318 y 319 de la Constitución.

[24] Véase artículo 50 de la Constitución, y artículo 1 de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos publicada en la Gaceta Oficial N° 6.126 Extraordinario del 19 de febrero de 2014).

[25] BREWER-CARÍAS, Allan. ¨La Constitución de 1999¨, Editorial Arte, Caracas, 2000. P.203.

[26] ARIÑO ORTIZ, Gaspar, ¨Principios de Derecho Público Económico. Modelo de Estado¨, Gestión Pública, Regulación Económica, Comares Editorial, Granada, 1999.  p.127

[27] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Reflexiones sobre la Constitución Económica¨, en Revista de Derecho Público N°43, julio-septiembre 1990, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990.

[28] ARIÑO ORTIZ, Gaspar, Ob. Cit. p.128

[29] GARCÍA PELAYO, Manuel. ¨Consideraciones sobre las cláusulas Económicas de la Constitución¨, en ¨Obras Completas¨, Tomo III, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.

[30] BELLO RENGIFO, Carlos S., ¨La Constitución Económica Venezolana¨, en ¨Libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Centenario de su Fundación 1915-2015¨, Tomo I, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2015. P.295. En la Constitución de Weimar se ¨incluyó, además de los derechos políticos de los ciudadanos, el reconocimiento de los denominados derecho sociales y económicos. En consecuencia, la referida Carta Magna reguló –aunque incipientemente- la ordenación jurídica de la actividad económica. Esto condujo a la distinción entre Constitución Política y Constitución Económica, ambas integrantes del mismo texto constitucional y con un eminente contendido jurídico¨, Cfr. DE STEFANO PÉREZ, Alfredo. ¨La Constitución Económica y la Intervención del Estado en la Economía¨, en ¨El Estado Constitucional y El Derecho Administrativo en Venezuela. Libro Homenaje a Tomás Polanco Alcántara.¨ Estudios del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005.. p.258, Cit. en GRAU, María A., ¨Ob. Cit. P.52

[31] CHANAMÉ ORBE, Raúl, ¨Exégesis de la Constitución económica¨, Revista Oficial del Poder Judicial, Año 3 No. 5/2009, Cit. en BELLO RENGIFO, Carlos, S. ¨La Constitución Económica Venezolana¨, en ¨Libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Centenario de su Fundación 1915-2015¨, Tomo I, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2015. p.294

[32] Realmente los problemas que para el Derecho Constitucional supuso esta nueva ordenación decidida de la economía no fueron pocos. Como ejemplo, a propósito de la Constitución de Wiemar, en su mayoría dichas dificultades residían en la contradicción que supuso la convivencia de las figuras económicas liberales con figuras contrarias llamadas a incentivar la activa intervención del Estado, limitando precisamente esas libertades que consagraba la Constitución.

[33] ¨Como comenta Chanamé Orbe, citando a la tesis doctoral de Vicente Acosta Iparraguire, ´se consideraba que existiendo leyes naturales de la economía, establecer leyes artificiales para gobernar ese mundo era tarea no solo inútil sino innecesaria y superflua´¨, Chanamé Orbe, Raúl, Ob. Cit., Cit. en BELLO RENGIFO, Carlos, S. Ob. Cit. p.294

[34] VIERA ÁLVAREZ , Christian; BASSA MERCADO, Jaime y FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos, ¨Una aproximación a la idea de ¨Constitución Económica¨ y sus alcances en la Constitución chilena¨, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [en línea] 2016, XLIX ( ) : [Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42744473011> ISSN 0041-8633

[35] Véase BADELL MADRID, Rafael, ¨Consideraciones acerca de la Constitución Económica¨, Ob. Cit.

[36] BREWER.CARÍAS, Allan, Ob. Cit. p-203.

[37] HERNÁNDEZ, José Ignacio, ¨La propiedad social desde la Constitución económica¨, en ¨Nueva Economía¨, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 33. Carcas, 2011. p.192.

[38] Citado en BERMEJO VERA, José y otros, ¨Derecho Administrativo Especial¨, Editorial Civitas, Madrid, 1996, p. 673.

[39] ARIÑO ORTIZ, Gaspar, Ob. Cit. p.127.

[40] Véase BADELL MADRID, Rafael, ¨Consideraciones acerca de la Constitución Económica", Artículo publicado en la Revista del Banco Central de Venezuela. XIV. 1. Caracas, 2000.

[41] Véase en BADELL MADRID, Rafael, Ob. Cit. p.16.

[42] Cf. PAPIER, J. Ley Fundamental y orden económico en Benda, Maihofer et al. Manual de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 562

[43] LOWENSTEIN, Karl, ¨Teoría de la Constitución¨, Ariel, Barcelona, 1964. Cit. en NUÑEZ MACHADO, Ana C., Ob. Cit. p. 130.

[44] STOBER, Rolf, ¨Derecho Administrativo Económico¨, Ministerio para las Administraciones Públicas, Colección-Estudio Serie Administración General. Madrid, 1991. p.61.

[45] PAPIER, Juan J., ¨Ley Fundamental y orden económico¨. Manual de Derecho Constitucional. Segunda edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2001. Pp.561 y 562. Cit. en GRAU, María A. Ob. Cit. p.59

[46] GRAU, María A., Ob. Cit. p.58.

[47] En efecto, tienen amplia libertad para hacer lo que correspondiere y ¨en momentos de la historia lo han hecho: controles de precios, controles de cambio, nacionalizaciones y empresas estatales –todo eso ha ocurrido en la historia norteamericana en situaciones en que hubo consenso para enfrentar una crisis o para resolver algún problema de la coyuntura. Al final, podemos concluir que, si se hubiera prohibido la acción estatal, quizás la Constitución norteamericana hubiese tenido una vida mucho más corta. El verdadero límite sobre los excesos del estado reside en la fortaleza de la sociedad y en los consensos para la definición de su papel en cada época¨, KELLY, Janet, ¨Viejos principios y nuevos enfoques para la Quinta República¨. La Constitución Económica Janet Nelly Compiladora. Ediciones IESA. Caracas, 1999, p.28. cit. en GRAU, María A. Ob. Cit. p. 59

[48] «La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de sus bienes y del fruto de sus talentos, industria o trabajo» (Título 1°, Sección Primera, Artículo 12).

[49] «La industria de los ciudadanos puede libremente ejercitarse en cualquier género de trabajo, cultura o comercio» (Título 1°, Sección Primera, Artículo 13)

[50] GIL FORTOUL, José, ¨Historia Constitucional de Venezuela¨, Tomo II, Madrid, 1967, pp. 70–71.

[51] Su objetivo político circunstancial, fue el de permitir la reelección inmediata del Presidente José Tadeo Monagas y concentrar el poder en el Presidente de la República.  Sin embargo, destaca en la historia constitucional venezolana por: i) haber abolido la pena de muerte por delitos políticos y ii) elevado a rango constitucional la abolición de la esclavitud que había sido decretada por ley en 1854, bajo la presidencia del general José Gregorio Monagas.  Cfr. Diccionario de Historia de Venezuela. Constituciones de Venezuela. Fundación Polar,  p. 1030.

[52] Artículo 97.

[53] «La propiedad es inviolable y sólo por causa de interés público legalmente comprobado puede el Congreso obligar a un venezolano  enajenarla previa la justa indemnización» (artículo 108).

[54] «La Nación garantiza a los venezolanos: [...] 8° La libertad de industria, salvo las prohibiciones y limitaciones que exijan el orden público y las buenas costumbres; en consecuencia, queda abolida la concesión de monopolios, y la ley sólo otorgará privilegio temporal de propiedad intelectual de patente de invención, de marcas de fábrica y para construir vías de comunicación no garantidas (sic) ni subvenidas por la Nación ni los Estados» (artículo 22, numeral 8°)

46 BELLO RENGIFO, Carlos S., Ob. Cit. p.302

47«Todos pueden dedicarse libremente al comercio o la industria y al ejercicio de cualquier otra actividad lucrativa, sin más limitaciones que las establecidas por esta Constitución y las leyes por razones sanitarias o de seguridad pública.  El Estado protegerá la iniciativa privada, pero podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público para asegurar el normal funcionamiento de éstos o la defensa o crédito de la Nación, y el derecho de dictar medidas de orden económico para planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la circulación y el consumo de la riqueza, a fin de lograr el desarrollo de la economía nacional.» (artículo 73, encabezado).

48«Se garantiza a los habitantes de Venezuela: [...] 9°. El derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, de conformidad con la cual también podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes mediante sentencia firme y pago del precio» (artículo 35, numeral 9°).

[58] « Se garantiza a los habitantes de Venezuela: [...]  La libertad de industria y de comercio, conforme a las leyes» (artículo 35,numeral 12)

[59] BADELL MADRID, Rafael: “Consideraciones acerca de las normas constitucionales en materia económica” Ponencias IV Congreso de Derecho Constitucional en homenaje al doctor Humberto J. La Roche. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas- Venezuela. 2000.

[60] Así pues, las cláusulas económicas de la Constitución son abiertas y flexibles y pueden dar lugar a distintas interpretaciones. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia se ha valido de ello, y con especial fuerza sobre la cláusula de Estado Social, para lentamente dirigir la interpretación del ordenamiento jurídico hacia una dirección distinta a la que distinguía el sistema económico de la Constitución de 1961, y que en un principio fue reconocida en la Constitución de 1999  (es decir, la economía social de mercado). Entonces, ¨una segunda lectura se basó en la interpretación del artículo dos de la Constitución, considerando que el Estado social allí previsto se basaba en una especie de ‘lucha de clases’ que llevaba a la desprotección de los ‘poderosos’ (Sentencia de la Sala Constitucional de 24 de enero 2002). Ese Estado Social fue considerado como un ‘Estado total’,  es decir, un Estado que dirige todo el proceso económico sin reconocer a la libre autonomía privada (sentencia de la Sala Constitucional de 23 de julio de 2009, recaída en el caso nulidad de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario) ¨ En la actualidad puede fácilmente distinguirse, gracias, en gran parte a los criterios manejados en las decisiones del Máximo Tribunal de la República, el carácter de modelo de Estado socialista que se le ha querido dar a la Constitución de 1999, amparando ¨figuras que promueven el totalitarismo, como la cláusula del Estado social o los llamados ‘derechos sociales’¨ . Sin embargo, como analizaremos próximamente, ninguna de las recientes interpretaciones puede corresponderse con los enunciados que en materia económica dispone la Constitución. En otras palabras, ninguno de los principios, reglas y fines que conforman el sistema político y económico de la Constitución de 1999 pueden armonizarse con figuras claramente opuestas a ellos. HERNÁNDEZ, José O., ¨Constitución económica y legislación delegada¨, Ob. Cit. p. 193 y ss.

[61] GRAU, María Amparo, Ob. Cit. p.82

[62] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨La Constitución de 1999¨, Ob. Cit. p. 212

[63] GRAU, María Amparo, Ob. Cit. pp.81-82

[64] HERNÁNDEZ, José Ignacio, Ob. Cit. 199

[65] Sistema económico de mercado que tiene un fuerte componente de intervención estatal. Dicho componente puede referirse a un amplio sector de empresas estatales, a la existencia de extendidos controles de precios o a una política económica que hace énfasis en la planificación. Esta configuración en la Constitución Económica venezolana ha sido identificada por la mayoría de la doctrina como una economía social de mercado, ¨que combina a la vez el reconocimiento de la libre iniciativa privada, los derechos de propiedad, la existencia de reglas de libre competencia y de derechos de los consumidores y usuarios, con el reconocimiento de un conjunto de derechos prestacionales y la iniciativa del Estado para regular, fomentar y gestionar directamente, cuando hay justificación para ello, las actividades económicas, bien a través de la potestad económica de la reserva mediante ley orgánica, bien a través de la creación de empresas públicas que compitan con las privadas en condiciones de igualdad en la prestación de servicios y la producción de bienes¨ HERRERA ORELLANA, Luis A., Ob. Cit. p.226.

[66] GRAU, María A. Ob. Cit. p.74

[67] GRAU, María A. Ob. Cit. p. 78

[68] Sentencia del 17 de noviembre de 1999, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, caso Constructora Elive C.A., ponencia del Magistrado Antonio Ramírez. Cit. en NUÑEZ MACHADO, Ana C., ¨Los principios económicos de la Constitución de 1999¨, en Revista de Derecho Constitucional N°6, enero-diciembre 2002, Editorial Sherwood. Caracas, 2003.

[69] GRAU, María A., Ob. Cit. p.104.

[70] En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en sentencia de fecha 4 de mayo de 2004, señalando que: ¨de las normas antes transcritas se puede colegir, que las mismas consagran la libertad económica no en términos absolutos, sino permitiendo que mediante la ley se dispongan limitaciones. Sin embargo, debe destacarse que ello no implica ejercicio alguno de poderes discrecionales por parte del legislador, el cual, no podrá incurrir en arbitrariedades y pretender calificar, por ejemplo, como ¨razones de interés social¨ limitaciones a la libertad económica que resulten contrarias a los principios de justicia social, ya que, si bien la capacidad del Estado de limitar la capacidad económica es flexible, dicha flexibilidad existe mientras ese derecho no se desnaturalice. En este sentido debe entenderse que mientras la norma transcrita se refiere a las limitaciones a dicho derecho, y señala solo ‘las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes…’ no puede interpretarse que la Constitución establezca garantías cuya vigencia pueda ser determinada soberanamente por el legislador ya que todos los derechos subjetivos previstos en la Constitución son eficaces por sí mismos, con independencia de la remisión legal a la que pueda aludir la Constitución. Lo que la Ley fundamental ofrece es un ¨estatuto completo de la libertad, efectivo por sí mismo, no necesitando de ningún complemento para ser operativo inmediatamente¨.

[71] HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, ¨Réquiem por la libertad de empresa y el derecho de propiedad¨, en Revista de Derecho Público N°112 octubre-diciembre 2007, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008. P.216.

[72] HERNÁNDEZ, José I., ¨Constitución económica y legislación delegada¨, Ob. Cit. pp.196-197.

[73] HERNÁNDEZ, José I., Ob. Cit. p.197.

[74] SAGÚES, Néstor P., ¨La interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacional e internacional¨, en: AA. W., ¨Derechos humanos y Constitución en Iberoamérica, (José Palomino Manchego y José Carlos Remotti (Coordinadores), Editorial Grigley, Lima, 2002, p. 36. Cit. CARPIO, Edgar, ¨La interpretación de los derechos fundamentales¨, en Revista de Derecho N° 56 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, p. 471.

 

[75]. NUÑEZ MACHADO, Ana C., Ob. Cit. p.137.

[76] Cf. CASSAGNE, Juan C. ¨La intervención administrativa¨. Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 111.

[77] En tal sentido, la expresión ¨Estado de Justicia¨ -noción recientemente reivindicada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en sentencia del 28 de marzo de 2000 con ponencia del Dr. Delgado Ocando-, fue acuñada por Del Vecchio para designar la concepción superadora, tanto del Estado de Derecho, como del modelo que le siguió: “el Estado Social de Derecho” (Del Vechio G. ¨Filosofía del Derecho¨, Editorial Bosch, Barcelona, 1963).  Esta superación se explica porque, si bien se mantiene determinados postulados fundamentales del “Estado de Derecho (independencia del poder judicial, sujeción de la Administración al bloque de la legalidad y la garantía de las libertades y derechos individuales), se equilibra el abstencionismo estricto que propició el régimen liberal del siglo XIX, con un limitado y razonable intervencionismo que restituye la plenitud del Derecho natural, a través del principio de subsidiariedad.  De este modo, el Estado -más que sometido a derecho o a la ley- se encuentra vinculado a un valor superior: la justicia, en sus diferentes especies, sin poner acento exclusivamente en la justicia distributiva (propia del Estado benefactor), asignándole mayor potencialidad y trascendencia al cumplimiento efectivo de las funciones estatales básicas. Cfr. Cassagne, Juan C. Op. Cit. P.113.

[78] FERNÁNDEZ FARRERES, Germán, ¨En torno al procedimiento de creación de empresas nacionales: especial referencia al principio de subsidiariedad¨, Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 80, 1976, p. 137

[79] MANZANEDO, HERNANDO y GÓMEZ-REINO, ¨Curso de Derecho administrativo económico¨, Madrid, 1970, p. 29,  Cit. en FERNÁNDEZ FARRERES, Germán, Ob. Cit.

[80] FERNÁNDEZ FARRERES, Germán, Ob. Cit. p. 137.

[81] Artículo 301. El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.

[82] GRAU, María A., Ob. Cit. p.82

[83] Ibídem.

[84] Vid. en GRAU, María A., Ob. Cit. p.89

[85] GRAU, María A, Ob. Cit. p.99.

[86] ¨La sujeción a la libre competencia es entonces un postulado esencial del derecho comunitario que aplica con independencia del carácter público o privado de la empresa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  de fecha 23 de abril de 1991, en el asunto Hofner y Elser, lo precisa al indicar que el desarrollo de la actividad económica es lo que determina el concepto de empresa, ¨con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y su modo de financiación¨, vid. en GRAU, María A., Ob. Cit., p. 95.

[87] Cazorla González-serrano, Luis, ¨Una aproximación al régimen jurídico de la empresa pública¨, en ¨La intervención administrativa y económica en la actividad empresarial. El derecho público y la empresa¨ (Antonio Serrano, Director), Editorial Bosh, Barcelona, 2015, p.158., Cit. en GRAU, María A., Ob. Cit. p.92

[88] GRAU, María A., Ob. Cit. p.94

[89] GRAU, María A., Ob. Cit. p.118.

[90] A pesar de la resistencia que ha tenido la adopción de un concepto invariable de libre competencia en el ordenamiento jurídico. En este sentido, en Venezuela, Bentata habría afirmado que: el término libre competencia no ha sido definido “ni puede serlo, por una ley cualquiera. Se trata de conflictos económicos diluidos y demasiados generales, y más bien un fin declarados cuyos métodos estriban en hacerla practicable, es decir en tener un sentimiento de posibilidad y de naturalidad en la creación y desarrollo de negocios¨. La competencia, concluye, es indefinible.  J. BARRAGÁN, por su parte, ha sostenido que una precisa definición legal de competencia “es un bien prácticamente inexistente y lo más a que podemos aspirar es a realizar un duro trabajo de reconstrucción que nos aproxime a una definición extensiva”

[91] GRAU, María A., Ob. Cit. p. 123.

[92] Véase GRAU, María A., Ob. Cit. p. 126.

[93] Ibídem, p.123.

[94] Ibídem, p.125.

[95] Como lo define, por ejemplo, de forma expresa la Constitución de España, en su artículo 38

[96] Artículo 113: No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

[97] GRAU, María A., Ob. Cit. p.121.

[98] Decreto con rango, fuerza y valor de Ley Antimonopolio. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.549, de fecha 26 de noviembre de 2014.

[99] Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Publicada en Gaceta Oficial N°34.880, de fecha 13 de enero de 1992.

[100] Ley de Privatización. Publicada en Gaceta Oficial N°5.199 extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 1997.

[101] Así pues, el artículo 4 de la Ley Pro-competencia, cuando definía el ámbito subjetivo de su aplicación comprendía expresamente a ¨… todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, con o sin fines de lucro, realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades¨.

[102] GRAU, María A., Ob. Cit. p.122.

[103] Ibídem, .125

[104] Decreto N° 600 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.340 del 23 de Enero de 2014.

[105] CASES PALLARES, Luis, ¨Derecho administrativo de la defensa de la competencia¨, Marcial Pons, Madrid, 1995, p.53. Cit. en GRAU, María A., p.132. 

[106] Ibídem

[107] GRAU, María A., Ob. Cit. p.94

[108] GRAU, María A., Ob. Cit. p.94

[109] Entre los que podemos mencionar: El Decreto N°5.999 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo se establece la posibilidad de que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, conjuntamente con el Ministerio competente en materia de control de precios, fije las tarifas de los servicios turísticos;

- El Decreto N° 6.069 Rango, Valor y Fuerza de Ley de Transporte Ferroviario Nacional se declaran de interés y utilidad pública las actividades relacionadas con la construcción, prestación, desarrollo y conservación del transporte ferroviario nacional y se elimina la posibilidad de que el Estado otorgue concesiones en materia ferroviaria bajo ninguna de sus modalidades de prestación de servicios (monopolio del Estado en la prestación de servicio);

- El Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria se declara de utilidad pública e interés social los bienes que garanticen disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos en cantidad suficiente a la población y las infraestructuras con las cuales se desarrollen esas actividades;

- El Decreto N° 6.130 Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular; Decreto  N° 6.240 Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, entre otros, se establece y se acentúa la propiedad social (empresas de propiedad social, directas e indirectas, unidades de propiedad social);

- El Decreto N° 6.092 Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se declaran de utilidad pública  e interés social todos los bienes y servicios declarados de primera necesidad.

[110] HERNÁNDEZ, José I., ¨La Constitución Económica…¨ Ob. Cit. p.198.

[111] Durante el gobierno de Rómulo Betancourt, en 1961 fue dictada una ley habilitante; una en el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 19974; una en el Gobierno de Jaime Lusinchi, en 1984; una en el gobierno transitorio de Ramón J. Velázquez, en 1993, dos en el Gobierno de Rafael Caldera, concretamente en 1994 y 1998; y la última en el Gobierno de Hugo Chávez, en 1999. Vid. en GRAU, María A., p.111.

[112] ¨La sumatoria de la duración de todas las leyes habilitantes otorgadas al Presidente de la República a partir del año 1999 da un total de setenta y nueve meses y dieciséis días en los que la Asamblea Nacional le ha delegado la función legislativa, período dentro del cual se han dictado aproximadamente doscientos setenta y ocho Decretos-Leyes en materias de organización del Poder Público, laboral vivienda y hábitat, intervención del Estado en la economía, tributaria, turismo, salud y seguridad social, arrendamiento inmobiliario, sistema financiero nacional, derecho marítimo y aeronáutico, hidrocarburos, tránsito terrestre, seguridad, misiones, desarrollo agrario, seguridad alimentaria, entre otras materias. Al margen de que todas esas leyes se prescindió de todo procedimiento de deliberación, propio de la labor parlamentaria, se irrespetó el derecho de las minorías y gran parte de los decretos leyes dictados por el Presidente de la República, en virtud de dichas habilitaciones, aparecieron publicados fuera del plazo de la delegación¨, GRAU, María A., ob. Cit. pp.111-112.

[113] HERNÁNDEZ, José I., ¨La Constitución Económica…¨ Ob. Cit. p.198.

[114] Disposiciones que en la Constitución de 1961 encontraban lugar en el Artículo 96 Co61, el cual señalaba: «Todos pueden dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de sanidad u otras de interés social.»; Artículo 98 Co61: «El Estado protegerá la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar el desarrollo económico del país»

[115] El desarrollo de esta materia en Venezuela no ha sido uniforme; algunos textos constitucionales han tenido una marcada orientación liberal, mientras que otros han sido más proclives a facilitar la intervención estatal en la economía.  Así, por ejemplo, la Constitución de 1830 -que facilitó el nacimiento de la denominada oligarquía conservadora- promovía el afianzamiento de las libertades económicas y ello se vio  reflejado en la promulgación en 1834 de una Ley de Libertad de Contratos que permitía a las partes contratantes pactar libremente cualquier tipo de interés, sin limitación alguna[115].   Sin embargo, la flexibilidad de los postulados económicos de la Constitución de 1830 fomentó el nacimiento de una corriente política-económica completamente distinta: la oligarquía liberal. Tal circunstancia, produjo importantes cambios legislativos que acentuaron el rol intervencionista del Estado. Así, en 1848 la Ley de Libertad de Contratos fue reformada sobre la base de que dicha libertad no debe dañar la igualdad que la ley debe proteger en el ejercicio de todas las industrias.  Se llegó incluso en 1849 a sancionar una ley en cuya virtud el Gobierno podía sustituirse en acreencias privadas, pagando tales obligaciones con la emisión de billetes. Ejemplos similares se encuentran en el siglo XX; así, por ejemplo, el proceso de acentuación de las facultades de intervención estatal presentes en las Constituciones sancionadas entre 1901 y 1947 se detuvo con la Constitución de 1953, la cual se limitó a  garantizarla libertad de industria y comercio, conforme a las leyes, sin ningún tipo de determinación en relación con el alcance o extensión de ese derecho (cf. art. 35, ord. 12). 

[116] HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, ¨Réquiem por la libertad de empresa y el derecho de propiedad¨, en Revista de Derecho Público N°112 octubre-diciembre 2007, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008. P.216.

[117] GRAU, María A., Ob. Cit. p.104.

[118] Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, N°01312, de fecha 24 de septiembre de 2009. Caso Transportes Expresos, C.A. contra Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Magistrado ponente: Evelyn Marrero Ortiz. Visto en: ¨Doctrina de la Sala Politicoadministrativa del año 2009¨, Colección Doctrina Judicial N°47, Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2010. P.168. Asimismo, con base en el artículo 112 de la Constitución de 1999 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que ¨la libertad económica es manifestación específica de la libertad general del ciudadano, la cual se proyecta sobre su vertiente económica¨ (sentencia de fecha 6 de febrero de 2001, asunto Pedro Antonio Pérez Alzurut, luego ratificada por la propia Sala Constitucional el ¡° de octubre de 2003, asunto Inversiones Parkimundo, C. A., y más recientemente el 19 de julio de 2005, asunto Ordenanza sobre actividades económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda. Cfr. MUCI BORJAS, José A., ¨La suerte de la ¨libertad económica¨ en el Proyecto de Reforma de la Constitución de 2007¨, en Revista de Derecho Público N°112 octubre-diciembre 2007, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008. P.204.

[119] Tal como lo precisa Linares Benzo, ¨la mayoría de los derechos constitucionales y, en concreto, el de la libertad económica, no son derechos absolutos, puesto que el derecho absoluto es aquel que no admite ninguna restricción, como es el caso del paradigmático derecho a la vida. La mayoría de los derechos distintos al derecho a la vida pueden ser limitados por la ley, de acuerdo con la típica fórmula que usa la Constitución en más de 20 artículos establecedores de derecho, ¨todos tendrán derecho al libre tránsito, con las limitaciones establecidas en la ley…¨, LINARES BENZO, Gustavo J., ¨El régimen de las libertades económicas y la libertad de expresión¨, en Revista Foros n°4, 1999, Economía y derecho constitucional. Banco Central de Venezuela. Caracas, 1999.

[120] Sentencia 37/1897, de 26 de marzo. Vid. En GRAU, María A. Ob. Cit. p.101

[121] Artículo 113: No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

[122] GRAU, María A., Ob. Cit. p.121.

[123] Decreto con rango, fuerza y valor de Ley Antimonopolio. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.549, de fecha 26 de noviembre de 2014.

[124] Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Publicada en Gaceta Oficial N°34.880, de fecha 13 de enero de 1992.

[125] Ley de Privatización. Publicada en Gaceta Oficial N°5.199 extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 1997.

[126] GRAU, María A., Ob. Cit. p.122.

[127] Decreto N° 600 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.340 del 23 de Enero de 2014.

[128] PALMA A., Pedro, ¨Controles de precios e inflación¨, en BALZA GUANIPA, Ronald (coordinador), ¨ Venezuela 2015, economía política y sociedad, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, p.155. cit. en ABADI M. Anabella y GARCÍA SOTO, Carlos, ¨EL control de precios en Venezuela (1939-2015: De la Segunda Guerra Mundial a la ¨guerra económica¨, Universidad Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello, Cedice, Caracas, 2016.

[129] CASES PALLARES, Luis, ¨Derecho administrativo de la defensa de la competencia¨, Marcial Pons, Madrid, 1995, p.53. Cit. en GRAU, María A., p.132. 

[130] HERNÁNDEZ, José I., ¨La regulación sobre la inversión extranjera¨, en CASAL, Jesús M., y SUÁREZ, Jorge L. (Coordinadores), ¨La libertad económica en Venezuela: Balance de una década (1999-2009)¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011. P.417

[131] Criterio reiterado en la sentencia de la Sala Constitucional del 14 de febrero de 2001. Véase en HERNÁNDEZ, José I., ¨La regulación sobre la inversión extranjera¨, Ob. Cit, p.419.

[132] HERNÁNDEZ, José I., ¨La regulación sobre la inversión extranjera¨, Ob. Cit., p.419

[133] Gaceta Oficial Nro. 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

[134] HERNÁNDEZ, José I., ¨Constitución económica y…¨, Ob. Cit. p. 198.

[135] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨La Constitución de 1999¨, Ob. Cit. p. 212

[136] GRAU, María Amparo, Ob. Cit. pp.81-82

[137] HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, R., ¨Regulación minera¨, en ¨La libertad económica en Venezuela: Balance de una década (1999-2009)¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011. p. 320.

[138] OROPEZA, Ambrosio, ¨La nueva Constitución de 1961¨, Segunda Edición, Caracas, 1981. P.306.

[139] HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, R., ¨Regulación minera¨, Ob. Cit., p. 320.

[140] Gaceta Oficial Nro. 5.382 de fecha 28 de septiembre de 1999.

[141] HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, R., ¨Regulación minera¨, Ob. Cit., p. 321.

[142] Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154 del 19 de noviembre de 2014 y posteriormente reimpreso por error material en la Gaceta Oficial N° 40.557 del 8 de diciembre de 2014.

[143] Para mayor profundidad sobre el tema véase BADELL MADRID, Rafael, ¨Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario¨, en Revista de Derecho Público, Estudios sobre los decretos leyes 2014, n°140 octubre-diciembre 2014. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014. Pp.282-291.

[144] Vid. BADELL MADRID, Rafael, ¨Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario¨, Ob. Cit. p. 285.

[145] Gaceta Oficial N° 6.150 extraordinario del 18 de noviembre de 2014.

[146] HERNÁNDEZ, José I., Ob. Cit. p.197.

[147] HERRERA ORELLANA, Luis A., ¨Relación y análisis crítico sectorial de las regulaciones legales y sublegales a la libertad económica entre 1999 y 2009¨, en ¨La libertad económica en Venezuela: Balance de una década (1999-2009)¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011. P.85.

[148] Ibídem.

[149] HERRERA ORELLANA, Luis A., ¨Relación y análisis crítico…¨, ob. Cit. p.110.

[150] Para mayor profundidad sobre el tema véase HERRERA ORELLANA, Luis A., ¨Relación y análisis crítico…¨, Ob. Cit.

[151] Gaceta Oficial nro. 6.152 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014, el cual deroga, entre otras normas, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, publicado en Gaceta Oficial Nro. 6.079 Extraordinario de fecha 15 de junio de 2012, reimpreso por error material en Gaceta Oficial Nro. 39.955 de fecha 29 de junio de 2012.

[152] Gaceta Oficial nro. 6.153 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

[153] Gaceta Oficial nro. 6.153 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, el cual deroga la Ley de Crédito para el Sector Turismo, publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.251 de fecha 27 de agosto de 2009.

[154] Vid. BADELL MADIRD, Rafael, HERNÁNDEZ S., José I., ¨Régimen jurídico de las Telecomunicaciones en Venezuela¨, Caracas, 2002.

[155] HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, R., ¨Regulación de los servicios postales¨, en ¨La libertad económica en Venezuela: Balance de una década (1999-2009)¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011. p. 310

[156] Cfr. HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor, R., Ob. Cit., p.310.

[157] Ibídem, p.309.

[158] Ibídem, pp.310-311.

[159] Ibídem. p.313.

[160] Para mayor profundidad sobre el tema véase BADELL MADRID, Rafael, QUIROZ RENDÓN, David, y HERNÁNDEZ, José I., ¨Régimen jurídico del servicio eléctrico en Venezuela¨, Caracas, 2002.

[161] Esta derogada ley, en aspectos puntuales, reformó el Decreto-Ley  sobre el Servicio Eléctrico del 17 de septiembre de 1999, y conformó un instrumento legal cuyo fin era permitir ¨abrir la brecha en la reforma y reestructuración del sector eléctrico, en sintonía con los cambios internacionales y sin perjuicio de las particularidades de dicho sector en el caso venezolano¨. Vid. GARRIDO ROVIRA, Juan, ¨Regulación legal del servicio eléctrico¨, Anauco Ediciones, C.A., Caracas, 2002. P. 7.

[162] BADELL MADRID, Rafael, QUIROZ RENDÓN, David, y HERNÁNDEZ, José I., Ob. Cit. pp. 51-52.

[163] BADELL MADRID, Rafael, ¨Régimen Jurídico de la Expropiación en Venezuela¨, Caracas, 2014. P.33

[164] Publicada en Gaceta Oficial Nro. N° 37.475 de 1 de julio de 2002. La LEXP del año 2002 deroga la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social sancionada el 4 de noviembre 1947 y publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nº 22.458 de fecha 6 de noviembre de 1947, que había sido a suvez reformada parcialmente por el Decreto Nº 184 sancionado el 25 de abril de 1958 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.642 de fecha.

26 de abril de 1958.

[165] Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014.

[166] Gaceta Oficial N°6.053 extraordinario del 12 de Noviembre de 2011.

[167] Vid. en LEHMAN GONZÁLEZ, Aura J., ¨La nueva legislación arrendaticia de vivienda y su incidencia en el derecho de propiedad¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2016. P.49.

[168] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨La Constitución de 1999¨, ob. Cit. p.206.

[169] Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Publicada en Gaceta Oficial N° 5.991 de fecha 29 de julio de 2010.

[170] RIEBER DE BENTATA, Judith, ¨La propiedad en Venezuela a partir de 1999. Especial referencia a la propiedad agraria¨, en Anuario de Derecho Público, Año 1, Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Universidad Monteávila, San Cristóbal, 2007. p.117.

[171] HERRERA ORELLANA, Luis A., ¨El régimen jurídico de las tierras con vocación agraria en Venezuela: Aproximación crítica a la situación actual, desde una perspectiva liberal¨, En Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, 2009. Pp. 325-380

[172] Artículo 98: “La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.

[173] Gaceta Oficial Nro. 25.227 del 10 de diciembre de 1956.

[174] Gaceta Oficial Nro. 6.151 extraordinario del 18 de noviembre de 2014.

[175] Gaceta Oficial Nro. 4.638 Extraordinario del 1 de octubre de 1993 

[176] UZCATEGUI ANGULO, Astrid, ¨Derechos de propiedad intelectual y derechos fundamentales¨, Universidad de Los Andes, Mérida, 2015. P.171

[177] Ibídem

[178] ¨El artículo 546 del Código Civil establece que el producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias. En estos términos resulta claro que el derecho de usar, gozar y disponer exclusivamente del bien intelectual queda sometido, con las adaptaciones correspondientes, a las restricciones obligatorias establecidas por ley (artículo 545 del Código Civil). ¨ UZCATEGUI ANGULO, Astrid, ob. Cit. p. 176

[179] Ibídem. p.175.

[180] RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, ¨ El régimen de la relación de trabajo en las creaciones inmateriales¨.

[181] Publicada en Gaceta Oficial Nro. N° 37.475 de 1 de julio de 2002. La LEXP del año 2002 deroga la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social sancionada el 4 de noviembre 1947 y publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nº 22.458 de fecha 6 de noviembre de 1947, que había sido a suvez reformada parcialmente por el Decreto Nº 184 sancionado el 25 de abril de 1958 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.642 de fecha.

26 de abril de 1958.

[182] CANOVA GONZÁLEZ, Antonio; HERRERA ORELLANA, Luis A.; y ANZOLA SPADARO, Karina, ¨¿Expropiaciones o vías de hecho? (La degradación continuada del derecho fundamental de propiedad en la Venezuela actual)¨,  Universidad Católica Andrés Bello, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2009. Pp. 102-103.

[183] Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de noviembre de 1991; caso: Corporación Venezolana de Guayana. Magistrado ponente: Josefina Calcaño de Temeltas Jurisprudencia Venezolana. Ramírez & Garay, Tomo 119, pp. 600-604.

[184] CANOVA GONZÁLEZ, Antonio; HERRERA ORELLANA, Luis A.; y ANZOLA SPADARO, Karina, Ob. Cit. P. 103.

[185] Gaceta Oficial N° 6.018 Extraordinaria, del 29 de enero de 2011.

[186] Gaceta Oficial N° 39.945, del 15 de junio de 2012.

[187] Sentencia de la SCTSJ del 20 de noviembre de 2002, caso Fedenaga vs. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

[188] LEHMAN GONZÁLEZ, Aura J., ¨Ob. Cit.. P.241.

[189] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, ¨Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa¨, Editorial Cívitas, Madrid, 1984.

[190] Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 26 de marzo de 1993; Caso: Ganadería El Cantón.

[191] En este sentido se pronunció la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 30 de junio de 1988 caso: María Margarita Añez de Santandreu.

[192] Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 3 de octubre de 1990, caso: Imobiliaria Cumboto. Revista de Derecho Público N° 44, 1990, pp 214 – 216.

[193] Gaceta Oficial Nro. 39.173 del 7 de mayo de 2009.

[194] Vid. en GRAU, María A., Ob. Cit. pp.162-163.

[195] Publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.174 del 8 de mayo de 2009.

[196] Vid. en GRAU, María A., Ob. Cit. p.163.

[197] Ambos publicados en Gaceta Oficial Nro. 6.119 extraordinario del 19 de diciembre de 2013.

[198] Ley de fecha 30 de abril de 2008, publicada en Gaceta Oficial Nro. 38.928 del 12 de mayo de 2008.

[199] En este sentido, se reservó al Estado: ¨… por razones de conveniencia nacional y en vista de su vinculación con actividades estratégicas para el desarrollo de la Nación, la industria de la transformación del mineral del hierro en la región de Guayana, por ser esta una zona en la que se concentra el mayor reservorio de hierro, cuya explotación se encuentra reservada el Estado desde 1975¨. Tal como lo afirma María Amparo Grau: ¨La reserva puede calificarse sib duda particular, porque no se trata sólo de un ámbito de la actividad económica sino de uno referido, además, a un espacio territorial concret, lo cual permite dudas acerca de que la justificación de halle en las características estratégicas de la actividad industrial, como prevé la norma Constitucional que posibilita la reserva, sino otras intenciones ajenas o adicionales no expresadas con esta específica motivación¨. Vid. GRAU, María A., Ob. Cit. p.165.

[200] Vid. en GRAU, María A., Ob. Cit. p.164.

[201] Ibídem. p.167.

[202] Publicada en Gaceta Oficial Nro. 5.886 extraordinario de fecha 18 de junio de 2008.

[203] GRAU, María Amparo, Ob. Cit. p.164.

[204] Ibídem. pp.165-166

[205] Cfr. CANOVA GONZÁLEZ, Antonio; HERRERA ORELLANA, Luis A.; y ANZOLA SPADARO, Karina, Ob. Cit. P. 116.

[206] Ibídem. p.117.

[207] Cfr. CANOVA GONZÁLEZ, Antonio; HERRERA ORELLANA, Luis A.; y ANZOLA SPADARO, Karina, Ob. Cit. P. 118 y ss..

[208] Ibídem.

[209] Ibídem. p.170.

[210] OROPEZA, Ambrosio. Ob. cit. pág. 262.

[211] HERNÁNDEZ, José I., ¨El control de cambio y libertad económica¨, en  CASAL, Jesús M., y SUÁREAZ, Jorge L. (Coordinadores), ¨La libertad económica en Venezuela: Balance de una década (1999-2009)¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011. Pp.488-489.

[212] HERNÁNDEZ, José I., ¨El control de cambio y libertad económica¨, Ob. Cit.

[213] Ibídem.

[214] Gaceta Oficial 6.211 Extraordinario del 30 de diciembre de 2016.

[215] Durante el gobierno de Rómulo Betancourt, en 1961 fue dictada una ley habilitante; una en el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 19974; una en el Gobierno de Jaime Lusinchi, en 1984; una en el gobierno transitorio de Ramón J. Velázquez, en 1993, dos en el Gobierno de Rafael Caldera, concretamente en 1994 y 1998; y la última en el Gobierno de Hugo Chávez, en 1999. Vid. en GRAU, María A., p.111.

[216] ¨La sumatoria de la duración de todas las leyes habilitantes otorgadas al Presidente de la República a partir del año 1999 da un total de setenta y nueve meses y dieciséis días en los que la Asamblea Nacional le ha delegado la función legislativa, período dentro del cual se han dictado aproximadamente doscientos setenta y ocho Decretos-Leyes en materias de organización del Poder Público, laboral vivienda y hábitat, intervención del Estado en la economía, tributaria, turismo, salud y seguridad social, arrendamiento inmobiliario, sistema financiero nacional, derecho marítimo y aeronáutico, hidrocarburos, tránsito terrestre, seguridad, misiones, desarrollo agrario, seguridad alimentaria, entre otras materias. Al margen de que todas esas leyes se prescindió de todo procedimiento de deliberación, propio de la labor parlamentaria, se irrespetó el derecho de las minorías y gran parte de los decretos leyes dictados por el Presidente de la República, en virtud de dichas habilitaciones, aparecieron publicados fuera del plazo de la delegación¨, GRAU, María A., ob. Cit. pp.111-112.

[217] MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, ¨El intento inacabado por establecer un modelo económico socialista¨, en Anuario de Derecho Público, Año 1, Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Universidad Monteávila, San Cristóbal, 2007. P.332.

[218] HARO GARCÍA, José V., ¨Los recientes intentos de reforma constitucional o de cómo se está tratando de establecer una dictadura socialista con apariencia de legalidad (A propósito del proyecto de reforma constitucional de 2007 y los 26 decretos leyes del 31 de julio de 2008 que tratan de imponerla) ¨, en Revista de Derecho Público N°115 julio-septiembre 2008, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2009. pp.63 y ss.

[219] Modificado posteriormente por Decreto N° 1413 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social. Publicado en Gaceta Oficial N° 40.543. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.151 del 18 de Noviembre de 2014.

[220] NÚÑEZ MACHADO, Ana C., ¨Los 26 nuevos Decretos-Leyes y los principios que regulan la intervención del Estado en la actividad económica de los particulares¨, en Revista de Derecho Público N°115 julio-septiembre 2008, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2009. P.216.

[221] Ley de Inversiones Extranjeras. Publicada en Gaceta Oficial N° 6.152 extraordinario de 18 de noviembre de 2014.

[222] HERNÁNDEZ, José I., ¨La Constitución Económica…¨ Ob. Cit. p.198.

[223] HERNÁNDEZ, José I., ¨La Constitución Económica…¨ Ob. Cit. p.198.

[224] MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, Ob. Cit. p.339.



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