English
 
Asamblea Constituyente 2017
Rafael Badell Madrid. Régimen jurídico del proceso constituyente en la Constitución de Venezuela. Conferencia dictada en la "Jornada sobre la Asamblea Nacional Constituyente", Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 13 de junio 2017.
 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO CONSTITUYENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA

Rafael Badell Madrid*

I.       Introducción

II.    El proceso constituyente de 1999

III. Distinción entre proceso constituyente, poder constituyente y Asamblea Nacional Constituyente

1.      Punto previo

2.      Proceso constituyente

2.1  Concepto de proceso constituyente

2.2  Fases del proceso constituyente

i)                    Fase 1

a.       Iniciativa de convocatoria (art. 348)

a.1 Inconstitucionalidad de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente mediante el Decreto 2.830

a. 2 Inconstitucionalidad de la sentencia N°378 de la Sala Constitucional respecto de la interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución

a) Sobre la necesidad del referendo consultivo

b) Sobre la no previsión del referendo consultivo para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución de 1999

c)  Sobre la usurpación de la soberanía popular

b.      Consulta popular

i.                    Para convocar Asamblea Nacional Constituyente (art. 347)

ii.                  Para aprobar las normas comiciales

I.     Comentarios sobre las bases comiciales decretadas por el Presidente de la República

1. Consideraciones generales

2. Inconstitucionalidad por usurpación del poder del pueblo soberano

3. Inconstitucionalidad por la limitación del derecho de participación ciudadana

4. Inconstitucionalidad por condicionamiento de la selección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente

5. Inconstitucionalidad por violación del principio de la representación proporcional

6. Inconstitucionalidad por exclusión de los partidos políticos  del régimen de postulaciones

7. Inconstitucionalidad por discriminación y exclusión de los electores venezolanos por naturalización y aquellos que tengan doble nacionalidad

8. Sobre el Decreto que complementa las bases comiciales

9. Contenido de la función constituyente

ii)                  Fase 2

a.       Elección de la Asamblea Nacional Constituyente

b.      Instalación y sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración del proyecto de Constitución

iii)                Fase 3

a.       Referendo para aprobar el proyecto de Constitución

b.      Publicación y entrada en vigor de la nueva Constitución

3.      Poder constituyente

3.1  Concepto de poder constituyente

3.2  Titularidad del poder constituyente

3.3  Características del poder constituyente

i)                    Es ilimitado

ii)                  Es originario

iii)                Es autónomo

3.4  Modos de manifestación del poder constituyente

i)                    Aclamación

ii)                  Convenciones constituyentes

iii)                Plebiscito constituyente

iv)                Asamblea Nacional Constituyente

4.      Asamblea Nacional Constituyente

4.1  Concepto de Asamblea Nacional Constituyente

4.2  Límites de la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente

4.2.1        Límites establecidos por el poder constituyente originario

4.2.2        Límites establecidos en el sistema jurídico vigente

4.2.2.1  Principios constitucionales que rigen el proceso constituyente

i)                    El principio de la democracia y la soberanía popular (art. 2 y 5)

a.  Bases federales del Estado venezolano como principio de organización democrática (Preámbulo y art. 4)

b.  Ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3)

c.  Pluralismo político (art. 2)

d.  Carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado (art. 6)

e.  Respeto a los derechos políticos (art. 39)

f.  Participación libre en los asuntos públicos (art. 62)

g.  Derecho al sufragio (art. 63)

ii)                  Principio legalidad (art. 137)

iii)                Principio de separación de poderes (art. 136)

iv)                Principio de progresividad de los derechos (art. 19)

v)                  Principios y valores de nuestra historia republicana (art. 350)

vi)                Principio de responsabilidad patrimonial del Estado (art. 140)

vii)              Acuerdos y tratados internacionales (art. 23)

IV. Bibliografía

 

1.      Introducción

 

En Venezuela han habido, desde al año 1811 hasta 1999, 26 Constituciones[1], hechas en la mayoría de los casos a la medida del gobernante de turno y producto de diversos modos de cambios en su texto, desde modificaciones[2], reformas[3], enmiendas, hasta procesos constituyentes. Por lo que se refiere a los procesos constituyentes, conviene distinguir, en primer lugar, aquellos convocados con la finalidad de ¨constituir un Estado, es decir, establecer la organización política de una sociedad dada, en un territorio determinado¨[4] y que dieron origen al Estado independiente y autónomo de Venezuela, estos son: el proceso constituyente de 1811, cuando se reunió el Congreso General en Caracas con el objeto de constituir el Estado venezolano independiente de la Corona Española, el cual dio lugar a la sanción de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de fecha 21 de diciembre de 1811; y el proceso constituyente de 1830, llevado a cabo por el Congreso Constituyente convocado por el General Páez para constituir el Estado venezolano separado de la Gran Colombia, el cual dio lugar a la sanción de la Constitución del Estado venezolano del  22 de septiembre de 1830.[5]

Además de esos dos procesos constituyentes señalados precedentemente, a lo largo de la historia política y constitucional de Venezuela, ha habido siete procesos más, dirigidos a reconstruir el sistema político y reformar sustancialmente la Constitución[6]. Se trata de las Asambleas Constituyentes de los años 1858, 1864, 1893, 1901, 1946, 1952 y 1999[7], las cuales, exceptuando la del 1999, ¨fueron producto de una situación de hecho consecuencia de una ruptura del hilo constitucional precedente[8].

Por lo que se refiere a la Constitución de 1961, de la misma forma como ocurrió con la Constitución de 1904, el Congreso asumió el poder constituyente para reformar totalmente la Constitución. En efecto, luego del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, la Junta de Gobierno optó por mantener vigente la Constitución de 1953 y convocar a comicios generales para la elección del Presidente y los miembros del Congreso para el 7 de diciembre de 1958. El Congreso, instalado en 1959, reformó la Constitución de 1953 ateniéndose para ello al mecanismo de reforma general previsto en ese texto[9] (artículo 140 y ss.) y sancionó la Constitución del 23 de enero de 1961, que tuvo como modelo la de 1947[10].

 

II.                El proceso constituyente de 1999

El proceso constituyente de 1999, consecuencia indirecta del golpe de estado encabezado por Chávez el 4 de febrero de 1992, se hizo a través de un proceso consultivo,  mediante votaciones directas, universales y secretas. Ese proceso constituyente fue desarrollado en tres fases y en él fue reconocida la soberanía y, por tanto, el poder constituyente, a todo el pueblo venezolano.  En efecto, este proceso constituyente de 1999 fue un proceso complejo que se inició con el Decretó N°3, del recién electo presidente de la República, Hugo Chávez.  Ese Decreto tuvo como fundamento una decisión de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de enero de 1999, dado que la Constitución de 1961 (vigente para la fecha) no contemplaba dicho mecanismo y sólo preveía la enmienda y la reforma constitucional. De esta forma la Sala Político-Administrativa, con ponencia del Magistrado Humberto J. La Roche, en interpretación del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (que consagraba la figura del referendo consultivo para asuntos de trascendencia nacional), estableció que el poder constituyente originario es un poder soberano e ilimitado que reside en el pueblo y que por lo tanto la soberanía popular es suprema a la Constitución y por ello no está regulada por las normas que derivan del poder constituido. Expresamente determinó la Sala que: “La soberanía popular se convierte supremacía de la Constitución cuando aquella, dentro de los mecanismos jurídicos de participación decida ejercerla” y con ello dio lugar a que se convocara un referendo que permitió consultar al pueblo su voluntad de iniciar un proceso constituyente o no.

Así fue como, mediante Decreto Nº3 del 2/02/1999 publicado en Gaceta Oficial Nº 36.634, el Presidente tomó la iniciativa y acordó un referendo para consultar al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente; instó al Consejo Nacional Electoral ejecutar los actos necesarios para divulgar el contenido de la convocatoria, e invitar a los ciudadanos a participar y realizar el conteo de votos; y estableció las dos preguntas que contenía el instrumento electoral, las cuales fueron: 1. ¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente?; 2. ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?.

Ahora bien, el Decreto N°3 fue objeto de varias impugnaciones dado que no hizo referencia alguna a la forma en que se haría la consulta y, por el contrario, incluía como segunda pregunta una solicitud del presidente al pueblo para que delegara en aquél la fijación de las bases del proceso comicial para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de estas impugnaciones están, en primer lugar,  la decidida en sentencia del 18 de marzo de 1999 por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la referida segunda pregunta. En su fallo, apuntó la Corte que la posibilidad de que se pudiera convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por vía de un referendo consultivo no constituía una alteración de los principios fundamentales del Estado democrático de derecho, contenidos en la Constitución de 1961.

Tales circunstancias obligaron al Consejo Nacional Electoral a modificar el documento de consulta para el referendo y a incorporar en éste las bases comiciales conforme a las cuales la propia Asamblea dictaría su Estatuto. Sin embargo, contrariando lo dispuesto en la sentencia dictada por la Corte, el 18 de marzo de 1999, el Consejo Nacional Electoral insertó dentro de las bases comiciales, en la base octava, una frase que calificaba a la Asamblea como poder originario que recoge la soberanía popular. Habiendo sido impugnadas las referidas bases comiciales por ante el Máximo Tribunal, mediante sentencia del 13 de abril de 1999 fue anulada dicha frase al considerar que se estaba desvirtuando la vigencia del régimen de la Constitución de 1961, como elemento limitante de la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Una vez resueltas las controversias, el 25 de abril de 1999 fue realizada la consulta, la cual arrojó un resultado favorable para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Tres meses después, el 25 de julio de 1999, fueron elegidos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. El 3 de agosto de 1999 se instaló la Asamblea y para esta primera etapa, en el período comprendido entre el 2 de septiembre y el 18 de octubre de 1999[11], el trabajo se concentró en las 20 comisiones permanentes designadas para la elaboración de los artículos constitucionales.

La primera discusión constó de 19 sesiones plenarias, celebradas entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre de 1999[12]. Concluido el Proyecto, fue sometido a la consideración popular mediante la convocatoria a un referendo aprobatorio. La Constitución fue finalmente aprobada el 15 de diciembre de 1999  y puesta en vigor el 30 de diciembre del mismo año.

 

 

III.             Distinción entre proceso constituyente, poder constituyente y Asamblea Nacional Constituyente.

 

1.      Punto previo

 

Conforme a la Constitución de 1999, el régimen jurídico del proceso constituyente está regulado en el Título IX “De la Reforma Constitucional”, Capítulo III, “De la Asamblea Nacional Constituyente”, en el cual están contenidos los artículos 347, 348 y 349.

El artículo 347 determina, en concordancia con el artículo 5 constitucional, que el pueblo venezolano, como único soberano, es el depositario del poder constituyente y por ende, el único que puede iniciar un proceso constituyente a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

 

Por su parte, el artículo 348 regula la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y dispone los órganos competentes para activar la iniciativa constituyente; estos son, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los Consejos Municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos y al quince por ciento de los electores inscritos en el registro electoral y civil. Por último, el artículo 349 establece la prohibición de los poderes constituidos, incluyendo al Presidente de la República, de intervenir  o impedir de forma alguna las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente; a la vez que dispone que una vez promulgada la nueva Constitución, ésta debe ser publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

Pero además de las anteriores disposiciones mencionadas, la Constitución contiene un conjunto de normas que deben ser todas tomadas en cuenta para la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones referidas concretamente al proceso constituyente. De forma  que para determinar el régimen jurídico que informa y rige el proceso constituyente,  el poder constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución de Venezuela, además de los precitados artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, es necesario integrar todos los principios y normas contenidos en la Constitución, desde su preámbulo hasta la última de sus disposiciones.

 

Es el bloque de la constitucionalidad lo que determina la correcta interpretación de la norma constitucional, no sólo las normas supraconstitucionales y los valores y principios que lo integran, sino también la labor integradora que impone el principio de unidad de la Constitución y que impide la interpretación aislada de sus artículos sin conexión con el resto del ordenamiento constitucional.

 

Así entonces, el proceso constituyente está regido e informado por los principios fundamentales que establece la propia Constitución, referidos especialmente al ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano y la democracia. Todos y cada uno de los aspectos del proceso constituyente deben ajustarse a los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano y de su actuación, como la democracia, el pluralismo político (artículo 2 de la Constitución); los fines esenciales del Estado, como lo es el ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3); al ejercicio de la soberanía, la cual reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por lo que los órganos del Estado están sometidos a dicha soberanía (artículo 5); al carácter democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables que debe tener el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y las demás entidades políticas que la componen (artículo 6); al principio de supremacía constitucional (artículo 7); al principio de progresividad de los derechos (artículo 19); al respeto de los derechos inherentes a la persona (artículo 22); al respeto de los derechos políticos de los venezolanos (artículo 40), incluyendo el de participación libre en los asuntos públicos (artículo 62), el sufragio, el cual se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas (artículo 63) y por supuesto, los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, entre los cuales y en lo político, se encuentra las iniciativa constituyente (artículos 70 y 71 en concordancia con el artículo 348 de la Constitución), a la vigencia  de la Constitución (artículo 333), entre otros.

 

De allí que con el objeto de lograr una correcta integración de todas las normas  y principios constitucionales ya mencionados, es preciso hacer uso de una desinteresada interpretación constitucional, que parta de la premisa de que las disposiciones constitucionales no se encuentran aisladas unas de otras y que la Constitución debe ser considerada como un todo, como un bloque que no acepta interpretaciones de una de sus normas divorciada del resto de las disposiciones constitucionales, que fue lo que precisamente hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión N°378, de fecha 31 de mayo de 2017, para así justificar la inconstitucional convocatoria realizada por el Presidente de la República en base al artículo 348 que sólo contempla la iniciativa más no el poder de convocatoria que por virtud del artículo 347 y de todas las normas constitucionales atañederas los principios mencionados de soberanía y democracia implican reservar de forma exclusiva y excluyente al pueblo de Venezuela.  

 

La incorrecta interpretación con el desviado fin de justificar la ilegítima convocatoria presidencial,  lleva al absurdo de obviar que lo mismo aplicaría a los otros titulares de la iniciativa, esto es, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.  En el último de los supuestos el absurdo es evidente porque implicaría que un porcentaje minoritario del 15% de los electores podrían convocar al proceso constituyente, razón por la cual la sentencia lo niega, sin razonamiento alguno. Lo cierto es que ninguno de estos sujetos tiene el poder de convocatoria, sí el de iniciativa, para someter la decisión al pueblo soberano, único titular de la potestad constituyente. Desvirtuó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia los artículos 347 y 348, que por sí solos dan lugar a una interpretación contraria a la decidida, pero además  obvió considerar el resto de disposiciones y principios constitucionales, de los que se desprende también todo lo contrario, como es que la soberanía reside en el pueblo y es intransferible[13] y por ende es éste el único que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

 

La doctrina del bloque de la constitucionalidad, de uso frecuente no sólo en Francia sino también en España, obliga tener presente desde el contenido del preámbulo de la Constitución hasta la última de sus disposiciones, así como todos aquellos principios, valores y derechos no presentes en su texto pero que, sin embargo, rigen la estructura constitucional del Estado, lo cual incluye también sus antecedentes y el proceso de formación de la Constitución precedente.

 

En el derecho administrativo francés (Maurice Hauriou) se hacía referencia a la doctrina del bloque de la legalidad “bloc de légalite” para referirse a las leyes y principios generales de derecho que podía aplicar el Consejo de Estado Francés para controlar la legalidad de la actuación de la administración pública, y a partir de esta doctrina se ha desarrollado el principio del “bloque de la constitucionalidad” que alude al conjunto de principios y reglas de valor constitucional, en elaboración primero académica y después jurisprudencial, según se desprende de la decisión del Consejo Constitucional del 16 de julio de 1971[14]. En efecto, a partir de esta decisión, el Consejo Constitucional francés utilizó la noción “bloque de constitucionalidad” por primera vez para proteger la libertad de asociación, derecho consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en el Preámbulo de la Constitución de 1946, mas no en el texto constitucional vigente en Francia para entonces. De esta forma, “el Consejo constitucional reconoce sin ambages que la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946, a los que se remite el preámbulo de la Constitución de 1958, forman parte de las normas constitucionales de referencia y pueden ser así invocadas en el marco del control de constitucionalidad”[15].

 

Respetando esta doctrina del “Bloque de la Constitucionalidad” pasaremos a continuación a desarrollar la noción de “proceso constituyente” “poder constituyente” y “Asamblea Nacional Constituyente” y los principios, normas y valores constitucionales que lo rigen.

 

 

2.      Proceso constituyente

 

2.1  Concepto de proceso constituyente

El proceso constituyente, tal y como ha sido definido por la exposición de motivos de la propia Constitución venezolana, es el  ¨instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional¨, por lo que corresponde su convocatoria exclusivamente al pueblo como único titular de la soberanía nacional, en ejercicio directo de la toma de decisiones fundamentales del país, como lo sería el cambio sustancial de su Constitución y, por lo tanto, del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, en concordancia del artículo 347 de la Constitución[16].

De forma que el proceso constituyente es un proceso de rango constitucional, de naturaleza compleja, que se ejecuta en varias fases, dirigido a modificar de forma sustancial el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que culmina con un nuevo texto constitucional.

Los motivos por los cuales se pretenda modificar el texto constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con el artículo 347 constitucional deben estar dirigidos a la finalidad de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. La interpretación que sobre este precepto constitucional se realice debe ser restrictiva, de modo que no puede ampliarse la motivación y finalidad de un proceso constituyente, pues de hacerlo se estaría incurriendo en un fraude a la Constitución a través de una evidente desviación de poder.

De no tratarse de una modificación sustancial, la Constitución prevé otros mecanismos dirigidos a reformar su texto, como son la enmienda y la reforma constitucional.

 

i)                    Enmienda constitucional  

De conformidad con el artículo 340 de la Constitución, la enmienda es un mecanismo para su modificación, cuyo fin es la adición o cambios en uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental.

Según lo dispuesto en el artículo 341 de la Constitución, el trámite se hará: i) mediante iniciativa que podrá partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral; o de un treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente de la República en Consejo de Ministros (Artículo 341, numeral 1); cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá de la aprobación de ésta por la mayoría de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en la Constitución para la formación de leyes (Artículo 341, numeral 2); ii) el Poder Electoral someterá a referendo la enmienda a los treinta días siguientes a su recepción formal (Artículo 341, numeral 3); se considerará aprobada la enmienda de acuerdo a los resultados de la elección, conforme a lo previsto en la ley relativa al referendo aprobatorio; y iii) de ser aprobada por el pueblo venezolano deberá el Presidente de la República promulgarla dentro de los diez días siguientes (artículo 346), y se deberá numerar consecutivamente y publicar a continuación de la constitución sin alterar su texto, anotando al pie del artículo enmendado la referencia del número y fecha en que la enmienda lo modificó (Artículo 341, numeral 5).

ii)                  Reforma constitucional

La reforma constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 342 de la Constitución, tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa puede partir de la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, del Presidente de la República en Consejo de Ministros; o un número no menor del quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral.

La Asamblea Nacional deberá tramitar la iniciativa de reforma constitucional en la forma siguiente: i) una primera discusión en el período de sesiones correspondiente a la presentación del mismo, ii) una segunda discusión por Título o Capítulo, según fuera el caso; y iii) una tercera y última discusión artículo por artículo. La Asamblea Nacional deberá aprobar el proyecto de reforma con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma (artículo 343, numerales 4 y 5).

Posteriormente, el proyecto de reforma aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta (30) días siguientes a su sanción (artículo 344). La reforma se considerará aprobada si el número de votos positivos es mayor al número de votos negativos (artículo 345).  Por último, el Presidente de la República deberá promulgar la Reforma dentro de los diez días siguientes a su aprobación (artículo 346).

 

2.2  Fases del proceso constituyente

 

El proceso constituyente, según se desprende del bloque de la constitucionalidad, se desarrolla en tres fases: i) La primera etapa se compone de dos trámites fundamentales: la iniciativa del proceso y la convocatoria al proceso consultivo respecto de si se convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente y la aprobación de las bases comiciales; ii) La segunda fase se inicia con la convocatoria a referendo para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente; dentro de esta fase tenemos la instalación de la Asamblea Nacional constituyente y todo el proceso de deliberación, discusión y elaboración de la nueva Constitución; iii) y la última fase se refiere al referendo consultivo sobre la aprobación o no del proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente.

 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

I. Iniciativa de convocatoria    

I. Elección de la Asamblea Nacional Constituyente

I. Consulta popular para aprobar el proyecto de Constitución    

II. Consulta popular:  

1. Convocar Asamblea Nacional Constituyente

2. Aprobar normas comiciales

II. Instalación y sesión 

______________________

III. Elaboración del texto de la Constitución

II. Publicación y entrada en vigor de la nueva Constitución

 

 i)                    Fase 1

a.      Iniciativa de convocatoria (art. 348)

La iniciativa de convocatoria a un proceso constituyente, según lo dispone el artículo 348 de la Constitución, puede ser tomada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral. Una vez que haya sido formulada la iniciativa por cualquiera de los cuatro legitimados para ello,  la misma debe consignarse junto con las bases comiciales (estatuto) ante el Poder Electoral, con el fin de que el órgano encargado para ello, el Consejo Nacional Electoral, proceda a convocar un referendo para que el pueblo, mediante votación universal, directa y secreta, decida si adopta o no dicha iniciativa para convocar la Asamblea Nacional constituyente[17]

Es preciso señalar que al referido artículo 347 se le da como título el de "Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente", que atribuye al Pueblo. Mientras que al artículo 348 se le denomina "Iniciativa de Convocatoria", y la atribuye al Presidente, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y un 15% de electores.

Entonces, es el pueblo, depositario del poder constituyente originario, y no los poderes constituidos quien debe convocar la Asamblea Nacional Constituyente; dichos poderes sólo pueden promover tal convocatoria, por lo cual tal iniciativa conduce necesariamente a una consulta mediante un referendo al pueblo sobre si quiere o no convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

En este sentido es menester hacer alusión al concepto de pueblo, el cual debe entenderse no sólo como el conjunto de personas físicas que habitan en el territorio del Estado[18], sino como un todo complejo y unitario que comprende el elemento personal del ente estadal y que está caracterizado por una ¨continuidad histórica manifestada a través de una sucesión de generaciones, vinculadas a ese Estado por una relación de permanencia, puesto que es en virtud de ello que tienen el derecho de imprimirle una determinada fisonomía y una determinada orientación política, es decir, tienen un poder conformador de la organización estadal¨[19]. De forma que es el pueblo quien tiene la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional constituyente y es éste a quién se refieren los artículos 5 y 347 de la Constitución cuando regulan que la soberanía reside en el pueblo, que es intransferible y que en ejercicio de esa soberanía puede convocarse una asamblea Nacional Constituyente para dictar una nueva Constitución.

 

a.1 Inconstitucionalidad de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto 2.830

En fecha de 1° de mayo de 2017 fue publicado en Gaceta Oficial Nro. 6.295 extraordinario el Decreto Nro. 2.830, mediante el cual el Presidente de la República ¨convoca una Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular¨.

El referido Decreto está viciado de inconstitucionalidad por cuanto usurpa la titularidad atribuida al pueblo en el artículo 347 a estos efectos y como depositario del poder constituyente de decidir si convoca o no la Asamblea Nacional Constituyente, y además inconstitucional en tanto viola los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en los artículos 2, 3, 5, 62, 63, 70, 71, entre otros.

Por disposición del artículo 347, en concordancia con el artículo 5 de la Constitución, le corresponde de manera exclusiva al pueblo de Venezuela, en su globalidad como el único detentador de la soberanía popular, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La consecuencia principal de que al pueblo le sea reconocida la titularidad de la soberanía es que al mismo le corresponde el ejercicio del poder constituyente.

De conformidad con el artículo 348 de la Constitución, ciertos órganos de los poderes constituidos, como son el Presidente de la República en Consejo de Ministros, Asamblea Nacional y los Consejos Municipales, y de otra parte, el 15% por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral, tienen un poder de iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que quiere decir que a lo sumo tienen la facultad de promover tal convocatoria para que se consulte mediante un referendo consultivo al pueblo sobre si quiere o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con lo anterior, el pueblo mayoritariamente, y jamás los poderes constituidos ni un mero 15 % de los electores, pueden considerarse depositarios del poder constituyente originario, y por tanto la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es competencia exclusiva de esa mayoría popular, por ser el pueblo el titular de la soberanía.

Esta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional, es una materia que por comprender una atribución expresa de la soberanía nacional (artículo 5 y artículo 347 constitucional), y por ser de especial trascendencia nacional, debe ser sometida a referendo consultivo, mediante votaciones libres, universales, directas y secretas (artículo 62 y 70, en concordancia con artículos 63 y 71).

Ello fue así reconocido en el proceso constituyente del año 1999, en el que a pesar de que la Constitución de 1961 no preveía la Asamblea Nacional Constituyente, fue determinante el principio conforme al cual éste podía ser convocado por el pueblo, desde el principio que dispone que la soberanía reside en el pueblo, y que éste y sólo éste, como su titular puede decidir cambiar la estructura del Estado y transformar el texto constitucional. La necesidad de esta aprobación popular para la convocatoria del proceso constituyente fue exigida en 1999 por mandato de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y en los futuros procesos lo es, por la incorporación de esta jurisprudencia en el texto de la Constitución de 1999, como expresamente lo reconoce su exposición de motivos y que es lo que se recoge en el rtículo347 cuando reserva al pueblo la titularidad de la convocatoria del proceso constituyente.

De esta forma, el Decreto, al omitir la voluntad del pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y convocar directamente este mecanismo de sustitución constitucional, contraría también el principio de progresividad de los derechos (artículo 19 de la Constitución), en especial el de participación ciudadana en el ejercicio de la soberanía popular (artículo 62 y 70 de la Constitución). De manera que, si el pueblo fue considerado y reconocido como soberano en el 99 para ejercer el poder constituyente a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente,  previa consulta mediante referendo, a pesar de que la Constitución de 1961 no lo preveía, y ello se acogió en el texto de 1999 como así lo indica a letra expresa su exposición de motivos, nadie puede arrebatarle al pueblo no puede su derecho de decidir sobre el ejercicio de su soberanía, si convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente para crear un nuevo ordenamiento jurídico, redactar una nueva Constitución y transformar el Estado. 

En efecto, no sólo el contenido claro del artículo 347 de la Constitución, sino también la experiencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, elimina cualquier posibilidad de que otro cuerpo, distinto al pueblo,  sea quien pueda convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y de esta forma  prohíbe que cualquier órgano del Estado, incluido su Presidente, su Consejo Nacional Electoral y su Tribunal Supremo de Justicia, usurpen el poder constituyente originario que sólo lo tiene el pueblo.

El Decreto arrebata  este derecho exclusivo del pueblo venezolano, como único titular del poder constituyente originario, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en completa violación de los principios y normas constitucionales establecidos desde el preámbulo de la Constitución, y en los artículos 2, 3, 5, 6, 19, 62, 63, 70, 71, 347 y 348, de la Constitución[20], y lo hace con la complicidad de otros poderes constituidos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, y todos otros aquellos que se manifiestan a favor de este fraude constitucional, de forma expresa o por omisión.

 

 

a. 2 Inconstitucionalidad de la sentencia N°378 de la Sala Constitucional en interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución

El Presidente de la República, a través del Decreto N° 2.830, por el cual convoca una Asamblea Nacional Constituyente, ha usurpado el derecho del depositario del poder constituyente de  decidir si convoca o no convoca la referida Asamblea Nacional Constituyente, y por lo tanto viola los principios de democracia y soberanía, así como el derecho de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en fraude a la Constitución y a la voluntad popular.

 No obstante lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N°378 de fecha 31 de mayo de 2017, pretendiendo legitimar la acción inconstitucional del Presidente de la República de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, mediante una pretendida interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución, que no es tal, determinó que no es necesario ni constitucionalmente obligante un referendo consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

En efecto, la Sala Constitucional afirmó que el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario, es decir, en el pueblo como titular de la soberanía, pero contrariamente a la más elemental lógica jurídica que de ello se sigue, dispuso que el artículo 348 contempla que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente equivale, en el caso del Presidente, al poder de convocatoria, pues éste “actúa en ejercicio de la soberanía popular¨.

La Sala Constitucional determinó que la Constitución de 1999, al reconocer la soberanía popular en su artículo 5, dispone a su vez que dicha soberanía puede ejercerse tanto directa como indirectamente, y en este sentido declara la Sala que si bien el pueblo puede ejercer la democracia participativa, también puede ejercer la democracia representativa, en ejercicio indirecto de su soberanía.  Indica entonces que los órganos que ejercen el poder público pueden ejercer indirectamente y por vía de representación la soberanía popular y  por lo tanto, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, puede decidir convocar a una constituyente sin que sea necesario consultar al pueblo.

Indica la sentencia que la situación por medio de la cual se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente mediante referendo revocatorio en el año 1999 difiere mucho con la de la actualidad, porque la Constitución de 1961 simplemente no preveía este mecanismo y que en la actualidad no existe esa necesidad de un referendo consultivo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, puesto que este mecanismo de ¨revisión¨ constitucional actualmente sí está contemplado expresamente en el texto constitucional vigente.  Existe en efecto en el texto vigente, pero sujeto a la convocatoria que el pueblo debe realizar de acuerdo con el texto expreso del artículo 347, cuestión que omite el sentenciador.

Se afirma en el fallo de la Sala Constitucional que a pesar de estar la Asamblea Nacional Constituyente prevista de forma expresa en la Constitución, no hay previsión sobre un referendo acerca de la iniciativa de su convocatoria y alude al Diario de la Constituyente (contenido de la sesión 41 del 9 de noviembre de 1999),  en el cual consta ¨la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el pueblo pudiera convocar a la Asamblea Nacional Constituyente mediante un referendo, fue negada¨. Además, dispone la Sala que esta falta de previsión se debe a que en el debate constituyente prevaleció la tesis según la cual ¨la Constitución no puede limitar la Asamblea Constituyente, pues, al ser ésta la expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones¨, y que de lo contrario se habrían creado límites que desnaturalizarían su carácter de poder constituyente originario y, en principio, ilimitado.

También indicó la Sala que a pesar de que la Constitución sí dispone en su artículo 71 la posibilidad ¨opcional o facultativa¨ por la cual pueda convocarse a referendo consultivo las “materias de especial trascendencia nacional”, en la actualidad existen circunstancias que de forma sobrevenida dan cabida a un proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (¨como es la aguda situación de la crisis política actualmente enfrentada y que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aún, que ha motivado la toma de decisiones genéricas,  expeditas  y de profundidad constitucional…¨), sin que sea necesario hacer uso en esta posibilidad que como opción brinda lo previsto en el artículo 71 constitucional.

De esta forma, la Sala Constitucional concluyó que ¨no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX

Esta decisión es prueba de la complicidad del Tribunal en el denunciado fraude constitucional, pues arrebata con estos baladíes argumentos el ejercicio de la soberanía que en el caso del poder constituyente atribuye el artículo 347 al pueblo de Venezuela.

a) Sobre la falta de necesidad del referendo consultivo

La carencia de toda lógica en la motivación de la Sala Constitucional en cuanto a que a diferencia de lo ocurrido bajo la Constitución del 61, en el texto vigente del 99 no hay necesidad de un referendo revocatorio para la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente, porque la primera no preveía dicho mecanismo, y la segunda sí lo hace, es evidente.

El hecho de que en el año 1999 se consultara al pueblo si quería o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente se debió al criterio establecido en  la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de enero de 1999, conforme al cual  sólo el pueblo tiene el derecho a decidir esta convocatoria, aun cuando la Constitución no lo previera.

De manera que el criterio lo que hizo fue aplicar el principio conforme al cual la soberanía reside en el pueblo, de manera que si el pueblo fue considerado y reconocido como soberano en el 99 para ejercer el poder constituyente a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, a través de referendo, a pesar de que la Constitución de 1961 no lo preveía,  hoy en día con más razón se necesita la consulta al pueblo para en ejercicio de esa soberanía popular, pueda ejercerse el poder constituyente originario que la Constitución de 1999 ahora a letra expresa le otorga.

Pero más grave aún es que Exposición de Motivos de la Constitución de 1999 expresamente indica que este criterio constitucional se hizo norma en la Constitución del vigente, por lo cual cualquier negación de esta premisa es indudablemente inconstitucional. Así se explica con meridiana claridad en la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999, en la cual se lee: ¨En este contexto se debe entender que el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, lejos de afectar el proceso de refundación de la República y de lograr el objetivo de la profundización democrática, se convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular, desterrando el sistema de cónclaves que decidían los destinos del país a espaldas de la sociedad¨¸ de modo que la Asamblea Nacional Constituyente se consagra en la Constitución como ¨el instrumento fundamental para garantizar al  pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional[21].

Es entonces más que evidente que esta posibilidad de que el pueblo convoque que no estaba presente en la Constitución de 1961, tal y como lo reseña la Exposición de Motivos de la Constitución, que tuvo que ser aplicada por vía de interpretación de la Corte Suprema de Justicia para hacer posible la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en aquél momento; ahora se contempla expresamente en el artículo 347 en el texto constitucional vigente.

 

b) Sobre la no previsión del referendo consultivo para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución de 1999

La Sala Constitucional argumenta además que la Constitución, si bien contempla la Asamblea Nacional Constituyente, no establece nada sobre el referendo popular para decidir su convocatoria para no limitar el poder constituyente, y para corroborar ello cita el diario de debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

En efecto, la Sala Constitucional señaló expresamente que “En primer lugar, no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, al consultar el contenido de la sesión 41 del 9 de noviembre de 1999, en el Diario de la Constituyente, esta Sala observó  que en el desarrollo del debate correspondiente, la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el pueblo pudiera convocar a la Asamblea Constituyente mediante un referéndum, fue negada.”

 

En primer lugar, lo que se constata en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 es la imposibilidad de limitar el poder constituyente originario, el cual sólo corresponde al pueblo de Venezuela según el artículo 5 de la Constitución. Ello se desprende expresamente de la discusión iniciada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, específicamente en la sesión de fecha 19 de noviembre de 1999, en la cual se debatió sobre el articulado del anteproyecto de Constitución referido a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente[22] como mecanismo para la reforma de la Constitución[23] .

En efecto, tras analizar las normas relativas a la iniciativa y a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y a raíz de la propuesta formulada por el constituyente Manuel Quijada sobre la incorporación de una norma constitucional que expresara que “El pueblo venezolano, como constituyente primario u originario puede, cuando así lo desee y en cualquier momento, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que redacte una nueva Constitución distinta a la vigente, sin estar sujeta a las normas del ordenamiento jurídico ni de la Constitución preexistente. Los Poderes Constituidos quedan sometidos a la jurisdicción de la Asamblea Nacional Constituyente.”, surgió un debate respecto de cómo debía convocarse dicha Asamblea Nacional Constituyente, iniciado por las preguntas del Presidente de la misma -constituyente Luis Miquelena[24]-, dirigidas al constituyente Manuel Quijada, quien en su momento respondió:

“CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente. Sería mediante un referendo. Lo que soluciona este artículo es la discusión de si el pueblo tiene Poder Constituyente o no lo tiene, si puede convocar a una Asamblea Constituyente o no cuando bien lo desee.

EL PRESIDENTE.- ¿Pero cómo la convoca el pueblo?

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Por medio de un referendo.”[25]

Si bien la propuesta del constituyente Quijada no fue en definitiva aprobada, y de hecho prevaleció el criterio expresado por el constituyente Jaua, según la cual disponer expresamente que la convocatoria se hiciere mediante referendo consultivo podría generar un malentendido, de ser el resultado de la misma negativo para la convocatoria, y consistir en una limitación al poder del pueblo de ejercer su poder constituyente originario para decidir convocar de nuevo una; no es cierto que se rechazará el mecanismo de referendo consultivo para la convocatoria popular de una Asamblea Nacional Constituyente, sino todo lo contrario. La breve discusión que se desarrolló sobre el tema dio a entender a todos los constituyentes el sentido de la norma sobre la Asamblea Nacional Constituyente, en cuanto a que su convocatoria sólo puede ser realizada por el pueblo mediante un “referendo de convocatoria”, iniciado por una serie de legitimados (actualmente los que dispone el artículo 348 de la Constitución).

De esta forma, se estableció que son totalmente distintas la convocatoria por el pueblo mediante referendo, y la iniciativa que puedan tener varias personas e instituciones para que el mismo se realice. Cabe destacar  que, inclusive el constituyente Jaua aceptó expresamente el postulado de que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente corresponde de forma exclusiva al pueblo, al considerar que “no hay más nada que normar en una Constitución referente a la Asamblea Constituyente” que “el reconocimiento de la voluntad de un pueblo de convocar a esa Asamblea, y la manera cómo puede convocarla –que es importante para que tenga una referencia–.”. Entonces, “Estuvo por tanto de acuerdo con lo debatido sobre que el pueblo es el único que puede convocar la Asamblea Constituyente, siendo “la manera cómo puede convocarla” un referendo de convocatoria como quedó claro en el debate”[26].

De otra parte, también es falso este argumento de rechazo del referendo popular para la convocatoria del pueblo de una Asamblea Nacional Constituyente, por no estar presente una norma que expresamente lo consagre en la Constitución de 1999, porque a pesar de que los artículos 347 y 348 de la Constitución no plantean una fase electoral previa para la convocatoria, el análisis exegético del bloque constitucional en la interpretación concatenada de los artículos 5, 6, 40, 62, 70 y 71 constitucionales, se impone la participación del pueblo en aprobación tanto de la convocatoria, como en la determinación de las bases comiciales, la elección de los miembros de la Asamblea y finalmente la aprobación  o no del nuevo texto constitucional, sobre todo cuando es expreso de la discusión constituyente que con esta norma que prevé la convocatoria popular a la Asamblea Nacional Constituyente lo que se persiguió fue poner en la norma constitucional lo que precisamente se permitió en ausencia de norma en el texto del 61: convocar el proceso constituyente del año 1999. O sea que se quiso expresamente prever que al igual que se admitió para el caso de la Constitución de 1999, en el futuro el pueblo podría también convocar un proceso constituyente, siendo ello manifestación de  la soberanía popular, sólo a éste por el voto correspondería la decisión de hacerlo.

Con esta decisión, la Sala Constitucional omite por completo que la intención de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional se trata de una materia de especial trascendencia nacional que debe ser sometida a referendo consultivo, y de este modo  arrebata el derecho exclusivo del pueblo venezolano, como único titular del poder constituyente originario, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente,  en completa violación del artículo 347 de la Constitución, justificándose para ello sobre supuestas ¨circunstancias objetivas sobrevenidas¨ en Venezuela, así como una ¨aguda situación de la crisis política¨, para ¨poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social¨.

c) Sobre la usurpación de la soberanía popular

De otro lado, la Sala intenta justificar su decisión en el ejercicio indirecto de la soberanía, a la que se refiere el artículo 5 de la Constitución, pero sin embargo contradice lo dispuesto en el mismo. La Sala Constitucional determina que sólo mediante el ejercicio indirecto de la soberanía puede ser convocada una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que sólo los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348 pueden convocar una Asamblea Nacional Constituyente[27], y niega rotundamente el derecho del pueblo de participar directamente en el ejercicio de su soberanía y del poder constituyente, que como sabemos, está depositado únicamente en el pueblo de Venezuela, tal y como lo dispone el artículo 347 de la Constitución[28].

Cabe destacar, que este criterio de prevalencia de la democracia representativa es contradictorio con el anterior criterio establecido por la misma Sala Constitucional, en la sentencia nro. 355 del 16 de mayo de 2017, mediante la cual  la Sala dio preeminencia el ejercicio de la soberanía a través de la democracia participativa sobre la democracia representativa.

En efecto, nótese que la Sala Constitucional en sentencia nro. 355, al decidir demanda de nulidad interpuesta contra el artículo 9 y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, respecto de la participación política de los ciudadanos en cuanto a la elección de los integrantes de las Juntas Parroquiales, dispuso que:

"… la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, estableció los mecanismos de participación y protagonismo, que de manera articulada y soberana, se lleva adelante entre las asambleas de ciudadanos y los consejos comunales, para la elección de los miembros de las juntas parroquiales comunales, que en armonía con lo establecido en el artículo 70 constitucional permite el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa, a diferencia de la democracia representativa que consagraba la Constitución de 1961, el cual no entra en contradicción alguna con los mecanismos de participación electoral previstos en los artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que ambas formas de participación política, tanto pasiva como activa, pueden coexistir libremente y se aplican de una u otra forma de acuerdo a lo establecido en la ley, siendo en este caso, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, el texto legal que prevé dicha forma, la cual interpreta esta Sala como un derecho de participación que se ajusta a las nuevas directrices en nuestro ordenamiento jurídico a partir del vigente Texto Constitucional de 1999, orientada a establecer una sociedad participativa y protagónica, donde se busca la intervención plena del colectivo a través de las asambleas de ciudadanas y ciudadanos, en forma activa y pasiva para la elección de los miembros de las Juntas Parroquiales Comunales." (negrítas nuestras)

De otra parte, véase que, 15 días después, el criterio de la Sala Constitucional en el caso que estamos analizando, fue el siguiente:

¨Claro está, lo expuesto no significa que el modelo de democracia participativa excluye la representación. Ello implicaría la desaparición del Estado-aparato, que es imprescindible para la gestión diaria de los asuntos públicos. Como refiere Enrique Dussel, la democracia participativa y la representativa no son términos antitéticos o contradictorios: “Deben ser articulados dialécticamente, de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente”.

(…)

Ahora bien, la representación que, como advertimos, fue la regla en la Constitución de 1961, no deja de ser democrática y junto con los medios directos de ejercicio de la soberanía que ofrece la Constitución de 1999, constituyen los rasgos característicos del modelo constitucional venezolano.

El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el  pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral¨.

Ahora bien, de acuerdo con este último criterio, la Sala Constitucional, interpretando aislada y literalmente los artículos 347 y 348 de la Constitución, despoja con su fallo al pueblo del ejercicio exclusivo e intransferible de la soberanía (artículo 5 de la Constitución), y le otorgar al Presidente de la República, Nicolás Maduro, el poder constituyente originario, cuyo único depositario en derecho es el pueblo de Venezuela (artículo 347 de la Constitución), al concederle la facultad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Mediante la sentencia N°378 se usurpa el derecho del depositario del poder constituyente de decidir si convoca o no convoca la una Asamblea Nacional Constituyente, y por lo tanto se viola los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en la Constitución (artículos 2, 3, 5, 63, 70, entre otros, de la Constitución).

La Sala Constitucional confunde gravemente, como lo hizo el Presidente de la República mediante Decreto Nro. 2.830 del 1° de mayo de 2017,  la iniciativa con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ambas desarrolladas en los artículos 347 y 348 de la Constitución[29].  El depositario del poder constituyente originario es el pueblo, jamás serán los poderes constituidos, quienes a lo sumo tienen un poder de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente; así pues, dichos poderes sólo pueden promover tal convocatoria para que se consulte mediante un referendo al pueblo sobre si quiere o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

La decisión plantea el absurdo de que entonces todos los que como el Presidente tienen la iniciativa podrían ser convocantes, así, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral. El absurdo es entre otras cosas la fragilidad de una Constitución, si todos estos actores pueden con su sola voluntad convocar un proceso constituyente y aniquilar el Estado de Derecho y sus instituciones. Absurda además porque este argumento hecho a la medida presidencial choca con el poder de iniciativa que al 15% de los electores se otorga, caso en el cual la sentencia sin razonamiento alguno pero en vista de la absurdidad de la consecuencia que ello implicaría dice que no se aplica a ese supuesto.

Entrar en un proceso constituyente es una decisión que atañe a la esencia estructural del funcionamiento social, por eso es una decisión que sólo el cuerpo social puede tomar, y nunca los poderes constituidos que no son otra cosa que representantes de éste. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó en la sentencia objeto de análisis que ¨ no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX

En este sentido, en una interpretación integradora y unitaria de la figura de ¨revisión¨ de la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, exige tomar en cuenta la Exposición de Motivos de la Constitución, en la cual se establece de forma expresa, respecto al Título IX, Capítulo III de la Constitución,  que la Constitución: “… establece una serie de mecanismos a través de los cuales las posibilidades de modificación del texto constitucional sean factibles y accesibles, para evitar el divorcio entre la norma fundamental del sistema jurídico y la realidad social, política, cultural y económica”, de modo que ¨… en este Título se consagra expresamente la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional. ¨; en concordancia con la definición que hace la propia Exposición de Motivos sobre la organización jurídico-política que adopta la Nación de Venezuela como ¨… un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia¨, cual es la definición presente en el artículo 2 de la Constitución, y que implica que ¨Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por los principios democráticos y someterse a ellos¨[30].

De esta forma, la interpretación de la Asamblea Nacional Constituyente y del mecanismo o proceso de convocatoria debe estar sujeta a los principios fundamentales que establece la propia Constitución de 1999, referidos especialmente al ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano y la democracia. Así entonces, todas y cada una de las fases del proceso constituyente están obligatoriamente ceñidas a los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano y de su actuación como la democracia, el pluralismo político (artículo 2 de la Constitución); a los fines esenciales del Estado como lo es el ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3); al ejercicio de la soberanía, la cual reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por lo que los órganos del Estado están sometidos a dicha soberanía (artículo 5); al carácter democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables que debe tener el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y las demás entidades políticas que la componen (artículo 6);  al respeto de los derechos políticos de los venezolanos (artículo 40), incluyendo el de participación libre en los asuntos públicos (artículo 62), el sufragio, el cual se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas (artículo 63), y por supuesto, los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, entre los cuales, y en lo político, se encuentra las iniciativa constituyente (artículo 70 en concordancia con el artículo 348 de la Constitución), y el referendo popular consultivo ante el cual podrán ser sometidas las materias de especial trascendencia nacional (artículo 71), entre otros.

De acuerdo con lo anterior, la sentencia N°378 de la Sala Constitucional contradice flagrantemente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución (i) al negar el ejercicio de los medios de participación en los cuales se concretizan los derechos de los ciudadanos a ejercer su soberanía (a saber, las diversas formas de referendo popular, a la que se dedica una sección en particular de la Constitución que regula el referendo consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio); (ii) al prescindir de la primera fase del proceso constituyente sobre la convocatoria de referendo consultivo al pueblo venezolano en el que mediante votación libre, universal, secreta y directa sea determinada la aprobación o negación del inicio de una Asamblea Nacional Constituyente, el cual constituye una materia de especial trascendencia nacional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución; y además, (iii) al facultar al Presidente de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente,  otorgándole el poder constituyente, cuyo depositario originario es el pueblo de Venezuela (artículo 347 de la Constitución), y por lo tanto, la soberanía nacional, la cual ¨reside intransferiblemente en el pueblo¨.

 

b.      Consulta popular

i.          Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (art. 347)

La primera de estas fases es la más importante, siendo que es derivación inmediata de los principios de soberanía y democracia[31] la consulta obligatoria al pueblo de Venezuela sobre si quiere o no que se inicie un proceso constituyente -¿Quiere usted modificar sustancialmente la Constitución? ¿Sí o no?-, es decir, el pueblo es el único que puede, mediante referendo como ejercicio directo de la soberanía[32], tomar la decisión trascendental en el momento en que las razones reales, históricas, objetivas, de transformar el Estado, así como de crear un nuevo ordenamiento jurídico y por supuesto, modificar sustancialmente el texto entero de la Constitución[33].

Mediante esta convocatoria el pueblo soberano es el único que puede determinar, a través de un consenso social mayoritario, la procedencia de los límites y los criterios que de ser aprobados regirán el proceso constituyente. En este sentido, no puede imponerse mediante los poderes constituidos el objeto sobre el cual procederá la Asamblea Nacional Constituyente, sino que sólo es el pueblo quien puede  establecer la misión que tendrá dicha Asamblea a lo largo de todo el proceso constituyente[34].

De otra parte es preciso destacar que además del evidente ejercicio de la soberanía de parte del pueblo venezolano expresado a través de las votaciones sobre la aprobación o no de la convocatoria, la consulta obligatoria también es una expresión de control del pueblo venezolano. Ciertamente, se verifica un mecanismo de control del pueblo sobre el ejercicio del poder público en este caso en una de sus manifestaciones concretas: la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

El pueblo ejerce así un control sobre la justificación que se expresa como causante de dicha iniciativa. Es la expresión del pueblo la que verifica su rol como principal contralor del ejercicio de las facultades constitucionales que tienen los sujetos mencionados en el artículo 348 constitucional, incluso cuando el acto de iniciativa emana del porcentaje de electores inscritos en el registro civil y electoral, es el pueblo quien ha de verificar que los motivos que se alegan como causantes de la convocatoria verdaderamente están dirigidos a transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución y de ser así manifestar su acuerdo o desacuerdo, pues sólo su voluntad mayoritaria puede dar lugar a la apertura del procedimiento para el logro de este objetivo.

El texto constitucional ha sido enfático en cuanto a que la soberanía y, en consecuencia, el poder constituyente reside en el pueblo venezolano, de allí que la primera fase contemple a su vez dos etapas, la primera, la de iniciativa que puede nacer de los sujetos a los que se refiere el artículo 348 constitucional y la segunda que es la  de la convocatoria en sí, previa aprobación del pueblo soberano mediante un referendo consultivo[35].  

Que los artículos 347 y  348 de la Constitución no planteen una fase electoral previa para la convocatoria, no indica que ella no sea necesaria. Un análisis exegético del texto constitucional, donde obviamente deben tenerse presente también los artículos 5, 70 y 71 constitucionales,  lleva a la  participación del pueblo en la aprobación o no de la redacción de un nuevo texto constitucional, sobre todo cuando es expreso de la discusión constituyente que con esta norma, que prevé la convocatoria popular a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que se persiguió fue incorporar de forma expresa al texto constitucional, la norma constitucional que precisamente permitió en ausencia de norma en el texto de la Constitución de 1961, convocar el proceso constituyente del año 1998. O sea que se quiso expresamente prever que: al igual que se admitió para el caso de la Constitución de 1999, en el futuro el pueblo tendría también el derecho de convocar un proceso constituyente, por ser este la manifestación de  la soberanía popular. En este sentido, sólo al pueblo correspondería por el voto la decisión de hacerlo.  

Téngase en cuenta al respecto que la Constitución deja constancia de esta primera fase de convocatoria, y por tanto de que el pueblo es el único que puede ejercer el poder constituyente, al disponer que ¨En  nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder constituyente originario otorgado por éste mediante referendo aprobado democráticamente el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa…¨.

De lo anterior concluimos que la primera fase debe comprender:

a)      La formulación de la iniciativa por cualquiera de los cuatro legitimados para ello (Presidente, en Consejo de Ministros, Asamblea Nacional, Concejos Municipales, 15% de los electores inscritos en el registro electoral y civil);

b)      Consignación de la iniciativa, junto a las bases comiciales de la Constituyente[36] ante el Poder Electoral, en su órgano, el Consejo Nacional Electoral; y

c)      Convocatoria del referendo consultivo por el Consejo Nacional Electoral sobre la aceptación o no por el pueblo venezolano de la iniciación de un proceso constituyente y de las normas comiciales que lo regirán.

 

ii. Aprobación de las normas comiciales

Dentro de las distintas fases que gobiernan el proceso constituyente, según el bloque de la constitucionalidad, las bases comiciales, que son las normas que regirán tanto la elección como el proceso de conformación, misión y límites de la Asamblea Nacional Constituyente así como el proceso constituyente, deben ser aprobadas mediante referendo por el pueblo soberano y único depositario del Poder Constituyente. Estas no pueden ser las que deriven de la voluntad de una persona o grupo, ni pueden ser impuestas por el poder constituido sin usurpar la voluntad soberana del pueblo.

Al respecto conviene precisar el alcance y significado de la voz “pueblo” a que se refieren los artículos 5, 347, 350 y otros del texto Constitucional..  En este sentido debemos, en primer lugar tener presente la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de enero de 2003, mediante la cual, con base en la interpretación del artículo 350 de la Constitución en concordancia con el artículo 5 eiusdem, declaró que pueblo debe entenderse como  “el conjunto de personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades” en los cuales reside la soberanía de manera fraccionada, por lo que pueblo son “todos los individuos que componen la comunidad política general que sirve de condición existencial del Estado Nacional, siendo cada uno de ellos titular de una porción o alícuota de esta soberanía”. [37]

En completa contravención con esta definición de pueblo, y adoptando una que, como veremos, implica una discriminación entre simpatizantes y adversarios[38], el Presidente de la República decretó las bases comiciales para llevar a cabo la elección y conformación de una Asamblea Nacional Constituyente inconstitucionalmente “convocada”.

 

I.                   Comentarios sobre las bases comiciales decretadas por el Presidente de la República

 

1.       Consideraciones generales

 

En fecha 23 de mayo de 2017 fue publicado en Gaceta Oficial N° 41.156, el Decreto  N° 2.878 de la misma fecha (en lo sucesivo referido como las ¨Bases¨), mediante el cual el Presidente de la República ¨en su cualidad de convocante¨, dictó unilateralmente y sin consulta popular, las bases comiciales territoriales y sectoriales, sobre las cuales ¨se llevará a cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente¨, inconstitucionalmente convocada previamente por el mismo Presidente mediante Decreto N° 2.830 de fecha 1° de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.295 extraordinario de la misma fecha. 

 

Posteriormente, el 4 de junio del presente año fue publicado en Gaceta Oficial N°6.303 extraordinario, el Decreto N°. 2.889, mediante el cual el Presidente de la República ¨complementó¨ la ¨propuesta de bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente contenidas en el Decreto N° 2.878, de fecha 23 de mayo de 2017¨ y exhortó a que el proyecto de Constitución que se redacte en su seno sea sometido a referendo aprobatorio popular, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

De conformidad con lo establecido en las bases comiciales, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en el ámbito territorial y sectorial, ¨mediante el voto universal, directo y secreto¨, sin perjuicio de los integrantes de los pueblos indígenas que serán elegidos de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales. Los sectores a los que se refieren las Bases, según su punto PRIMERO, comprenden: 1) Trabajadores y Trabajadoras. 2) Campesinos y Campesinas y Pescadores y Pescadoras. 3) Los y las Estudiantes. 4) Personas con discapacidad. 5) Pueblos Indígenas. 6) Pensionados y Pensionadas. 7) Empresarios y Empresarias. 8) Comunas y Consejos Comunales.

 

Las bases comiciales disponen que la Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por trescientos sesenta y cuatro (364) miembros escogidos territorialmente; ocho (8) electos por los pueblos indígenas; y Constituyentes Sectoriales cuyo número se obtendrá del cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular las y los Constituyentes Territoriales, esto es una o un (1) Constituyente Sectorial por cada ochenta y tres mil (83.000) electores del registro electoral sectorial. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una conformación unicameral y sólo se elegirán representantes principales (punto SEGUNDO de las Bases).

 

Las bases comiciales también determinan, en su punto QUINTO, la utilización, por parte del Consejo Nacional Electoral, de registros de los sectores de las instituciones oficiales, gremios y asociaciones, debidamente establecidos, con el fin de agrupar dichos registros por áreas de similar condición y distribuirlos según la base poblacional establecida en el punto TERCERO.

 

Asimismo, disponen las bases comiciales que ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial y que la postulación de los candidatos sólo podrá presentarse: (i) por iniciativa propia, si cuenta con el respaldo del 3% de los electores inscritos en el Registro Electoral de los municipios para la elección de los Constituyentes Territoriales;  (ii) Por iniciativa de grupos de electores y (iii) Por iniciativa de los sectores mencionados, si reciben el respaldo del Registro del sector al que pertenece (puntos SEXTO y SÉPTIMO de las Bases).

 

Por último, para ser postulado como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, las bases comiciales establecen los siguientes requisitos:

 

1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento, sin otra nacionalidad.

2. Mayor de dieciocho (18) años de edad, a la fecha de la elección.

3. Haber residido cinco (5) años en la entidad correspondiente.

4. Estar inscrito o inscrita en el Registro Electoral.

5. En el ámbito sectorial, presentar la constancia del postulado como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, de que pertenece al sector postulante, y las demás que se establezcan en la normativa que se dicte al efecto.

 

Las bases comiciales son inconstitucionales por cuanto violan los artículos 5, 39, 42, 62, 63, 64, 67, 70 y 347 de la Constitución al usurpar la soberanía del pueblo, como único titular del poder constituyente y desconocer la voluntad popular a través de la imposición de un proceso constituyente y de las bases comiciales, limitando ilegítimamente el derecho de participación ciudadana en el ejercicio de su soberanía al regular quiénes pueden postularse al cargo de constituyente, determinar elecciones por sectores, excluir de los electores a los venezolanos por naturalización, por violar también el derecho al sufragio libre, universal y secreto, y el principio de representación proporcional.

 

2.      Inconstitucionalidad por usurpación de poderes del pueblo Soberano.

 

Como punto previo es preciso señalar que las bases comiciales son inconstitucionales por cuanto usurpan la soberanía del pueblo establecida en el artículo 5 de la Constitución, así como el poder constituyente originario del pueblo (artículo 347 de la Constitución), al imponer las condiciones de elección de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente -convocada inconstitucionalmente-, sin haber consultado previamente  la voluntad del pueblo, único depositario del poder constituyente y por tanto, único competente para otorgarle a la Asamblea el mandato de representarla, ordenar su misión y establecer los límites dentro de los cuales debe desempeñarla.

Las bases comiciales son inconstitucionales desde que sólo podrían determinarse las normas comiciales y por ende convocarse a referendo electivo de los constituyentes, si en primer lugar, de una convocatoria previa de referendo consultivo, el pueblo, en ejercicio directo de su soberanía, determinara su  voluntad de  cambiar el texto de la Constitución y construir un orden político y social nuevo, mediante la aprobación de la iniciación de un proceso constituyente; y en segundo lugar, si de una consulta popular se aprobaran las normas comiciales por la mayoría del pueblo soberano de Venezuela.

 Es decir, sólo luego de haber sido aprobada la convocatoria y las bases comiciales por la mayoría del pueblo venezolano es que se daría lugar a la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes serían los encargados de la elaboración, redacción y discusión del nuevo texto constitucional.

Así entonces, las bases comiciales están contaminadas de los mismos vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen a los Decretos Nro. 2.830 y No. 2.831, en tanto que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente no ha sido legitimada por la voluntad popular, es decir, por el pueblo como único detentador de la soberanía nacional, y única entidad competente para hacerlo según lo dispone el artículo 347 de la Constitución. En este sentido, no puede el Presidente de la República continuar el proceso constituyente mediante la presentación al Consejo Nacional Electoral de unas bases comiciales para  la elección de los miembros de la Asamblea Nacional constituyente, cuando el proceso como tal no ha sido iniciado por el pueblo quien es además el único competente para dictarlas.

 

Asimismo, debemos señalar que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para convocar elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto su convocatoria no ha sido aprobada por el pueblo soberano a través de un referendo consultivo y,  de iniciar un proceso electoral para escoger a los constituyentes, violaría los artículos 292 y siguientes de la Constitución, en concordancia con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.

 

3.      Inconstitucionalidad por la limitación del derecho de participación ciudadana

 

El Presidente de la República, al decretar las bases comiciales sin la aprobación mediante referendo consultivo del pueblo como único soberano y titular del poder constituyente originario, está violando flagrantemente la Constitución, pues como se ha explicado junto a la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente deben someterse a la aprobación popular, mediante referendo consultivo establecido como forma de participación política en ejercicio directo de la soberanía del pueblo, las bases comiciales que regirían la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, así como el tiempo de duración de la misma, con el objeto de respetar la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 63, 64, 70, 71 de la Constitución, y por lo tanto, de no vulnerar o negar el derecho de participación política de todos los venezolanos.

 

Entonces, al presentar el Presidente de la República las bases comiciales para que el Consejo Nacional Electoral proceda a convocar las elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional, sin la previa aprobación de la voluntad del pueblo, está usurpando el poder constituyente en la aprobación de los mecanismos de participación para la elección de los constituyentes, y además está limitando de forma ilegítima el derecho constitucional de participación ciudadana de los venezolanos, dispuesto en el artículo 70 de la Constitución.

 

 4.      Inconstitucionalidad por condicionamiento de la selección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Igualmente las bases comiciales son inconstitucionales toda vez que establecen la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente ¨Originaria¨ en los ámbitos sectoriales y territoriales, violando en consecuencia lo dispuesto en el artículo 63 constitucional, en el cual se establece de forma literal que el sufragio, como derecho de participación política, se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. En efecto, el artículo 63 dispone que:

“Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.”

 

Las bases comiciales son inconstitucionales por cuanto determinan la integración de una Asamblea Nacional Constituyente a través votaciones sectoriales y territoriales, es decir, por sectores escogidos por el Presidente de la República, en completa contravención con lo dispuesto en el precitado artículo 63, que establece que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante la votación universal, la cual implica que cualquiera que detente la condición de elector puede elegir y ser elegido, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. A tal efecto, el propio texto constitucional determina en el artículo 64 quienes son los electores que están facultados para participar en sufragios de forma activa:

 

“Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.”

 

Las votaciones sectoriales y territoriales por las que se pretende que los miembros de la írrita Asamblea Nacional Constituyente sean elegidos, según lo disponen las Bases, por sectores escogidos por el Presidente de la República, no se corresponden de ninguna forma con las votaciones universales, según las cuales, cualquiera que detente la condición de elector (artículo 64 de la Constitución), puede elegir y ser elegido.

 

Al disponer estas bases comiciales que parte de los constituyentes deben ser electos entre sectores (Empresarios, campesinos y pescadores, personas con alguna discapacidad, estudiantes, trabajadores, comunas y consejos comunales, y pensionados), de modo que los electores no puedan postularse libremente sino a través de sectores, y que los electores sólo puedan escoger entre los postulados de los sectores, limitan de forma directa el derecho al sufragio universal y libre. Esta inconstitucional limitación a la participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, supone que los electores no tengan libertad de postulación y que los electores no tengan libertad de selección.

Por esta misma razón, las bases comiciales atentan directamente contra la igualdad del voto (artículo 64 en concordancia con los artículos 19 y 21 constitucional), puesto que favorecen el resultado de los votos de los electores ¨inscritos¨ en los determinados sectores, mientras que limitan el derecho al sufragio de los electores no relacionados a esos sectores, en pleno ejercicio de su derecho al pluralismo político. 

La Asamblea Nacional Constituyente, por ser un órgano representativo, distinto a los poderes constituidos, que se convoca y elige con la misión específica de elaborar y aprobar una Constitución, debe en su instalación, previa convocatoria del poder constituyente -el pueblo-, contar precisamente con la elección de sus integrantes por la vía del sufragio, a través de votaciones directas, universales y secretas.

Además, debemos resaltar que la universalidad del voto implica esencialmente la participación del pueblo como soberano en todos los electores considerados en su globalidad. Como hemos dicho previamente, el concepto de pueblo debe entenderse como “el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades” (sentencia N° 24  de 22 de enero de 2003 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). Ahora bien, siendo que “la soberanía reside de manera fraccionada en todos los individuos que componen la comunidad política general que sirve de condición existencial del Estado Nacional”, y no de forma exclusiva en el “conjunto de personas seguidoras del gobierno, con exclusión de quienes se le oponen”[39] (cual es básicamente la noción acogida por las bases comiciales), las bases comiciales, en el momento en que establecen una elección sectorial y territorial en la cual prevalece un enfoque limitado e interesado de pueblo[40], escinden el concepto del mismo, y por tanto divide la soberanía y el poder constituyente, en completa contravención de los artículos 5 y 347 de la Constitución.

En este sentido retiramos que el voto es universal únicamente si cualquier elector puede postularse y cualquier elector puede decidir, con base en los artículos 62 y siguientes de la Constitución.

 

5.      Inconstitucionalidad por violación del principio de la representación proporcional.

Las bases comiciales disponen una asignación de los constituyentes sobre una base que no se corresponde con la población nacional del Estado venezolano si no sobre la base territorial de cada municipio según lo dispuesto en el punto TERCERO del Decreto, de forma que vulneran el principio de  la prevalencia de la mayoría sobre la minoría y el principio de representación proporcional.

En efecto, dispone el mencionado punto TERCERO la elección territorial de constituyentes de la siguiente forma:

TERCERO.- En el ámbito territorial se producirá la elección de trescientos sesenta y cuatro (364) Constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente, conforme a la siguiente distribución: un o una (1) Constituyente por cada Municipio del País que será electo o electa de forma nominal de acuerdo al principio de representación mayoritario, y dos (2) Constituyentes en los Municipios Capitales, que serán electos o electas mediante la modalidad lista, de acuerdo al principio de representación proporcional. En el Municipio Libertador de Caracas, Capital de la República Bolivariana de Venezuela y el asiento de los órganos del Poder Nacional, se escogerán siete (7) Constituyentes mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional.

 

Esta norma viola el principio de la representación proporcional que debe estar garantizado por la ley en el ejercicio constitucional del derecho al sufragio, establecido expresamente en el artículo 63 de la Constitución, del siguiente modo: ¨… La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional¨, en tanto implicarían que en Estados mucho más poblados se elijan igual o menos Constituyentes que en otros con mucha menos población, violando además el principio democrático un ciudadano un voto, el cual garantiza la igualdad del poder de cada voto para conformar una representación efectiva.

En efecto, de la doctrina ideada por Sieyés en su famoso y valioso estudio sobre el Tercer Estado, se desprende el imperativo del principio según el cual los votos deben ser considerados por cabezas y no por órdenes o grupos de personas. Este principio “un ciudadano un voto”, parte de considerar que cada ciudadano que conforma el pueblo, y por lo tanto la nación, es titular de una fracción por igual de la soberanía -del poder- de la misma y por ende el voto de cada uno de ellos debe tener el mismo peso o la misma fuerza en todas las decisiones trascendentales para el futuro de toda la Nación, incluyendo, por supuesto, la elección de cuerpos representativos. Este principio persigue entonces  el respeto de la mayor parte del pueblo en la toma de decisiones que atañen a toda la Nación. De este modo, es evidente que al no votar “por cabezas, se ignora la verdadera mayoría, lo que constituiría el mayor de los inconvenientes”,  toda vez que cualquier decisión que no comprenda la voluntad de la mayoría, sería “radicalmente nula”[41].

De este modo, al ser la Asamblea Nacional Constituyente el órgano constituido como representante del poder constituyente del pueblo en su conjunto, es decir, de la totalidad de los habitantes del territorio venezolano, los representantes que la integren deben ser elegidos, según la Constitución y la forma federal del Estado venezolano, mediante sufragio universal, directo y secreto, de carácter nacional. Solo de esta forma se respetaría el principio de prevalencia de la mayoría sobre la minoría en el nivel nacional, el principio un ciudadano un voto, y el principio de proporcionalidad, en los cuerpos representativos de las entidades políticas, de manera que los constituyentes de la Asamblea Nacional constituyente sean electos y efectivamente representen la totalidad de la población de todo el territorio venezolano.

6.      Inconstitucionalidad por exclusión de los partidos políticos  del régimen de postulaciones.

También son inconstitucionales las bases comiciales en tanto que violan lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución al excluir a los partidos políticos del régimen de postulaciones. Las bases comiciales establecen de forma exclusiva la iniciativa individual, la de los grupos de electores y los sectores como posibles postulantes, trasgrediendo el artículo 67 constitucional que confiere a todas las asociaciones con fines políticos el derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos. En efecto, el artículo 67 dispone lo siguiente:

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

El  condicionamiento al que someten las Bases, la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en los ámbitos territoriales y sectoriales, por el Presidente de la República ante el Consejo Nacional Electoral, viola flagrantemente los artículos 2, 3, 5, 63, 64, 70, 71 de la Constitución, obviando el derecho constitucional a unas votaciones libres, universales, directas y secretas.

  

7.      Inconstitucionalidad por discriminación y exclusión de los electores venezolanos por naturalización y con doble nacionalidad

Las bases comiciales son igualmente inconstitucionales por cuanto determinan en su punto SÉPTIMO que sólo podrán ser postulados como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente los venezolanos por nacimiento sin otra nacionalidad, excluyendo inconstitucionalmente a los venezolanos por naturalización y a los venezolanos que tengan más de una nacionalidad.

 La Constitución, en su artículo 39, es más que clara al disponer que todos los venezolanos, sin distinción alguna, ejercen la ciudadanía y en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos. El mencionado artículo determina únicamente tres excepciones por las cuales los venezolanos no detentan dichos derechos, estos son: 1.  Estar sujetos a inhabilitación política, 2. Estar sujetos a interdicción civil, y 3.No cumplir con las condiciones de edad previstas en la Constitución. En este sentido, dispone el artículo 42 eluden que el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

Asimismo, dispone la Constitución que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos (artículo 62), por lo que son electores todos los venezolanos, de nuevo, sin alguna distinción de única nacionalidad o por origen, que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política (artículo 64).

Las únicas excepciones que hace la Constitución de Venezuela sobre los requisitos para optar a ciertos cargos públicos están establecidos en el artículo 41, según el cual sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra personalidad podrán ejercer los cargos de Presidente de la República, Vicepresidente Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo, Ministros de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores y Alcaldes de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

Entonces, es evidente que las bases comiciales son inconstitucionales por cuanto discriminan a los venezolanos que no hayan nacido en Venezuela o que tengan más de una nacionalidad, aparte de la venezolana, para ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, en violación a lo dispuesto en los precitados artículos 39, 42, 62, y 64.

 

8.      Sobre el Decreto que complementa las bases comiciales

 

El Decreto que complementa las bases comiciales (Decreto N°. 2.889 del 04 de junio de 2017) y por el cual el Presidente de la República ¨exhorta¨ a que el proyecto de Constitución que se redacte en el seno de la ¨Asamblea Nacional Constituyente¨, sea sometido a referendo aprobatorio popular, ¨en los términos establecidos en el artículo 70 de la Constitución¨, es innecesario e inconstitucional, pues ello no depende de la voluntad presidencial ni de su exhortación, sino de la circunstancia de que la consulta popular para aprobar o improbar el proyecto de Constitución es mandato del texto fundamental al ser el pueblo soberano el único titular del poder constituyente.

 

 La aprobación mediante referendo aprobatorio del Proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente es un derecho inherente al poder constituyente que sólo puede ser ejercido por el pueblo soberano.  De esta forma fue plasmado en la Constitución de 1999, en cuyo Preámbulo expresamente se indica que ¨El pueblo de Venezuela (….) en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¨. Así pues, sólo el pueblo soberano de Venezuela como titular del poder constituyente puede aprobar y por tanto adoptar un nuevo texto constitucional.

  

9.      Contenido de la función constituyente

Es importante destacar que el exacto contenido de la función del Poder Constituyente se encuentra delimitado en el artículo 347 al definir su objeto en los siguientes términos: “…transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Se sigue de la norma que no es que el proceso constituyente da lugar a un régimen de facto que pueda por vías de hecho eliminar o destruir el ordenamiento vigente ni los poderes constituidos. Cualquier sustitución o modificación del orden existente ha de producirse con la aprobación de la nueva Constitución, y en caso de que dicha aprobatoria no proceda, porque el pueblo la rechace, continuará vigente el ordenamiento constitucional del 1999 y sus poderes constituidos en el ejercicio de sus funciones, que no ha de interrumpirse, salvo que una nueva Constitución aprobada por el pueblo lo ordene y en los términos en los cuales sus disposiciones transitorias lo regule.

 

ii)                  Fase 2

a. Elección de la Asamblea Nacional Constituyente

La otra fase del proceso constituyente, según se desprende de la Constitución de 1999 y del bloque de la constitucionalidad, consiste en una segunda votación con el fin de elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, encargados de la elaboración, redacción y discusión del nuevo texto constitucional. Las Asambleas Constituyentes son órganos representativos, distintos a los poderes constituidos, que se convocan y eligen con la misión específica de elaborar una Constitución. Es por ello que su instalación supone la previa decisión del pueblo, en este sentido, y se decide por la vía del sufragio, a través de un referendo[42] con votaciones directas, universales y secretas.

La universalidad del voto implica esencialmente la participación del pueblo como soberano en todos los electores considerados en su globalidad. En otras palabras, el voto es universal únicamente si cualquier elector puede postularse y cualquier elector puede decidir, con base en los artículos 62 y siguientes de la Constitución. En consecuencia, no puede concebirse una forma de elección distinta, menos aún alguna que represente una elección de segundo grado o sin participación de cualquier elector dentro de los límites del texto constitucional.

  

b.  Instalación y sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración del proyecto de Constitución

Luego de ser elegidos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, corresponde la instalación de este órgano -representación del poder constituyente- para luego dedicarse a deliberar, discutir y redactar de un proyecto de Constitución.

Los debates sobre el Proyecto de Constitución deben estar caracterizados por su reflexión, deben discutirse los artículos separadamente -uno por uno- no por bloques o capítulos, de manera que no se limite la intervención de los participantes.

Luego de la discusión de todos los artículos, en sesiones plenarias suficientemente públicas[43] para que la población tenga acceso al cuerpo del proyecto de Constitución y los debates  que lo propiciaron, el texto que conforme el proyecto formal de Constitución debe ser aprobado por mayoría en el seno de la propia Asamblea Nacional Constituyente, para luego ser consultada su aprobación por el pueblo de Venezuela.

 

iii)                Fase 3

a.      Consulta popular para aprobar el proyecto de Constitución

Por último, la tercera fase se realiza a través de una tercera votación, también universal, directa y secreta,  mediante la cual el pueblo venezolano decidirá si aprueba o desaprueba el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de validar el producto del proceso constituyente, que es el nuevo texto constitucional. Dicho de otra forma, se trata del mecanismo de consulta popular destinado a legitimar el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, sin el cual, dicho texto no tendrá validez ni podrá entrar en vigencia en el ordenamiento jurídico venezolano.

El texto definitivo que surja de parte de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente necesariamente debe ser aprobado por el pueblo venezolano. Así, si la enmienda en el artículo 341, numeral 3 de la Constitución, y la reforma en el artículo 344 establecen que el texto modificado debe ser sometido a referendo, más aún debe entenderse que la Asamblea Nacional Constituyente, por tratarse de la transformación del Estado, la creación de un nuevo ordenamiento jurídico y un nuevo texto constitucional, deba ser sometido obligatoriamente al referendo aprobatorio por parte del pueblo venezolano.

En efecto, así ha sido dispuesto por la propia Constitución al señalar expresamente que su texto solo entrará en vigencia, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo.

Nótese que en las tres fases del proceso constituyente hay participación del pueblo soberano a través de votaciones libres, directas, universales y secretas. Como quiera que el Consejo Nacional Electoral de conformidad con el artículo 293 numeral 5 de la Constitución es el encargado de la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos así como los referendos, le corresponde organizar y ejecutar el proceso de votaciones en cada una de las fases del proceso constituyente en las que participa el pueblo venezolano.

En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral, como ente rector del Poder Electoral y de acuerdo a lo ordenado por la Constitución, debe actuar basado en los principios de independencia orgánica, imparcialidad, en obsequio siempre de la participación ciudadana y en defensa de la voluntad del pueblo, que se expresa a través del voto. Contrariamente a lo ocurrido, ha debido el Consejo Nacional Electoral, para proteger y preservar la voluntad del pueblo, negar y rechazar el intento del Presidente de la República de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en usurpación de la soberanía popular.

 

 b.      Publicación y entrada en vigor de la nueva Constitución

Tal como lo establece la Disposición Final Única de la Constitución de 1999, la Constitución, luego de ser aprobado su texto por el poder constituyente originario, es decir, el pueblo, a través de referendo consultivo, entrará en vigor mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así pues, la mencionada Disposición final señala lo siguiente: ¨ Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo. Aprobada por el pueblo de Venezuela, mediante referendo constituyente, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueva, y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente en caracas, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Año 189° de la Independencia y 140° de la Federación¨.

  

3.      Poder constituyente

 

3.1  Concepto de poder constituyente

 

A los efectos de definir el poder constituyente[44] al cual alude la Constitución en el artículo 347[45], podemos citar la definición de Bodegón, -aceptada el 19 de enero de 1999 por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela- , según la cual, se trata de ¨la potestad de dictar la primera Constitución de un Estado¨ así como la de ¨cambiar la Constitución vigente dándole un sentido político sustancialmente diferente¨ (Bodegón, Carlos María, Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1969. Pág. 68; apud., sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 19-1-99. Caso: Recurso de interpretación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Expediente 15.395). 

 

Para Bidegain el  poder constituyente originario comprende no sólo la potestad de dictar la primera Constitución, sino también la facultad de cambiar la Constitución vigente, siempre y cuando la modificación o cambio implique la puesta en vigor de un sentido político sustancialmente diferente.  Cuando la modificación que se desea introducir a las normas supremas del ordenamiento no apareja un cambio sustancial del texto vigente no será necesario convocar al poder constituyente originario, sino que lo prudente será arbitrar tal modificación por intermedio de los poderes constituidos y a través de los mecanismos que la propia Constitución contempla.

 

Pedro de Vega define el poder constituyente como el poder absoluto, total, ilimitado, originario y soberano mediante el cual el pueblo hace valer su suprema voluntad de establecer una ley superior, es decir, la Constitución[46].  El poder constituyente también ha sido definido por Linares Quintana, como la ¨facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una Constitución, y a revisar ésta, total o parcialmente, cuando sea necesario¨[47]. Para Carl Schmit,  poder constituyente es «la voluntad política, cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política». 

 

Por su parte, Caballero Sierra y Anzola Gil han definido el poder constituyente como ¨el ejercicio o indirecto de la competencia del pueblo para determinar el contenido y la proporción de la Constitución¨, contraponiéndolo al poder constituido, el cual es ¨la competencia del pueblo, o de un órgano estadal, para ejercer determinadas funciones constitucionales, entre las cuales se pueden encontrar la de modificar o remplazar la Constitución siempre dentro de las pautas previstas en la misma¨[48].

 

En definitiva, el poder constituyente alude a la potestad pública primaria de naturaleza normativa, y se trata entonces de la facultad de dictar las normas jurídicas supremas o de mayor rango, que regirán las principales instituciones del ordenamiento y a través de las cuales –tal como lo ha señalado Pedro De Vega-  «se pretende controlar y limitar en nombre de la voluntad soberana del pueblo, la voluntad no soberana del gobernante»[49] .

 

3.2  Titularidad del poder constituyente

 

El poder constituyente originario, tal y como se desprende del precitado artículo 347 de la Constitución, corresponde únicamente al pueblo soberano.  En este sentido, el  titular del poder constituyente originario se determina atendiendo al sujeto o al grupo de sujetos en quien descansa la soberanía, pues el titular de la soberanía lo es también del Poder Constituyente Originario.  Como lo sostiene Xifra, en la cultura occidental es casi unánime la creencia democrática, según la cual el poder constituyente pertenece de modo plenario a la comunidad nacional.

 

Sin embargo, no siempre se ha admitido en forma pacífica que la titularidad de la soberanía y, por ende, del poder constituyente originario descanse en el pueblo. Nassar Domínguez recuerda que dentro de la doctrina medieval el poder soberano fue entendido de forma  sobrenatural, extraño a lo jurídico, y por tanto referido a Dios como supremo creador de todas las cosas.  De allí se pasó a su asignación al Monarca, aun cuando dándole una derivación de Derecho divino, y luego, por la acción de los movimientos revolucionarios y teorías al respecto –en las cuales contribuyeron  notablemente las concepciones de soberanía popular formuladas por Emmanuel Sieyés- se le atribuyó al pueblo o nación[50].

 

En efecto, el poder constituyente como lo conocemos hoy es un concepto que en la edad media era inconcebible. Según la concepción medieval, ¨sólo Dios tiene la potestad y todo poder es delegado por El al soberano, por tanto todo poder viene de Dios, quien se manifiesta a través de los retes, y son estos los únicos llamados a tener el poder constituyente¨, en este sentido, la constitución era entendida como un acto de mera voluntad de los monarcas, y toda ley dictada por ellos mismos era buena porque se derivaba de la voluntad de Dios, por lo que era justa y apropiada[51]. Fue  a finales del siglo XVIII que, con motivo de la Declaración de los Derechos del hombre, la Independencia de Estados Unidos (1776), y la Revolución francesa (1789), se superó el concepto de Dios como poder constituyente actuando por medio del monarca y se adoptó la concepción de la Nación como nuevo sujeto del poder constituyente.

 

En este sentido, el poder constituyente comenzó a conformarse como un principio político según el cual el pueblo tiene el derecho natural de ser libre y soberano, y por lo tanto este derecho viene a ser un aspecto de la soberanía del Estado, es decir, una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado[52].

 

Esa creencia inspiró el constitucionalismo venezolano, pues desde antaño se reconoce que ¨la soberanía reside en el pueblo¨[53]. Así pues, actualmente la Constitución en su artículo 5 determina que ¨La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos¨.

  

3.3  Características del poder constituyente

 

i) Es ilimitado

El Poder Constituyente tiene carácter ilimitado, de manera que no tiene restricciones en su actuación. Se sostiene en tal sentido que ni siquiera la Constitución previa puede disponer límites al poder soberano del pueblo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de dictar nuevas normas fundamentales destinadas a promover cambios políticos sustanciales.

Así entonces, ¨el poder constituyente es una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado, y el pueblo, cuando se constituye en poder constituyente no se encuentra vinculado a ninguna norma constitucional anterior, su única vinculación la tiene el hecho de ser pueblo libre y soberano, y, por eso, es un derecho perpetuo que sigue subsistiendo después de ser creada la constitución¨[54]

Este carácter fue reconocido en el artículo 28 de la Constitución Francesa de 1793, en los siguientes términos:

«Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución.  Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras»[55].

Es preciso señalar a pesar de ello, que ha sido admitido también por la doctrina que la falta de límites del poder constituyente no es total[56]. Sin embargo, es preciso también aclarar que con ello se ha pretendido limitar, no el poder constituyente si no el órgano de representación de dicho poder constituyente, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente.  

De acuerdo con lo anterior, no debe confundirse el Poder Constituyente, que como hemos dicho es de carácter ilimitado,  con la forma como él es encauzado, es decir la Asamblea Nacional Constituyente, cuya actuación sí está limitada por una serie de valores, principios y normas para su legítimo funcionamiento.[57]

De esta forma, la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente no puede, por ejemplo, amparar en ningún momento la inclusión en el texto Constitucional que redacta de normas lesivas, de cualquier manera, a los derechos fundamentales del hombre, a su integridad física,  a su libertad, facultad de procurarse los medios de vida, al matrimonio, a la libertad de culto, y a participar en el bien común del Estado, unas veces como gobernante y otras como gobernado[58]. En este sentido, ¨por encima del plano del derecho positivo, -anota Quintana- toda comunidad política, al ejercitar tan esencial facultad soberana, está naturalmente constreñida a respetar ciertos valores naturales y absolutos -como la libertad y la dignidad del hombre, la justicia, etc.-, que están por encima del constituyente y del legislador, como que emana del Supremo Constituyente¨[59].

  

ii) Es originario

El carácter “originario” del Poder Constituyente  del pueblo  se concreta en que él es la fuente de las restantes potestades públicas, y no tiene otro origen que el que deriva de los hechos y del principio de autodeterminación de los pueblos; es decir, el poder constituyente es originario porque es la primera manifestación de la soberanía del Estado, ¨para darle nacimiento y personalidad, y para crearle sus órganos de expresión necesarias y continua¨[60], por lo que ¨da origen al orden jurídico¨[61].  Se trata pues, en términos de Schmitt, de un poder en el cual ¨descansan todas las facultades y competencias constituidas y acomodadas a la Constitución¨, y en este sentido, dicho poder no puede constituirse nunca con arreglo a la Constitución¨[62].

No hace falta, por lo tanto, regulación normativa previa que reconozca la existencia del poder constituyente en manos del pueblo, pues -se insiste- dicho poder  tiene fuente en sí mismo, y no en declaraciones de Poderes Constituidos que, por tales, le resultan subalternos. La Sala Político-Administrativa del Supremo Tribunal, haciendo suyas las enseñanzas de la mejor doctrina subrayó el carácter “originario” del Poder Constituyente que corresponde a la soberanía popular. En este sentido, sostuvo que el poder constituyente originario ¨se entiende como potestad primigenia de la comunidad política para darse una organización jurídica y constitucional [...] la idea del Poder Constituyente presupone la vida nacional como unidad de existencia y de decisión. [...]¨, por lo tanto:

¨...el hecho de estar enmarcado históricamente el Poder Constituyente en la normativa constitucional, no basta para entenderlo subrogado permanentemente al Poder Constituido.

Pretender lo contrario, o sea,  que las facultades absolutas e ilimitadas que en un sistema democrático corresponden por definición a la soberanía popular puedan ser definitivamente abdicadas en los órganos representativos constituidos equivaldría, en palabras de BERLIA:

‘que los elegidos dejan de ser los representantes de la nación soberana para convertirse en los representantes soberanos de la nación’ [...]

Al respecto,  el mismo DE VEGA afirma:

‘De esta forma, la subsunción del poder constituyente en el ámbito de la normativa constitucional, para lo único que terminará sirviendo será, como pretendía Frochot en su célebre discurso ‘para garantizar la Constitución contra las ambiciones de sus representantes o delegados’,  sino para sustraer al pueblo el ejercicio real de su soberanía y asegurar, constitucional  y legalmente frente al mismo, el poder ilimitado de sus mandatarios [...]’.”

 En definitiva, el poder constituyente que corresponde a la soberanía popular es originario, de modo que no hace falta disposición constitucional alguna que reconozca su existencia, antes bien, él mismo constituye su propia razón y fundamento.  A esta misma conclusión había llegado varios años antes la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, al resolver los conflictos suscitados con motivo de las reformas constitucionales efectuadas en 1957  y en 1990, las cuales se realizaron a través de mecanismos –plebiscito popular y Asamblea Nacional Constituyente- que no se encontraban previstos en las Constituciones precedentes. 

En este sentido, el procedimiento empleado en Colombia para la reforma plebiscitaria de 1957, no obstante apartarse de las previsiones constitucionales en materia de reformas,  fue avalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 28 de junio de 1957, al sostener:

“Cuando la nación, en ejercicio de su poder soberano e inalienable decide pronunciarse sobre el estatuto constitucional que habrá de regir sus destinos, no está ni puede estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión.  El acto constituyente primario... escapa a cualquier delimitación establecida por el orden jurídico anterior, y por ende, se sustrae también a todo tipo de juicio que pretenda compararlo con los preceptos de ese orden.

La nación constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar sino por la misma fuerza y efectividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política fundamental.

Cuando se apela a la nación y esta, en efecto, hace sentir su voz para constituir o reconstituir dicha estructura, adopta una posición de carácter político, que por serlo, es inapelable y no susceptible de revisión jurídica.  Aun en el caso de posibles violaciones del orden precedente por parte de quienes hubieren convocado al constituyente originario, la manifestación de este hace inútil e improcedente todo posterior pronunciamiento jurisdiccional en torno a la validez de la convocatoria”.

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia Colombiana, en sentencia del 9 de octubre de 1990 -al resolver la demanda de nulidad incoada contra el decreto 1926 del 24 de agosto de 1990, dictado por el Presidente de la República de Colombia, a través del cual se procedió a realizar una consulta popular para permitirle a los ciudadanos la posibilidad de “convocar e integrar una asamblea constitucional”- sostuvo:

“Según principio generalmente aceptado en el derecho constitucional, tres son los elementos que configuran un Estado: El territorio o «país»,  el pueblo que lo habita o «nación» y el orden jurídico que lo organiza (...).

Así, pues, la nación o sea el pueblo que habita nuestro país, es el constituyente primario del cual emanan los poderes constituidos o derivados.  (...)

Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una Constitución distinta a la vigente hasta entonces, sin sujetarse a los requisitos que esta consagraba. (...)”

Finalmente, por sentencia de fecha 1 de octubre de 1992, la Corte Constitucional de la República Colombiana, con ocasión de una demanda ejercida contra varias disposiciones de la nueva Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, expresó lo siguiente:

“La teoría constitucional distingue, pues, entre poder constituyente o primario y poder constituido o derivado o secundario.

El poder constituyente es el pueblo, el cual posee per se  un poder soberano, absoluto, ilimitado, permanente, sin límites y sin control jurisdiccional, pues sus actos son político-fundacionales y no jurídicos, y cuya validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad.  Casi siempre su manifestación va acompañada de una ruptura del orden jurídico anterior.

El poder del pueblo es anterior al derecho, fuente del derecho, esencia del derecho e, igualmente, modificatorio de todo el derecho, inclusive el derecho constitucional (...) ¨.

 

iii) Es autónomo

 

La autonomía del Poder Constituyente Originario alude a la posibilidad de ejercitarlo indefinidamente, aun cuando ya se hubiere dictado un texto constitucional a través de los mecanismos de manifestación de tal poder, e incluso cuando -a través del texto constitucional previo- se hubiere delegado en los Poderes Constituidos, creados de conformidad a ese mismo ordenamiento, el ejercicio limitado de la función constituyente.  No se admite entonces hoy lo afirmado por un sector de la doctrina[63] en el sentido que  al aprobarse y promulgarse la primera Constitución, el Poder Constituyente Originario desaparece como tal y la soberanía queda en la Constitución.  Antes bien, se propugna que el pueblo no se desprende de la titularidad del Poder Constituyente, sino que a lo sumo, en ocasiones llega a transferir su ejercicio  -en forma limitada y derivada-  a favor de los Poderes Constituidos, reteniendo la titularidad del mismo y, por tanto, como ha expresado Sieyés, el mismo pueblo «al conservar en sus manos el Poder Constituyente, no queda obligado –en el ejercicio de su función constituyente- por la Constitución: ésta podrá obligar a las autoridades constituidas, pero no puede encadenar al soberano mismo, o sea al pueblo, que siempre es dueño de cambiarla»[64]. En el mismo sentido, Schmitt  sostiene que «Así como una disposición orgánica no agota el poder organizador que contiene autoridad y poder de organización, así tampoco puede la emisión de una Constitución agotar, absorber y consumir el Poder Constituyente.  Una vez ejercitado,  no por ello se encuentra acabado y desaparecido el Poder Constituyente.  La decisión política implicada en la Constitución no puede obrar contra su sujeto, ni destruir su existencia política. Al lado y por encima de la Constitución, sigue subsistiendo esa voluntad»[65].

 

El referido carácter (autonomía) del Poder Constituyente  también fue reconocido por el la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en el citado fallo del 19 de enero de 1999, al sostener, partiendo del análisis del artículo 4 de la Constitución, que [“La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público”] que, indudablemente, «quien posee un poder y puede ejercerlo delegándolo, con ello no agota su potestad, sobre todo cuando la misma es originaria (...)». 

 

 

3.4  Modos de manifestación del Poder Constituyente

La actividad constituyente originaria se manifiesta a través de mecanismos jurídicos que hacen reconocible la inmediata voluntad popular dirigida hacia la adopción de una decisión sobre el modo y la forma de existencia de la unidad política (Schmitt). Esos mecanismos o procedimientos que sirven de manifestación a la actividad constituyente originaria, surgen en forma espontánea cada vez que aparece la necesidad de incorporar cambios sustanciales a los principios políticos fundamentales sobre los cuales se erige el régimen estatal. No es necesario, por tanto, que tales mecanismos  se encuentren previstos en textos normativos,  máxime si se tiene en cuenta las consecuencias que derivan del carácter soberano, ilimitado y originario de la función constituyente originaria.

Las experiencias del Derecho Constitucional Comparado han permitido a la doctrina (Schmitt) elaborar un catálogo –cuyo carácter enunciativo deriva de la misma naturaleza del asunto estudiado- de mecanismos a través de los cuales el pueble expresa su voluntad constituyente. En este sentido, el pueblo puede manifestar su Poder Constituyente Originario, mediante:

i) Aclamación

La aclamación es un mecanismo de democracia directa propio de las sociedades  democráticas primitivas, en las cuales la voluntad constituyente era manifestada por el pueblo en multitud reunida.  Por la dificultad de su implementación en los Estados complejos,  esta figura ha desaparecido de las modernas experiencias.

ii) Convenciones Constituyentes

Las Convenciones Constituyentes son órganos representativos, comisionados para preparar un proyecto de constitución, cuya aprobación debe someterse a ratificación del pueblo. Esta modalidad supone entonces dos pasos de participación popular, por una parte, la elección de la Convención Constituyente; y en segundo lugar, la aprobación o ratificación del texto elaborado por dicha Convención. 

De acuerdo a las enseñanzas de Duverger, este mecanismo responde más a la teoría rousseauniana de mandato representación fraccionada y mandato imperativo, de mayores  bases democráticas  que la anterior, y en cuyo mérito se asegura a los electores contar con un mecanismo de sanción o control de las actuaciones cumplidas por sus representantes. Ese mecanismo de control sería, en el caso de las Convenciones Constituyentes, la posibilidad de ratificar o improbar el texto elaborado por la Convención.  En este punto, debemos señalar que aun cuando el  proceso constituyente que se adelanta en Venezuela ha sido denominado formalmente “Asamblea Nacional Constituyente”, se trata en realidad de una “Convención Constituyente”. En efecto, según lo expuesto con anterioridad, mientras la Constitución adoptada por Asamblea Nacional Constituyente entra en vigencia sin necesidad de aprobación popular, ello no ocurre así en los casos de Convenciones Constituyentes, pues estos organismos solo preparan un proyecto de texto constitucional, el cual entra en vigencia después de ser ratificado  por el pueblo en vía de referendo.  Este último es, precisamente, el modelo planteado en Venezuela, y así se evidencia de lo previsto en el artículo 9 de las bases comiciales para el referendo consultivo sobre la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.669 del 25 de marzo de 1999), cuyo contenido, textualmente, es el siguiente:

«Noveno: la Constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente será sometida a referendo dentro de los treinta (30) días continuos a su sanción. La Constitución quedará definitivamente aprobada si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos».

Nótese que de acuerdo con la norma transcrita, la denominada “Asamblea Nacional Constituyente” se limitará a elaborar un proyecto de constitución, que será posteriormente sometido a la aprobación de un referendo popular.   Por lo tanto, no obstante su expresada denominación, el referido organismo se tratará en verdad de una  Convención Constituyente y no de una Asamblea Nacional Constituyente.

 

iii) Plebiscito constituyente.

A través de un mecanismo de consulta popular destinado a legitimar un proyecto de constitución elaborado por algún órgano constituido. Para la legitimidad  de este método se exige modernamente que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado, qué votan afirmativamente y qué votan negativamente; así como el cumplimiento de un quórum mínimo de validez. Fue este el mecanismo utilizado para la reforma Constitucional colombiana de 1957.

iv) Asambleas constituyentes

Este mecanismo, como modo de manifestación del poder constituyente, lo abordaremos a continuación.

4.      Asamblea Nacional Constituyente

 

4.1  Concepto de Asamblea Nacional Constituyente

El mecanismo más complejo de modificación de la Constitución es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es la representación del poder constituyente, que tiene como fin redactar un proyecto de Constitución, dirigido a crear un nuevo ordenamiento jurídico y transformar el Estado (artículo 347).

Las asambleas constituyentes son órganos representativos, distintos a los poderes constituidos, que se convocan y eligen con la misión específica de elaborar una Constitución.  En principio, el producto de las asambleas  constituyentes tiene eficacia solo después de su ratificación por parte del pueblo.  Obviamente, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente supone la previa decisión del pueblo en este sentido, lo que se hace por la vía del sufragio, a través de un referendo.  

Como postulados actuales de este órgano de representación se sostiene que el conjunto de los diputados de la Asamblea representa al conjunto del pueblo, de manera que los representantes están ligados por un mandato preciso recibido de sus electores, puesto que los verdaderos mandantes son éstos y no la Asamblea. El pueblo, al tratarse del único depositario de la soberanía, y por tanto del poder constituyente, es el único con poder para dar instrucciones a sus representantes;  es decir, el pueblo no sólo le otorga a la Asamblea el mandato de representarla, sino que le ordena de forma precisa la misión y los límites como debe desempeñarla.  Así, los diputados no son libres en cuanto a sus actos y decisiones, y estos últimos sólo son legítimos en la medida en que se correspondan con las competencias asignadas por el poder constituyente.  

Por lo tanto, en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente, resultaría necesaria la organización de un nuevo proceso a los fines que el pueblo manifieste su conformidad con las decisiones tomadas por la Asamblea. De esta forma, la  implementación pura de este mecanismo -es decir, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pueda dictar normas de rango constitucional con efectos inmediatos, sin la previa aprobación del pueblo soberano-  atentaría contra los valores fundamentales de la sociedad y, en especial, violaría el derecho de los ciudadanos a la participación política, pues  supondría la abdicación de la soberanía popular a favor de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

4.2  Límites de la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente

Hemos dicho que el Poder Constituyente, cuando es ejercido por su titular originario que no es otro que el pueblo, reviste carácter ilimitado[66], de manera que, en principio, dejando a salvo la necesidad de respetar los valores naturales y absolutos, no tiene restricciones en su actuación. Sin embargo, el proceso constituyente, por medio del cual el Poder Constituyente es encauzado, y la Asamblea Nacional Constituyente, como representación de ese poder, deben estar necesariamente influidos e informados, de una parte, por los límites establecidos por el poder constituyente originario, es decir, por los que disponga el pueblo en ejercicio directo de su soberanía; y, de otra parte, por los principios fundamentales que establece la Constitución, referidos especialmente al ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano y la democracia. Así entonces, todas y cada una de las fases del proceso constituyente, así como todas las actuaciones que desempeñe la Asamblea Nacional Constituyente en el ejercicio de sus funciones, están obligatoriamente ceñidas a los siguientes principios:

4.2.1        Límites establecidos por el Poder Constituyente originario

 

Al ser la Asamblea Nacional Constituyente un producto de la soberanía popular en ejercicio del poder constituyente originario, ella está estrictamente sometida a los criterios y límites precisos que el pueblo soberano disponga al manifestar su voluntad mediante referendo consultivo. Entonces, la soberanía popular, expresada como poder constituyente originario mediante referendo consultivo va determinar en primer lugar la misión y los límites de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo lo que sea decidido por la voluntad popular referido al proceso constituyente será de obligatorio cumplimiento y  de rango y validez superior. Esa validez superior quiere significar que los resultados que emerjan de la consulta popular efectuada tienen categoría supranacional por ser la manifestación más directa de la soberanía del pueblo[67].

Las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente estarán regidas en un primer término por las normas aprobadas por el pueblo soberano en el referendo consultivo. Estas normas fijan así el marco jurídico-político dentro del cual debe actuar dicha Asamblea, de modo que determinan cuál será la misión de la Asamblea Nacional Constituyente y los límites dentro de los cuales desempeñará esa misión, incluyendo el límite de temporalidad, es decir, el que define el tiempo en el que deberá estar constituida esta Asamblea Nacional Constituyente para la consecución de su objetivo.

Como ejemplo de lo anterior podemos referirnos a la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, en la cual el pueblo fue el que definió claramente la misión que ésta cumpliría, es decir: redactar una nueva Constitución, y a su vez estableció un parámetro de temporalidad de 6 meses para su funcionamiento. Determinado el objetivo para el cual fue creado la Asamblea Nacional Constituyente, además, se sujetó su actuación a las pautas de la voluntad popular dictadas en las bases comiciales[68], las cuales habían determinado claramente que dicha Asamblea debía preparar una nueva Constitución que correspondiera a los criterios de transformación del Estado que ha determinado la soberanía popular[69], ¨y a la par permitir el funcionamiento normal de los poderes constituidos, sin inmiscuirse en funciones que no le son propias al poder constituyente del pueblo –único soberano-, del cual esta Asamblea Nacional Constituyente era representante, por tanto sus poderes no eran ilimitados puesto que no es la Asamblea soberana, sino el pueblo que la designó¨[70].

En este sentido, expresa Brewer-Carías que ¨… si bien la Asamblea Nacional Constituyente no está sujeta a los Poderes constituidos, nunca puede estar por encima de la voluntad popular y de la soberanía del pueblo, a quien corresponde, se insiste, el Poder Constituyente Originario, al cual aquella no puede sustituir.¨.

 

 

4.2.2        Límites establecidos en el sistema jurídico vigente

Debido a que precisamente la Asamblea Nacional Constituyente no detenta un poder ilimitado o absoluto, como el que sí detenta el pueblo en ejercicio de su soberanía y del Poder Constituyente originario, ésta no puede modificar o suspender el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente no tiene la facultad de alterar o impedir la vigencia de la Constitución durante su funcionamiento, al no detentar el carácter de originario.

Así pues, ¨no es posible que la Asamblea Nacional Constituyente pueda disponer, durante su funcionamiento (…), la disolución del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, o de cualesquiera de los Poderes Constituidos que si bien no pueden limitar la actuación de la Asamblea, continúan rigiéndose por lo dispuesto en la Constitución (…) hasta tanto esta sea sustituida por la nueva Constitución¨. Ello nada más lo puede decidir la voluntad popular como poder constituyente originario, y actuar de forma contraria sería contradecir lo dispuesto por la voluntad popular, fuera de los límites supranacionales que deben guiar su actuación[71].

El límite que impone el ordenamiento jurídico vigente comprende ¨la total observancia a la Constitución vigente y el respeto por las instituciones y órganos previstos por esta norma…¨[72].

En este sentido se pronunció  la ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Hildegard Rondón de Sansó, mediante voto salvado en la sentencia 14 de octubre de 1999, de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, donde se decidió el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por Henrique Capriles Radonsky, en contra del acto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente del 25 de agosto de 1999, modificado por el Decreto de fecha 30 de agosto de 1999, mediante el cual se decretó la regulación de las funciones del Poder Legislativo Nacional, y en el cual se concluye que los actos de la Asamblea Nacional Constituyente no están sometidos a la Constitución, y en consecuencia, no cabe contra ellos recurso alguno de inconstitucionalidad. En la sentencia, la Profesora Rondón de Sansó  disintió expresando lo siguiente:

"La sentencia trata de ignorar que la función atribuida a la Asamblea Nacional Constituyente de reestructurar las bases del Estado, aludía al hecho de que tal reestructuración, debía realizarse mediante un proyecto de Constitución, debidamente aprobado mediante referéndum. Así, considera el fallo que, el hecho de que le hubiese sido otorgada a la Asamblea Nacional Constituyente la facultad de dictar un nuevo texto constitucional, abarcaba la potestad de modificar el orden jurídico, antes que el proyecto de nueva Constitución hubiese obtenido la aprobación popular exigida en la Base Novena.

No está presente en el fallo la premisa esencial del proceso constituyente en curso, que es la de la reelaboración de una nueva Constitución dentro de un régimen de iure. Es decir, que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra sometida a las reglas del Derecho existentes, fundamentalmente, a la Constitución y a las leyes de la República; pero asimismo, a toda la normativa vigente (bloque de legalidad), a la cual no puede modificar en forma alguna, sin que ello implique un desbordamiento de sus funciones, y algo aún más grave, la usurpación de autoridad.

(…)

En el caso planteado, al estar sometida la Asamblea Nacional Constituyente al Estado de Derecho, tiene que obedecer a las reglas que el mismo le impone, hasta tanto surja un nuevo orden jurídico. En la conformación de tal orden, ella opera como el instrumento para la elaboración y presentación al pueblo -que le ha dado el mandato para hacerlo- de un proyecto de Constitución, que sólo será válido y eficaz, una vez aprobado mediante referéndum, tal como lo prevé la antes citada Base Comicial Novena acogida por el cuerpo electoral el 25 de abril de este año.

(…)

ella está -ante todo- sujeta al sistema de la Constitución del ’61, al orden vigente y a las bases comiciales en la determinación de sus competencias. Es con respecto a la estructuración de las nuevas instituciones que se consoliden en el nuevo texto constitucional, que está desvinculada del texto vigente".

Así pues, la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente como órgano constituido no puede limitar, ni mucho menos ejercer, el poder constituyente originario que sólo y exclusivamente le corresponde al pueblo, por lo que debe concretarse al ejercicio de la misión que le ha sido encomendada por el pueblo soberano dentro de las normas y reglas que el derecho vigente le exija, en especial la Constitución. En este sentido, el bloque de la constitucionalidad y el bloque de la legalidad vigente en el momento en que esté dispuesto el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente por mandato del Poder Constituyente originario del pueblo soberano, será inalterable hasta que la nueva Constitución sea aprobada por el pueblo, y por lo tanto comprenderá un límite a las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

4.2.2.1 Principios constitucionales que rigen el proceso constituyente

Es precisamente la composición del proceso constituyente, deducido de la integridad del contenido de la Constitución, lo que nos permite definir y determinar los siguientes principios y límites constitucionales que rigen el proceso constituyente y por tanto, a la Asamblea Nacional Constituyente: 

 

i)                    El principio de la democracia y la soberanía popular (artículos 2 y 5 de la Constitución)

El Estado venezolano, tal como lo dispone el artículo 2 de la Constitución, es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano -y de su actuación-: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. 

La democracia, como calificador del Estado venezolano, es reconocida como el principio más fundamental de los principios generales, y, en su significación más general comprende la titularidad popular del poder.  Ello está estrictamente ligado con la definición que hace el artículo 5 constitucional que establece que ¨la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio¨.

Del artículo 2 se deriva el carácter democrático que debe regir al Estado venezolano en todos sus niveles, mientras que del artículo 5 eiusdem se desprende la categoría normativa de la soberanía popular. La principal consecuencia de dicho reconocimiento, es decir, de la titularidad de la soberanía en el pueblo, es la de atribuir también a éste el poder de gobierno. Es por ello que la doctrina ha admitido que democracia y soberanía son dos caras de la misma moneda, de modo que ¨Afirmar que el pueblo es el titular de la soberanía es adoptar la idea democrática¨.[73]

De acuerdo con lo anterior, la democracia, como principio jurídico inherente a la esencia misma del Estado constitucional, debe estar integrada en todos los niveles del mismo como fuente de validez. Sin embargo, para intervenir en el ordenamiento se requiere de una serie de conexiones que lo determinen en los distintos niveles o momentos en los que jurídicamente opera, para a su vez poder determinar qué efectos se despliegan por su aplicación[74]. En este sentido, la soberanía popular se erige en fundamento y esencia de la legitimidad democrática del poder, y exige que se garanticen y tutelen la participación efectiva de los ciudadanos y agrupaciones en  la actividad política.[75]

Así pues, dentro del proceso constituyente la democracia representa la participación de las tendencias e ideas políticas de toda la ciudadanía con el fin de converger en ¨una pluralidad común con vocación para establecer un franco régimen de convivencia democrática¨.[76]

El principio democrático implica en el proceso constituyente también, por ejemplo, que los preceptos constitucionales objeto del Proyecto de Constitución sean ampliamente conocidos, criticados, estudiados, analizados, examinados y discutidos, de modo que se evite cualquier imposición ideológica, partidista o personalista[77], y con el fin de procurar el consenso del texto fundamental, como máxima expresión de la voluntad general, propia de la legitimidad democrática, y por ende, de la soberanía popular.

De esa forma, el ejercicio de la soberanía popular es el único origen legítimo que puede tener el constitucionalismo democrático del Poder del Estado, siendo su máxima expresión, el ejercicio del poder constituyente por voluntad general de los ciudadanos, concretado en el artículo 347 de la Constitución. Entonces, para que el proceso constituyente esté dotado de legitimidad, desde un punto de vista político, debe estar sustentado -afirmado y afincado[78]- en la soberanía popular.

Ahora bien, para que dicha soberanía popular se manifieste y en efecto el proceso constituyente sea legítimo, es preciso tener en cuenta una serie de valores y derechos que conforman el principio democrático, y que son desarrollados a lo largo de la Constitución:

a.      Bases federales del Estado venezolano como principio de organización democrática (Preámbulo y artículo 4)

De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

Vale destacar que esta forma de estado federal, como principio de organización democrática de Venezuela, tal y como lo señala el precitado artículo 4 de la Constitución, contiene particularidades que no se corresponden, en la realidad, a la clásica concepción del Estado Federal, pero que sin embargo, conserva sus valores fundamentales. Así pues, el texto constitucional de 1999 organiza el Estado venezolano con forma federal mediante un sistema de distribución del Poder Público en tres niveles: Nacional, Estadal y Municipal, ¨atribuyendo su ejercicio a diversos órganos y asignando competencias exclusivas en los tres niveles, además de las competencias concurrentes entre ellos¨[79]

El Estado de Venezuela está compuesto entonces por entidades políticas territoriales típicas del Estado federal y descentralizado como lo son los Estados y Municipios (junto al Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales, artículo 16 de la Constitución), las cuales gozan de una autonomía territorial  que comprende:

i.                          Autonomía normativa (como la capacidad de dictar sus propias normas, dictar las leyes que regularán la comunidad en el ámbito territorial determinado);

ii.                        Autonomía tributaria (capacidad de crear impuestos y tener ingresos propios dentro del ámbito de las competencias propias de la ida local);

iii.                      Autonomía política (capacidad de elegir a sus propias autoridades, sin interferencia alguna de los poderes nacionales), y

iv.                      Autonomía administrativa (como la libre gestión de los asuntos propios de la entidad)[80].

 

b.      Ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3)

Como fin esencial del Estado, el artículo 3 de la Constitución establece, entre otros[81], el ejercicio democrático de la voluntad popular. De acuerdo con lo dispuesto en el precitado artículo 5 constitucional, la soberanía, y por ende, la voluntad popular, se ejerce de dos maneras según el régimen de democracia representativa y participativa:

i)                    El ejercicio de la soberanía por el pueblo de forma directa, según lo previsto en la Constitución y la ley.

ii)                  El ejercicio de la soberanía por el pueblo de forma indirecta,  mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público.

El artículo 70 de la Constitución determina, entre otros, los medios de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía. En lo que respecta al ámbito político[82], el artículo 70 enuncia los siguientes mecanismos:

a.       La elección de los cargos públicos;

b.      El referendo;

c.       La consulta popular,

d.      La revocatoria del mandato;

e.       Las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente;

f.       El cabildo abierto;

g.      La asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán vinculantes;

h.      Otros.

c.       Pluralismo político (artículo 2)

El artículo 2 de la Constitución, además de caracterizar el Estado venezolano como democrático, social, de derecho y de justicia, propugna como valores superiores de su ordenamiento, y de su actuación, entre otros[83], el pluralismo político.

El pluralismo político en el proceso constituyente implica, entre otras cosas, el derecho de la mayoría gobernar y el derecho de la minoría a no ser atropellada. De acuerdo con Humberto Njaim, la sociedad contemporánea se caracteriza por ser receptáculo de una variedad compleja de formas y modos diversos de vida cuyas fuentes pueden ser encontradas en factores filosóficos, políticos, económicos, sociales, culturales, geográficos y hasta internacionales[84]. De lo anterior se desprende la necesidad de las constituciones democráticas no sólo de consagrar esa diversidad, sino también valorarla como manifestación de libertad y otros derechos humanos, estableciéndola como principio destacado en las leyes fundamentales, y hasta como valor superior del Estado, como una de las características de su sistema de gobierno, como ocurre precisamente en la Constitución venezolana.[85]

d.       Carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado (artículo 6)

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así como las entidades políticas que las componen, están sujetos al principio de democracia, es decir, están condicionados  a lo que disponga la voluntad popular como titular del poder soberano.

Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución conforme al cual ¨los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos¨; y del artículo 6 euisdem que indica: ¨el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocable¨.

e.       Respeto a los derechos políticos (artículo 39)

El artículo 39 de la Constitución establece que los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil, y que cumplan con las condiciones de edad previstas en la Constitución, ejercen la ciudadanía y por lo tanto son titulares de derechos y deberes políticos.

f.       Participación libre en los asuntos públicos (artículo 62)

Los derechos políticos implican esencialmente la facultad que tienen los venezolanos de participar libremente en los asuntos públicos, bien sea de forma directa o por medio de sus representantes elegidos o elegidas (artículo 62 de la Constitución).

g.      Derecho al sufragio (artículo 63)

Asimismo, a la globalidad los venezolanos como pueblo se les reconocen el derecho al sufragio como manifestación de su soberanía. En este sentido, el artículo 63 de la Constitución determina que el sufragio se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.

 

ii)                  Principio legalidad (artículo 137)

Las actuaciones de los órganos constituidos deben adaptarse a los preceptos establecidos en la Constitución y las leyes. Así, de conformidad con el artículo 137 Constitucional, los órganos que ejercen el Poder Público, incluyendo al Presidente de la República, deben sujetar las actividades que realicen al contenido del texto constitucional y las leyes.

Por lo que se refiere al principio de la legalidad, hay tener en cuenta que se trata de una de las conquistas más grandes del constitucionalismo moderno: la aceptación de que todas las actuaciones de los órganos de los poderes públicos deben estar sometidos a derecho. Bloque de legalidad.  Respecto del tema Moles Caubet, señala que el “concepto de legalidad tiene función de principio, actuando por tanto como lo primero de cuanto le sigue. Así el principio representa un valor jerárquico respecto al conjunto de normas a las cuales da sentido. Por esto mismo el principio de legalidad es algo más que el enunciado contenido en una norma, el artículo 117 de la Constitución, pues consiste realmente en una contextura propia del Estado de Derecho, o sea aquel tipo de Estado cuya actuación ha de estar condicionada por el Derecho, del cual la Ley es una parte integrante”.

 

iii)                Principio de separación de poderes (artículo 136)

El ejercicio del Poder Público, incluso las facultades constitucionales dadas a los órganos constituidos, siempre debe estar enmarcando dentro del principio de separación de poderes, en tanto que conforme al artículo 136 Constitucional, segundo aparte, cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias.

Así, cuando algún órgano del Poder Público realice actuaciones tendentes a activar o continuar el proceso constituyente no puede obligar a otro órgano a que continúe con el ejercicio de dicha actividad si la misma no se encuentra ajustada a derecho conforme al principio de legalidad antes mencionado. Por el contrario, como en el ejercicio de sus competencias éstas son absolutamente independientes, deben ajustar a derecho tales actuaciones y están obligadas a no tramitar las solicitudes efectuadas por otro poder hasta tanto no se enmarque dentro de la Constitución.

La colaboración de los órganos entre sí para los fines del Estado, como lo puede ser la transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En efecto el segundo aparte del artículo136 establece que los órganos a los que les incumbe el ejercicio del Poder Público colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

 

iv)                Principio de progresividad de los derechos (artículo 19)

La Constitución establece, artículo 19, el principio de progresividad de los derechos, conforme al cual el Estado debe garantizar a toda persona y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

Nuestra Constitución prevé la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, mas no de manera simple, sino que debe garantizarlos conforme a la obligación constitucional no solo de establecer los mecanismos para su efectivo y real goce y disfrute, sino con el compromiso de que la actuación estatal no empeore, disminuya, ni constituya un retroceso o una desmejora en el contenido de los derechos humanos.[86]

En palabras de Brewer Carías: “establece así, en primer lugar, la garantía estatal de los derechos humanos, conforme al principio de la progresividad, lo que implica necesariamente que la interpretación de las normas correspondientes y cualquier revisión constitucional futura debe realizarse de manera más favorable al ejercicio y goce de los derechos y, además, conforme al principio de la no discriminación.”[87]

De manera que las modificaciones a la Constitución, a través del mecanismo de Asamblea Nacional Constituyente, no pueden, en virtud del principio de progresividad, disminuir y empeorar el contenido de los derechos humanos y las garantías para su efectivo goce y ejercicio (Criterio ratificado en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 22 de enero del año 2003, con ponencia del Magistrado Iván Rincón).

Así lo ha reconocido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual mediante Sentencia Nº 1709 del 7 de agosto de 2007 (caso Luis Américo Pérez y otros vs. artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal) al señalar que el principio de progresividad: “se concreta en el desarrollo consecutivo de la esencia de los derechos fundamentales, en tres aspectos fundamentales: ampliación de su número, desarrollo de su contenido y fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su protección. En este contexto surge la necesidad de que la creación, interpretación y aplicación de las diversas normas que componen el ordenamiento jurídico, se realice respetando el contenido de los derechos fundamentales.”

En suma, este principio se erige como limitante al ejercicio de las potestades de la Asamblea Nacional Constituyente, pues los derechos reconocidos al pueblo venezolano no pueden ser desmejorados en la redacción de un nuevo texto constitucional.

v)                  Principios y valores de nuestra historia republicana (artículo 350)

 

Los valores y principios de nuestra historia republicana están presentes en la enunciación del artículo 350 de la Constitución, que dispone lo siguiente:

 

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

 

Esta norma está contenida en el Capítulo III (De la Asamblea Nacional Constituyente) del Título IX (De la Reforma Constitucional), como un límite al Poder Constituyente.

Tal como lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 22 de enero del año 2003, en doctrina se han establecido límites generales al poder constituyente, como el respeto de los derechos fundamentales del hombre (Sieyés); al principio de la división de los poderes; a la idea de la democracia (Torres del Moral); a las condiciones existenciales del Estado, entre otros. Algunos de estos límites fueron incorporados dentro de las bases comiciales para el referendo consultivo del 25 de abril de 1999, concretamente la Base Octava, que a la letra señala:

 

“Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos”.

 

Así pues, al incorporar el Constituyente esta modalidad de revisión constitucional en la Constitución de 1999 estableció, en el artículo 350, último del Capítulo III, los límites al Poder Constituyente, los cuales siguen en lo fundamental lo contenido en la precitada Base Octava. Entonces, ¨El régimen constitucional resultante, así como la normativa legal o las autoridades públicas que se funden o deriven de dicho régimen, deben respetar la tradición republicana, la independencia, la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos¨[88].

 

Ahora bien, de acuerdo con la precitada sentencia del 22 de enero del 2003: ¨En lo que concierne a los términos “tradición republicana”, “independencia”, “paz” y “libertad”; éstos no requieren aclaración alguna, pues su sentido es inequívoco en la lengua castellana, además de que el propio Constituyente lo ha plasmado tanto en el Preámbulo como en el Título I (Principios Fundamentales) de la Carta de 1999, que consagra la libertad e independencia del país (artículo 1); la opción por la paz internacional “en la Doctrina de Simón Bolívar, el Libertador” (artículo 1); la libertad de la Nación (artículo 1) (y como valor intrínseco del ser humano –artículo 44-); y el modelo republicano de gobierno, consagrado expresamente en la parte orgánica de la Constitución¨.

 

Así pues, como se desprende de la Exposición de Motivos de la Constitución y de su Preámbulo, la tradición republicana venezolana implica por una parte el deber de promoción, respeto, y defensa de todo lo que identifica nuestra Nación (como los símbolos patrios y valores culturales), y por otra parte las misiones que tenía el Poder Moral del Libertador, ¨en cuyo proceso se debía sembrar el respeto y el amor a la Constitución; a las instituciones republicanas, sobre la base de que "si no hay un respeto sagrado por la patria por las leyes por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo"[89].

 

vi)                Principio de responsabilidad patrimonial del Estado (artículo 140)

En Venezuela, la Constitución de 1999 reconoce el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado en el artículo 140, el cual dispone:

 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños que su­fran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Ad­ministración Pública”.

 

De otra parte la Exposición de Motivos, respecto del tema, establece:

 

«Finalmente, en las disposiciones generales, se establece bajo una perspectiva de derecho público moderna, la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y de­rechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquie­ra actividades públicas, administrativas, judiciales, legislati­vas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones» (énfasis añadido).[90]

 

La interpretación de la norma Constitucional y de la exposición de motivos lleva a considerar incluido en la Constitución de 1999 la responsabilidad del Estado por cualquier actuación de la Administración, así como la responsabilidad originada bien por falta o por sacrificio particular derivado de un daño causado por los servicios públicos o por cualquier actividad pública sea administrativa, judicial, legislativa, de control o electoral, de los entes públicos o privados en ejercicio de tales funciones.

 

Adicionalmente, la Constitución de 1999 consagra una norma ex­presa referida a la responsabilidad patrimonial del Estado por la activi­dad judicial. En este sentido, tal responsabilidad se encuentra referida a los supuestos de error judicial y retardo u omisión injustificados. Así, se establece en el artículo 49, numeral 8:

 

Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificada. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del ma­gistrado o magistrada, juez o jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas”.

 

Además de las normas citadas precedentemente este principio de responsabilidad patrimonial del Estado se ve respaldado por las disposiciones referentes al derecho a la tutela judicial efectiva[91], el principio de igualdad ante las cargas públicas –fundamento moderno de la responsabilidad–[92] así como la garantía indemnizatoria en la expropiación[93].

 

 

vii)              Acuerdos y tratados internacionales (artículo 23)

Según lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución, en Venezuela, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado, tienen jerarquía constitucional y además, prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, incluyendo en este caso, la Asamblea Nacional Constituyente. 

Así pues, en este caso, los atributos y garantías de los derechos esenciales contenidos en tratados internacionales son incorporados al derecho interno como fuentes del derecho constitucional y como parte del bloque constitucional de derechos fundamentales de Venezuela[94]. En este sentido, la Constitución de Venezuela comparte el máximo rango normativo con otras normas, y hasta, puede subordinarse a un ordenamiento jurídico internacional que contenga como se dijo, normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables o ventajosos que su propio texto[95].

Ahora bien, que los tratados Internacionales conformen dicho bloque de la Constitución tiene consecuencias jurídicas[96] con inmensa relevancia, tal como lo explica el Profesor Carlos Ayala Corao: ¨ al igual que la constitución, los tratados sobre derechos humanos son “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” por lo que “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos” a ellos (art. 7) ¨[97].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bibliografía

 

AGUIAR, Asdrúbal, “Historia inconstitucional de Venezuela 1999-2012”, editorial jurídica venezolana, Caracas, 2012.

ÁLVAREZ, Tulio, ¨Constituyente, reforma y autoritarismo del siglo XXI¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007.

ARAGON, Manuel, “La eficacia jurídica del principio democrático”, en Revista española de derecho constitucional, Año nº 8, Nº 24, Madrid, 1988.

AYALA CORAO, Carlos, ¨La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y su consecuencias¨, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política (funda), México, 2004.

AYALA, Javier M. “La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente”, Temas Claves de la Constitución Española, Edit. Tecnos, S.A. Madrid, 1988.

BADELL MADRID, Rafael, “Estudio sobre las Constituciones en el siglo XX. en “Venezuela Siglo XX. Visiones y Testimonios”, Fundación Polar, Caracas, 2001.

BETTI, E., ¨Interpretación de la ley y de los actos jurídicos¨, traducción J. de los Mozos. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975.

BIDEGAIN, Carlos María, ¨Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional¨, Buenos Aires, 1969.

BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Poder Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente (Comentarios Sobre la interpretación jurisprudencial relativa a la naturaleza, la misión y los límites de la Asamblea Nacional Constituyente) ¨, Colección Estudios Jurídicos N° 72, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1999.

BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Asamblea constituyente y ordenamiento constitucional¨, Serie Estudios N°53, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1999.

BREWER-CARÍAS, Allan, “La Constitución de 1999”, Derecho Constitucional Venezolano, Tomo I. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2004.

BREWER-CARÍAS, Allan, “Historia Constitucional de Venezuela”, Colección Trópicos,  Editorial Alfa. Caracas, 2008.

BREWER-CARIAS, Allan R. “Las Constituciones de Venezuela”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2008.

BREWER-CARÍAS, Allan, “Sobre cómo se puede convocar en Venezuela una asamblea nacional constituyente” véase enlace web: http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/sobre-como-se-puede-convocar-en-venezuela-una-asamblea-nacional-constituyente/

BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Misión y límites de la asamblea nacional constituyente impuestos por el poder constituyente originario a través del referéndum consultivo del 25 de abril de 1999¨, véase enlace web: http://allanbrewercarias.net/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea3/Content/I.2.34.pdf

BREWER-CARÍAS, Allan, “La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 aprobó que solo el pueblo mediante “referendo de convocatoria” puede convocar una Asamblea Constituyente: Análisis del diario de debates”, véase enlace web: http://allanbrewercarias.com/?s=la+Asamblea+Nacional+constituyente+de+1999+aprob%C3%B3&taxonomy_year=

CABALLERO SIERRA, Gaspar y ANZOLA GIL, Marcela, ¨Teoría constitucional¨, Editorial TEMIS S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995.

CASAL H, Jesús María, “Constitución y Justicia Constitucional”. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2004.

ESPINA MOLINA, M. “Sobre el principio de la progresividad y la regresión de las reformas”. Revista de Derecho Público N° 112/2007. Caracas, 2007. Visto en http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDPUB/112/rdpub_2007_112_261-266.pdf

ESCOVAR LEÓN, Ramón, “Noción de pueblo en las bases comiciales y en la sentencia n° 378 de la Sala Constitucional”, conferencia dictada en “Jornada sobre la Asamblea Nacional Constituyente: Génesis y perspectivas”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 13 de junio de 2017.

ESCOVAR LEÓN, Ramón, ¨Neoconstitucionalismo y anticonstitucionalismo¨, en el Nacional digital. Véase enlace web: http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/neoconstitucionalismo-anticonstitucionalismo_180317

ESCOVAR LEÓN, Ramón, ¨Justificar lo injustificable¨, en Prodavinci. Véase enlace web: http://prodavinci.com/blogs/justificar-lo-injustificable-por-ramon-escovar-leon/

FAJARDO H., Angel R., ¨Compendio de Derecho Constitucional. General y Particular¨, 7a. Edición (corregida y aumentada), Caracas, 1985.

FAVOREU, Louis, “El Bloque de la Constitucionalidad” en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 5, enero-marzo 1990, Madrid.

HERNÁNDEZ, José I., ¨Lo que dice el diario de debates de la Constituyente (1999) sobre la convocatoria de una Constituyente¨, en Prodavinci. Véase enlace web: http://prodavinci.com/blogs/lo-que-dice-el-diario-de-debates-de-la-constituyente-1999-sobre-la-convocatoria-de-una-constituyente-por-jose-i-hernandez/

HERNÁNDEZ CAMARGO,  Lolymar, ¨El Proceso Constituyente Venezolano de 1999 ¨, Serie Estudios, 78, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2008.

HOYOS, A. “La Interpretación Constitucional”. Editorial Temis. Bogotá, 1993.

LINARES QUINTANA, ¨Derecho constitucional e instituciones Políticas¨, Tomo II, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1975.

MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, ¨La naturaleza emancipadora de los procesos constituyentes democráticos. Avances y retrocesos¨, en AA.VV. ¨Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a la crisis¨, Ediciones sequitur. Madrid, 2012.

NJAIM, Humberto, “Reflexión sobre el pluralismo a más de 10 años de ¨Vigencia¨ de la constitución”, en CASAL H., Jesús M. (Coordinador), ¨Defender la Constitución¨, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2011.

MONAGAS RODRÍGUEZ, Orlando, ¨ Reflexión sobre soberanía popular, poder constituyente y proceso constituyente¨, en http://www.franciscosantana.net/2017/05/reflexion-sobre-soberania-popular-poder.html  

NEGRI, Antonio, ¨El poder constituyente. Ensayos sobre las alternativas de la modernidad¨, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ed. Traficantes de Sueños, Madrid, 2015.

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, ¨El impacto del control de convencionalidad en las fuentes de derecho chilenas¨, en ¨VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV de Derecho Administrativo¨, Universidad Monteávila, Caracas, 2016.

PEÑA SOLÍS, José, ¨Lecciones de Derecho Constitucional General¨, Volumen I, Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 2008.

RAFFALLI ARISMENDI, Juan M. “Revolución, Constituyente y Oferta Electoral”. Editorial Sherwood. Caracas, 1998.

RONDÓN DE SANSÓ, H. La Asamblea Nacional Constituyente Venezolana de 1999. Libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Centenario de su Fundación 1915-2015. Colección Centenario Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2015.

SIEYÉS, Emmanuel, ¨¿Qué es el Tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios¨, Ciencia política, Alianza Editorial, Madrid, 2003.

VEDEL, George y DEVOLVÉ, Pierre, ¨Droit Administratif¨, 11ª ed., vol., I, Paris, 1990.

 

 



* Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado, postgrado y doctorado). Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999.  Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985. Foreign Legal Consultant, admitido por el Florida State Bar.

[1] Estas han sido: la que se atribuye a Juan German Roscio en 1811; la de Simón Bolívar de 1819, la de Colombia (Congreso de Cúcuta) en 1821; la de José Antonio Páez en 1830; la promovida por José Tadeo Monagas en 1857; la que corresponde a Julián Castro en 1858; la de Juan Crisóstomo Falcón en 1864; Antonio Guzmán Blanco en 1874, reformada por él mismo en 1881; la de Raimundo Andueza Palacio en 1891; en el período de Joaquín Crespo tenemos la de 1893, reformadas por el mismo en 1901 y 1904; luego las siete constituciones de Juan Vicente Gómez de 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931; la Eleazar López Contreras en 1936; la de Isaías Medina Angarita en 1945; la convocada por Rómulo Betancourt  que culminó con la Constitución de  1947; la de Marcos Pérez Jiménez en 1953; la del período democrático de 1961 y la de Hugo Chávez en  1999.

[2] Tal y como fue denominado el mecanismo establecido en el artículo 122 de la Constitución de 1864, que fue modificada en 1874 y posteriormente en 1881.

[3] Como ha sido el caso de, por ejemplo, la constitución de 1830, reformada en 1857 (conforme al procedimiento previsto en la misma –artículo 227).

[4] Ibídem. p.47                                                                                                                                       

[5] Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Asamblea constituyente y ordenamiento constitucional¨, Ob. cit. pp. 47-48.

[6] Téngase en cuenta que no son las constituciones o los procesos constituyentes los que separan los períodos políticos conocidos en nuestra historia republicana, pues los regímenes constitucionales no contienen diferencias sustanciales entre unos y otros, salvo en cuatro oportunidades entre 1811 y 1998 y un último período que nació en 1999.

Así, tal como lo señala BREWER-CARÍAS  los períodos constitucionales se dividen en cinco:

i) Desde 1811 hasta 1863, cuando se realizó la estructura del Estado Independiente y autónomo, que se subdivide a su vez en tres sub-etapas que son: la formación del Estado independiente (1811-1819), la República de Colombia (1821-1830) con la unión de Venezuela en la Gran Colombia y el Estado venezolano autónomo (1830-1863);

ii) Desde 1863 hasta 1901, correspondiente a la federalización del Estado, marcado por la Constitución de 1864, que configuró el estado Federal bajo la fórmula de la autocracia liberal, a través de la cual se reformó la Constitución en los años 1874, 1881, 1891 y 1893. El período concluyó con la Revolución Liberal Restauradora de 1899.

iii) Desde 1901 hasta 1945, el período perteneciente a la consolidación del Estado Nacional, conformado por las Constituciones que dieron forma al Estado autocrático centralizado (1901, 1904, 1909, 19141 1922), producto de la iniciación de la dictadura como “petrolera”. El período concluyó con la Revolución de Octubre de 1945.

iv) Desde 1945 hasta 1998, correspondiente a la etapa de la democracia del Estado Petrolero, iniciado por la Constitución de 1947, la cual a pesar que tuvo una vigencia breve, fue la principal fuente de inspiración de la Constitución de 1961. Esta fase comprende el período inicial del populismo democrático (1945-1948); el interregno de la intervención y dictadura militar (1948-1958) y el Estado Democrático Centralizado de Partidos (1958-1998).

v) A partir de 1999 hasta la actualidad, se encuentra en proceso de configuración. Fue iniciado con la conformación constitucional, en medio de una crisis política, de las bases de un Estado autoritario centralizado, populista y de signo socialista, que se encuentra “desmoronando las bases del Estado de derecho, de la separación de poderes, de la federación, de los sistemas de control del poder y de la propia democracia representativa”. Véase BREWER-CARÍAS, ALLAN R. ¨Las Constituciones de Venezuela¨. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2008. Pp. 26 y 27.

[7] Cabe destacar que en esta lista de procesos no mencionamos el de la Constitución de 1961 y el de la Constitución de 1904, en tanto que fue el propio Congreso el que asumió el poder constituyente para reformar totalmente la Constitución, sin la instalación previa de una Asamblea Constituyente. En efecto, luego del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jimenez, la Junta de Gobierno optó por mantener vigente la Constitución de 1953 y convocar a comicios generales para la elección del presidente y los miembros del Congreso para el 7 de diciembre de 1958. El Congreso, instalado en 1959, reformó la Constitución de 1953 ateniéndose para ello al mecanismo de reforma general previsto en ese texto  (artículo 140 y ss.) y sancionó la Constitución del 23 de enero de 1961, que tuvo como modelo la de 1947.

[8] ¨Siempre fueron los líderes de la Revolución o el golpe de Estado triunfante los que convocaron la Asamblea Constituyente como consecuencia, precisamente, de la ruptura del hilo constitucional. En todos esos casos que nos muestra la historia, el Poder Constituyente Originario fue convocado por gobiernos de facto para legitimar el sistema y constitucionalizar la propia Revolución¨, Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, ¨ Poder Constituyente Originario Y Asamblea Nacional Constituyente (Comentarios sobre la interpretación jurisprudencial relativa a la naturaleza, la misión y los límites de la Asamblea Nacional Constituyente) COLECCIÓN ESTUDIOS JURIDICOS N° 72 ¨, Editorial Jurídica Venezolana Caracas, 1999.

[9] Vid. BADELL MADRID, Rafael, ¨Estudio sobre las Constituciones en el siglo XX¨. en “Venezuela Siglo XX. Visiones y Testimonios”, Fundación Polar, Caracas, 2001. Pp.67 y ss.

[10] En efecto, ¨ Luego de un nuevo golpe de Estado, en 1958, la Junta Militar y la subsiguiente Junta de Gobierno asumieron el poder continuando en aplicación la Constitución de 1953, hasta que el Congreso electo en 1958, conforme a dicho texto (art. 140 y ss.), reformó totalmente la Constitución, sancionando la Constitución del 23-01-61, que tuvo como modelo la de 1947… ¨, Cfr. BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Asamblea constituyente y ordenamiento constitucional¨, Ob. cit. p. 50.

[11] Durante su primer mes de funcionamiento dedicó a la intervención de los poderes constituidos. Con base en un Decreto de Reorganización de los Poderes Públicos, la Asamblea Nacional Constituyente

dictó los Decretos para la Regulación de las funciones del Poder Legislativo y de Reorganización del Poder Judicial, los cuales sirvieron de fundamento para que la Asamblea Nacional Constituyente usurpara algunas de las funciones atribuidas al Congreso e interviniera el Poder Judicial. Vid. BADELL MADRID, Rafael, ¨Estudio sobre las Constituciones en el siglo XX¨. en “Venezuela Siglo XX. Visiones y Testimonios”, Ob. cit.

[12] Los debates sobre el Proyecto se caracterizaron por su rapidez y por ser poco reflexivos; en vez de discutirse los artículos separadamente, las discusiones se hacían por bloques o capítulos, limitando las intervenciones de los participantes.

[13] En efecto, la Sala Constitucional, interpretando aislada y literalmente los artículos 347 y 348 de la Constitución, ha despojado con su fallo al pueblo del ejercicio exclusivo e intransferible de la soberanía (artículo 5 de la Constitución), justificando la usurpación cometida por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, al convocar una Asamblea Nacional Constituyente, facultad exclusiva del poder constituyente originario, cuyo único depositario es el pueblo de Venezuela (artículo 347 de la Constitución). Mediante la sentencia N°378 se usurpa el derecho del depositario del poder constituyente de decidir si convoca o no convoca la una Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto se viola los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en la Constitución (artículos 2, 3, 5, 63, 70, 71, entre otros, de la Constitución).

[14] Para estudiar la doctrina del “Bloque de la Constitucionalidad” véase: George Vedel y Pierre Devolvé. Droit Administratif, 11ª ed., vol., I, Paris, 1990, pág.60 y Louis Favoreu, “El Bloque de la Constitucionalidad” en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 5, enero-marzo 1990, Madrid.

[16] ¨En este marco, uno de los signos más característicos de la Constitución de 1999, es el haber establecido un régimen de democracia representativa y participativa (art. 5), lo que implica el derecho del pueblo (y por tanto, todos los ciudadanos), de ejercer su soberanía en forma indirecta mediante el sufragio para elegir a sus representantes (art.62); y en forma directa, participando en la toma de decisiones expresando su voluntad, por ejemplo, a través de referendos (art. 71). De eso trata la democracia representativa y la democracia participativa regulada en la Constitución¨, Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, ¨El derecho del pueblo de participar en las reformas de la Constitución es el signo más característico de la democracia participativa que no puede ser arrebatado por los gobernantes¨, en http://allanbrewercarias.com/documentos/155-derecho-del-pueblo-participar-las-reformas-la-constitucion-signo-mas-caracteristico-la-democracia-participativa-no-puede-arrebatado-los-gobernantes/

[17] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨ Sobre cómo se puede convocar en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente¨, véase enlace web: http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/sobre-como-se-puede-convocar-en-venezuela-una-asamblea-nacional-constituyente/

[18] Como lo ha definido la Real Academia Española (2014).

[19] PEÑA SOLÍS, José, ¨Lecciones de Derecho Constitucional General¨, Volumen I, Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 2008. Pp.19-20.

[20] Tal como lo expresa el profesor  Brewer-Carías, ¨El derecho del pueblo a participar directamente mediante referendo en los procesos de reforma constitucional es, como se dijo, el signo más característico de la democracia participativo que se regula en la Constitución y el mismo no le puede ser arrebatado por los gobernantes en forma alguna¨. Vid.  http://allanbrewercarias.com/documentos/155-derecho-del-pueblo-participar-las-reformas-la-constitucion-signo-mas-caracteristico-la-democracia-participativa-no-puede-arrebatado-los-gobernantes/

[21] Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título IX de la Reforma Constitucional.

[22] Dicho articulado contenía los artículos 390, 391 y 392 del siguiente modo:

“Artículo 390. El pueblo, como constituyente originario, puede convocar una Asamblea Constituyente con el objeto de crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Constitución democrática.”

“Artículo 391. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente la podrá ejercer el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por acuerdo aprobado por las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara o por un número no menor del diez por ciento de los electores en el Registro Electoral Nacional.”

“Artículo 392. Se considerará aprobada la convocatoria a la Asamblea Constituyente si en el referendo llamado al efecto el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. Si el resultado del referendo fuese negativo, no podrá presentarse una nueva iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente en el mismo período constitucional.”

[23] BREWER-CARÍAS, Allan, “La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 aprobó que solo el pueblo mediante “referendo de convocatoria” puede convocar una Asamblea Constituyente: Análisis del diario de debates”, véase enlace web:

http://allanbrewercarias.com/?s=la+Asamblea+Nacional+constituyente+de+1999+aprob%C3%B3&taxonomy_year=

[24] ¿Puede el pueblo convocar? ¿A través de qué mecanismo puede hacerlo? Pues allí se dice que el 15% por ciento de los electores tiene que hacer una representación ante el Congreso o ante el Presidente de la República para que pueda procederse a la convocatoria. ¿Cómo se haría esa convocatoria?

[25] BREWER-CARÍAS, Allan, “La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 aprobó que solo el pueblo mediante “referendo de convocatoria” puede convocar una Asamblea Constituyente: Análisis del diario de debates”, Ob. cit.

[26] BREWER-CARÍAS, Allan, “La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 aprobó que solo el pueblo mediante “referendo de convocatoria” puede convocar una Asamblea Constituyente: Análisis del diario de debates”, Ob. cit.

[27] En efecto, dispone la sentencia N° 378 lo siguiente: ¨ (…) En efecto, el  pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.”. (negritas nuestras)

[28] Al respecto, Escovar León muy acertadamente expresa que: ¨ Ante este cuadro, la Sala Constitucional dictó su sentencia Nro. 378/31.05.17 para decidir lo que se esperaba: ¡que el proceso constituyente no requiere de consulta al pueblo! Sostiene esta sentencia: “no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, lo cual no es verdad si se leen las disposiciones constitucionales en conjunto; para esto no podía escapar la norma del artículo 7 de la Constitución que, sin ambages, señala que la soberanía corresponde al pueblo; lo que admite la sentencia, pero agrega que la “ejerce directamente a través del poder popular”, lo es una interpretación interesada y dictatorial de la Constitución. De esta manera equipara pueblo con comuna, lo cual es radicalmente incierto. Por si fuera poco, afirma: “el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus ‘expresiones’ sean elegidas como si se tratara de una ‘representación’ del cuerpo electoral”. En este ambiguo pasaje, con fallas de sintaxis, pretende justificar que el proceso constituyente no requiere de referéndum, lo cual no es admitido por nadie en ninguna parte.¨. Véase ¨Justificar lo injustificable¨, por Ramón Escovar León, enlace web: http://prodavinci.com/blogs/justificar-lo-injustificable-por-ramon-escovar-leon/

[29] En este sentido, es preciso señalar que al referido artículo 347 se le da como título el de "Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente", mientras que al artículo 348 de la misma Constitución se le denomina "Iniciativa de Convocatoria", porque éste establece que la iniciativa de convocatoria puede ser tomada por el Presidente, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y un 15% de electores, en tanto que el precedente se refiere a la decisión misma de la convocatoria que corresponde sólo ser decidida por la mayoría popular, única titular de la soberanía.

[30] Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título I, Principios Fundamentales.

[31] Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

[32] Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

[33] En efecto, en el año 1999, con el motivo de iniciar un proceso constituyente, se estableció mediante el Decreto N° 3 (Gaceta Oficial Nro. 36.634 del 2 de febrero de 1999), la realización de un referendo, que se llevó a cabo el 25 de abril de 1999, para que el pueblo se pronunciara sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 3 de dicho Decreto dispuso lo siguiente: Artículo 3°: El instrumento electoral contendrá las siguientes preguntas que serán contestadas con un "si" o un "no":

PRIMERA: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?

SEGUNDA: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?

[34] No así como sucede con el Decreto Nro. 2.878 de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se impuso por el Presidente de la República las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, sin previa consulta popular, con el objetivo y ¨supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria…¨.

[35] Fue así como en el proceso constituyente del año 1947, por primera vez, mediante la instauración del sufragio directo y realmente universal, con la participación por primera vez del voto femenino, se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente…¨. Los resultados de dichas elecciones fueron publicados en Gaceta Oficial y el 17 de diciembre de 1946 fue instalada la Asamblea Nacional constituyente de los Estados Unidos de Venezuela. Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Historia Constitucional de Venezuela, Colección Trópicos,  Editorial Alfa, Caracas, 2008. p. 12. Asimismo, en el proceso constituyente de 1999, fueron realizadas el 25 de julio la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y el 7 de agosto del mismo año quedó conformada dicha Asamblea. AGUIAR, Asdrúbal, Historia Constitucional de Venezuela 1999-2012¨, editorial jurídica venezolana, Caracas, 2012. Pp. 25 y 26.

[36] Las bases comiciales deben garantizar el derecho de todos los venezolanos, a participar como electores y aspirantes, conforme a las  normas constitucionales y las leyes que regulan los procesos electorales. Es por ello que, junto a la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, debe someterse a la aprobación popular, mediante referendo consultivo, las bases comiciales que regirían la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, así como el tiempo de duración de la misma, con el objeto de respetar la aplicación de los precitados artículos 2, 3, 5, 63, 64, 70, 71 de la Constitución y, por lo tanto, de no vulnerar o negar el derecho de participación política de todos los venezolanos.

[37] Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 22 de enero de 2003, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

[38] Tal como lo explica el profesor Ramón Escovar León, “…para el madurismo, la noción de pueblo, a los efectos de la constituyente fraudulenta que promueven, se restringe al “escuálido” grupo que queda de lo que fue el movimiento populista-militarista (…)”, Vid. ESCOVAR LEÓN, Ramón, “Noción de pueblo en las bases comiciales y en la sentencia n° 378 de la Sala Constitucional”, en “Jornada sobre la Asamblea Nacional Constituyente: Génesis y perspectivas”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 13 de junio de 2017.

[39] ESCOVAR LEÓN, Ramón, “Noción de pueblo en las bases comiciales y en la sentencia n° 378 de la Sala Constitucional”, Ob. cit.

[40] “al considerar, sin más, que lo integran las comunas, los sectores al estilo de Mussolini y los empleados públicos, es decir, aquellos que le pueden garantizar al Psuv los resultados electorales que desea”, Vid. ESCOVAR LEÓN, Ramón, “Noción de pueblo en las bases comiciales y en la sentencia n° 378 de la Sala Constitucional”, Ob. cit.

[41] SIEYÉS, Emmanuel, ¨¿Qué es el Tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios¨, Ciencia política, Alianza Editorial, Madrid, 2003. Pp.118 y ss.

[42] Fue así como en el proceso constituyente del año 1947, por primera vez, mediante la instauración del sufragio directo y ¨realmente universal, con la participación por primera vez del voto femenino, se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente…¨. Los resultados de dichas elecciones fueron publicados en Gaceta Oficial y el 17 de diciembre de 1946 fue instalada la Asamblea Nacional constituyente de los Estados Unidos de Venezuela. Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Historia Constitucional de Venezuela¨, Colección Trópicos,  Editorial Alfa, Caracas, 2008. p. 12. Asimismo, en el proceso constituyente de 1999, fueron realizadas el 25 de julio la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y el 7 de agosto del mismo año quedó conformada dicha Asamblea.  AGUIAR, Asdrúbal, ¨Historia inconstitucional de Venezuela 1999-2012¨, editorial jurídica venezolana, Caracas, 2012. Pp. 25 y 26.

[43] Como lo fueron en el proceso constituyente de 1999 donde las discusiones en las plenarias fueron transmitidas a través de los medios de comunicación y la población venezolana tuvo acceso a los debates de una Asamblea Nacional Constituyente.

[44] Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución. P. 86

[45] ¨El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución¨.

[46] Pedro De Vega, ¨La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente¨, Editorial Tecnos, Madrid, 1995. Pp. 13 y ss.

[47] LINARES QUINTANA, ¨Derecho constitucional e instituciones Políticas¨, Tomo II, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1975, p.405.

[48] CABALLERO SIERRA, Gaspar y ANZOLA GIL, Marcela, ¨Teoría constitucional¨, Editorial TEMIS S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995. P. 398.

[49] AYALA, Javier M. “La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente”, Temas Claves de la Constitución Española, Edit. Tecnos, S.A. Madrid, 1988, Pág. 18.

[50]Sánchez Falcón, Ob. Cit. pp. 71-72.

[51] FAJARDO H., Angel R., ¨Compendio de Derecho Constitucional. General y Particular¨, 7a. Edición (corregida y aumentada), Caracas, 1985. P. 353.

[52] Ibídem. p.355.

[53] Invariablemente, las constituciones del siglo XX  han acogido el  señalado principio.  Todas, en efecto, contienen fórmulas que proclaman que la soberanía reside en el pueblo. Existe, sin embargo, una diferencia significativa entre las constituciones correspondientes a los períodos de dictadura militar (1901-1945)  y las que se dictaron con posterioridad a la constitución democrática de 1947. En efecto, quizá para justificar el hecho de que la elección del Presidente no se efectuaba por el pueblo, sino que se producía mediante elecciones parlamentarias completamente ficticias, las constituciones desde 1901 hasta 1945 señalaban que «La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes Públicos».  La Constitución de 1947 produce un cambio importante en esta formulación, al añadir que el pueblo, titular de la soberanía, la ejerce «mediante el sufragio y a través de los órganos de los Poderes Públicos».  Nótese, que a diferencia de las constituciones formadas por los gobiernos militares que le antecedieron,  la de 1947 no parte de una delegación absoluta de la soberanía del pueblo en el Poder Público, sino que por el contrario, el pueblo conserva su atributo soberano a través del sufragio.   El principio de representatividad en esos términos se mantuvo en las constituciones posteriores y aparece en el artículo 4 de la vigente Carta Fundamental.

[54] FAJARDO H., Angel R., ¨Compendio de Derecho Constitucional. General y Particular¨, Ob. cit. p. 355.

[55] En este sentido, Antonio Negri ha considerado que el Poder Constituyente está caracterizado, originalmente, por ser motor de renovación de orden social, más que político. Vid. NEGRI, Antonio, ¨ El poder constituyente. Ensayos sobre las alternativas de la modernidad¨, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ed. Traficantes de Sueños, Madrid, 2015. P. 11.

[56] Reseña el Profesor Tulio Álvarez que  ¨según Sieyés, se trata [el poder constituyente] de un poder inicial, autónomo y omnipotente, pero es imprescindible advertir que, tal caracterización, era permisible en el momento del surgimiento del proceso constitucionalista. En el estado actual de consolidación de los valores democráticos, no puede aceptarse la existencia de un poder incondicionado al cual solo le compete decidir la forma y el modo en que debe darse una Constitución a la Sociedad.  Más grave aún sería admitir que exista un Poder, así sea el Constituyente, no subordinado a cualquier regla de forma o de fondo¨, Cfr. ÁLVAREZ, Tulio, ¨Constituyente, reforma y autoritarismo del siglo XXI¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007. P.27.

[57] ÁLVAREZ, Tulio, ¨Constituyente, reforma y autoritarismo del siglo XXI¨, Ob. cit. p.28.

[58] Ibídem. p.359.

[59] Cit. en FAJARDO H., Angel R., ob. cit. p. 358.

[60] LINARES QUINTANA, Ob. cit. p. 90., cit. en FAJARDO H., Angel R., Ob. cit.

[61] FAJARDO H., Angel R., ¨Compendio de Derecho Constitucional. General y Particular¨, Ob. cit. p. 355.

[62] Schmitt; Ob. Cit. pág. 70.

[63] Acosta Romero, Miguel. Las mutaciones de los Estados en la Última Década del Siglo XX, necesidad de nuevas constituciones y reformas de las vigentes.  Editorial Porrúa, México, 1993, pág. 10.

[64] Sánchez Falcón. Ob. Cit., pág. 68.

[65] Ibid.

[66] Los únicos límites que encuentra el pueblo al ejercer soberanamente ese Poder Constituyente, Son los que la propia naturaleza humana le impone, vale decir los derechos del hombre y los derechos fundamentales del ciudadano. Por tal motivo cobra fuerza y relevancia la paz y el orden mundial, pues el pueblo venezolano debe atender al entorno político y social del resto del mundo, atendiendo a instrumentos de protección de derechos humanos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en el seno de la ONU, el Pacto de San José de Costa Rica suscrito por los miembros de la Organización de Estados Americanos, el cual contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Véase al respecto RAFFALLI ARISMENDI, JUAN M. (1998) “Revolución, Constituyente y Oferta Electoral”. Caracas: Editorial Sherwood. Pág. 41-42.

[67] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Misión y límites de la Asamblea Nacional Constituyente impuestos por el poder constituyente originario a través del referendo consultivo del 25 de abril de 1999¨, véase enlace web: http://allanbrewercarias.net/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea3/Content/I.2.34.pdf

[68] HERNÁNDEZ CAMARGO, Lolymar, ¨El Proceso Constituyente Venezolano de 1999 ¨, Serie Estudios, 78, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2008.

[69] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Misión y límites de la asamblea nacional constituyente impuestos por el poder constituyente originario a través del referendo consultivo del 25 de abril de 1999¨. Ob. cit.

[70] HERNÁNDEZ CAMARGO, Lolymar, Ob. cit. 217.

[71] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Misión y límites de la asamblea nacional constituyente impuestos por el poder constituyente originario a través del referendo consultivo del 25 de abril de 1999¨. Ob. cit.

[72] HERNÁNDEZ CAMARGO, Lolymar, Ob. cit. 217.

[73] Georges Burdeau cit. en MONAGAS RODRÍGUEZ, Ob. cit.

[74] ARAGON, Manuel, ¨La eficacia jurídica del principio democrático¨, en Revista española de derecho constitucional, ISSN 0211-5743, Año nº 8, Nº 24, 1988, págs. 9-46

[75] Vid. MONAGAS RODRÍGUEZ, Orlando, ¨ Reflexión sobre soberanía popular, poder constituyente y proceso constituyente¨, en http://www.franciscosantana.net/2017/05/reflexion-sobre-soberania-popular-poder.html

[76] Ibídem.

[77] Ibídem.

[78] Ibídem.

[79] BREWER-CARÍAS, Allan, “Historia Constitucional de Venezuela”, Colección Trópicos,  Editorial Alfa. Caracas, 2008. P.176.

[80] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨Introducción al estudio de la organización administrativa venezolana¨, Colección Monografías Administrativas N°1, Editorial Jurídica venezolana, Caracas, 1978.

[81] la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, , la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

[82] Respecto al ejercicio de la soberanía por el pueblo en lo social y económico, la Constitución enuncia los mecanismos de participación en las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad (artículo 70 de la Constitución).  

[83] Tales como: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos y la ética (artículo 2 de la Constitución).

[84] NJAIM, Humberto, ¨Reflexión sobre el pluralismo a más de 10 años de ¨Vigencia¨ de la constitución¨, en CASAL H., Jesús M. (Coordinador), ¨Defender la Constitución¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011.

[85] Ibídem, p. 69

[86] Espina Molina, M. (2007) “Sobre el principio de la progresividad y la regresión de las reformas”. REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 112/2007. Caracas. Visto en http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDPUB/112/rdpub_2007_112_261-266.pdf

[87] Allan Brewer-Carías, (2004) “La Constitución de 1999”, Derecho Constitucional Venezolano, Tomo I. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. p. 550

[88] Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 22 de enero del año 2003, con ponencia del Magistrado Iván Rincón.

[89] Título V De la Organización del Poder Público Nacional.  Capítulo IV Del Poder Ciudadano de la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999.

[90] Debe tenerse en cuenta que el nuevo texto constitucional venezolano abandona la clásica tripartición del poder público para definir un Estado en el que el Poder se divide en cinco ramas. Además de las tradicionales ejecutiva, legislativa y judicial, se agregan una rama electoral y otra denominada ciudadana, que agrupa los órganos constitucionales de control (Contraloría General de la República, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo).

[91] Por lo que se refiere al principio de tutela judicial efectiva, la Constitución de 1999 lo prevé en forma expresa en el artículo 26 el cual dispone: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de Administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, impar­cial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

[92] Artículos, 21, 133 y 140 de la Constitución.

[93] Artículo 115 de la Constitución.

[94] NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, ¨El impacto del control de convencionalidad en las fuentes de derecho chilenas¨, en ¨VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV de Derecho Administrativo¨, Universidad Monteávila, Caracas, 2016. p. 58., p. 32.

[95] Lo cual es el ejemplo dominante que han seguido, además de Venezuela,  las constituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica; Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Santo Domingo, entre otras Ibídem, pp. 28- 32.

[96] Ibídem

[97] AYALA CORAO, Carlos, ¨La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y su consecuencias¨, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política (funda), México, 2004. 



Área de Clientes





¿Olvido su contraseña?
Páginas de Interés Ver todos los enlaces
    Badell & Grau. © Todos los derechos reservados. 2011. Términos y condiciones de uso
Oportunidades de Empleo