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Asamblea Constituyente 2017
Rafael Badell Madrid. Inconstitucionalidad del llamado a elecciones presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Conferencia dictada en el Foro “Llamado a elecciones presidenciales de la Asamblea Nacional Constituyente”
 

 

                INCONSTITUCIONALIDAD DEL LLAMADO A ELECCIONES PRESIDENCIALES POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

 Conferencia dictada en el Foro “Llamado a elecciones presidenciales de la Asamblea Nacional Constituyente”,

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 15 de febrero de 2018.

 

Rafael Badell Madrid*

1.      Presentación

2.      Ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente

2.1 Ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por su origen

2.2 Ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por su desempeño

3.      De la inconstitucional convocatoria al proceso electoral para la elección de la Presidencia de la República

3.1  Inconstitucionalidad por usurpación de competencias del Poder Electoral

3.2  Inconstitucionalidad por violación del período presidencial constitucional

3.3  Inconstitucionalidad por violación de los principios constitucionales de los procesos electorales

3.3.1        Punto previo: del proceso electoral

3.3.2        Inconstitucionalidad por violación del principio constitucional de imparcialidad en los procesos electorales

4.      Conclusiones

5.      Bibliografía

 

1.      Presentación

En fecha 23 de enero de 2018, fue dictado por la Asamblea Nacional Constituyente el “Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”[1], mediante el cual convocó para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República e instó a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de ese “Decreto Constituyente”.

El Decreto Constituyente señala como fundamento jurídico los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, así como las “Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos”[2].

El Decreto Constituyente establece como fundamentos de dicha convocatoria además, la realización de los “valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos”; la subordinación de los órganos del Poder Público a la Asamblea Nacional Constituyente “como expresión del poder originario y fundacional del Pueblo venezolano”; y la facultad  de esa Asamblea Nacional Constituyente “para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público”, todo ello con el objeto de “alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del Poder Público”.

También, el Decreto Constituyente tiene en consideración para la convocatoria del proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República, “la consolidación de procesos democráticos que permiten dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través de las elecciones” para alcanzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública que “ha permitido afianzar” “la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los demás procesos electorales realizados desde su instalación”.

Por último, señala el Decreto Constituyente entre sus considerandos las sanciones que los Estados Unidos de América y la Unión Europea han impuestocon miras a procurar un cambio de gobierno y modelo de desarrollo en Venezuela”; la “campaña sistemática de odio contra el Pueblo venezolano” de los “poderes imperiales y poderes fácticos al margen de la ley internacional” “mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras sicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra”; y, el boicot de los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias político-ideológicas, hecho por la oposición venezolana “atendiendo un guión de factura imperial para justificar y facilitar la intervención extranjera”.

Desde ya conviene advertir, y es ese el propósito de estas páginas, que el  Decreto Constituyente, antes identificado, es inconstitucional por cuanto fue dictado por la  Asamblea Nacional Constituyente que esta desprovista de toda legitimidad al no haber sido convocada por el pueblo soberano, único depositario del poder constituyente originario (artículos 5 y 347 de la Constitución); así también es inconstitucional porque excede los límites constitucionalmente determinados para el ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional Constituyente (artículo 347) y, además, por usurpar las funciones propias y exclusivas del Poder Electoral (artículo 293), violar el período presidencial constitucionalmente establecido (artículos 230 y 231) y contrariar los principios constitucionales de los procesos electorales, así como el principio de independencia de los órganos del Poder Electoral (artículos 293 y 294, respectivamente).

 

2.      Ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente

La Asamblea Nacional Constituyente es concebida como un órgano del estado y como tal está sujeta a la vigente Constitución en todo cuanto se refiere a su convocatoria y a sus potestades. Ahora bien, la “Asamblea Nacional Constituyente” instalada el 04 de agosto de 2017, está desprovista de toda legitimidad para realizar cualquier acto que produzca efectos jurídicos en el ordenamiento venezolano, desde que es inconstitucional tanto en su origen, forma de convocatoria y elección de sus miembros,  como en su desempeño, en el cual ha contrariado y violado sistemáticamente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico venezolano.

 

2.1  Ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por su origen

En el artículo 348 de la Constitución se establece claramente quiénes tienen la “iniciativa” para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, es decir quienes tienen la facultad para proponer que se convoque la instalación de la misma.  El Presidente de la República en Consejo de Ministros, al igual que la Asamblea Nacional, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos, y el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral,  tienen la iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, esta facultad solo consiste en iniciar un proceso de convocatoria a este mecanismo de modificación del texto constitucional, nunca de convocarlo directamente (artículo 348 de la Constitución).

Así mismo los artículos 5 y 347 consagran al pueblo como único detentador de la soberanía nacional y por ende depositario del poder constituyente originario.  Las citadas normas están estrechamente vinculadas entre sí, por lo cual es impositivo interpretarlas en forma concatenada. Tal interpretación nos conduce a una sola conclusión: el Presidente de la República, entre otros, tiene la potestad de proponer una Asamblea Nacional Constituyente y corresponde al pueblo aprobar o no dicha propuesta, a través de un referendo consultivo.

De manera que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada de forma  inconstitucional por el Presidente de la República mediante decreto N° 2.830 de fecha 1° de mayo de 2017, usurpando la voluntad del pueblo, único depositario del poder constituyente originario, tal y como se desprende de los artículos 5 y 347 de la Constitución y en flagrante violación  de los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en sus artículos 2, 3, 5, 6, 19, 62, 63, 70, 71, 347 y 348.

Además del Decreto inconstitucional de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, fueron dictados posteriormente los decretos N° 2.878[3] de fecha 23 de mayo de 2017 y N°. 2.889[4] del 4 de junio del mismo año, mediante los cuales el Presidente de la República “en su cualidad de convocante”, decretó unilateralmente y sin consulta popular, las bases comiciales territoriales y sectoriales, sobre las cuales se llevó “a cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”, y exhortó a que el proyecto de Constitución que se redacte en su seno sea sometido a referendo aprobatorio popular, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tal como lo expresa el profesor  Brewer-Carías, ¨El derecho del pueblo a participar directamente mediante referendo en los procesos de reforma constitucional es, como se dijo, el signo más característico de la democracia participativo que se regula en la Constitución y el mismo no le puede ser arrebatado por los gobernantes en forma alguna¨[5].  

Estas bases comiciales fueron igualmente inconstitucionales por cuanto violaron los artículos 5, 39, 42, 62, 63, 64, 67, 70 y 347 de la Constitución al usurpar la soberanía del pueblo, como único titular del poder constituyente y desconocer la voluntad popular a través de la imposición de un proceso constituyente y de las bases comiciales. En este sentido, las bases comiciales están contaminadas de los mismos vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen a los Decretos Nro. 2.830 y Nro. 2.831, en tanto que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente no fue legitimada por la voluntad popular, es decir, por el pueblo como único detentador de la soberanía nacional, y única entidad competente para hacerlo según lo dispone el artículo 347 de la Constitución. Así pues, no podía el Presidente de la República continuar el proceso constituyente mediante la presentación al Consejo Nacional Electoral de unas bases comiciales para  la elección de los miembros de la Asamblea Nacional constituyente, cuando el proceso como tal no ha sido iniciado por el pueblo quien es además el único competente para dictarlas.

 

También, las denominadas “bases comiciales”, fueron violatorias de la Constitución puesto que limitaron ilegítimamente el derecho de participación ciudadana en el ejercicio de su soberanía al regular quiénes podían postularse al cargo de constituyente, determinaron elecciones por sectores, y excluyeron de los electores a los venezolanos por naturalización, todo ello en violación del derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto, y el principio de representación proporcional.

 

En efecto, de conformidad con lo establecido en las bases comiciales, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serían elegidos en el ámbito territorial y sectorial, “mediante el voto universal, directo y secreto”, sin perjuicio de los integrantes de los pueblos indígenas que serán elegidos de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales. Los sectores a los que se refieren las Bases, según su punto PRIMERO, comprenden: 1) Trabajadores y Trabajadoras. 2) Campesinos y Campesinas y Pescadores y Pescadoras. 3) Los y las Estudiantes. 4) Personas con discapacidad. 5) Pueblos Indígenas. 6) Pensionados y Pensionadas. 7) Empresarios y Empresarias. 8) Comunas y Consejos Comunales.

 

Esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, además, fue convocada de esta forma inconstitucional  con la complicidad de otros órganos de los  poderes constituidos, estos son, principalmente: el Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Así pues,  el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que no tenía competencia para convocar elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto su convocatoria no fue aprobada por el pueblo soberano a través de un referendo consultivo, respondió al mandato inconstitucional del presidente de la República, y en violación de los artículos 292 y siguientes de la Constitución, en concordancia con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, convocó y llevó a cabo el proceso electoral del 30 de julio del 2017 en el cual se eligieron fraudulentamente un total de 537 miembros de una inconstitucional e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente[6].

Si bien el Consejo Nacional Electoral es un órgano integrante del Poder Electoral, cuya función primordial es la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos (artículo 293 de la Constitución), dicha función solo puede ser ejercida de conformidad con las normas y principios constitucionales que rigen los procesos electorales y a las autoridades; tales como la independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.

Al haber convocado directamente el proceso para la elección de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente sin que previamente esta hubiese sido convocada mediante referendo consultivo popular por el poder constituyente originario (artículo 347 en concordancia con los artículos 5 y 71 de la Constitución), el Poder Electoral se sometió y se confundió con el Poder Ejecutivo, violando el principio de separación de poderes (artículo 136 de la Constitución en concordancia con el artículo 137 y 293 de la Constitución), el principio de independencia orgánica de los órganos del poder electoral (artículo 294 de la Constitución) y violando además el principio de participación política, en menoscabo de la soberanía popular (artículos 5 y 71 de la Constitución).

 

Así también, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en renuncia al deber que tiene de garantizar la supremacía de la constitución, avaló la acción inconstitucional del Presidente de la República de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y, mediante sentencia N°378 de fecha 31 de mayo de 2017, en “interpretación constitucional” de los artículos 347 y 348, determinó que ¨no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX

 

En efecto, a través de la decisión N° 378, la Sala Constitucional confundió gravemente, como lo hizo el Presidente de la República mediante Decreto Nro. 2.830 del 1° de mayo de 2017,  la iniciativa con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ambas desarrolladas en los artículos 347 y 348 de la Constitución. En este sentido, es preciso señalar que al referido artículo 347 se le da como título el de "Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente", mientras que al artículo 348 de la misma Constitución se le denomina "Iniciativa de Convocatoria", porque éste establece que la iniciativa de convocatoria puede ser tomada por el Presidente, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y un 15% de electores, en tanto que el precedente se refiere a la decisión misma de la convocatoria que corresponde sólo ser decidida por la mayoría popular, única titular de la soberanía.

Ahora bien, la Sala Constitucional desconoció que el depositario del poder constituyente originario es el pueblo; y pese a que los poderes constituidos, de conformidad con el artículo 348 constitucional, sólo pueden promover tal convocatoria para que se consulte mediante un referendo al pueblo sobre si quiere o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, esa Sala les concedió la facultad de convocar directamente un proceso para la transformación del Estado y del ordenamiento jurídico

La decisión plantea el absurdo de que entonces todos los que como el Presidente tienen la iniciativa podrían ser convocantes, así: la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral. El absurdo es entre otras cosas la fragilidad de una Constitución, si todos estos actores pueden con su sola voluntad convocar un proceso constituyente y aniquilar el Estado de Derecho y sus instituciones. Absurda además porque este argumento hecho a la medida presidencial choca con el poder de iniciativa que al 15% de los electores se otorga, caso en el cual la sentencia sin razonamiento alguno pero en vista de la absurdidad de la consecuencia que ello implicaría dice que no se aplica a ese supuesto[7].

La Sala Constitucional, interpretando aislada y literalmente los artículos 347 y 348 de la Constitución, despojó con su fallo al pueblo del ejercicio exclusivo e intransferible de la soberanía (artículo 5 de la Constitución), y le otorgó al Presidente de la República, Nicolás Maduro, el poder constituyente originario (cuyo único depositario en derecho es el pueblo de Venezuela, artículo 347 de la Constitución), al concederle la facultad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Mediante la sentencia N°378 se terminó de concretar la usurpación del derecho del depositario del poder constituyente de decidir si convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente, y se violaron los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en la Constitución (artículos 2, 3, 5, 63, 70, entre otros), concretando la inconstitucionalidad y la ilegitimidad en el origen de la Asamblea Nacional Constituyente.

  

2.2  Ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por su desempeño

Ya sabemos que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional por su origen al haber sido “convocada” mediante decreto presidencial, prescindiendo de la consulta a la voluntad popular y usurpando el Poder Constituyente Originario del pueblo; pero también es inconstitucional por su desempeño desde su instalación el 04 de agosto de 2017.  En efecto, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente desnaturaliza con cada una de sus actuaciones las funciones básicas, exclusivas y excluyentes que debe tener una Asamblea Constituyente legítima y constitucionalmente convocada.  

La Asamblea Nacional Constituyente (Capítulo III),  junto a la enmienda (Capítulo I) y a la reforma constitucional (Capítulo II), conforman el Título IX “De la Reforma Constitucional” de la Constitución vigente (artículos 340 al 350 de la Constitución), el cual, según la Exposición de Motivos del texto fundamental, establece los mecanismos de modificación del texto constitucional.

En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo, instrumento o medio de modificación de la Constitución, únicamente tiene competencia para redactar un nuevo texto constitucional, es decir, crear un proyecto de Constitución, según se desprende del artículo 347 constitucional:

Artículo 347. El pueblo de Venezuela (…) puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Así pues, la Asamblea Nacional Constituyente está limitada principalmente en su objeto. Sus actividades de instalación, sesión y discusión solo pueden estar dirigidas a la redacción y elaboración de un proyecto de Constitución. No le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente dictar leyes de contenido nuevo o modificar las existentes, ni dictar actos de gobierno para reformar el régimen vigente, ni realizar actos de control de los poderes constituidos o hacer designaciones de sus titulares o funcionarios, ni mucho menos convocar un proceso electoral.

De otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente debe atender en su actuación al entero respeto del ordenamiento constitucional vigente[8], el respeto al bloque de la constitucionalidad,  lo que incluye todas las normas, principios y valores que la conforman y le dan su estructura fundamental (inclusive los órganos y las instituciones previstos en él), tales como el principio de la democracia y la soberanía popular (artículos 2 y 5 de la Constitución), que comprende a su vez las bases federales del Estado venezolano como principio de organización democrática (Preámbulo y art. 4), el ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3), el pluralismo político (art. 2), el carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado (art. 6), así como el respeto a los derechos políticos (art. 39), la participación libre en los asuntos públicos (art. 62) y el derecho al sufragio (art. 63), entre otros; el principio legalidad (art. 137); el principio de separación de poderes (art. 136); el principio de progresividad de los derechos (art. 19); los principios y valores de nuestra historia republicana (art. 350); el principio de responsabilidad patrimonial del Estado (art. 140); y por supuesto también, el respeto de los acuerdos y tratados internacionales (art. 23). 

En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano del Estado, y como tal está sujeto a las normas y principios constitucionales de conformidad con el artículo 7 de la Constitución, según el cual: “Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

Es por ello que, contrariamente a lo que determina el Decreto Constituyente respecto de que “todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente”, y que por ello puede esta “adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público” de acuerdo con las “Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos”; la Asamblea Nacional Constituyente está sometida al reconocimiento que hace la Constitución de la existencia conjunta de los Poderes tradicionales constituidos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, por lo que su única función es la de redactar una nueva Constitución y en el ejercicio de esa función no puede desconocer a dichos Poderes Constituidos”[9].

En razón de lo anterior la Asamblea Nacional Constituyente tiene una sola y única competencia, esta es: redactar, discutir y aprobar un proyecto de Constitución, que será necesariamente sometido a la consideración del pueblo soberano, mediante consulta, y de no resultar aprobado este órgano cesa en su existencia, quedando todo el régimen jurídico intacto, con las solas modificaciones que se hayan producido por la actuación de los poderes constituidos en ejecución de sus respectivas competencias[10].

Por tanto,  cualquier actuación que exceda la competencia fijada a la Asamblea Nacional Constituyente -la redacción y discusión de un proyecto de nueva constitución- es abiertamente inconstitucional.

Ahora bien, todas las actuaciones de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convocada mediante decreto presidencial el 1° de mayo de 2017, han excedido la competencia fijada por la Constitución a un órgano de esta naturaleza legítimamente convocado. 

Más allá de la sesión para la redacción y discusión de un proyecto de nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente -en abierta inconstitucionalidad- ha dictado una serie de actos que han pretendido modificar el régimen jurídico vigente sin la intervención de la voluntad popular.

En efecto, mediante “Decretos Constituyentes”, “Leyes Constitucionales” y “Acuerdos Constituyentes”, la Asamblea Nacional Constituyente ha dictado leyes de contenido nuevo y modificado las existentes[11][12]; ha realizado actos de control e intervención de los poderes constituidos[13] a través de la designación, ratificación o remoción de sus titulares o funcionarios[14]; e inclusive, ha convocado procesos electorales para la elección popular de representantes de los poderes públicos (en todos sus niveles, local, regional o nacional[15]) y ha exigido juramentarlos[16].

De igual forma, el Decreto Constituyente de convocatoria para el primer cuatrimestre del año 2018, del proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, es inconstitucional por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente, conforme a lo precedentemente explicado, es un instrumento de reforma constitucional, no un órgano electoral.

 

3.      De la inconstitucional convocatoria al proceso electoral para la elección de la Presidencia de la República

 

3.1  Inconstitucionalidad por usurpación de competencias del Poder Electoral

El “Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela” es inconstitucional por cuanto usurpa las funciones propias de convocatoria a elecciones de los cargos de representación popular de los poderes públicos, del Poder Electoral en órgano del Consejo Nacional Electoral, establecidas en el artículo 293 numeral 5 de la Constitución, en concordancia con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, según los cuales: 

“Artículo 293.El Poder Electoral tiene por función:

5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”.

“Artículo 42.  La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los periodos constitucionales y legalmente establecidos”.

En el sentido que antecede, exclusivamente el Poder Electoral y no la Asamblea Nacional Constituyente, tiene la potestad de, mediante un acto de convocatoria en el cual se haga público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, convocar a la elección del Presidente de la República, conforme al período constitucional y legalmente establecido.

Dentro de este marco, cabe señalar entonces que, el acto mediante el cual la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente pretende convocar elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año 2018, por comprender la usurpación de funciones de un Poder Público como es el Electoral, es nulo de conformidad con lo establecido en el artículo 138, en concordancia con los artículos 136 y 137 de la Constitución, por cuanto solo la Constitución y la ley pueden definir las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público y “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

 

3.2  Inconstitucionalidad por violación del período presidencial constitucional

 

Según se desprende del artículo 230 de la Constitución, el período presidencial es de seis años. Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 se efectuaron en fecha 7 de octubre de 2012, en las cuales fue reelecto el presidente Hugo Chávez para un cuarto mandato consecutivo. De conformidad con el artículo 231 constitucional, el presidente electo debía comenzar su período constitucional el 10 de enero del año 2013 mediante juramento ante la Asamblea Nacional, o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo esto no ocurrió y la Sala Constitucional en sentencia N° 2 de fecha 9 de enero de 2013 “interpretó” el artículo 231 en cuestión y determinó que “A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo”, por lo que “La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación”.

La Sala Constitucional también avaló en esta oportunidad, además, la continuidad del Gobierno: “El Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”.

Tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, sin este haber tomado posesión del cargo presidencial, y bajo la figura de “continuidad administrativa” declarada por la Sala Constitucional, con fundamento en el artículo 233 (sobre la falta absoluta del Presidente de la República), fueron convocadas elecciones presidenciales el 9 de marzo para ser realizadas en fecha 14 de abril de 2013. Dispone el artículo 233 constitucional:

 

“(…)Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.(…)”

 

De conformidad con el precitado artículo, y producida la falta absoluta del presidente Chávez durante los primeros cuatro años del período presidencial, el candidato presidencial electo en las elecciones del 14 de abril, Nicolás Maduro, debe entonces completar el período constitucional correspondiente (2013-2019).

De manera que, siendo el período constitucional en curso el comprendido entre 2013-2019, la convocatoria para el primer cuatrimestre del año 2018 del proceso electoral para la escogencia de la Presidencia es flagrantemente extemporánea y por ende violatoria del período presidencial que determina la Constitución. Lo anterior, sin mencionar además, la irregularidad política y constitucional que representaría que el candidato elegido no tomara posesión del cargo de Presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, tal y como lo establece el artículo 231 de la Constitución, sino antes.

Así entonces, de conformidad con el precitado artículo 42 de la Ley Orgánica de procesos Electorales, la Asamblea Nacional Constituyente, además de usurpar las funciones del CNE al convocar elecciones presidenciales, lo hace en violación del periodo constitucionalmente establecido.

En ese sentido, “el proceso de elecciones presidenciales de forma anticipada sin la toma de posesión del cargo, constituye un fraude electoral”, por ser uno consecuencia del otro[17].

Una de las garantías de la elección y posterior toma de posesión del cargo el 10 de enero del primer año del período constitucional presidencial es el cumplimiento del mandato previsto en los artículo 230 y 231 de la Constitución por parte del Consejo Nacional Electoral y a través de un cronograma electoral ajustado al período constitucional. Por ello, cabría preguntarnos ahora: ¿Qué hacemos con el presidente electo el domingo 22 de abril de 2018 hasta la juramentación para la posesión del cargo de la presidencia de la República el 10 de enero de 2019?.

 

3.3      Inconstitucionalidad por violación de los principios constitucionales de los procesos electorales

 

3.3.1        Punto previo: del proceso electoral

El sistema electoral es una de las principales exigencias de todo Estado democrático, puesto que es utilizado para canalizar y garantizar la toma de decisiones por la voluntad popular. De conformidad con el artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

El sufragio, como modo de participación política en que es expresada la voluntad popular, está establecido en la Constitución como un derecho que se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas (artículo 63), garantizado por los principios de: personalización del sufragio, la representación proporcional, igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, por parte de los órganos del Poder Electoral[18] (artículo 293).

Para el eficaz ejercicio del derecho al sufragio, la Constitución y la ley regulan y desarrollan los principios constitucionales y los derechos de participación política de los ciudadanos en los procesos electorales (artículo 1 de la Ley de Procesos Electorales).

Ahora bien, el proceso electoral siempre ha tenido la característica implícita de ser un elemento básico del régimen democrático, en el que el valor del voto de cada ciudadano es trascendental para canalizar la voluntad del pueblo hacia las decisiones políticas[19]. Ponemos énfasis en que “Cuanto mayor sea el nivel de participación de los ciudadanos en los procesos políticos y sociales de un país, más democrático es un sistema”, de modo que en los sistemas democráticos se sustentan en la existencia de mecanismos que verdaderamente garanticen la participación ciudadana[20].

En efecto, la democracia es un sistema competitivo basado en la existencia de instituciones y sistemas tendientes a asegurar la libertad, la imparcialidad y la igualdad de la escogencia entre diferentes opciones políticas.

Contrariamente a lo anterior el Decreto Constituyente es marcadamente parcializado y lo demuestra de forma clara al asociar a la oposición venezolana con los mencionados por él “poderes imperiales y poderes fácticos” de Estados Unidos y de la Unión Europea, que “han desatado una campaña sistemática de odio contra el Pueblo venezolano mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras sicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra”; poniéndola en una situación no solo desventajosa a la hora de participar políticamente a través de sus candidatos en el proceso electoral, sino hasta excluyente. 

 

Ante estas declaraciones de odio presentes en el “Decreto Constituyente”, y otras tales como “Que la oposición venezolana atendiendo un guión de factura imperial para justificar y facilitar la intervención extranjera, ha desatendido los más de cuatrocientos llamados del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y ha boicoteado los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias político-ideológicas, pretendiendo imponer a través de la violencia un neocoloniaje vergonzoso”, es de presumir que el proceso electoral destinado a la elección del presidente de la República dentro del primer cuatrimestre del año 2018 no tiene otro fin que favorecer a cierta línea política presente en el poder en la actualidad y discriminar a otra -de oposición-, privando a los electores de toda garantía de transparencia, confiabilidad, justicia e igualdad en las elecciones, y por ende, violando lo dispuesto en el artículo 293 de la Constitución.

Para evitar el autoritarismo, se prevé a nivel constitucional, legal e institucional la existencia de sistemas electorales que aseguren la legitimidad democrática de los titulares de los órganos del poder y para ello establezcan y garanticen los derechos constitucionales de la oposición, la imparcialidad de los organismos electorales, el derecho al  secreto y la integridad del voto, la regulación especial en caso de reelecciones[21], el derecho a la información electoral y el financiamiento de los partidos políticos.

Cabe mencionar además, como lo hace Manuel Aragón, que se requiere la presencia de otras libertades sin las cuales no puede hablarse propiamente de un sufragio libre, tales como las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación y la libertad de presentación de candidaturas y de la libre concurrencia de las mismas y del libre desarrollo igualitario de la campaña electoral[22].

Alejado de todo respeto a dichas libertades, el presidente Maduro anunció la exclusión de partidos opositores, tales como Primero Justicia, Voluntad Popular y otros, de las elecciones presidenciales, por no haber participado en las elecciones municipales. En este sentido, las palabras del Presidente en rueda de prensa fueron: “Partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido (...) y yo lo apoyo”.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, “El proceso electoral constituye los actos y actuaciones realizados en forma sucesiva por el Consejo Nacional Electoral dirigidos a garantizar el derecho al sufragio, la participación política y la soberanía popular, como fuente de la cual emanan los órganos del Poder Público”; y se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional (artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales).

Por proceso electoral debe entenderse entonces el conjunto de acciones que, ordenadas por etapas y establecidas previamente en la Constitución y en las leyes electorales, están dirigidas por los organismos electorales para la realización de las elecciones y consultas populares. De otra parte, el proceso electoral es definido como “el conjunto de actos ordenados por la legislación vigente que han de cumplir las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos para la renovación periódica de los poderes ejecutivo y legislativos…”[23].

Las anteriores definiciones del proceso electoral tienen como característica en común la mención de un organismo o autoridad constitucionalmente competente para la realización de dicho proceso electoral.

En Venezuela, la Constitución (artículo 293) y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (artículo 4) le otorgan exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), como órgano rector y máxima autoridad del Poder Electoral, las funciones de  organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos; incluyendo además la de organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, de conformidad con el artículo 293 constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de organizar los procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Junto a los principios que rigen los procesos electorales, la Constitución ordena  a los órganos del Poder Electoral regirse en su actuación por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios (artículo 294 de la Constitución).

Es conveniente resaltar que los principios y normas electorales dispuestos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para los procesos electorales y para los órganos del Poder Electoral, son consecuencia del principio básico del Estado democrático, es decir, la soberanía popular, según el cual el fundamento jurídico - político de cualquier sociedad estatal es la voluntad libremente expresada del pueblo[24].

Así pues, como postulado fundamental del Estado democrático, la elección debe ser el resultado de la libre expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo, si concurren vicios en el proceso electoral que alteren el resultado de la votación, al punto de no conocerse lo realmente querido por los electores, ello “conlleva naturalmente la anulación de la respectiva elección”[25]. En ese sentido, y dado que “las elecciones constituyen el mecanismo jurídico usual no sólo para la escogencia de los titulares de los órganos representativos, sino, además, para que éstos participen, en alguna medida, en la determinación, ejecución y control de las decisiones políticas a lo largo de todo el proceso gubernamental”[26], al violarse los principios electorales que garantizan el pleno ejercicio de la voluntad popular en un proceso electoral, se violará el principio democrático, fundamental del Estado de Derecho.

En efecto, la legitimidad de la democracia se afecta por sistemas electorales desiguales y parcializados. En contraposición a la democracia, el autoritarismo se vale de sistemas de elecciones desiguales para fortalecer el totalitarismo y la concentración del poder bajo una formalidad legal pero sin las garantías electorales de la libertad, la igualdad, la imparcialidad y del secreto y de la integridad del voto. “Un poder público conformado por procedimientos que no consagren las garantías constitucionales electorales, son contrarios al orden constitucional y al Estado de Derecho, porque este no existe en donde los sistemas electorales no son democráticos”.

Ahora bien, el Decreto Constituyente es violatorio de los principios y garantías constitucionales y legales que informan los procesos y los órganos electorales en el ordenamiento jurídico venezolano trastocando el principio fundamental de la democracia y en detrimento de la soberanía popular.

De modo que el Decreto Constituyente es inconstitucional por cuanto viola los principios constitucionalidades de los procesos electorales, así como el principio de independencia de los órganos del Poder Electoral (artículos 293 y 294, respectivamente), en los términos que explicaremos a continuación.

 

3.3.2        Inconstitucionalidad por violación del principio constitucional de imparcialidad en los procesos electorales

 

El Decreto de convocatoria a elecciones presidenciales es violatorio, según se desprende de sus numerosos considerandos, del principio de imparcialidad de las elecciones, que de acuerdo con el artículo 293 de la Constitución, debe garantizar los órganos del Poder Electoral en todo proceso electoral, junto a los principios de igualdad, confiabilidad, transparencia y eficiencia.

En efecto, el Decreto Constituyente es marcadamente parcializado  y lo demuestra de forma clara al asociar a la oposición venezolana con los mencionados por él “poderes imperiales y poderes fácticos” de Estados Unidos y de la Unión Europea, que “han desatado una campaña sistemática de odio contra el Pueblo venezolano mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras sicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra”; poniéndola en una situación no solo desventajosa a la hora de participar políticamente a través de sus candidatos en el proceso electoral, sino hasta excluyente.  

 

Como hemos dicho, ante estas declaraciones de odio presentes en el “Decreto Constituyente”, y otras tales como “Que la oposición venezolana atendiendo un guión de factura imperial para justificar y facilitar la intervención extranjera, ha desatendido los más de cuatrocientos llamados del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y ha boicoteado los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias político-ideológicas, pretendiendo imponer a través de la violencia un neocoloniaje vergonzoso”, es de presumir que el proceso electoral destinado a la elección del presidente de la República dentro del primer cuatrimestre del año 2018 no tiene otro fin que favorecer a cierta línea política presente en el poder en la actualidad y discriminar a otra -de oposición-, privando a los electores de toda garantía de transparencia, confiabilidad, justicia e igualdad en las elecciones, y por ende, violando lo dispuesto en el artículo 293 de la Constitución. En el mismo sentido, dicho Decreto Constituyente trasgrede los valores superiores que rigen el Estado venezolano tales como la democracia y el pluralismo político (artículo 2 de la Constitución); e ignora el fin esencial del ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3 de la Constitución).

 

Lo anterior aunado a que “En el pasado reciente, los procesos electorales en Venezuela no han sido administrados de manera justa, imparcial y trasparente[27], situación que ha empeorado de cara a las elecciones presidenciales de 2018”[28]. Tal como lo afirman el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA), las condiciones electorales en Venezuela no son contestes en lo referente a la integridad de las elecciones[29].

 

En efecto, “la manipulación en la convocatoria a elecciones, la opacidad en los procedimientos y lapsos de cada una de las fases necesarias para la celebración de una elección, la ilegalización de partidos, la inhabilitación de líderes políticos y el rechazo sistemático a la observación electoral nacional e internacional calificada e independiente, constituyen restricciones muy graves para la integridad de cualquier elección”.

 

Ante esta falta de garantías y principios como la confiabilidad, la imparcialidad  y la igualdad en los procesos electorales y el anuncio de un adelanto en la convocatoria de las elecciones presidenciales en Venezuela, se han pronunciado diversos sectores de la comunidad nacional e internacional.

 

Así pues, entre ellos llama la atención la IV Declaración del Grupo de Lima, en la cual los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia, reunidos en la Ciudad de Santiago de Chile, en fecha de 23 de enero de 2018, manifestaron su rechazo de la decisión del Gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año, por considerar  que la misma “imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición”[30].

 

Basta decir además que este Decreto Constituyente vulnera flagrantemente los principios que rigen a los órganos del Poder Electoral establecidos en el artículo 294 de la Constitución como lo son: la independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios, al instar a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, “para que realice lo conducente a los efectos de este Decreto Constituyente”.

Al respecto, la Conferencia Episcopal Venezolana, mediante comunicado de su Presidencia, expresó que “El CNE es la institución llamada a velar por las garantías electorales de los ciudadanos, de ahí la necesidad de su reestructuración para que "cumpla con la imparcialidad que le pide la Constitución vigente. Solo así actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo" (n.7). Aunado a esto debemos recordar que si realmente vivimos en democracia, la institución electoral –CNE- debe mantener su autonomía y servir al pueblo elector”. De forma muy precisa, la Conferencia Episcopal Venezolana declaró además que para la materialización del artículo 5 constitucional, según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, se necesitan instituciones del Estado que efectivamente respeten la voluntad de ese pueblo[31].

 

Sobre esto último es preciso hacer mención de que, con base en el Decreto Constituyente, y prescindiendo de toda autonomía, el Consejo Nacional Electoral fijó para el 22 de abril  de este año, la fecha para las elecciones presidenciales y como  cronograma electoral estableció el siguiente:

 

1)                 Registro preliminar: 25 de febrero.

2)                 Jornada especial del 10 al 20 de febrero

3)                 Admisión al registro electoral: del 25 al 27 de febrero

4)                 Auditoria del registro electoral: 26 de febrero, cuyo registro definitivo se publicara el 5 de marzo.

5)                 Campaña electoral desde el 2 de abril hasta el 19 de abril en la misma fecha en que se realizará la feria electoral.

6)                 Postulaciones se iniciarán con la inscripción por internet desde el 24 al 26 de febrero y  la presentación de éstas ante la Junta Nacional del 26 al 27 de febrero.

7)                 La admisión y rechazo a las postulaciones se realizarán desde el 26 de febrero al 1º de marzo.

8)                 Los partidos podrá escoger la posición en la boleta el 5 de marzo.

9)                 El proceso tendrá 15 auditorías.

 

De tal manera que el proceso electoral convocado por el Decreto Constituyente y avalado por el Consejo Nacional Electoral para una elección presidencial, configura una violación al sistema electoral al eliminar los lapsos necesarios para el registro electoral, para las postulaciones; sin control de la campaña electoral; inhabilitando posibles candidatos y partidos importantes; sin observación independiente u obstaculizando el acceso a centros de votación y marcado por el ventajismo electoral del candidato que pretende su reelección[32]; todo ello en violación de las garantías y principios establecidos en los artículos 293 y 294 de la Constitución, y artículos 1, 3, 28 y 72 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

 

4.      Conclusiones

De lo anterior se desprende que el “Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela” es inconstitucional por cuanto (i) fue dictado por una Asamblea Nacional Constituyente desprovista de toda legitimidad al no haber sido convocada por el pueblo soberano, único depositario del poder constituyente originario (artículos 5 y 347 de la Constitución); (ii) excede los límites constitucionalmente determinados para el ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional Constituyente que establece la Constitución (artículo 347); (iii) usurpa las funciones propias y exclusivas del Poder Electoral (artículo 293); (iv) viola el período presidencial constitucionalmente establecido (artículos 230 y 231); (v) viola los principios constitucionales de los procesos electorales; y (vii) viola el principio de independencia de los órganos del Poder Electoral (artículos 293 y 294, respectivamente).

En razón de lo expuesto, el acto mediante el cual la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente pretende convocar elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año 2018, es nulo de conformidad con lo establecido en el artículo 138, en concordancia con los artículos 136 y 137 de la Constitución.

 

 

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* Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado, postgrado y doctorado). Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999.  Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985. Foreign Legal Consultant, admitido por el Florida State Bar.

[1] Gaceta Oficial N° 6.361 Extraordinario de fecha 23 de enero de 2018.

[2] Gaceta Oficial N° 6.323 extraordinario de fecha 08 de agosto de 2017.

[3] Publicado en Gaceta Oficial N° 41.156 de fecha 23 de mayo de 2017.

[4] Publicado en Gaceta Oficial N°6.303 extraordinario de fecha 4 de junio de 2017.

[5]Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, “El derecho del pueblo de participar en las reformas de la constitución es el signo más característico de la democracia participativa que no puede ser arrebatado por los gobernantes”, New York 3 de mayo, 2107, disponible en: http://allanbrewercarias.com/documentos/155-derecho-del-pueblo-participar-las-reformas-la-constitucion-signo-mas-caracteristico-la-democracia-participativa-no-puede-arrebatado-los-gobernantes/

[6] De acuerdo con lo reseñado en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, “Un total de 8.089.320 de votantes participaron este domingo en la elección de 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de acuerdo con el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE)” (Vid. http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3551), sin embargo, sobre este proceso electoral, incontables fueron las denuncias de ventajismo, fraude, no ya de los partidos opositores, sino de los ciudadanos y organizaciones civiles, e incluso del proveedor del sistema computarizado operativo, Smarmatic, el cual manifestó el hecho de que no podían garantizar resultados de la constituyente, puesto que creían que “la data para la elección fue manipulada”, cfr. http://www.el-nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-eleccion-constituyente_196658 y http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[7] Para mayor profundidad consultar BADELL MADRID, Rafael, “Régimen jurídico del proceso constituyente en la Constitución de Venezuela”, publicado en BREWER-CARÍAS, Allan / GARCÍA SOTO, Carlos (compiladores), "Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017", Editorial Temis, Editorial Jurídica Venezolana, Bogotá/Caracas, 2017, pp.137-204. Publicado también en la página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: http://www.acienpol.org.ve/Default.aspx

[8] La Asamblea Nacional Constituyente está sometida a las normas y principios constitucionales vigentes para su conformación, siendo que la supremacía del texto fundamental (artículo 7 de la Constitución) impide que este pierda su vigencia (artículo 333 de la Constitución), hasta tanto el poder constituyente originario, que solo corresponde al pueblo, lo decida mediante referendo consultivo que resulte en la adopción de una Constitución.

[9] SANQUÍRICO PITTEVIL, Fernando, “Las facultades (i)limitadas de la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a la Constitución de la República”, en BREWER-CARÍAS , Allan y GARCÍA SOTO, Carlos (compiladores), “Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente”, Editorial Temis, Editorial Jurídica Venezolana, Bogotá/Caracas, 2017. 

[10] Para mayor profundidad vid. BADELL MADRID, Rafael, Ob. cit.

[11] La lista de “Leyes Constitucionales” dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, en contravención a su único objeto de redacción de un proyecto de constitución y usurpando las potestades legislativas exclusivas de la Asamblea Nacional, cada día se vuelve más larga. Así pues, hasta la fecha se han dictado un total de 11 leyes constitucionales: 1. Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario del 08 de Agosto de 2017); 2.  Ley Constituyente que crea el conglomerado «Agrosur» (Gaceta Oficial Nro. 41.272 del 06 de Noviembre de 2017); 3. Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (Gaceta Oficial Nro. 41.274 del 08 de Noviembre de 2017); 4. Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.- (Gaceta Oficial Nro. 41.276 del 10 de Noviembre de 2017) (Se reimprime por fallas en los originales).- (Reimpresión G.O Nº 41.274); 5. Ley Constitucional de Precios Acordados.- (Véase N° 6.342 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 22 de noviembre de 2017); 6. Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria (Gaceta Oficial Nro. 41.305 del 21 de Diciembre de 2017); 7. Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero (Gaceta Oficial Nro. 41.310 del 29 de Diciembre de 2017); 8. Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (Gaceta Oficial Nro. 41.310 del 29 de Diciembre de 2017); y 9. Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. (Gaceta Oficial Nro. 41.318 del 11 de Enero de 2018); 10. Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Gaceta Oficial Nº 41.330 del 29 de enero de 2018); y 11. Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (Gaceta Oficial Nº 41.336 del 6 de febrero de 2018).

[12] Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales (Gaceta Oficial Nro. 41.308 del 27 de Diciembre de 2017).

[13] Entre ellos el Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017); y el Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario del 08 de Agosto de 2017).

[14] Como por ejemplo el Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz como Fiscal General de la República (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017); el Decreto Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal General de la República Tarek Wiilians Saab (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017);  Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Nicolás Maduro Moros, como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el cual fue electo por decisión del soberano Pueblo de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 6.325 extraordinario del 10 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica a las ciudadanas Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth  Hernández y Tania D´Amelio Cardiet, como Rectoras del Consejo Nacional Electoral (Gaceta Oficial Nro. 6.326 extraordinario del 11 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los Magistrados y Magistradas Principales del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial Nro. 41.214 del 15 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Luis Emilio Rondón González, como Rector Principal del Consejo Nacional Electoral (Gaceta Oficial Nro. 41.214 del 15 de Agosto de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los ciudadanos Tarek William Saab, Fiscal General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano; Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República y Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo (Gaceta Oficial Nro. 41.216 del 17 de Agosto de 2017); y el Decreto Constituyente que autoriza la designación del Presidente del Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 41.265 del 26 de Octubre de 2017).

[15] En este punto es preciso destacar, que en entera contradicción a los límites de la Asamblea Nacional Constituyente establecidos en el artículo 347, la Asamblea Nacional Constituyente  ha dictado en tres ocasiones “Decretos Constituyentes” con el único objeto de determinar la convocatoria a procesos electorales de representantes de los poderes públicos. Así pues mencionamos: 1. El Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de estados, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales (Gaceta Oficial Nro. 6.327 extraordinario del 12 de Agosto de 2017); 2. Decreto Constituyente de convocatoria y programación de las elecciones de Alcaldesas y Alcaldes, para el mes de diciembre del año 2017 (Gaceta Oficial Nro. 41.265 del 26 de Octubre de 2017); y 3. Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 6.361 extraordinario del 23 de enero de 2018).

[16] Decreto Constituyente mediante el cual se declaran juramentados ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente las gobernadoras y gobernadores de cada estado a las ciudadanas y ciudadanos que en él se indican (Gaceta Oficial Nro. 41.259 del 18 de Octubre de 2017); Acto Constituyente mediante el cual se juramentan la Gobernadora proclamada y Gobernadores proclamados (Gaceta Oficial Nro. 41.262 del 23 de Octubre de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se Juramenta el Gobernador Proclamado del estado Zulia (Gaceta Oficial Nro. 41.300 del 14 de Diciembre de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se delega la Juramentación de las Alcaldesas Proclamadas y Alcaldes Proclamados (Gaceta Oficial Nro. 41.300 del 14 de Diciembre de 2017)

[17] Vid. Comunicado de la Asociación de Rectores Universitarios “AVERU” Ante la inconstitucional convocatoria a las elecciones presidenciales realizada por La Asamblea Nacional Constituyente  de facto, en UCV Noticias, artículo web, disponible en: http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=67524  

[18] Es decir, el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. Vid. Artículo 292 de la Constitución.

[19] SÁNCHEZ AGESTA, Luis, “Democracia y procesos electorales”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, Costa Rica,  1986. . Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2018/3.pdf

[20] “Sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad, es por ello que el ejercicio de la ciudadanía y la participación política continúan, hoy día, siendo imperativos de cualquier orden político”, Vid. FERNÁNDEZ MASÍS, Héctor, “El proceso electoral”,  en Revista de Derecho Electoral N°1, Primer Semestre, Costa Rica, 2005. P.17. Disponible en: http://www.tse.go.cr/revista/art/1/fernandez.pdf

[21] Se menciona como ejemplo de reglamentación de lo relativo a la reelección presidencial, específicamente en lo atinente a la campaña presidencial, la Ley Colombiana 996 de 2005 sobre Garantías Electorales, la cual establecía limitaciones en cuanto al acceso a la financiación estatal previa y sus montos máximos, el control de los recursos, el acceso equitativo a los medios de comunicación, las prohibiciones especiales al Presidente durante la campaña electoral, las prohibiciones a la participación en las campañas de los funcionarios públicos y las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones. DUQUE CORREDOR, Román, “Elecciones de la dictadura del Maduronato”. Conferencia dictada el 15 de febrero de 2018 en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Foro sobre las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. 

[22] ARAGÓN, Manuel, “Derecho de sufragio: Principio y función”, en FERRERO COSTA, Raúl (compilador) “Derecho Constitucional General. Materiales de Enseñanza”, primera edición, Universidad de San Marcos. Universidad  de Lima, Lima, 2004, página 643, cit. en DUQUE CORREDOR, Román, “Elecciones de la dictadura del Maduronato”, Ob. cit.

[23] ZURITA, Ricardo O. “Curso de Inducción”, programa de Formación y Desarrollo. Instituto Federal Electoral. México, 1993. P. 75. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1113/6.pdf

[24] HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, “Los principios del derecho electoral”, artículo web disponible en: https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1994-01-004-025.pdf

[25] Ibídem.

[26] Ibídem.

[27] Tal como lo afirma la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), “las últimas actuaciones en materia electoral por parte de la Asamblea Nacional Constituyente conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, con ocasión a las elecciones de Gobernadores y Alcaldes, así como el llamado a legitimación de los partidos políticos, inhabilitaciones, desconocimiento de los resultados electorales adversos al régimen, modificación de las normas que regulan los procesos electorales dentro de los seis(6) meses anteriores al proceso, evidencia que no existe garantía de imparcialidad, trasparencia, igualdad y equidad en el desarrollo de una elección   Presidencial.” Vid. “AVERU  se dirige a la opinión pública. Ante la inconstitucional convocatoria a las elecciones presidenciales realizada por La Asamblea Nacional Constituyente  de facto”, cit.  

[28]Déficits como “la permisividad del CNE en el uso de recursos públicos para fines electorales, la inequidad en la aplicación de la normativa electoral, manipulación en los procedimientos de votación, inequidad en el acceso a los medios de comunicación”; la “manipulación del cronograma de actividades de la elección, migración masiva de votantes a pocas horas de la elección, eliminación de la tinta indeleble como mecanismo para evitar el sufragio múltiple y la manipulación de actas de votación”, sin mencionar la declaración de la empresa Smartmatic, de la falta de confianza de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en las pasadas “elecciones” para seleccionar los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente; hacen que Venezuela sea el escenario menos propicio para unas elecciones íntegras. Vid. Comunicado conjunto del CEP-UCAB e IDEA Internacional sobre convocatoria de elecciones 2018, del 29 de enero de 2018. Disponible en: https://politikaucab.net/2018/01/29/comunicado-conjunto-del-cep-ucab-e-idea-internacional-sobre-convocatoria-de-elecciones-2018/

[29] Elecciones íntegras, en este concepto, se  refiere a “elecciones basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral” (Informe de la Comisión Global, sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, publicado por IDEA Internacional y la Fundación Kofi Annan, 2012). Vid. Comunicado conjunto del CEP-UCAB e IDEA Internacional sobre convocatoria de elecciones 2018, del 29 de enero de 2018.

[30] Asimismo, el Grupo de Lima exigió “que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan éstas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad.”. Vid. en “La reacción internacional ante el anuncio de la ANC de convocar elecciones presidenciales”, por MonitorProDaVinci, Disponible en: http://prodavinci.com/la-reaccion-internacional-ante-el-anuncio-de-la-anc-de-convocar-elecciones-presidenciales-1/  y https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20180123/asocfile/20180123185234/declaraci__n_g_lima_v_23_01_2018_final.pdf

[31] Comunicado de la Presidencia de la CEV ante la convocatoria a las elecciones presidenciales adelantadas, del 29 de enero de 2018, disponible en la página web de la Conferencia Episcopal Venezolana: http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/276-comunicado-de-la-presidencia-de-la-cev-ante-la-convocatoria-a-las-elecciones-presidenciales-adelantadas

[32] DUQUE CORREDOR, Román, “Elecciones de la dictadura del Maduronato”. Conferencia dictada el 15 de febrero de 2018 en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Foro sobre la elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. 



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