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Asamblea Constituyente 2017
Rafael Badell Madrid, “Inconstitucionalidad del llamado a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente”
 

 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL LLAMADO A ELECCIONES

POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

 

Conferencia dictada en el Foro: "El dilema en las elecciones anticipadas. Desengaños, retos y oportunidades", celebrado en la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo.

Valencia, 14 de marzo de 2018.

 

Rafael Badell Madrid**

 

I.       Presentación

1.      Punto previo

2.      De los Decretos Constituyentes de Convocatoria a elecciones

II.    Inconstitucionalidad e ilegalidad de la convocatoria al proceso electoral para la elección del Presidencia de la República, de los Consejos Legislativos Estadales y los Concejos Municipales

1.      Inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente

1.1             Inconstitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

1.2  Inconstitucionalidad de las  bases comiciales

1.3  Inconstitucionalidad de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral para avalar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente

1.4  Inconstitucionalidad de las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia para avalar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia N°378 de la Sala Constitucional)

1.5  Inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por su desempeño

2.      Inconstitucionalidad por usurpación de competencias del Poder Electoral

3.      Inconstitucionalidad por violación del período constitucional presidencial

4.      Inconstitucionalidad por violación del principio de imparcialidad que rige los procesos electorales y a los órganos del Poder Electoral

1.      Punto previo: del proceso electoral

4.2 Inconstitucionalidad por violación del principio constitucional de imparcialidad e igualdad en los procesos electorales

4.3 Inconstitucionalidad por violación del principio constitucional de imparcialidad de los órganos electorales

5.      Ilegalidad por violación de la convocatoria y elección conjunta de Gobernadores y legisladores de los consejos legislativos; y de Alcaldes y concejales de los concejos municipales, distritales y metropolitanos; y por violación de la prohibición de realizar elecciones de Alcaldes  y concejales municipales separadas de las de los órganos del Poder Público Nacional.

III. Conclusiones

IV. Bibliografía

 

I.                   Presentación

 

1.      Punto previo

Los “Decretos Constituyentes”, de fechas 23 de enero de 2018 y 1° de marzo de 2018, por medio de los cuales la sedicente Asamblea Nacional Constituyente convocó a elecciones para la Presidencia de la República  para el primer cuatrimestre del año 2018; así como a la elección para la escogencia de los Consejos Legislativos Estadales y de Concejos Municipales para el mes de mayo de 2018 y reconvocó el proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para el mismo mes, respectivamente, son inconstitucionales e ilegales por las siguientes razones:

1.      Fueron dictados por un órgano inconstitucional “convocado” mediante Decreto del Presidente de la República en usurpación del poder constituyente, cuyo único titular es el pueblo soberano de Venezuela (artículos 347 en concordancia con el artículo 5 de la Constitución).

2.      Violan el artículo 293 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que determina las funciones del Poder Electoral y la exclusiva potestad de convocar a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral; en concordancia con el artículo 137 constitucional, principio constitucionalidad y legalidad; y el artículo 136 eiusdem, que establece la separación de poderes;

3.      Violan el  artículo 230 de la Constitución, que establece el período presidencial constitucional;

4.      Violan el artículo 293 de la Constitución que prevé los principios y las garantías de imparcialidad, igualdad, confiabilidad, transparencia y eficiencia que rigen los procesos electorales y el artículo 294 de la Constitución que se refiere a los principios de independencia orgánica, imparcialidad, despartidización de los organismos electorales y autonomía funcional, que rigen a los órganos del Poder Electoral.

5.      Violan los artículos 2 y 3 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales[1], que determinan el esquema por el cual debe el Consejo Nacional Electoral convocar los procesos electorales según el tipo de cargo y  nivel político territorial[2].y el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal[3], que contiene la exigencia legal de realizar las elecciones de los alcaldes y concejales municipales  necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional”.

 

2.      De los Decretos Constituyentes de Convocatoria a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela

 

En fecha 23 de enero de 2018, fue dictado por la sedicente Asamblea Nacional Constituyente el “Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”[4], mediante el cual se convocó para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para escoger al presidente de la República y se instó a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de ese “Decreto Constituyente”[5].

El Decreto Constituyente señala como fundamento jurídico los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, así como las “Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos”[6].

El Decreto Constituyente establece como fundamentos de dicha convocatoria además, la realización de los “valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos”; la subordinación de los órganos del Poder Público a la Asamblea Nacional Constituyente “como expresión del poder originario y fundacional del Pueblo venezolano”; y la facultad  de esa Asamblea Nacional Constituyente “para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público”, todo ello con el objeto de “alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del Poder Público”.

También, el Decreto Constituyente tiene en consideración para la convocatoria del proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República, “la consolidación de procesos democráticos que permiten dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través de las elecciones” para alcanzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública que “ha permitido afianzar” “la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los demás procesos electorales realizados desde su instalación”.

Por último, señala el Decreto Constituyente entre sus considerandos las sanciones que los Estados Unidos de América y la Unión Europea han impuesto “con miras a procurar un cambio de gobierno y modelo de desarrollo en Venezuela”; la “campaña sistemática de odio contra el Pueblo venezolano” de los “poderes imperiales y poderes fácticos al margen de la ley internacional” “mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras sicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra”; y, el boicot de los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias político-ideológicas, hecho por la oposición venezolana “atendiendo un guión de factura imperial para justificar y facilitar la intervención extranjera”.

Posteriormente, en fecha 1° de marzo de 2018, fue dictado por la misma inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente el “Decreto Constituyente sobre convocatoria Elecciones en la República Bolivariana de Venezuela”[7], mediante el cual se convocó para el mes de mayo de 2018, la elección de los Consejos Legislativos Estadales y de los Concejos Municipales y se reconvocó para el mismo mes de mayo el proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

En este segundo decreto, se instó nuevamente a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de ese “Decreto Constituyente”; y se justificó la nueva convocatoria a elecciones presidenciales con la finalidad de “garantizar la viabilidad técnica de las elecciones legislativas estadales y municipales que se suman simultáneamente al evento presidencial, a favor de la mayor participación electoral del pueblo venezolano”.

 

II.        Inconstitucionalidad e ilegalidad de la convocatoria al proceso electoral para la elección del Presidencia de la República, de los Consejos Legislativos Estadales y los Concejos Municipales

1.         Inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente

1.1 Inconstitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

Si bien el tema a desarrollar es el relativo a la inconstitucionalidad de los Decretos Constituyentes sobre el llamado a elecciones, siendo que la primera inconstitucionalidad que afecta estos textos, es, precisamente, la inconstitucionalidad del órgano que la ha producido, es conveniente hacer referencia, como punto previo, a la naturaleza, reglas y poderes de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente, cuando es electa de acuerdo a lo previsto en la Constitución,  es un órgano del Estado y como todos los órganos que ejercen el poder público ha de someterse al bloque de la constitucionalidad, en todas sus actuaciones. Está sometida  a las normas y principios constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución, según el cual: “Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

No es ese el caso de la sedicente “Asamblea Nacional Constituyente” instalada el 04 de agosto de 2017,  desprovista de toda legitimidad para realizar cualquier acto que produzca efectos jurídicos en el ordenamiento venezolano, desde que es inconstitucional tanto en su origen, forma de convocatoria y elección de sus miembros,  como en su desempeño, en el cual ha contrariado y violado sistemáticamente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico venezolano.

La Constitución de 1999 contempla diversos mecanismos para alterar su texto, estos son, la enmienda[8], regulada en los artículos 340 y 341; la reforma constitucional[9], prevista en los artículos 342 al 346, y; la posibilidad de dictar una nueva Constitución, consagrada en los artículos 347, 348 y 349.

La posibilidad de dictar una nueva Constitución responde a la necesidad de modificar sustancialmente el texto constitucional vigente; este es el mecanismo más complejo de alteración de la Constitución, pues supone un proceso de creación de un nuevo texto para sustituir en su totalidad el existente.

El  proceso constituyente está destinado a la reforma sustancial del contenido de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Este proceso es de rango constitucional, por cuanto es la propia Constitución quien lo regula y es también de naturaleza compleja, pues se ejecuta en varias fases que son de obligatorio cumplimiento y tiene como fin, como ya se ha observado, la modificación de forma sustancial del texto constitucional. De forma que todo el proceso se lleva adelante con la única finalidad de redactar una nueva Constitución.

Veamos entonces que el artículo 347 de la Constitución establece que “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”,  y en este sentido, del propio texto constitucional puede desprenderse que la naturaleza jurídica de la Asamblea Nacional Constituyente, “no es otra que un órgano del Estado, sometido a la soberanía popular, con carácter temporal, cuyo objeto es el de transformar al Estado mediante la creación de una nueva Constitución[10].

Las asambleas constituyentes son, sin duda, órganos representativos, distintos a los poderes constituidos, que se convocan y eligen por el pueblo soberano con la misión específica de elaborar un proyecto de Constitución. De este modo, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente supone la previa decisión del pueblo, depositario de la soberanía, de convocarla por la vía del sufragio, a través de un referendo de consulta popular.

Con respecto a la definición de pueblo, a que se refieren los artículos 5, 347, 350 y otros del texto Constitucional, conviene precisar su alcance y significado.  En este sentido debemos, en primer lugar tener presente la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de enero de 2003, mediante la cual, con base en la interpretación del artículo 350 de la Constitución en concordancia con el artículo 5 eiusdem, declaró que pueblo debe entenderse como  el conjunto de personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades” en los cuales reside la soberanía de manera fraccionada, por lo que pueblo son “todos los individuos que componen la comunidad política general que sirve de condición existencial del Estado Nacional, siendo cada uno de ellos titular de una porción o alícuota de esta soberanía[11]. 

En el sentido anterior, el Dr. Ramón Escovar León[12] explica que la voz “pueblo”, a pesar de que puede adquirir distintos significados según la ideología y el contexto dentro del cual se emplee este vocablo, desde un punto de vista semántico, no cabe duda del sustantivo colectivo que contiene, de forma que siempre alude a un “conjunto de personas de un lugar, región o país” (Real Academia Española 2014); o al “conjunto de los habitantes de un país” (María Moliner, Diccionario de uso del español, 2007).  

Ahora bien, hemos dicho antes que ese proceso constituyente, según la Constitución vigente,  es de naturaleza compleja pues se desenvuelve en tres fases, a saber:

i)                            La primera etapa del proceso constituyente, la más importante y determinante, es la consulta al pueblo, mediante el voto universal, directo y secreto, respecto de si se convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente y de si se aprueban o no las bases comiciales. La iniciativa de esa primera etapa la tienen: el Presidente de la República; la Asamblea Nacional, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en Cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos en el registro nacional.

ii)                          De resultar procedente la anterior decisión de iniciar el proceso, comienza la segunda fase que se produce con la convocatoria a referendo, universal, directo y secreto, para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente; esta fase comprende la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, luego su  instalación y todo el proceso de deliberación, discusión y elaboración de la nueva Constitución; y

iii)                        La última fase se verifica con el referendo consultivo, de nuevo universal, directo y secreto,  que ha de realizarse para que el pueblo, de nuevo, decida sobre la aprobación o no del proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, y de ocurrir su aprobación, su posterior publicación y entrada en vigor[13].

Las referidas fases se desprenden de lo previsto en los artículos 5, 347 y 348 de la Constitución, los cuales consagran al pueblo como único depositario de la soberanía nacional y por ende depositario del poder constituyente originario. En efecto, disponen dichos artículos lo siguiente:

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Por su parte, el artículo 347 determina que:

Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Así mismo, en el artículo 348 de la Constitución se establece claramente quiénes tienen la “iniciativa” para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, es decir quienes tienen la facultad para proponer que se convoque la instalación de la misma.  El Presidente de la República en Consejo de Ministros, al igual que la Asamblea Nacional, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral,  tienen la iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, esta facultad solo consiste en iniciar un proceso de convocatoria a este mecanismo de modificación del texto constitucional, nunca de convocarlo directamente (artículo 348 de la Constitución).

Las citadas normas (artículos 347 en concordancia con artículo 5, y artículo 348), están estrechamente vinculadas entre sí, por lo cual es indispensable interpretarlas en armónica. La apropiada interpretación del texto Constitucional conduce a una sola conclusión: el Presidente de la República, entre otros, tiene la potestad de proponer una Asamblea Nacional Constituyente y corresponde al pueblo, en el sentido ya explicado,  aprobar o no dicha propuesta, a través de un referendo consultivo. Tal como lo expresa el profesor  Brewer-Carías, “El derecho del pueblo a participar directamente mediante referendo en los procesos de reforma constitucional es, como se dijo, el signo más característico de la democracia participativa que se regula en la Constitución y el mismo no le puede ser arrebatado por los gobernantes en forma alguna[14]. 

En violación expresa de lo dispuesto en la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el Presidente de la República, y no por el pueblo,  mediante decreto N° 2.830 de fecha 1° de mayo de 2017, usurpando la voluntad del pueblo, único depositario del poder constituyente originario, tal y como se desprende de los artículos 5 y 347 de la Constitución y en flagrante violación  de los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en sus artículos 2 (el principio de la democracia), 3 (el ejercicio democrático de la voluntad popular), 5 (principio político de soberanía popular), 6 (el carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado), 19 (principio de progresividad de los derechos), 62 (derecho de participación libre en los asuntos públicos), 63 (derecho al sufragio), 70 (sobre los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía), 71 (derecho a consulta popular de las materias de especial trascendencia nacional), 347 (titularidad del poder constituyente originario y la facultad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente) y 348 (sobre la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente).

1.2   Inconstitucionalidad de las bases comiciales

Además del Decreto inconstitucional de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, fueron dictados posteriormente los decretos N° 2.878[15] de fecha 23 de mayo de 2017 y N° 2.889[16] del 4 de junio del mismo año, mediante los cuales el Presidente de la República “en su cualidad de convocante”, decretó, de nuevo  unilateralmente y sin consulta popular, las bases comiciales territoriales y sectoriales, sobre las cuales se llevó “a cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”, y exhortó a que el proyecto de Constitución que se redacte en su seno sea sometido a referendo aprobatorio popular, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Estas bases comiciales fueron igualmente inconstitucionales por cuanto violaron los artículos 5, 39, 40, 42, 62, 63, 64, 67, 70 y 347 de la Constitución al usurpar la soberanía del pueblo, como único titular del poder constituyente y desconocer la voluntad popular a través de la imposición de un proceso constituyente y de las bases comiciales.

 

En efecto, en primer lugar, las bases comiciales están contaminadas de los mismos vicios de inconstitucionalidad que se predica de los Decretos Nro. 2.830 y Nro. 2.831, en tanto que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente no fue legitimada por la voluntad popular, es decir, por el pueblo como único depositario de la soberanía nacional, y única entidad competente para hacerlo según lo dispone el artículo 347 de la Constitución en concordancia con el artículo 5 eiusdem. Así pues, no podía el Presidente de la República continuar el proceso constituyente mediante la presentación al Consejo Nacional Electoral de unas bases comiciales para  la elección de los miembros de la Asamblea Nacional constituyente, cuando el proceso como tal no ha sido iniciado por el pueblo quien es además el único competente para dictarlas

 

Al respecto cabe destacar que, en el proceso constituyente de 1999, se sentó el precedente por el cual tanto la convocatoria de la Asamblea Constituyente como los parámetros de su convocatoria debían ser aprobados por el pueblo de Venezuela.

 

En efecto, en 1999 se planteó el debate sobre dos cuestiones: en primer lugar, debía determinarse a quién correspondía tomar la iniciativa para convocar al referéndum consultivo en relación con la convocatoria de la referida Asamblea: al Presidente o al Congreso; y, en segundo término, cómo debía ser la consulta y el régimen de la Constituyente.

 

El primero de los aspectos señalados fue resuelto por el propio presidente de la República quien, antes de que el Congreso se planteara formalmente el tema, en fecha 2 de febrero de 1999 dictó el Decreto N°3, en el que acordó ¨ [l]a realización de un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente¨. Sin embargo, el segundo aspecto no estuvo exento de un exhaustivo debate: el Decreto N°3 no hizo referencia alguna a la forma en que se haría la consulta, por el contrario, se incluía como segunda pregunta de dicha consulta una solicitud del presidente al pueblo para que delegara en aquel la fijación de las bases del proceso comicial para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

Dicho Decreto, lejos de disponer la sujeción de la Asamblea Constituyente al ordenamiento jurídico-constitucional vigente (la Constitución de 1961), era extremadamente impreciso y concebía a dicho órgano como un medio ¨[P]ara transformar el Estado y crear un nuevo régimen jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa¨.

 

El referido Decreto N°3 del presidente de la República fue objeto de varias impugnaciones por ante la Corte Suprema de Justicia y el 18 de marzo de 1999 la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia anuló la referida segunda pregunta. En su fallo, apuntó la Corte que la posibilidad de que se pudiera convocar a una Asamblea Constituyente por vía de un referéndum consultivo no constituía una alteración de los principios fundamentales del Estado democrático de derecho, contenidos en la Constitución de 1961.

 

Ahora bien, en contrariedad si con los principios fundamentales del Estado democrático, el presidente de la República no solo convocó una Asamblea Nacional Constituyente con prescindencia de la voluntad del pueblo, sino que además dispuso de las normas por las cuales debían ser electos los integrantes de dicho órgano, sin consultarlo al pueblo, único depositario del poder constituyente originario.

 

En ese orden de ideas, las “bases comiciales”, son inconstitucionales puesto que limitaron ilegítimamente el derecho de participación ciudadana en el ejercicio de su soberanía (70 de la Constitución) al regular quiénes podían postularse al cargo de constituyente, sin la aprobación mediante referendo consultivo del pueblo como único soberano y titular del poder constituyente originario. En efecto, dispone el artículo 70 lo siguiente:

 

“Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.

 

En ese sentido, para garantizar la participación y el protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, junto a la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente debieron someterse a la aprobación en consulta popular, las bases comiciales que regirían la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, así como el tiempo de duración de la misma, mediante referendo consultivo establecido como forma de participación política en ejercicio directo de la soberanía del pueblo.

 

También, las bases comiciales son inconstitucionales por tanto dispusieron que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serían elegidos en el ámbito territorial y sectorial, en violación del derecho al voto universal, establecido en el artículo 63  de la constitución. En efecto, los sectores a los que se refieren las bases comiciales, según su punto PRIMERO, comprenden: 1) Trabajadores y Trabajadoras. 2) Campesinos y Campesinas y Pescadores y Pescadoras. 3) Los y las Estudiantes. 4) Personas con discapacidad. 5) Pueblos Indígenas. 6) Pensionados y Pensionadas. 7) Empresarios y Empresarias. 8) Comunas y Consejos Comunales; todo ello en violación del derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto (artículos 62 y 63 de la Constitución), según el cual cualquiera que detente la condición de elector (artículo 64 de la Constitución), puede elegir y ser elegido.

 

En efecto, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución, “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 eiusdem, “Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política”. De otra parte, el artículo 63 establece el derecho al sufragio, el cual “Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

 

Además, las bases comiciales violaron el principio de representación proporcional expresamente señalado en el artículo 63 de la Constitución al disponer una asignación de los constituyentes sobre una base que no se correspondía con la población nacional del Estado venezolano sino sobre la base territorial de cada municipio según lo dispuesto en el punto TERCERO del Decreto, de forma que vulneran el principio de  la prevalencia de la mayoría sobre la minoría y el principio de representación proporcional.

 

Así también, las bases comiciales son inconstitucionales por cuanto determinaron en su punto SÉPTIMO que sólo podrían ser postulados como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente los venezolanos por nacimiento sin otra nacionalidad, excluyendo inconstitucionalmente a los venezolanos por naturalización y a los venezolanos que tengan más de una nacionalidad, en contravención con los artículos 39, 40[17] y 42[18] de la Constitución, según los cuales, todos los venezolanos no sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política establecida en sentencia judicial firme ejercen la ciudadanía y en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución.

 

Por último, las bases comiciales, al establecer de forma exclusiva la iniciativa individual, la de los grupos de electores y los sectores como posibles postulantes, y excluir de esta forma a los partidos políticos  del régimen de postulaciones, violaron lo dispuesto en el artículo 67 constitucional, que confiere a todas las asociaciones con fines políticos el derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos[19].

 

De la forma antes expuesta, las denominadas “bases comiciales”, fueron violatorias de la Constitución puesto que limitaron ilegítimamente el derecho de participación ciudadana en el ejercicio de su soberanía al regular quiénes podían postularse al cargo de constituyente, en contravención con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución;  determinaron elecciones por sectores en violación del derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto, y el principio de representación proporcional (artículos 62 y 63 de la Constitución); excluyeron de los electores a los venezolanos por naturalización (en contravención con lo dispuesto en los artículo  39, 40 y 42 de la Constitución); y excluyeron a los partidos políticos  del régimen de postulaciones en violación del artículo 67 de la Constitución. 

 

Cabe destacar ahora que, esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, además, fue convocada de esta forma inconstitucional por el Presidente de la República con la complicidad de otros órganos de los  poderes constituidos, estos son, principalmente: el Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

 

1.3       Inconstitucionalidad de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral para avalar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente

 

En efecto, el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que no tenía competencia para convocar elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto su convocatoria no fue aprobada por el pueblo soberano a través de un referendo consultivo, respondió al mandato inconstitucional del presidente de la República, y en violación de los artículos 292 y siguientes de la Constitución, en concordancia con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, convocó y llevó a cabo el proceso electoral del 30 de julio del 2017 en el cual se eligieron fraudulentamente un total de 537 miembros de una inconstitucional e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente[20].

Si bien el Consejo Nacional Electoral es un órgano integrante del Poder Electoral, cuya función primordial es la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos (artículo 293 de la Constitución), dicha función solo puede ser ejercida de conformidad con las normas y principios constitucionales que rigen los procesos electorales y a las autoridades; tales como la independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.

Al haber convocado directamente el proceso para la elección de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente, sin que previamente esta hubiese sido convocada mediante referendo consultivo popular por el poder constituyente originario (artículo 347 en concordancia con los artículos 5 y 71 de la Constitución), el Poder Electoral se sometió y se confundió con el Poder Ejecutivo, violando el principio de separación de poderes (artículo 136 de la Constitución en concordancia con el artículo 137 y 293 de la Constitución), el principio de independencia orgánica de los órganos del poder electoral (artículo 294 de la Constitución) y violando además el principio de participación política, en menoscabo de la soberanía popular (artículos 5 y 71 de la Constitución).

 

1.4       Inconstitucionalidad de las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia para avalar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia N°378 de la Sala Constitucional)

 

Así también, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en renuncia al deber que tiene de garantizar la supremacía de la Constitución, avaló la acción inconstitucional del Presidente de la República de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y, mediante sentencia N°378 de fecha 31 de mayo de 2017, en “interpretación constitucional” de los artículos 347 y 348, determinó que ¨no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX

 

En efecto, a través de la decisión N° 378, la Sala Constitucional confundió gravemente, como lo hizo el Presidente de la República mediante Decreto Nro. 2.830 del 1° de mayo de 2017,  la iniciativa con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ambas desarrolladas en los artículos 347 y 348 de la Constitución. En este sentido, es preciso señalar que al referido artículo 347 se le da como título el de "Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente", mientras que al artículo 348 de la misma Constitución se le denomina "Iniciativa de Convocatoria", porque éste establece que la iniciativa de convocatoria puede ser tomada por el Presidente, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y un 15% de electores, en tanto que el precedente se refiere a la decisión misma de la convocatoria que corresponde sólo ser decidida por la mayoría popular, única titular de la soberanía.

Ahora bien, la Sala Constitucional desconoció que el depositario del poder constituyente originario es el pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Constitución; y pese a que los poderes constituidos, de conformidad con el artículo 348 constitucional, sólo pueden promover tal convocatoria para que se consulte mediante un referendo al pueblo sobre si quiere o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, esa Sala les concedió la facultad de convocar directamente un proceso para la transformación del Estado y del ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala Constitucional, tras la lectura aislada de las normas (artículo 347 y 348 de la Constitución) equipara al presidente con el pueblo, desconociendo que en una democracia la soberanía reside en el pueblo[21].

La decisión plantea el absurdo de que entonces todos los que como el Presidente tienen la iniciativa podrían ser convocantes, así: la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral. El absurdo es entre otras cosas la fragilidad de una Constitución, si todos estos actores pueden con su sola voluntad convocar un proceso constituyente y aniquilar el Estado de Derecho y sus instituciones. Absurdo, además, porque este argumento hecho a la medida presidencial choca con el poder de iniciativa que al 15% de los electores se otorga, caso en el cual la sentencia sin razonamiento alguno pero en vista de la absurdidad de la consecuencia que ello implicaría dice que no se aplica a ese supuesto[22].

La Sala Constitucional, interpretando aislada, errónea  y literalmente los artículos 347 y 348 de la Constitución, despojó con su fallo al pueblo del ejercicio exclusivo e intransferible de la soberanía (artículo 5 de la Constitución), y le otorgó al Presidente de la República, Nicolás Maduro, el poder constituyente originario (cuyo único depositario en derecho es el pueblo de Venezuela, artículo 347 de la Constitución), al concederle la facultad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Mediante la sentencia N°378 se terminó de concretar la usurpación del derecho del depositario del poder constituyente de decidir si convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente, y se violaron los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en la Constitución (artículos 2, 3, 5, 63, 70, entre otros), concretando la inconstitucionalidad y la ilegitimidad en el origen de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

1.5 Inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente por su desempeño

Hemos dicho que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional por su origen, desde que fue “convocada” mediante decreto presidencial, prescindiendo de la consulta a la voluntad popular y usurpando el poder constituyente originario del pueblo;  pero, además de ello, la sedicente Asamblea Nacional Constituyente es también inconstitucional por su desempeño desde su instalación el 04 de agosto de 2017.  En efecto, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente desnaturaliza con cada una de sus actuaciones las funciones básicas, exclusivas y excluyentes que debe tener una Asamblea Constituyente legítima y constitucionalmente convocada. 

La Asamblea Nacional Constituyente (Capítulo III),  junto a la enmienda (Capítulo I) y a la reforma constitucional (Capítulo II), conforman el Título IX “De la Reforma Constitucional” de la Constitución vigente (artículos 340 al 350 de la Constitución), el cual, según la Exposición de Motivos del texto fundamental, establece los mecanismos de modificación del texto constitucional.

En efecto, señala la Exposición de Motivos que la Constitución de 1999 consagra expresamente la Asamblea Nacional Constituyente, como un “instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional” (negritas nuestras).

En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo, instrumento o medio de modificación de la Constitución, únicamente tiene competencia para redactar un nuevo texto constitucional, es decir, crear un proyecto de Constitución, según se desprende del artículo 347 constitucional.

De forma que la Asamblea Nacional Constituyente está limitada principalmente en su objeto.  Sus actividades están dirigidas exclusivamente  a la redacción y elaboración de un proyecto de Constitución. No le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente dictar leyes de contenido nuevo o modificar las existentes, ni dictar actos de gobierno para reformar el régimen vigente, ni realizar actos de control de los poderes constituidos o hacer designaciones de sus titulares o funcionarios, ni mucho menos convocar un proceso electoral.

La Asamblea Nacional Constituyente, en la labor de redactar la nueva Constitución debe respetar el ordenamiento constitucional y legal vigente. Está sometida a las normas y principios constitucionales vigentes para su conformación, siendo que la supremacía del texto fundamental (artículo 7 de la Constitución) impide que este pierda su vigencia (artículo 333 de la Constitución), hasta tanto el poder constituyente originario, que solo corresponde al pueblo, lo decida mediante referendo consultivo que resulte en la adopción de una Constitución.

 

En efecto, al ser la Asamblea Nacional Constituyente un poder constituyente derivado, esta solo tiene capacidad para la reforma constitucional pero no para derogar la Constitución, porque ello incumbe al poder constituyente originario, es decir, al pueblo, nunca al derivado[23].

Al respecto, el Dr. Román Duque Corredor explica que al resultar la figura de la Asamblea Nacional Constituyente de los artículos 347 y 348 en concordancia con los artículos 333 y 350 de la Constitución, se concluye que es un poder constituyente derivado y no originario cuyos límites materiales están establecidos por el respeto a la soberanía popular, los principios y valores republicanos, cumplimiento de tratados internacionales, progresividad de los derechos humanos y garantías democráticas. En palabras de Duque Corredor: “La característica, pues, del poder constituyente derivado es la de un poder que coexiste con los otros poderes, y cuya creación se atribuyó al pueblo como soberano y no a esos poderes, y además, y al cual se le establecieron límites formales y materiales para su formación y funcionamiento, como se desprender de los artículos 347 a 350 de la Constitución[24].

En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano del Estado, y como tal, en la labor de redactar un proyecto de constitución, está sujeto a las normas y principios constitucionales de conformidad con el artículo 7 de la Constitución, según el cual: “Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

Así pues, la Asamblea Nacional Constituyente debe respetar el bloque de la constitucionalidad, lo que incluye todas las normas, principios y valores que se desprenden de la Constitución,  tales como:

-                    El principio de la democracia y la soberanía popular (artículos 2 y 5 de la Constitución);

-                    el pluralismo político (art. 2);

-                    el ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3);

-                    el principio de organización democrática (Preámbulo y art. 4);

-                    el carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado (art. 6);

-                    el principio de progresividad de los derechos (art. 19);

-                    el respeto de los acuerdos y tratados internacionales (art. 23). 

-                    el respeto a los derechos políticos (art. 39);

-                    la participación libre en los asuntos públicos (art. 62);

-                    el derecho al sufragio (art. 63);

-                    el principio de separación de poderes (art. 136);

-                    el principio legalidad (art. 137);

-                    los principios y valores de nuestra historia republicana (art. 350);

-                    el principio de responsabilidad patrimonial del Estado (art. 140).

En ese sentido, del artículo 2 de la Constitución se deriva el carácter democrático que debe regir al Estado venezolano en todos sus niveles, mientras que del artículo 5 eiusdem se desprende la categoría normativa de la soberanía popular. La principal consecuencia de dicho reconocimiento, es decir, de la titularidad de la soberanía en el pueblo, es la de atribuir también a éste el poder de gobierno (artículo 6 de la Constitución). En efecto, la democracia, como calificador del Estado venezolano, es reconocida como el principio más fundamental de los principios generales y, en su significación más general, comprende la titularidad popular del poder, lo que significa que el órgano de la Asamblea Nacional Constituyente no está por encima de la soberanía popular y lo que el pueblo en ejercicio de ella haya dispuesto mediante la Constitución vigente.

De otra parte, el artículo 2 de la Constitución, además de caracterizar el Estado venezolano como democrático, social, de derecho y de justicia, propugna como valores superiores de su ordenamiento, y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

El pluralismo político, a que se refiere el artículo 2 de la Constitución, en el proceso constituyente implica, entre otras cosas, el derecho de la mayoría a gobernar y el derecho de la minoría a no ser atropellada. De acuerdo con Humberto Njaim, la sociedad contemporánea se caracteriza por ser receptáculo de una variedad compleja de formas y modos diversos de vida cuyas fuentes pueden ser encontradas en factores filosóficos, políticos, económicos, sociales, culturales, geográficos y hasta internacionales[25]. De lo anterior se desprende la necesidad de las constituciones democráticas no sólo de consagrar esa diversidad, sino también valorarla como manifestación de libertad y otros derechos humanos, estableciéndola como principio destacado en las leyes fundamentales, y hasta como valor superior del Estado, como una de las características de su sistema de gobierno, como ocurre precisamente en la Constitución venezolana[26], pero que intenta desaparecer la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.

En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente es contraria a todos los principios democráticos que rigen al Estado de Derecho, desde que fue elegida bajo unas bases comiciales del todo excluyentes de la voluntad popular y que determinaron la elección de los constituyentes por sectores, con exclusión de los partidos políticos y de los venezolanos por naturalización y con más de una nacionalidad, en total irrespeto a los derechos políticos de los venezolanos (artículo 39 de la Constitución) y del derecho a la libre participación en los asuntos políticos, que establecen los artículos  62 y 70 de la Constitución.

Por su parte, el principio de supremacía constitucional establecido en el precitado artículo 7 de la Constitución proviene del carácter que la Constitución tiene respecto del ordenamiento jurídico, este es, el origen formal de las fuentes primarias del derecho puesto que diseña un procedimiento especial para su creación y además de ella deviene el origen sustancial dado que determina en grado menor o mayor el contenido material de dicho sistema, significando igualmente que no estamos en presencia de un mero catálogo de principios, sino de una norma cuyo contenido a todos vincula, tanto a ciudadanos como a Poderes Públicos, incluyendo a la Asamblea Nacional Constituyente, considerándose la violación de sus preceptos una conducta antijurídica susceptible de sanción.

Es por ello que, contrariamente a lo que determina el Decreto Constituyente respecto de que “todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente”, y que por ello puede esta “adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público” de acuerdo con las “Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos”; la Asamblea Nacional Constituyente está sometida al reconocimiento que hace la Constitución de la existencia conjunta de los Poderes tradicionales constituidos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, por lo que su única función es la de redactar una nueva Constitución y en el ejercicio de esa función no puede desconocer a dichos Poderes Constituidos”[27], ni puede modificar o alterar el régimen constitucional o legal vigente.

Respecto del principio de progresividad de los derechos humanos (artículo 19 de la Constitución), la Asamblea Nacional Constituyente, la cual ha sido dispuesta en la Constitución de 1999 como mecanismo de reforma con el fin de transformar el Estado mediante la redacción de un nuevo texto constitucional, debe servir para ampliar la esfera jurídica de los particulares, así como reforzar su protección, para reducir el ámbito de intervención de la Administración en favor de los administrados, para otorgar más y mejores derechos a los ciudadanos,  para organizar mejor el poder de forma que el sistema institucional responda a la soberanía del pueblo y nunca como instrumento del poder para mantenerse en el poder.  

Insistimos la Asamblea Nacional Constituyente tiene una sola y única competencia, esta es: redactar, discutir y aprobar un proyecto de Constitución, que será necesariamente sometido a la consideración del pueblo soberano, mediante consulta, y de no resultar aprobado este órgano cesa en su existencia, quedando todo el régimen jurídico intacto, con las solas modificaciones que se hayan producido por la actuación de los poderes constituidos en ejecución de sus respectivas competencias[28].

Por tanto,  cualquier actuación que exceda la competencia fijada a la Asamblea Nacional Constituyente -la redacción y discusión de un proyecto de nueva constitución- es abiertamente inconstitucional. En otras palabras, “cuando el poder constituido viola el principio de limitación del poder de revisión o de reforma, para elaborar una nueva Constitución, realiza un ¨fraude a la Constitución¨”[29].

Ahora bien, todas las actuaciones de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convocada mediante decreto presidencial el 1° de mayo de 2017, han excedido la competencia fijada por la Constitución a un órgano de esta naturaleza legítimamente convocado. 

Más allá de la sesión para la redacción y discusión de un proyecto de nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente -en abierta inconstitucionalidad- ha dictado una serie de actos que han pretendido modificar el régimen jurídico vigente sin la intervención de la voluntad popular.

En efecto, entre “Decretos Constituyentes”, “Leyes Constitucionales” y “Acuerdos Constituyentes”, de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante los cuales ha dictado leyes de contenido nuevo y modificado las existentes; ha realizado actos de control e intervención de los poderes constituidos a través de la designación, ratificación o remoción de sus titulares o funcionarios; e inclusive, ha convocado procesos electorales para la elección popular de representantes de los poderes públicos (en todos sus niveles, local, regional o nacional) y ha exigido juramentarlos, podemos mencionar los siguientes:

- Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario del 08 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz como Fiscal General de la República (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal General de la República Tarek Wiilians Saab (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 05 de Agosto de 2017); 

- Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Nicolás Maduro Moros, como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el cual fue electo por decisión del soberano Pueblo de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 6.325 extraordinario del 10 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica a las ciudadanas Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth  Hernández y Tania D´Amelio Cardiet, como Rectoras del Consejo Nacional Electoral (Gaceta Oficial Nro. 6.326 extraordinario del 11 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los Magistrados y Magistradas Principales del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial Nro. 41.214 del 15 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Luis Emilio Rondón González, como Rector Principal del Consejo Nacional Electoral (Gaceta Oficial Nro. 41.214 del 15 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los ciudadanos Tarek William Saab, Fiscal General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano; Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República y Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo (Gaceta Oficial Nro. 41.216 del 17 de Agosto de 2017);

- Decreto Constituyente que autoriza la designación del Presidente del Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 41.265 del 26 de Octubre de 2017);

- Acto Constituyente mediante el cual se ratifican en el ejercicio de sus funciones Constitucionales a los Magistrados y Magistradas Principales del Tribunal Supremo de Justicia. (Marisela Valentina Godoy Estaba y Danilo Antonio Mojica Monsalvo). (Gaceta Oficial Nro. 41.355 del 07 de marzo de 2018).

- Decreto Constituyente mediante el cual se declaran juramentados ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente las gobernadoras y gobernadores de cada estado a las ciudadanas y ciudadanos que en él se indican (Gaceta Oficial Nro. 41.259 del 18 de Octubre de 2017);

- Acto Constituyente mediante el cual se juramentan la Gobernadora proclamada y Gobernadores proclamados (Gaceta Oficial Nro. 41.262 del 23 de Octubre de 2017); Decreto Constituyente mediante el cual se Juramenta el Gobernador Proclamado del estado Zulia (Gaceta Oficial Nro. 41.300 del 14 de Diciembre de 2017);

- Decreto Constituyente mediante el cual se delega la Juramentación de las Alcaldesas Proclamadas y Alcaldes Proclamados (Gaceta Oficial Nro. 41.300 del 14 de Diciembre de 2017);

- Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales (Gaceta Oficial Nro. 41.308 del 27 de Diciembre de 2017).

En este punto es preciso destacar, que en entera contradicción a los límites de la Asamblea Nacional Constituyente establecidos en el artículo 347, la Asamblea Nacional Constituyente  ha dictado en tres ocasiones “Decretos Constituyentes” con el único objeto de determinar la convocatoria a procesos electorales de representantes de los poderes públicos. Así pues mencionamos:

1. El Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de estados, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales (Gaceta Oficial Nro. 6.327 extraordinario del 12 de Agosto de 2017);

2. Decreto Constituyente de convocatoria y programación de las elecciones de Alcaldesas y Alcaldes, para el mes de diciembre del año 2017 (Gaceta Oficial Nro. 41.265 del 26 de Octubre de 2017);

3. Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 6.361 extraordinario del 23 de enero de 2018); y 4. Decreto Constituyente sobre convocatoria a Elecciones en la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nro. 41.351 del 1° de marzo de 2018).

De otra parte, la lista de “Leyes Constitucionales” dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, en contravención a su único objeto de redacción de un proyecto de constitución y usurpando las potestades legislativas exclusivas de la Asamblea Nacional, cada día se vuelve más larga. Así pues, hasta la fecha se han dictado un total de 11 leyes constitucionales:

1. Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario del 08 de Agosto de 2017);

2.  Ley Constituyente que crea el conglomerado «Agrosur» (Gaceta Oficial Nro. 41.272 del 06 de Noviembre de 2017);

3. Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (Gaceta Oficial Nro. 41.274 del 08 de Noviembre de 2017);

4. Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.- (Gaceta Oficial Nro. 41.276 del 10 de Noviembre de 2017) (Se reimprime por fallas en los originales).- (Reimpresión G.O Nº 41.274);

5. Ley Constitucional de Precios Acordados.- (Véase N° 6.342 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 22 de noviembre de 2017);

6. Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria (Gaceta Oficial Nro. 41.305 del 21 de Diciembre de 2017);

7. Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero (Gaceta Oficial Nro. 41.310 del 29 de Diciembre de 2017);

8. Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (Gaceta Oficial Nro. 41.310 del 29 de Diciembre de 2017);

9. Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. (Gaceta Oficial Nro. 41.318 del 11 de Enero de 2018);

10. Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Gaceta Oficial Nº 41.330 del 29 de enero de 2018); y

11. Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (Gaceta Oficial Nº 41.336 del 6 de febrero de 2018).

En síntesis, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, los Decretos Constituyentes de elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, dictados por la Asamblea Nacional Constituyente son inconstitucionales en primer lugar porque (i) fueron dictados por un órgano desprovisto de toda legitimidad y que fue convocado por el Presidente de la República con total prescindencia de la voluntad del pueblo, único detentador de la soberanía popular y por ende del poder constituyente originario capaz de convocar un órgano de semejante naturaleza reformadora del ordenamiento jurídico vigente; y (ii) por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente -aun cuando fuese legítimamente convocada- es precisamente un instrumento de reforma constitucional, cuyos límites circunscriben su actuación a la redacción o elaboración de un nuevo proyecto de constitución, respetando el ordenamiento constitucional y legal vigente.

 

2.      Inconstitucionalidad por usurpación de competencias del Poder Electoral

Los Decretos Constituyentes “sobre la convocatoria de las Elecciones” son, además,  inconstitucionales por cuanto usurpan las funciones propias de convocatoria a elecciones de los cargos de representación popular de los poderes públicos, que corresponde de forma exclusiva y excluyente al Poder Electoral, es decir, al Consejo Nacional Electoral. Esas competencias son de rango constitucional y están establecidas en el artículo 293 numeral 5 de la Constitución, en concordancia con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, según los cuales: 

Artículo 293.El Poder Electoral tiene por función:

5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.

Artículo 42.  La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los periodos constitucionales y legalmente establecidos.

De forma que corresponde exclusivamente el Poder Electoral y no la Asamblea Nacional Constituyente, la potestad de, mediante un acto de convocatoria en el cual se haga público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, convocar a la elección del Presidente de la República, los legisladores estadales y los concejales municipales, conforme al período constitucional y legalmente establecido.

En efecto, la convocatoria a elecciones, según el artículo 42 corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral y es el acto público mediante el cual el dicho órgano fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los periodos constitucionales y legalmente establecidos.

En el acto de convocatoria, se debe hacer público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual debe a su vez contener las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley. Esta convocatoria además, exige el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, debe publicarse en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en medíos de información masivos.

Ahora bien, tanto el decreto constituyente de convocatoria dictado en fecha 23 de enero de 2018, como el posterior de fecha 1° de marzo prescindieron e hicieron prescindir al Consejo Nacional Electoral del cumplimiento de las obligaciones inherentes a la convocatoria de elecciones: nunca fue publicado en Gaceta Electoral la convocatoria y mucho menos junto a esta se dio a conocer mediante acto público un cronograma electoral que cumpliera con los requisitos legales previamente establecidos, en expresa violación del artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

En razón de lo anterior, los Decretos Constituyentes de convocatoria a elecciones, son inconstitucionales por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente usurpó las funciones propias del Consejo Nacional Electoral y son ilegales además por cuanto privan al órgano rector del Poder Electoral de realizar los deberes propios de este órgano inherentes a la convocatoria a elecciones, establecidos en el artículo 42 de la Constitución, como son  convocar a elecciones mediante acto público a través de la Gaceta Electoral y junto con el cronograma electoral.

De allí que los actos  mediante los cuales la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente pretende convocar elecciones en la República de Venezuela para el mes de mayo del año 2018, por comprender la usurpación de funciones de un Poder Público como es el Electoral, son nulos de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la constitución, en concordancia con los artículos 136 y 137 de la Constitución, por cuanto solo la Constitución y la ley pueden definir las atribuciones propias de los órganos que ejercen el poder público y “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

 

 

 

3.      Inconstitucionalidad por violación del período constitucional presidencial

 

Según se desprende del artículo 230 de la Constitución, el período presidencial es de seis años, por lo que, en concordancia con el precitado artículo 42 de la Ley Orgánica de procesos Electorales, la Asamblea Nacional Constituyente, además de usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral al convocar elecciones presidenciales, lo hace en violación del período constitucionalmente establecido.

Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 se efectuaron en fecha 7 de octubre de 2012, en las cuales fue reelecto el presidente Hugo Chávez para un cuarto mandato consecutivo. De conformidad con el artículo 231 constitucional, el presidente electo debía comenzar su período constitucional el 10 de enero del año 2013 mediante juramento ante la Asamblea Nacional, o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, esto no ocurrió.

En esa oportunidad, la Sala Constitucional en sentencia N° 2 de fecha 9 de enero de 2013 “interpretó” el artículo 231 en cuestión y determinó que “A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo”, por lo que “La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación”. La Sala Constitucional también avaló en esta oportunidad, además, la continuidad del Gobierno: “El Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”.

Tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, sin este haber tomado posesión del cargo presidencial, y producida la falta absoluta durante los primeros cuatro años del período presidencial 2013-2019, con fundamento en el artículo 233 de la Constitución fueron convocadas unas nuevas elecciones presidenciales el 14 de abril del 2013 para completar el período constitucional correspondiente que se había iniciado el 10 de enero del año 2013.

Ahora bien, siendo el período constitucional en curso el comprendido entre 2013-2019, la convocatoria para el primer cuatrimestre del año 2018 del proceso electoral para la escogencia de la Presidencia, e inclusive para el mes de mayo del mismo año, es flagrantemente extemporánea por anticipada y por ende violatoria del período presidencial que determina la Constitución en su artículo 230.

Adicionalmente constituye una irregularidad  constitucional que el candidato que resulte electo en las inconstitucionales elecciones tomará posesión del cargo de Presidente de la República en una fecha distinta al diez de enero del primer año de su período constitucional, tal y como lo establece el artículo 231 de la Constitución, sino antes.

En efecto, una de las garantías de la elección y posterior toma de posesión del cargo el 10 de enero del primer año del período constitucional presidencial es el cumplimiento del mandato previsto en los artículo 230 y 231 de la Constitución por parte del Consejo Nacional Electoral y a través de un cronograma electoral ajustado al período constitucional. En ese sentido, “el proceso de elecciones presidenciales de forma anticipada sin la toma de posesión del cargo, constituye un fraude electoral”, por ser uno consecuencia del otro. [30].

Es por ello que cabría preguntarnos ahora: ¿Qué ocurrirá con el presidente electo en el mes de mayo del 2018 hasta la juramentación para la posesión del cargo de la presidencia de la República el 10 de enero de 2019?

Igualmente según lo prevé el artículo 231 de la Constitución el Presidente electo prestará juramento ante la Asamblea Nacional y no ante la Asamblea Nacional Constituyente.

4.      Inconstitucionalidad por violación del principio de imparcialidad que rige los procesos electorales y a los órganos del Poder Electoral

 

4.1  Punto previo: del proceso electoral

Los Decretos Constituyentes son inconstitucionales por cuanto violan los principios y garantías constitucionalidades de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales establecidos en el artículo 293 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, de modo que contraría el principio fundamental de la democracia[31] y menoscaban el principio de la soberanía popular, establecido en el artículo 5 de la Constitución, según el cual:

Artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

En efecto, los Decretos Constituyentes son marcadamente parcializados y lo demuestran de forma clara al asociar a la oposición venezolana con los mencionados por él “poderes imperiales y poderes fácticos” de Estados Unidos y de la Unión Europea, que “han desatado una campaña sistemática de odio contra el Pueblo venezolano mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras sicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra”; poniéndola en una situación no solo desventajosa a la hora de participar políticamente a través de sus candidatos en el proceso electoral, sino hasta excluyente. 

 

Ahora bien, como punto previo a la exposición de esta inconstitucionalidad cabe decir que, con el fin de evitar el autoritarismo, se prevé a nivel constitucional, legal e institucional la existencia de sistemas electorales que aseguren la legitimidad democrática de los titulares de los órganos del poder y para ello establezcan y garanticen los derechos constitucionales de la oposición, la imparcialidad de los organismos electorales, el derecho al  secreto y la integridad del voto, la regulación especial en caso de reelecciones, el derecho a la información electoral y el financiamiento de los partidos políticos.

En ese sentido, puede mencionarse como ejemplo de reglamentación de lo relativo a la reelección presidencial, específicamente en lo atinente a la campaña presidencial, la Ley Colombiana 996 de 2005 sobre Garantías Electorales, la cual establecía limitaciones en cuanto al acceso a la financiación estatal previa y sus montos máximos, el control de los recursos, el acceso equitativo a los medios de comunicación, las prohibiciones especiales al Presidente durante la campaña electoral, las prohibiciones a la participación en las campañas de los funcionarios públicos y las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones[32].

En Venezuela, la Constitución (artículo 293) y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (artículo 4) le otorgan exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), como órgano rector y máxima autoridad del Poder Electoral, las funciones de  organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos; incluyendo además la de organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, de conformidad con el artículo 293 constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de organizar los procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, la Constitución prevé los principios que rigen los procesos electorales, como son la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional (artículo 293), y ordena  a los órganos del Poder Electoral regirse en su actuación por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios (artículo 294 de la Constitución).

Es conveniente resaltar que los principios y normas electorales dispuestos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para los procesos electorales y para los órganos del Poder Electoral, son consecuencia del principio básico del Estado democrático, es decir, la soberanía popular, según el cual el fundamento jurídico-político de cualquier sociedad estatal es la voluntad libremente expresada del pueblo[33].

En este sentido, el sufragio, como modo de participación política en que es expresada la voluntad popular, está establecido en la Constitución como un derecho que se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas (artículo 63), garantizado por los principios de: personalización del sufragio, la representación proporcional, igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, por parte de los órganos del Poder Electoral  (artículo 293 de la Constitución).

En efecto, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, “El proceso electoral constituye los actos y actuaciones realizados en forma sucesiva por el Consejo Nacional Electoral dirigidos a garantizar el derecho al sufragio, la participación política y la soberanía popular, como fuente de la cual emanan los órganos del Poder Público”; y se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional (artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales).

Ahora bien, por proceso electoral debe entenderse entonces el conjunto de acciones que, ordenadas por etapas y establecidas previamente en la Constitución y en las leyes electorales, están dirigidas por los organismos electorales para la realización de las elecciones y consultas populares. De otra parte, el proceso electoral es definido como “el conjunto de actos ordenados por la legislación vigente que han de cumplir las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos para la renovación periódica de los poderes ejecutivo y legislativos…[34].

El proceso electoral siempre ha tenido la característica implícita de ser un elemento básico del régimen democrático, en el que el valor del voto de cada ciudadano es trascendental para canalizar la voluntad del pueblo hacia las decisiones políticas[35]. Ponemos énfasis en que “Cuanto mayor sea el nivel de participación de los ciudadanos en los procesos políticos y sociales de un país, más democrático es un sistema”, de modo que en los sistemas democráticos se sustentan en la existencia de mecanismos que verdaderamente garanticen la participación ciudadana[36].

En efecto, la democracia es un sistema competitivo basado en la existencia de instituciones y sistemas tendientes a asegurar la libertad, la imparcialidad y la igualdad de la escogencia entre diferentes opciones políticas.

Cabe mencionar además, como lo hace Manuel Aragón, que se requiere la presencia de otras libertades sin las cuales no puede hablarse propiamente de un sufragio libre, tales como las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación y la libertad de presentación de candidaturas y de la libre concurrencia de las mismas y del libre desarrollo igualitario de la campaña electoral[37].

 

 

 

Recapitulación

Los Decretos Constituyentes de convocatoria a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, son violatorios de los principios y garantías constitucionales y legales de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional que informan los procesos y los órganos electorales en el ordenamiento jurídico venezolano (artículos 293 y 294 de la Constitución y 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales) trastocando el principio fundamental de la democracia (artículo 2 de la Constitución) y en detrimento de la soberanía popular (artículo 5 de la Constitución).

 

4.2  Inconstitucionalidad por violación del principio constitucional de imparcialidad en los procesos electorales

 

Los Decretos Constituyentes a elecciones presidenciales son violatorios, según se desprende de sus numerosos considerandos, del principio de imparcialidad de las elecciones, que de acuerdo con el artículo 293 de la Constitución, debe garantizar los órganos del Poder Electoral en todo proceso electoral, junto a los principios de igualdad, confiabilidad, transparencia y eficiencia.

En efecto, especialmente respecto del Decreto Constituyente de elección del Presidente de la República dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, cabe decir que es marcadamente parcializado y lo demuestra de forma clara al asociar a la oposición venezolana con los mencionados por él “poderes imperiales y poderes fácticos” de Estados Unidos y de la Unión Europea, que “han desatado una campaña sistemática de odio contra el Pueblo venezolano mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras sicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra”; poniéndola en una situación no solo desventajosa a la hora de participar políticamente a través de sus candidatos en el proceso electoral, sino hasta excluyente. 

 

Como hemos dicho, ante estas declaraciones de odio presentes en el “Decreto Constituyente”, y otras tales como “Que la oposición venezolana atendiendo un guión de factura imperial para justificar y facilitar la intervención extranjera, ha desatendido los más de cuatrocientos llamados del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y ha boicoteado los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias político-ideológicas, pretendiendo imponer a través de la violencia un neocoloniaje vergonzoso”, es de presumir que el proceso electoral destinado a la elección del presidente de la República, los legisladores estadales y los concejales municipales en el mes de mayo del año 2018, no tiene otro fin que favorecer a cierta línea política presente en el poder en la actualidad y discriminar a otra -de oposición-, privando a los electores de toda garantía de transparencia, confiabilidad, justicia e igualdad en las elecciones, y por ende, violando lo dispuesto en el artículo 293 de la Constitución. En el mismo sentido, dicho Decreto Constituyente trasgrede los valores superiores que rigen el Estado venezolano tales como la democracia y el pluralismo político (artículo 2 de la Constitución); e ignora el fin esencial del ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3 de la Constitución).

 

Lo anterior aunado a que “En el pasado reciente, los procesos electorales en Venezuela no han sido administrados de manera justa, imparcial y trasparente[38], situación que ha empeorado de cara a las elecciones presidenciales de 2018[39]. Tal como lo afirman el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA), las condiciones electorales en Venezuela no son contestes en lo referente a la integridad de las elecciones.

En ese sentido, por elecciones íntegras, debemos entender aquellas “basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral” (Informe de la Comisión Global, sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, publicado por IDEA Internacional y la Fundación Kofi Annan, 2012) [40].

 

En efecto, “la manipulación en la convocatoria a elecciones, la opacidad en los procedimientos y lapsos de cada una de las fases necesarias para la celebración de una elección, la ilegalización de partidos, la inhabilitación de líderes políticos y el rechazo sistemático a la observación electoral nacional e internacional calificada e independiente, constituyen restricciones muy graves para la integridad de cualquier elección[41].

 

Ante esta falta de garantías y principios como la confiabilidad, la imparcialidad  y la igualdad en los procesos electorales y el anuncio de un adelanto en la convocatoria de las elecciones presidenciales en Venezuela, se han pronunciado diversos sectores de la comunidad nacional e internacional.

 

Téngase en cuenta también, respecto de la imparcialidad y desigualdad en los procesos electorales, el inconstitucional “Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales”, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 20 de diciembre de 2017[42], por virtud del cual se determinó inconstitucional, ilegal y  arbitrariamente, lo siguiente:

 

PRIMERO. Las organizaciones con fines políticos para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del periodo constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior, además de cumplir con los demás requisitos previstos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

 

Con fundamento en ese Decreto Constituyente, se excluyó inconstitucionalmente la participación en los futuros procesos electorales de los partidos políticos, como la Mesa de la Unidad Democrática, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Puente, que no habían participado en las elecciones municipales celebradas en el mes de diciembre, en contravención con el artículo 67 de la Constitución (relativo al derecho de asociación con fines políticos) y el artículo 32, letra c, de la Ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones públicas[43], que establece que la inscripción de las organizaciones se cancelará cuando hayan dejado de participar “en dos períodos constitucionales” y no en dos elecciones seguidas.

 

 Además, dicho Decreto Constituyente requirió ilegalmente, que las organizaciones con fines políticos que no cumplieran con el requisito de haber participado en las elecciones municipales, para participar en las presidenciales debían realizar un proceso de renovación contemplado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, y además, instó al Consejo Nacional Electoral a “informar oportunamente a la Asamblea Nacional Constituyente el listado de las organizaciones con fines políticos que no cumplan con lo previsto en el presente Decreto Constituyente”, además de “proceder de oficio a tramitar los procedimientos a que hubiese lugar, de conformidad con la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.

 

El Consejo Nacional Electoral, renunciando a su imparcialidad, autonomía e independencia, mediante Aviso Oficial de fecha 17 de enero de 2018 “informó” a la Asamblea Nacional Constituyente que “las Organizaciones Políticas que deberán realizar el proceso de renovación, cumpliendo con el decreto constituyente aprobado por esa Asamblea Nacional Constituyente en fecha 20-12-2017, y lo estipulado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, son las siguientes: Acción Democrática (AD), Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Movimiento Primero Justicia (MPJ), Voluntad Popular Activistas (VPA) y Partido Unión y Entendimiento (PUENTE)”; y además, procedió a realizar una “Jornada de validación” los días 27 y 28 de enero de 2018, en la cual debían “renovar su nómina aquellas organizaciones que no participaron en los últimos comicios, tal como establece el decreto constituyente sancionado el 20 de diciembre pasado[44].

 

Luego, y haciendo aún más evidente la falta de igualdad en los procesos electorales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia del 5 de enero, posteriormente “aclarada” en fecha 25 de enero, declaró que “en la República Bolivariana de Venezuela está prohibida la doble militancia, por lo que un Partido Político debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a lo establecido en la Ley, no puede sumar su nómina de inscritos a la de otro Partido Político sin perder su existencia”, y ordenó al Consejo Nacional Electoral la exclusión de la “MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA” (MUD) en el proceso de renovación convocado, en razón de que “su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional, lo cual contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia”.

 

De esa forma, en manipulación -y violación- del literal b del el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, que dispone que: “La inscripción de los partidos políticos se cancelará: b) A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste.”, y en un pretendido “en resguardo a la legitimidad democrática, a la ética política y al respeto de los electores”, el Tribunal Supremo de Justicia, a solo tres días de su validación, impidió que la MUD pudiese “cumplir” con el requisito de renovación arbitrariamente impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente .

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante esta sentencia entendió errónea y convenientemente que firmar por un partido significaba ser militante, cuando en realidad sucede que  “Cuando se convoca a este tipo de procesos es para realzar la democracia y para que los partidos puedan participar en la vida política. Si un ciudadano quiere formar parte de un partido, acude a la casa y se inscribe, pero validarlo no implica que será militante”[45].

 

En definitiva, la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional violentan todas y cada una de las garantías que prevé la Constitución de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional, para la realización de los procesos electorales en Venezuela, en menoscabo de los derechos políticos de los venezolanos, que incluyen el derecho de asociación con fines políticos (artículo 67 de la Constitución), el derecho de libre participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos (artículo 62 constitucional), y en fin, el ejercicio “indirecto” de la soberanía por el pueblo de Venezuela, mediante el sufragio (artículo 5 de la Constitución).

 

4.3  Inconstitucionalidad por violación del principio constitucional de imparcialidad de los órganos electorales

Además, estos Decretos Constituyentes sobre convocatoria a elecciones vulneran flagrantemente los principios que rigen a los órganos del Poder Electoral establecidos en el artículo 294 de la Constitución como lo son: la independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios, al instar a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, “para que realice lo conducente a los efectos de este Decreto Constituyente”.

Una de las fundamentales garantías  de los procesos electorales para asegurar el derecho al sufragio como máxima expresión de la voluntad popular, es la existencia de órganos electorales autónomos e independientes. La existencia de un árbitro electoral independiente e imparcial es un elemento fundamental y esencial del derecho al voto y de las directrices constitucionales exigidas para la integración del Consejo Nacional Electoral como órgano del Poder Electoral[46].

 

Ahora bien, en Venezuela, el sistema electoral carece  de una autoridad electoral imparcial e independiente. El Consejo Nacional Electoral en la actualidad está conformado por rectores designados con prescindencia total del procedimiento establecido para ello en la Constitución, es decir, incumpliendo los requisitos de postulación, procedimientos y trámites, y haciendo de esta forma “nugatorias las garantías constitucionales de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, que dicho órgano debe hacer efectivas en todos los procesos electorales[47].

 

Así pues, los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral, en completa contravención del artículo 296, fueron nombrados estrictamente por sus vínculos políticos con el Gobierno, por un órgano incompetente para ello como lo es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se auto atribuyó, mediante sus propias decisiones[48] la facultad constitucional y exclusivamente delegada a la Asamblea Nacional, de designar a los rectores del principal órgano del Poder Electoral.

 

En efecto, el artículo 296 de la Constitución determina que el Consejo Nacional Electoral “… estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos tres (3) de ellos postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de la Universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano”; y además que: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”.

 

Según el precitado artículo 296 constitucional, los rectores del Consejo Nacional Electoral, durarán siete (7) años en el ejercicio de sus funciones y “serán elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo”.

 

No obstante los dispositivos constitucionales señalados los actuales integrantes del Consejo Nacional Electoral fueron designados inconstitucionalmente por la Sala Constitucional y en usurpación de las funciones propias y exclusivas de la Asamblea Nacional Constitucional, lo que acarrea la nulidad de sus actuaciones

 

De esta forma, el incumplimiento del procedimiento constitucionalmente establecido en el artículo 296, para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, se traduce no solo en la absoluta politización de este como un órgano parcializado y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y el partido de gobierno, sino además en un “claro caso de usurpación de las funciones constitucionales expresas de la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que determina la ineficacia y nulidad de esas designaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución”.

 

En efecto, en el caso específico de las designaciones de las dos últimas rectoras del CNE, la arbitrariedad del Tribunal Supremo de Justicia, además de acarrear la nulidad e ineficacia de esas designaciones, por disponerlo así expresamente el citado artículo 138 de la Constitución, viola los derechos políticos fundamentales a la participación política (artículo 62 de la Constitución) y a acceder al ejercicio de cargos públicos (artículo 64 de la Constitución), circunstancia que determina igualmente su nulidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución[49].

 

Recapitulación

El proceso electoral convocado por la Asamblea Nacional Constituyente y avalado por el Consejo Nacional Electoral, configura una violación al sistema electoral al eliminar los lapsos necesarios para el registro electoral, para las postulaciones; sin control de la campaña electoral; inhabilitando posibles candidatos y partidos importantes; sin observación independiente u obstaculizando el acceso a centros de votación y marcado por el ventajismo electoral del candidato que pretende su reelección[50]; todo ello en violación de las garantías y principios establecidos en los artículos 293 y 294 de la Constitución, y artículos 1, 3, 28 y 72 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

 

5.         Ilegalidad por violación de la convocatoria y elección conjunta de Gobernadores y legisladores de los consejos legislativos; y de Alcaldes y  concejales de los concejos municipales, distritales y metropolitanos; y por violación de la prohibición de realizar las elecciones de los alcaldes  y concejales municipales separadas de las de los órganos del Poder Público Nacional.

Los Decretos Constituyentes sobre la convocatoria a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, son ilegales además, por haber sido dictados en completa contravención con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales al disponer la realización del proceso electoral para la elección de los legisladores estadales y concejales municipales, separadamente de las elecciones de gobernadores y alcaldes, respectivamente.

En efecto, el modo y período para la elección de los legisladores estadales y los concejales municipales está regulado por la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, la cual determina expresamente que los períodos de los cargos de elección popular señalados en la ley, se ajustarán a la oportunidad y condiciones que se establezcan en dicha Ley.

En ese sentido, los procesos electorales destinados a la elección de gobernador o gobernadora, legislador o legisladora de los consejos legislativos de los estados, alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los concejos municipales, distritales y metropolitanos serán convocados por el Consejo Nacional Electoral en la oportunidad correspondiente, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la esa Ley (artículo 4 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales).

Así pues, el artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, determina el esquema por el cual debe el Consejo Nacional Electoral convocar los procesos electorales según el tipo de cargo y  nivel político territorial, de la siguiente forma:

Artículo 2. Convocatoria y elección conjunta. El Consejo Nacional Electoral convocará los procesos electorales por tipo de cargo y nivel político territorial, de acuerdo al siguiente esquema:

1. Las elecciones de gobernador o gobernadora y legislador o legisladora de los consejos legislativos de los estados, se convocarán y efectuarán conjuntamente.

2. Las elecciones de alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los concejos municipales, distritales y metropolitanos, se convocarán y efectuarán conjuntamente.

Ahora bien, en completa contravención con lo dispuesto en el precitado artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, el Decreto Constituyente del 1° de marzo de 2018 sobre la convocatoria a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, dispone el proceso electoral para la elección de los legisladores estadales y concejales municipales, separadamente de las elecciones de gobernadores y alcaldes, respectivamente, las cuales fueron efectuadas en el año 2017[51].

Por otra parte, los Decretos Constituyentes sobre la convocatoria a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, son ilegales además por haber reconvocado las elecciones presidenciales en el mismo mes de elecciones de los legisladores estadales y concejales municipales, violando lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que dispone expresamente que las elecciones de las autoridades municipales deben celebrarse “necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional”.

En efecto, la exigencia legal de realizar las elecciones de los alcaldes  y concejales municipales  necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional”, también contemplada en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal[52], fue igualmente violada por el Decreto Constituyente sobre la convocatoria a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, al disponer expresamente la nueva convocatoria a elecciones presidenciales en el mismo mes de elecciones de los legisladores estadales y concejales municipales, para “garantizar la viabilidad técnica de las elecciones legislativas estadales y municipales que se suman simultáneamente al evento presidencial, a favor de la mayor participación electoral del pueblo venezolano”.

Recapitulación

Los Decretos Constituyentes sobre la convocatoria a elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, son ilegales por cuanto disponen la realización del proceso electoral para la elección de los legisladores estadales y concejales municipales, separadamente de las elecciones de gobernadores y alcaldes, en contravención con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales; y por cuanto convocan las elecciones presidenciales en el mismo mes de elecciones de los legisladores estadales y concejales municipales, violando lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que dispone expresamente que las elecciones de las autoridades municipales deben convocarse y ejecutarse de forma separada a las de  órganos del Poder Público Nacional.

III.             Conclusiones

De lo anterior se desprende que los “Decretos Constituyentes” sobre la convocatoria a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela dictados por la Asamblea Nacional Constituyentes son inconstitucionales e ilegales por cuanto:

(i)                           fueron dictados por una sedicente Asamblea Nacional Constituyente desprovista de toda legitimidad al no haber sido convocada por el pueblo soberano, único depositario del poder constituyente originario (artículos 5 y 347 de la Constitución);

(ii)                         exceden los límites constitucionalmente determinados para el ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional Constituyente que establece la Constitución (artículo 347 de la Constitución);

(iii)                       usurpan las funciones propias y exclusivas del Poder Electoral (artículo 293 de la Constitución y artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales);

(iv)                       violan el período presidencial constitucionalmente establecido (artículos 230 y 231 de la Constitución);

(v)                         violan el principio de imparcialidad de los procesos electorales (artículo 293 de la Constitución);

(vi)                       violan el principio de independencia e imparcialidad de los órganos del Poder Electoral (artículo 294 de la Constitución).

(vii)                     violan los artículos 2 y 3 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, que determinan el esquema por el cual debe el Consejo Nacional Electoral convocar los procesos electorales según el tipo de cargo y  nivel político territorial; y

(viii)                   violan el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que contiene la exigencia legal de realizar las elecciones de los alcaldes y concejales municipales  “necesariamente separadas de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional”.

 

 

 

 

 

 

IV.             Bibliografía

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** Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado, postgrado y doctorado). Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999.  Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985. Foreign Legal Consultant, admitido por el Florida State Bar.

[1] Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010

[2] En este sentido, dispone el artículo 2 lo siguiente: Artículo 2. Convocatoria y elección conjunta. El Consejo Nacional Electoral convocará los procesos electorales por tipo de cargo y nivel político territorial, de acuerdo al siguiente esquema:

1. Las elecciones de gobernador o gobernadora y legislador o legisladora de los consejos legislativos de los estados, se convocarán y efectuarán conjuntamente.

2. Las elecciones de alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los concejos municipales, distritales y metropolitanos, se convocarán y efectuarán conjuntamente.

[3] Gaceta Oficial Nro. 6.015 del 28 de diciembre de 2010.

[4] Gaceta Oficial N° 6.361 Extraordinario de fecha 23 de enero de 2018.

[5] Por último es preciso hacer mención de que, con base en el Decreto Constituyente, y prescindiendo de toda autonomía, el Consejo Nacional Electoral fijó para el 22 de abril  de este año, la fecha para las elecciones presidenciales y como  cronograma electoral estableció el siguiente:

1) Registro preliminar: 25 de febrero.

2) Jornada especial del 10 al 20 de febrero

3) Admisión al registro electoral: del 25 al 27 de febrero

4) Auditoria del registro electoral: 26 de febrero, cuyo registro definitivo se publicara el 5 de marzo.

5) Campaña electoral desde el 2 de abril hasta el 19 de abril en la misma fecha en que se realizará la feria electoral.

6) Postulaciones se iniciarán con la inscripción por internet desde el 24 al 26 de febrero y  la presentación de éstas ante la Junta Nacional del 26 al 27 de febrero.

7) La admisión y rechazo a las postulaciones se realizarán desde el 26 de febrero al 1º de marzo.

8) Los partidos podrá escoger la posición en la boleta el 5 de marzo.

9) El proceso tendrá 15 auditorías.

[6] Gaceta Oficial N° 6.323 extraordinario de fecha 08 de agosto de 2017.

[7] Publicado en Gaceta Oficial Nro. 41.351 de fecha 1° de marzo de 2018.

[8] La enmienda es un mecanismo de modificación de la Constitución cuyo fin es la adición de normas o realización de cambios en uno o varios de sus artículos, sin alterar su estructura fundamental.

[9] La reforma constitucional, por su parte, tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas sin llegar a modificar su  estructura y principios fundamentales. 

[10] Cfr. SANQUÍRICO PITTEVIL, Fernando, “Las facultades (i)limitadas de la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a la Constitución de la República”, en BREWER-CARÍAS , Allan, y GARCÍA SOTO, Carlos (compiladores), “Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente”, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2017. p.432.

[11] Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de enero de 2003.

[12] ESCOVAR LEÓN, Ramón, “Noción de pueblo en las bases comiciales y en la sentencia N° 378 de la Sala Constitucional”, en las “XLIII Jornadas J.M. Domínguez Escovar: La ausencia de juridicidad en el sistema legal venezolano”,  Instituto de Estudios Jurídicos Ricardo Hernández Álvarez,  Unidad Académica del Colegio de Abogados del Estado Lara. Barquisimeto, 2018. Pp.27-28.

[13]  Para mayor información sobre el tema véase BADELL MADRID, Rafael, “Régimen jurídico del proceso constituyente en la Constitución de Venezuela”, Ob. cit. pp.13 y ss.

[14]Vid. BREWER-CARÍAS, Allan, “El derecho del pueblo de participar en las reformas de la constitución es el signo más característico de la democracia participativa que no puede ser arrebatado por los gobernantes”, New York 3 de mayo, 2107, disponible en: http://allanbrewercarias.com/documentos/155-derecho-del-pueblo-participar-las-reformas-la-constitucion-signo-mas-caracteristico-la-democracia-participativa-no-puede-arrebatado-los-gobernantes/

[15] Publicado en Gaceta Oficial N° 41.156 de fecha 23 de mayo de 2017.

[16] Publicado en Gaceta Oficial N°6.303 extraordinario de fecha 4 de junio de 2017.

[17] Artículo 40. Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución.

Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.

[18] Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

[19] Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

[20] De acuerdo con lo reseñado en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, “Un total de 8.089.320 de votantes participaron este domingo en la elección de 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de acuerdo con el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE)” (Vid. http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3551), sin embargo, sobre este proceso electoral, incontables fueron las denuncias de ventajismo, fraude, no ya de los partidos opositores, sino de los ciudadanos y organizaciones civiles, e incluso del proveedor del sistema computarizado operativo, Smarmatic, el cual manifestó el hecho de que no podían garantizar resultados de la constituyente, puesto que creían que “la data para la elección fue manipulada”, cfr. http://www.el-nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-eleccion-constituyente_196658 y http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[21] ESCOVAR LEÓN, Ramón, “Noción de pueblo en las bases comiciales y en la sentencia N° 378 de la Sala Constitucional”, Ob. cit. p. 37.

[22] Para mayor profundidad consultar BADELL MADRID, Rafael, “Régimen jurídico del proceso constituyente en la Constitución de Venezuela”, publicado en BREWER-CARÍAS, Allan / GARCÍA SOTO, Carlos (compiladores), "Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017", Editorial Temis, Editorial Jurídica Venezolana, Bogotá/Caracas, 2017., pp.137-204. Publicado también en la página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: http://www.acienpol.org.ve/Default.aspx

[23] DUQUE CORREDOR, Román, “Inconstitucionalidad por ilegitimidad de origen y del ejercicio del poder constituyente por la Asamblea Nacional Constituyente creada por Nicolás Maduro”, en “XLIII Jornadas J.M. Domínguez Escovar: La ausencia de juridicidad en el sistema legal venezolano”,  Instituto de Estudios Jurídicos Ricardo Hernández Álvarez,  Unidad Académica del Colegio de Abogados del Estado Lara. Barquisimeto, 2018. P.22.

[24] DUQUE CORREDOR, Román, “Inconstitucionalidad por ilegitimidad de origen y del ejercicio del poder constituyente por la Asamblea Nacional Constituyente creada por Nicolás Maduro”, ob. cit. p.21.

[25] NJAIM, Humberto, “Reflexión sobre el pluralismo a más de 10 años de “Vigencia” de la constitución”, en CASAL H., Jesús M. (Coordinador), “Defender la Constitución”, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011.

[26] Ibídem, p. 69

[27] SANQUÍRICO PITTEVIL, Fernando, “Las facultades (i)limitadas de la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a la Constitución de la República”, en BREWER-CARÍAS , Allan y GARCÍA SOTO, Carlos (compiladores), “Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente”, Editorial Temis, Editorial Jurídica Venezolana, Bogotá/Caracas, 2017.

[28] Para mayor profundidad vid. BADELL MADRID, Rafael, Ob. cit.

[29] DUQUE CORREDOR, Román, “Inconstitucionalidad por ilegitimidad de origen y del ejercicio del poder constituyente por la Asamblea Nacional Constituyente creada por Nicolás Maduro”, Ob. cit. p. 22.

[30] Vid. “Comunicado de la Asociación de Rectores Universitarios “AVERU” Ante la inconstitucional convocatoria a las elecciones presidenciales realizada por La Asamblea Nacional Constituyente  de facto”, en UCV Noticias, artículo web, disponible en: http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=67524   

[31] Así pues, como postulado fundamental del Estado democrático, la elección debe ser el resultado de la libre expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo, por lo que sí concurren vicios en el proceso electoral que alteren el resultado de la votación, al punto de no conocerse lo realmente querido por los electores, ello “conlleva naturalmente la anulación de la respectiva elección”. En ese sentido, y dado que “las elecciones constituyen el mecanismo jurídico usual no sólo para la escogencia de los titulares de los órganos representativos, sino, además, para que éstos participen, en alguna medida, en la determinación, ejecución y control de las decisiones políticas a lo largo de todo el proceso gubernamental” , al violarse los principios electorales que garantizan el pleno ejercicio de la voluntad popular en un proceso electoral, se violará el principio democrático, fundamental del Estado de Derecho .

[32] DUQUE CORREDOR, Román, “Elecciones de la dictadura del Maduronato”. Conferencia dictada el 15 de febrero de 2018 en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Foro sobre las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. 

[33] HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, “Los principios del derecho electoral”, artículo web disponible en: https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1994-01-004-025.pdf

[34] ZURITA, Ricardo O. “Curso de Inducción”, programa de Formación y Desarrollo. Instituto Federal Electoral. México, 1993. P. 75. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1113/6.pdf

[35] SÁNCHEZ AGESTA, Luis, “Democracia y procesos electorales”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, Costa Rica,  1986. . Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2018/3.pdf

[36] “Sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad, es por ello que el ejercicio de la ciudadanía y la participación política continúan, hoy día, siendo imperativos de cualquier orden político”, Vid. FERNÁNDEZ MASÍS, Héctor, “El proceso electoral”,  en Revista de Derecho Electoral N°1, Primer Semestre, Costa Rica, 2005. P.17. Disponible en: http://www.tse.go.cr/revista/art/1/fernandez.pdf

[37] ARAGÓN, Manuel, “Derecho de sufragio: Principio y función”, en FERRERO COSTA, Raúl (compilador) “Derecho Constitucional General. Materiales de Enseñanza”, primera edición, Universidad de San Marcos. Universidad  de Lima, Lima, 2004, página 643, cit. en DUQUE CORREDOR, Román, “Elecciones de la dictadura del Maduronato”, Ob. cit.

[38] Tal como lo afirma la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), “las últimas actuaciones en materia electoral por parte de la Asamblea Nacional Constituyente conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, con ocasión a las elecciones de Gobernadores y Alcaldes, así como el llamado a legitimación de los partidos políticos, inhabilitaciones, desconocimiento de los resultados electorales adversos al régimen, modificación de las normas que regulan los procesos electorales dentro de los seis(6) meses anteriores al proceso, evidencia que no existe garantía de imparcialidad, trasparencia, igualdad y equidad en el desarrollo de una elección   Presidencial.” Vid. “AVERU  se dirige a la opinión pública. Ante la inconstitucional convocatoria a las elecciones presidenciales realizada por La Asamblea Nacional Constituyente  de facto”, cit. 

[39]Déficits como “la permisividad del CNE en el uso de recursos públicos para fines electorales, la inequidad en la aplicación de la normativa electoral, manipulación en los procedimientos de votación, inequidad en el acceso a los medios de comunicación”; la “manipulación del cronograma de actividades de la elección, migración masiva de votantes a pocas horas de la elección, eliminación de la tinta indeleble como mecanismo para evitar el sufragio múltiple y la manipulación de actas de votación”, sin mencionar la declaración de la empresa Smartmatic, de la falta de confianza de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en las pasadas “elecciones” para seleccionar los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente; hacen que Venezuela sea el escenario menos propicio para unas elecciones íntegras. Vid. Comunicado conjunto del CEP-UCAB e IDEA Internacional sobre convocatoria de elecciones 2018, del 29 de enero de 2018. Disponible en: https://politikaucab.net/2018/01/29/comunicado-conjunto-del-cep-ucab-e-idea-internacional-sobre-convocatoria-de-elecciones-2018/

[40] Vid. Comunicado conjunto del CEP-UCAB e IDEA Internacional sobre convocatoria de elecciones 2018, del 29 de enero de 2018.

[41] Ibídem.

[42] Gaceta Oficial N° 41.308 del 27 de diciembre de 2017.

[43] Gaceta Oficial N° 6.013 extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010.

[44] Vid. “Validación de organizaciones con fines políticos se realizará 27 y 28 de enero”, Noticias del Consejo Nacional Electoral, disponible en: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3626

[45] Vid. “ANC, TSJ y CNE violan leyes para facilitarle el camino electoral a Maduro”, Por Sammy Paola Martínez, en El Nacional, 11 de marzo de 2018. Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/anc-tsj-cne-violan-leyes-para-facilitarle-camino-electoral-maduro_226357

[46] Dictamen de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la necesaria independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral como garantía esencial para la realización de elecciones libres y democráticas, del 03 de maro de 2018.

[47] Ibídem.

[48] Vid. sentencias de la Sala Constitucional de fecha 26 de diciembre de 2014 y del 13 de diciembre de 2016.

[49] Vid.  Dictamen de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la necesaria independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral como garantía esencial para la realización de elecciones libres y democráticas, del 03 de maro de 2018.

[50] DUQUE CORREDOR, Román, “Elecciones de la dictadura del Maduronato”. Conferencia dictada el 15 de febrero de 2018 en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Foro sobre la elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. 

[51] Las elecciones regionales y municipales fueron también convocadas inconstitucionalmente por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de estados, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales (Gaceta Oficial Nro. 6.327 extraordinario del 12 de Agosto de 2017); y Decreto Constituyente de convocatoria y programación de las elecciones de Alcaldesas y Alcaldes, para el mes de diciembre del año 2017 (Gaceta Oficial Nro. 41.265 del 26 de Octubre de 2017).

[52] Gaceta Oficial Nro. 6.015 del 28 de diciembre de 2010.



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