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Asamblea Constituyente 2017
"Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios"
 

 

Mediante Gaceta Oficial Nro. 41.667 de fecha 03 de julio de 2019, fue publicada la “Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios” (en lo sucesivo “Ley Constitucional”), dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, (reimpresa por error material en Gaceta Oficial Nro. 41.696 de fecha 16 de agosto de 2019),con el objeto de gravar el patrimonio de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a ciento cincuenta millones de unidades tributarias (150.000.000 U.T.). La Ley Constitucional se resumirá de acuerdo con el siguiente esquema:  

1.         Ámbito de aplicación del impuesto a los grandes patrimonios

2.         Exenciones al impuesto a los grandes patrimonios

3.         Exoneraciones al impuesto a los grandes patrimonios

4.         Base imponible

5.         Alícuota impositiva

6.         Periodo de imposición

7.         Declaración y pago del impuesto

8.         Obligación de informar

9.         Agentes de retención y percepción

10.       Régimen sancionatorio

11.       No deducibilidad del ISLR

12.       Exclusión de otras normas sobre exoneraciones o exenciones

13.       Regulación SENIAT

14.       Entrada en vigencia

 

 

1.      Ámbito de aplicación del impuesto a los grandes patrimonios

El impuesto creado por la Ley Constitucional se aplicará sobre el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas por el SENIAT como sujetos pasivos especiales, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a ciento cincuenta millones de unidades tributarias (150.000.000 U.T.). (artículo 1).

La Unidad Tributaria aplicable será la determinada por el SENIAT (Bs.S. 50,00) con motivo de que la administración tributaria es el órgano competente para la recaudación y control de este tributo nacional a los grandes patrimonios (Véase artículos 25 y 26 de la Ley Constitucional, en concordancia con artículo 2, de la Providencia N° SNAT/2019/00046 del 27 de febrero de 2019, publicada en Gaceta Oficial No. 41.597 del 7 de marzo de 2019).

1.1    Criterios para la tributación de los sujetos pasivos especiales

 

-          Las personas naturales y jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica residentes en el país, tributarán por la totalidad del patrimonio, cualquiera sea el lugar donde se encuentren ubicados los bienes o se puedan ejercer los derechos que lo conforman. 

-          Las personas naturales y jurídicas de nacionalidad venezolana no residentes en el país, tributarán por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que se puedan ejercer en el país.

-          Las personas naturales y jurídicas de nacionalidad venezolana no residentes en el país, tributarán por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que se puedan ejercer en el país.

 

Según la Ley Constitucional, en los casos primero y segundo, cuando las personas o entidades posean establecimiento permanente en el país, serán además contribuyentes por la totalidad del patrimonio atribuible a dicho establecimiento, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren ubicados los bienes o se puedan ejercer los derechos que lo conforman (artículo 4).

1.2    Criterios para la determinación de la ubicación de los bienes y derechos en Venezuela

Se consideran bienes ubicados en el territorio nacional, entre otros, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Constitucional, los siguientes:

-          Los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional.

-          Las naves, aeronaves, buques, accesorios de navegación y vehículos automotores de matrícula nacional. También se consideran ubicados en el territorio nacional los referidos bienes de matrícula extranjera, siempre que hayan permanecido efectivamente en dicho territorio al menos ciento veinte (120) días continuos o discontinuos durante el periodo de imposición.

-          Los títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos del capital social o equivalente, emitido por sociedades venezolanas.

-          Los bienes expresados en piedras preciosas, minerales, obras de arte y joyas.

1.2.1 Atribución e imputación del patrimonio

Los bienes y derechos se atribuirán al titular conforme a los registros públicos.

Los bienes que no estén sometidos a formalidades de registro se atribuirán al poseedor.

En los casos de arrendamiento financiero contratados con empresas regidas por la legislación que regula los bancos y otras instituciones financieras, el bien objeto de arrendamiento se atribuirá al arrendatario.

En los casos de contratos de fideicomiso, el bien objeto de fideicomiso se atribuirá al beneficiario.

En los casos de personas jurídicas, los bienes de uso personal de los accionistas se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza la posesión.

A los efectos de este impuesto, una vez declarado el patrimonio, su propiedad o posesión se presume para los periodos de imposición siguientes, salvo prueba de transmisión o pérdida (artículo 12).

 

1.3    Criterios para la determinación de la residencia de las personas naturales en Venezuela

Las personas naturales calificadas como sujetos pasivos especiales, se consideran residenciadas en el territorio nacional, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Constitucional, cuando:

1.        Permanezca en el país por un periodo continuo, o discontinuo, superior a ciento ochenta y tres (183) días del período de imposición.

2.        Se encuentre en el país el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

3.        Tenga nacionalidad venezolana y sea funcionario público o trabajador al servicio del Estado, aun cuando el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos se encuentre en el extranjero.

4.        Tenga nacionalidad venezolana y acredite su nueva residencia fiscal en un país o territorio calificado como de baja imposición fiscal, en los términos previstos en la legislación nacional que regula la imposición a las rentas, salvo cuando dicho país o territorio tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con Venezuela.

De otra parte, se presume, salvo prueba en contrario, que una persona está residenciada en el país, cuando:

- Haya establecido su lugar de habitación o tenga una vivienda principal en el país.

- Sea de nacionalidad venezolana.

- Su cónyuge no separado legalmente o sus hijos menores de edad que dependan de él, se consideran residentes en el país de acuerdo con los criterios establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 6 la Ley Constitucional.

1.4    Criterios para la determinación de la residencia de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica en Venezuela

Dispone el artículo 8 de la Ley Constitucional que las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, se consideran residenciadas en el territorio nacional cuando:

-          Hubiere sido constituida conforme a las leyes venezolanas.

-          Tenga su domicilio fiscal o estatutario en el país.

-          Tenga su sede de dirección efectiva en el país.

 

1.5    Criterios para la determinación de los establecimientos permanentes en el territorio de Venezuela

Según la Ley Constitucional, se entiende que una persona o entidad no residente en el país actúa a través de un establecimiento permanente, cuando realice toda o parte de su actividad en instalaciones o lugares de cualquier naturaleza, aun cuando las mismas no sean de su propiedad, bien sea que dicha actividad se realice por sí o por medio de sus empleados, apoderados, representantes o de otro personal contratado para ese fin (Un establecimiento permanente comprende, entre otros, los supuestos siguientes:

-        Una sede de dirección, sucursal u oficina.

-        Una fábrica, taller o planta de producción.

-        Una mina, cantera, pozo o plataforma de petróleo o gas, área de explotación agrícola o cualquier otro lugar de exploración o explotación de recursos naturales.

-        Obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de tres (3) meses.

-        Centros de compras de bienes o de adquisición de servicios.

-        Bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título.

-        Agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre o por cuenta de la persona o entidad no residente.

Dispone la Ley Constitucional, además, que en caso de que una persona o una entidad sin personalidad jurídica, no residente en el país, disponga de diversos centros de actividad en el país, tributará conjuntamente (artículo 10).

1.6. Temporalidad

Dispone el artículo 11 de la Ley Constitucional que se entiende ocurrido el hecho imponible el 30 de septiembre de cada año.

2.      Exenciones al impuesto a los grandes patrimonios

De conformidad con el artículo 13 de la Ley Constitucional, están exentos de este impuesto:

2.1 La República y demás entes político territoriales.

2.2 El Banco Central de Venezuela.

2.3 Los entes descentralizados funcionalmente.

2.4 La vivienda registrada como principal ante la Administración Tributaria.

2.5 El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los efectos personajes y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del contribuyente, excepto los bienes a los que se refiere el artículo 20 de esta Ley.

2.6 Las prestaciones sociales y demás beneficios derivados de las relaciones laborales, incluyendo los aportes y rendimientos de los fondos de ahorro y cajas de ahorro de los trabajadores y trabajadoras.

2.7 Los bienes y derechos de propiedad comunal, en los términos establecidos en el Reglamento que se dicte al respecto.

2.8 Los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, siempre que estas sean la actividad principal del contribuyente y se realicen a nivel primario.

2.9 La obra propia de los artistas mientras sean propiedad del autor.

3.0 Los bienes situados en el país, pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables y a condición de reciprocidad.

3.      Exoneraciones al impuesto a los grandes patrimonios

El Presidente de la República podrá otorgar exoneraciones del pago del impuesto sobre grandes patrimonios a determinadas categorías de sujetos pasivos especiales, sectores estratégicos para la inversión extranjera y el desarrollo nacional, así como a determinadas categorías de activos, bonos de deuda pública nacional o cualquier otra modalidad de título valor emitido por la República o por sus entes con fines empresariales (artículo 14).

4.      Base imponible

La base imponible del impuesto sobre grandes patrimonios será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos, determinados conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes (16 al 22), excluidos los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como los bienes y derechos exentos o exonerados (artículo 15).

5.      Alícuota impositiva

La alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio neto determinado conforme a lo previsto en la Ley Constitucional podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de cero coma veinticinco por ciento (0,25%) y un máximo de uno coma cincuenta por ciento (1,50%). El Ejecutivo Nacional podrá establecer tarifas progresivas conforme al valor patrimonial (artículo 23).

La alícuota impositiva aplicable determinada desde la entrada en vigencia de la Ley Constitucional y hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca alícuotas distintas, será del cero coma veinticinco por ciento (0,25%) (Disposición transitoria y final segunda).

6.      Periodo de imposición

El impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año (artículo 24). Excepcionalmente, se considerará concluido el período de imposición cuando:

-        Se produzca la muerte del contribuyente.

-        Se extinga la persona jurídica o la entidad sin personalidad jurídica.

-        La persona o entidad sin personalidad jurídica, cambie su residencia al extranjero.

-        Se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario especial.

7.      Declaración y pago del impuesto

La declaración y el pago del impuesto a los grandes patrimonios deberán realizarse de acuerdo con los plazos y formas que determine la administración tributaria (artículo 25 .

7.1 Control sobre activos no declarados o subvaluados

La administración tributaria desplegará todos aquellos mecanismos administrativos de control que fuesen necesarios para la determinación exacta de la información y valores aportados por los contribuyentes en sus declaraciones.

En caso que se determinare que el contribuyente omitió bienes en su declaración o los reflejó en esta a un valor inferior al que deba atribuírsele en virtud de los previsto en esta Ley Constitucional, iniciará de inmediato el correspondiente procedimiento de fiscalización y determinación tributaria, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Código Orgánico Tributario, debiendo dirigir principalmente las cautelas correspondientes sobre los bienes o acciones cuya información o valoración fueren objeto de omisión o subvaloración (artículo 28).

7.2 Cobro ejecutivo

La Administración Tributaria ejercerá la acción de cobro ejecutivo de las cantidades determinadas por la Administración Tributaria, cuando estas no hubieren sido pagadas por los contribuyentes o sus responsables, procediendo al embargo inmediato de bienes, conforme a las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Código Orgánico Tributario (artículo 29).

8.      Obligación de informar

La Ley Constitucional impone la obligación a los jueces, registradores, notarios, instituciones financieras, empresas de seguros y reaseguros, casas de bolsa, casas de cambio, depositarias, museos, galerías, joyerías y demás entidades públicas o privadas ante las cuales se registren, inscriban o depositen bienes muebles e inmuebles, de remitir a la Administración Tributaria, en la forma y condiciones que esta determine, la información que con carácter particular o general que se requiera.

De otra parte, dispone que los ministerios con competencia en finanzas y registros y notarías, dicten normas que impidan la realización de operaciones de disposición patrimonial, destinadas a evadir o eludir el impuesto sobre grandes patrimonios (artículo 26).

9.      Agentes de retención y percepción

La Administración Tributaria podrá designar agentes de retención o de percepción de este impuesto, a quienes intervengan en actos u operaciones en las cuales estén en condiciones de efectuar por sí o por interpuesta persona, la retención o percepción del impuesto aquí previsto.

La Ley Constitucional exceptúa de esa disposición a quienes intervengan en la enajenación de acciones, efectuadas a través de mercado de valores regulados por el Estado (artículo 27).

10.  Régimen sancionatorio

El incumplimiento de las normas establecidas en la Ley Constitucional será sancionado de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en todo lo referente a lo contemplado para los sujetos pasivos especiales (Disposición transitoria y final cuarta).

11.  No deducibilidad del ISLR

La Ley Constitucional dispone de forma expresa que el impuesto sobre grandes patrimonios no será deducible del impuesto sobre la renta (Disposición transitoria y final primera).

12.  Exclusión de otras normas sobre exoneraciones o exenciones

No serán aplicables a la materia impositiva regida por las disposiciones de la Ley Constitucional, las normas de otras leyes que otorguen exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales distintos a los allí previstos, o que se opongan o colidan con las normas allí establecidas (Disposición transitoria y final tercera).

13.  Regulación SENIAT

Dispone la Ley Constitucional que la Administración Tributaria, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley Constitucional, deberá dictar las normas e instructivos necesarios para la actualización del valor de los bienes y la implementación del impuesto a los grandes patrimonios (Disposición transitoria y final quinta).

14.  Del primer período de imposición

Los sujetos pasivos calificados como especiales por la Administración Tributaria que se encuentran sometidos a la Ley Constitucional, para el primer periodo de imposición declararán el valor patrimonial del que dispongan para el momento de la referida declaración, sin perjuicio de las atribuciones de fiscalización y determinación conferidas a la Administración Tributaria en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en atención a lo dispuesto en el artículo 16 numeral 3, el artículo 20, el artículo 22 y la Disposición Transitoria anterior de esta Ley Constitucional (Disposición transitoria y final sexta)

El primer período de imposición del Impuesto a los Grandes Patrimonios, se generará el 30 de septiembre de 2019 (Disposición transitoria y final séptima).

15.  Entrada en vigencia

La Ley Constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, a partir del 16 de agosto de 2019 (Disposición transitoria y final octava).

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