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Legislacion extranjera
Ordenes Ejecutivas de los Estados Unidos: Personas politicamente expuestas (PEP), funcionarios y ex funcionarios de Gobierno y politica de los bancos congelando cuentas bancarias
 

Arturo J. Bravo Roa, Esq[1]

Con motivo de las Órdenes Ejecutivas dictadas por Gobierno de los Estados Unidos de América en relación a Venezuela, y, más específicamente, con motivo de la Orden Ejecutiva 13884 del 05 de Agosto de 2019, algunas instituciones bancarias en los Estado Unidos han venido congelando o bloqueando fondos de personas naturales que son o fueron funcionarios del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sus instrumentalidades[2].   La situación no ha distinguido el tinte político de las personas sancionadas, mucho menos si son actualmente funcionarios o fueron funcionarios públicos, pues los bancos e instituciones financieras han ido más allá y han abarcado un amplio espectro de personas.   En el presente artículo abordaremos el problema y brindaremos algunas pautas informativas al respecto.

 

1.      Orden Ejecutiva 13884 del 05 de agosto de 2019

En fecha 05 de Agosto de 2019, y con base a la Orden Ejecutiva 13850, se dictó una Orden Ejecutiva, cuyo efecto práctico fue congelar todos los activos pertenecientes o bajo el control de la República Bolivariana de Venezuela en manos de US Persons[3], endureciendo o fortaleciendo el conjunto de medidas, ya no solo contra PDVSA y algunas otras empresas de la República, sino a cualquier entidad en donde la República Bolivariana de Venezuela tenga un interés (como accionista o cualquier otra participación) superior al 50% del capital de dicha entidad. Dicha Orden Ejecutiva incluye relaciones con funcionarios públicos del Gobierno de Venezuela, en el entendido que los US Persons están obligados a congelar, bloquear y evitar el traspaso de bienes que pertenezcan tanto al Gobierno de Venezuela como el de sus instrumentalidades y funcionarios.

 

2.      El problema: Ámbito de interpretación

 Sin duda, la dirección natural de la Orden Ejecutiva 13884 fue la de bloquear al Gobierno de Venezuela, obligando así a instituciones financieras en los Estados Unidos de América a congelar los fondos que pertenezcan al Gobierno y sus funcionarios.

 Ahora bien, en una interpretación que han proporcionado algunos departamentos de compliance o cumplimientos bancarios y que circula entre algunos bancos, se concluyó que la Orden Ejecutiva no distingue entre funcionarios actuales o funcionarios pasados, mucho menos, la ideología o tendencia política del funcionario o de la entidad gubernamental que hablemos. En otras palabras, bajo este criterio, la medida afecta tanto a Gobiernos locales que pudieran ser de oposición, como a funcionarios pasados que tuvieren que ver con el Gobierno de Venezuela, en cualquier tiempo.

 

3.      Consecuencia

Basados en la aludida interpretación y buscando evitar quebrantar los perniciosos efectos de la Orden Ejecutiva en los bancos, algunas instituciones financieras han bloqueado fondos de personas que alguna vez fueron funcionarios públicos en Venezuela (aun y en posiciones que no tenían ningún corte o color político), afectando a un número indefinidos de venezolanos que alguna vez ocuparon cargos funcionariales, y que pudieron haber sido incluidos dentro de la clasificación de Personas Políticamente Expuestas. Es una situación que afecta a un sinnúmero de personas que pertenecieron a alguna instrumentalidad, incluyendo Alcaldías, Oficinas Públicas, Ministerios, Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos de igual entidad.

 

4.      Nuestra posición

 Somos de la convicción que la interpretación que se tiene de congelar fondos de personas que fueron funcionarios públicos resulta excesiva. La interpretación dada por los departamentos de compliance de algunas instituciones financieras en los Estados Unidos no es la correcta dentro del contexto de la Orden Ejecutiva.  Sin embargo, el proceso de decantación de esta solución puede llevar tiempo.  En otras palabras, si una persona sufre las consecuencias de una decisión de la institución financiera congelando sus fondos, la única alternativa disponible es acudir a la OFAC y solicitar el desbloqueo.  Esta petición debe hacerse bajo los criterios y herramientas correspondientes, presentando las evidencias que determinen la inaplicabilidad de la Orden Ejecutiva en el caso específico. 

 


 

[1] Arturo J. Bravo es Doctor en Derecho (Juris Doctor) (Cum Laude) de la Universidad de Miami, Florida. Además, es Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela con estudios de Postgrado en Derecho Procesal y Máster en Negocios (MBA) en los Estados Unidos. También ha sido admitido para ejercer derecho en el Estado de Florida (Florida Bar), Estados Unidos de América y en Venezuela (Ilustre Colegio de Abogados de Caracas).

[2] Entiéndase por instrumentalidades, a los efectos del presente estudio, aquellas entidades (entes públicos centralizados o descentralizados, empresas, corporaciones, subsidiarias, asociaciones, institutos autónomos o cualquier otra) en donde la República Bolivariana de Venezuela tenga control y posesión de más del 50% del poder accionario o de control.  Incluye, claro está, el control indirecto por participación indirecta de la República en forma indirecta, a través de otras instrumentalidades.

[3] Personas de los Estados Unidos (U.S. Persons) incluyen:

(i) ciudadanos de los Estados Unidos de América en cualquier parte del mundo (US Citizen);

(ii) residentes permanentes en los Estados Unidos de América en cualquier parte del mundo (Green Card Holders);

(iii) entidades (empresas u otras formas de asociación) organizadas de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América en cualquier parte del mundo; y,

(iv) cualquier persona ubicada en los Estados Unidos (sin importar su nacionalidad, residencia u otros aspectos personales).




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