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Contencioso - Administrativo
Nuevas Competencias del Tribunal Supremo de Justicia conforme al texto Constitucional de 1999
 

NUEVAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CONFORME AL TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1999 

Conferencia dictada por la Dra. María Amparo Grau en el Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Federal el 14 de marzo de 2000

María Amparo Grau
Profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Central de Venezuela.
Ex Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo


En primer lugar quiero agradecer la gentil invitación que me formulara el Dr. Oscar Ronderos para intervenir en estas jornadas de reflexión acerca de los cambios más importantes del nuevo Texto Constitucional y debo asimismo felicitar esta iniciativa del Colegio de Abogados del Distrito Federal.

La nueva Constitución al definir el sistema de justicia (artículo 253) incluye expresamente como parte de éste a los abogados autorizados para el ejercicio profesional.

El abogado es, sin duda, parte del sistema de justicia, es –como indica Dromi- el primer juez de los litigios, desde que tiene el deber de estudiar tanto el fondo como el aspecto procesal del asunto, la legitimidad y moralidad de la pretensión y asimismo tiene el deber de actuar en el proceso de acuerdo a los principios éticos y técnicos. Y esta conducta que debe desarrollar el abogado incide en un verdadero sistema de administración de justicia eficaz, pues el proceder indebido de su parte, -en palabras del mismo Dromi- no sólo resiente la dignidad de la abogacía sino que degrada a la justicia.

En este sentido la colegiación se reconoce como mecanismo que tiende a asegurar que el abogado proceda conforme a técnica y la ética. De tal manera que este evento de reflexión sobre los nuevos postulados Constitucionales adelantado por el Colegio de Abogados se inscribe, sin duda, dentro de esa altísima responsabilidad que le corresponde y que se refiere a procurar que nosotros sus afiliados seamos verdaderamente "procuradores de la justicia y curadores de la libertad."

La delimitación de la competencia es un aspecto en el que la buena técnica es fundamental, tanto la del abogado que debe con el estudio determinar cuál es el tribunal llamado a conocer del asunto, como la del legislador que con buena técnica debe regularla, y, por supuesto, la del juez que también con buena técnica debe aplicarla y decidirla.

Conspira contra un buen sistema de justicia la falta de precisión legal en la asignación de competencias judiciales, pero conspira aún más la constante variación de los criterios jurisprudenciales sobre la competencia así como la indebida legislación de esta materia por parte del sentenciador, aun cuando éste sea el propio Tribunal Supremo.

Veamos pues, cuáles son los cambios más importantes en materia de competencias del Máximo Tribunal y permítanme traer a colación algunas decisiones que ya han comenzado a producirse en esta materia, con el objeto de adaptarla a la nueva organización del Tribunal Supremo.

La Constitución vigente (aprobada mediante referéndum el día 15 de diciembre de 1999 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999) concibe el Tribunal Supremo estructurado en siete salas: La Sala Plena (término que sustituye el de la Corte en Pleno a que se refería la Constitución del 61), las Salas: de Casación Civil y de Casación Penal, y la Político-Administrativa, todas ellas ya existentes, y crea las Salas Constitucional y las Salas: Electoral y de Casación Social. Cada una de estas Salas -a excepción de la Constitucional que está conformada por cinco (5) magistrados y la Sala Plena que agrupa a la totalidad de ellos- está integrada por tres (3) magistrados (La determinación del número de magistrados que integrarían cada Sala del TSJ fue realizada mediante acto constituyente. Sin embargo, debe tenerse presente que este aspecto puede ser modificado por la ley orgánica que posteriormente se dicte para regular la organización y funcionamiento del TSJ.)

Se asigna al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por una parte, (i) el control de la correcta aplicación judicial del derecho, que se manifiesta a través del ejercicio de la Casación en materias civil, penal y social y, por otra parte, (ii) el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos que dicten los órganos del Poder Público, lo cual se manifiesta en el ejercicio, por parte del TSJ, de la jurisdicción constitucional (art. 334), la electoral (artículo 297) y la contencioso administrativa (art. 259 de la Constitución).

El TSJ ejerce entonces sus funciones a través de distintas Salas, cuyas integraciones y competencias serán determinadas posteriormente por la ley orgánica que a tales efectos se dicte. Sin embargo, la Constitución ya asigna específicamente a algunas de las Salas ciertas competencias del TSJ, las cuales, obviamente, en virtud de su rango constitucional y su naturaleza originaria, no podrán ser modificadas por el legislador. Pero, nada impide, por así permitirlo la propia Constitución (artículo 266, ordinal 9º), que el legislador le atribuya nuevas competencias a las Salas en aquellos asuntos no contemplados por la Constitución.

La competencia del TSJ se encuentra entonces regulada en las siguientes normas constitucionales: (i) el artículo 266 que confieren algunas competencias a la Sala Plena; (ii) el mismo artículo 266 que atribuye competencias a la Sala Político-Administrativa, así como el 259 que regula la jurisdicción contencioso-administrativa de la que ésta es el máximo órgano judicial; (iii) el artículo 262 que prevé las competencias de la Sala de Casación Social; (iv) el artículo 297 que hace referencia a la competencia de la Sala Electoral y (v) el artículo 336, aunado a los artículos 203 y 214 que contienen las competencias de la Sala Constitucional.

De otro lado, el artículo 266 enumera ciertas competencias del TSJ que no fueron atribuidas a ninguna de las Salas (ordinales 6, 7 y 8). Al respecto, será necesario atender a lo dispuesto en cada caso por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) -hasta tanto se dicte la nueva ley que regule al máximo tribunal- y también habrá que atender a la jurisprudencia de cada Sala al respecto, pero especialmente a la que dicte la Sala Constitucional, dado el carácter vinculante de sus decisiones, por lo que a la interpretación del Texto Constitucional se refiere (art. 335 de la Constitución).

Veamos entonces las competencias constitucionales de cada Sala del TSJ:

2.1. Competencias de la Sala Plena

Corresponde a la Sala Plena:

a) Al igual que lo hacía la Constitución del 61, se le asigna Declarar si existen o no méritos para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa, previa autorización de la Asamblea Nacional (en lugar del extinto Senado), hasta sentencia definitiva (v. ordinal 2º, art. 266).

b) Declarar si existen méritos para el enjuiciamiento del Vicepresidente de la República, los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio TSJ, los Ministros, Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Gobernadores, oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, Jefes de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva (v. ord. 3º, art. 266).

Se incluyen a los nuevos funcionarios de alta jerarquía que de conformidad con la nueva Constitución forman parte del Poder Público (Vicepresidente de la República y Defensor del Pueblo) y a los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional.

De otra parte, si existen méritos para el enjuiciamiento, los autos se remiten al Fiscal General de la República en lugar de los tribunales ordinarios como ocurría en el régimen constitucional del 61 y en atención a las nuevas disposiciones de la materia penal.

Ahora bien, al contrario de lo previsto en la Constitución del 1961 -en la que se establecía que la Corte sólo continuaba conociendo del juicio si éste versaba sobre delitos políticos-, la nueva Constitución consagra la competencia de la Sala Plena para continuar el conocimiento de la causa hasta sentencia definitiva precisamente si el delito fuere común. (Sin embargo, no queda claro si la disposición constitucional comprende los delitos políticos o desaparece tal categoría. Lo mismo ocurre respecto de los delitos contra la cosa pública. En nuestro criterio, no parece tener mucho sentido que se excluyan estas categorías delictuales del ámbito de competencia del TSJ.)

2.2. Competencias de la Sala Constitucional

2.2.1. Facultad revisora en materia de amparo constitucional y control de la constitucionalidad de las sentencias dictadas por los tribunales de la República (336, ord 10)

La segunda de las asignaciones en esta materia, es decir, la facultad revisora del control de constitucionalidad de sentencias dictadas por otros tribunales debe estar referido al control difuso de la Constitucionalidad que es el ejercen otros tribunales con base al artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. Esta competencia deberá ser regulada en la Ley que organice al TSJ, y de ella existen precedentes en otros sistemas en los que se encuentra establecida con el objeto de unificar los criterios de interpretación de la Constitución.

Por lo que a la materia de amparo se trata, primera asignación contenida en esta facultad revisora que a la Sala Constitucional se atribuye, se trata de facultades de revisión de sentencias de amparo dictadas por otros tribunales.

Dos aspectos cabe destacar, primero, es una facultad revisora, es decir que no se le atribuye conocimiento en esta materia en primera instancia, segundo, recae sobre sentencias de otros tribunales, por lo que no estarían comprendidas las sentencias de amparo que corresponde dictar a las otras Salas del mismo TSJ.

De allí que las competencias revisoras que venían ejerciendo las otras Salas del TSJ (por vía de apelación o consulta) pasarían entonces a la Sala Constitucional, conforme a esta norma.

Ahora bien, la competencia en amparo en primera instancia del Supremo Tribunal venía dada por el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales (LOASDGC) que prevé un fuero subjetivo respecto de los altos funcionarios y asignado a la Sala afín con el derecho cuya violación se invoque.

No obstante, la Sala Constitucional interpretó (Sentencias de fecha 20 de enero de 2000, casos Domingo Ramírez Monja y Emery Mata Millán). no sólo su facultad revisora, de acuerdo a la Constitución, en materia de amparo, sino que también lo hizo respecto de su facultad como tribunal de instancia, asumiendo la competencia del artículo 8 en todos los casos. Este criterio lo impuso, además, invocando la facultad reconocida en el artículo 266 de la Constitución que le atribuye el ejercicio de la jurisdicción constitucional y el carácter vinculante de sus decisiones de interpretación del Texto Fundamental. (Como fundamento de su decisión la Sala expresó que el hecho de que su función primordial sea la interpretación de la Carta Magna -art. 335 de la Constitución- y el conocimiento de las infracciones a la Constitución -art. 336 Constitución-, la convierte en la Sala que por la materia le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional incoadas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, señala que si bien la Constitución prevé la promulgación de una ley orgánica para regular la facultad "revisora" contenida en el artículo 336 ordinal 10 de la Constitución, es lo cierto que tratándose de un precepto que por su naturaleza constitucional es de inmediata aplicación y eficacia, carece de relevancia, a los efectos de su aplicación por la Sala, el hecho de que la ley dirigida a desarrollar esta disposición constitucional aún no haya sido dictada).

En estos fallos precisa la Corte la competencia en materia de amparo de la siguiente manera:

a. Como juez natural de la jurisdicción constitucional, el conocimiento en única instancia de las acciones de amparo que se interpongan contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la LOA, así como aquellas que se ejerzan contra sus funcionarios subalternos cuando actúen por delegación de las atribuciones. (Con ello se modifica el criterio expuesto por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 6 de agosto de 1997 -Caso: Movilnet- conforme al cual cuando el presunto agraviante hubiese actuado por virtud de una delegación de atribuciones del Ministro, la competencia no correspondería a la Sala pues, en estos casos, resultaba inaplicable lo establecido en el artículo 8 de la LOA. En este sentido, a criterio de la Sala, el Ministro no podía ser considerado como agraviante, ya que debía entenderse que el delegatario asumía la competencia delegada como si fuere propia y era, por tanto, el responsable personal por la emisión del acto que se imputaba violatorio de derechos y garantías constitucionales).

b. El conocimiento de las acciones de amparo incoadas contra las sentencias dictadas en última instancia por los Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal.

c. El conocimiento de las consultas y apelaciones ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos conozcan la acción de amparo en primera instancia.

d. Por el contrario, el conocimiento de los amparos que se ejerzan en supuestos distintos a los antes mencionados, corresponderán a los Tribunales de Primera Instancia de la materia afín con el asunto debatido. En estos casos, las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por éstos serán conocidas por los respectivos Tribunales Superiores, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.

e. En materia Penal, el amparo sobre la libertad y seguridad personal será conocido por el Juez de Control a tenor de lo previsto en el artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo que se refiere a aquellas acciones dirigidas a producir el amparo de derechos y garantías distintos a la libertad y seguridad personal, su conocimiento corresponderá a los Tribunales de Juicio Unipersonal atendiendo a la afinidad que exista entre el derecho o garantía presuntamente violado y su competencia natural. El conocimiento de las apelaciones o consultas que se produzcan en ambos supuestos corresponderá a las Cortes de Apelaciones. ( Con base a este señalamiento la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 1 de febrero de 2000, erradamente en nuestra opinión, declinó en la jurisdicción penal un amparo ejercido contra una medida de arresto disciplinario, caso en el cual se trataría de un amparo contra acto administrativo, cuyo conocimiento conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo.)

f. Por lo que se refiere a la facultad "revisora" que le atribuye el ordinal 10º del artículo 336 de la Constitución, la Sala considera que dicha facultad se traduce en la posibilidad de revisar por vía excepcional y discrecionalmente, esto es, sin atender a recurso o solicitud específica en este sentido, aquellas sentencias de amparo que sean de la exclusiva competencia de los Tribunales de Segunda Instancia por estar conociendo de la causa en apelación y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de consulta. Esta facultad revisora será igualmente aplicable en aquellos casos en los que se dicte una sentencia que desconozca la doctrina vinculante dictada en materia constitucional por la Sala.

g. Con relación al amparo sobrevenido, sólo podrá intentarse ante el mismo juez ( Quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado) cuando se produzcan como consecuencia de actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales distintos a los jueces. (Esta posición del máximo tribunal recoge los criterios manifestados por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que con anterioridad ya habían dado una interpretación distinta a la figura del amparo sobrevenido similar a la que hoy acoge la Sala Constitucional del TSJ). Las violaciones que cometan los jueces durante la sustanciación de un juicio, serán conocidas por los jueces de la apelación y si es necesario el restablecimiento inmediato el amparo deberá conocerlo otro Juez competente superior y distinto a quien cometió la infracción alegada como inconstitucional.

h. Por lo que respecta a los amparos cautelares, esto es, aquellos ejercidos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos, así como aquellos ejercidos conjuntamente con el recurso de abstención (art. 5 LOA), la Sala manifiesta que dicho artículo configura una excepción al régimen de competencias establecido por el fallo y su conocimiento corresponderá a los Tribunales contencioso-administrativos que conozcan de procesos de nulidad contra actos administrativos o contra negativas o abstenciones de la Administración, pero agrega, en nuestro criterio erradamente, siempre que se den dos condiciones,: (i) que el recurso de nulidad o el recurso por abstención no se fundamente en una violación directa e inmediata de la Constitución y (ii) que la acción de amparo no se encuentre caduca. (Esto cambiaría sustancialmente el criterio que los tribunales contencioso administrativos han venido aplicando al amparo con nulidad, donde con base a la no caducidad del recurso en estos casos, tampoco se analizaría la caducidad del amparo. Aplicar la caducidad del amparo haría inaplicable la disposición de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (parágrafo único del artículo 5) que señala que cuando el recurso de nulidad se interponga conjuntamente con amparo, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad. En efecto, si se decide aplicar a la acción de amparo el lapso de caducidad de seis meses previsto en el artículo 6, ordinal 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, recobraría también aplicación la caducidad del recurso y por tanto nunca podría verificarse el supuesto previsto en el artículo 5 de la LOA.)

Como consecuencia de esta doctrina las otras Salas del TSJ con competencia en materia de amparo serían la Electoral y la Sala Político-Administrativa para los amparos conjuntos.

2.2.2. Controlar la constitucionalidad de los actos normativos y demás actos de rango legal dictados por los órganos del Poder Público

Para ello, le corresponde:

a) Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con la Constitución. (v. art. 336, ord. 1º).

Se precisa ahora que los demás actos son los que tengan rango de ley, acogiéndose la construcción de la jurisprudencia del Máximo Tribunal en el sentido de que en esta categoría se ubican aquellos actos dictados por el Poder Legislativo sin ser leyes en sentido formal gozan del mismo rango en virtud de ser dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Tal sería el caso de los acuerdos dictados por el Congreso a los que se ha reconocido este carácter por vía de interpretación jurisprudencial (al respecto, sentencia de la Corte en Pleno del 25 de enero de 1994. Caso juicio a Carlos Andrés Pérez).

b) Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta. (v. art. 336, ord. 2º)

Se ha agregado que respecto de los demás actos dictados por los órganos legislativos de los Estados (i.e. Consejo Legislativo) y Municipios (Concejo Municipal) debe tratarse de actos dictados en ejecución directa e inmediata de las disposiciones constitucionales.

Con este calificativo "demás actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución" se está reconociendo la posibilidad de que los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios puedan dictar, en ejecución directa de las disposiciones constitucionales, actos distintos a la leyes estadales y ordenanzas municipales, que en tal caso, serán del control de la Sala Constitucional cuando se aleguen vicios de inconstitucionalidad.

La competencia de la Sala Constitucional en este supuesto –como se ha dicho- estará limitada al hecho de que se trate de actos de ejecución directa de la Constitución y se aleguen razones de inconstitucionalidad contra tales actos. En este sentido, el control de la legalidad de los actos normativos y demás actos generales dictados por los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios corresponde, siguiendo el criterio impuesto por la jurisprudencia (v. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno del 6 de febrero de 1991. Juicio: L. Branger), a la Sala Político-Administrativa del TSJ, de conformidad con lo establecido en el ordinal 9º del artículo 42 de la Ley Orgánica que rige sus funciones.

c) Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley (i.e. decretos-leyes y actos de gobierno) dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con la Constitución (v. art. 336, ord. 3º).

Se precisa ahora que debe tratarse de actos con rango de ley, lo cual no hacía la Constitución del 61 (art. 215, ord 6° y. 42, ord. 4º de la LOCSJ que sólo aludían a la solicitud de inconstitucionalidad).

d) Declarar la nulidad total o parcial de los actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público (v. art. 336, ord. 4º).

Se precisa que corresponde a la Sala Constitucional y no a la Sala Político-Administrativa (como podía deducirse del artículo 42 ordinal 11 de la LOCSJ) el control de la constitucionalidad de todos los actos que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, y a la Político-Administrativa el de aquellos que no lo sean. (En efecto, el artículo 334 de la Constitución prevé que la Sala Constitucional del TSJ, como órgano encargado de ejercer la jurisdicción constitucional, es la competente para declarar la nulidad de las leyes nacionales y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. En este sentido, conforme a dicha norma, el control de la constitucionalidad ejercido por la Sala se verifica únicamente respecto de esta clase de actos.)

De lo anterior se deriva, por argumento en contrario, que el control de la constitucionalidad de los actos de rango sublegal y que no son dictados en ejecución directa de la Constitución escapan del conocimiento de la Sala Constitucional y continúan siendo, por tanto, de la competencia de la Sala Político-Administrativa conforme a lo establecido en la LOCSJ. Tal sería el caso de los actos (generales o individuales) dictados por los Ministros, Gobernadores, Alcaldes, Institutos Autónomos, órganos del Poder Judicial, entre otras autoridades.

De otra parte, si bien la Sala Constitucional declaró su competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional respecto de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la LOA ejercidas contra actos que no son dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, (Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional del 20 de enero de 2000. Caso: Emery Mata Millán vs Ministro de Interior y Justicia y otros. Cabe señalar que dicha sentencia tiene un voto concurrente del Magistrado Hector Peña Torrelles quien disiente de la posición asumida por la Sala por considerar que el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional atiende al rango de las actuaciones objeto de control y en consecuencia de lo cual, la Sala sería competente para conocer del amparo contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sólo cuando se trate de actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.es lo cierto que esa competencia se limita a la materia de amparo y no comprende, en nuestro criterio, el control de la constitucionalidad de estos actos mediante el conocimiento de los recursos contencioso-administrativos de anulación, el cual continuaría siendo de la Sala Político-Administrativa).

Así lo ha entendido la Sala Político-Administrativa en decisión de fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Aerolink Internacional, S.A.), en la que estableció su competencia para "declarar la nulidad total o parcial, cuando sea procedente, de los Reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme al ordinal 5° del artículo 266 de la Constitución y 259 ejusdem".

2.2.3. Del control previo o preventivo de la constitucionalidad

El control preventivo de la Constitucionalidad se ejerce en los siguientes supuestos:

a) Verificando, a solicitud del Presidente de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación (v. art. 336, ord. 5º). Esta es una competencia nueva, es un supuesto de revisión previa de constitucionalidad que crea la Constitución del 99.

b) Determinando, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico que la Asamblea Nacional haya concedido a una determinada ley. También es un supuesto nuevo. (Nada se dice respecto de los decretos-leyes que tengan tal carácter, a los cuales no parece aplicable esta revisión, primero, porque el carácter orgánico en estos casos vendrían por regular materias constitucionalmente reservadas a esta categoría de ley o porque modifiquen leyes que ya tenían tal rango, y en segundo lugar, porque no están previstos en la norma, que al ser de control debe ser interpretada en forma restrictiva.)

c) Determinando la constitucionalidad de aquellas leyes sancionadas y no promulgadas cuya nulidad solicite el Presidente de la República por estimar que coliden con el marco constitucional. Es el caso del veto presidencial, aquí se extiende el plazo de decisión del TSJ a 15 días en lugar de los 10 que establecía la Constitución del 61.

2.2.4. Del control de la constitucionalidad de los decretos que declaren Estados de Excepción

La Sala Constitucional será competente para revisar de oficio la constitucionalidad de los decretos dictados por el Presidente de la República que declaren estados de excepción. El decreto deberá ser presentado, dentro de los ocho (8) días siguientes de haberse dictado, a la Sala Constitucional para que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad. Nuevo.

2.2.5. La declaratoria de inconstitucionalidad del Poder Legislativo nacional, estadal (La Constitución del 99 utiliza el término estadal como referencia a lo relativo a los Estados y en contraposición al término estatal único que contempla la Real Aacademia de la Lengua y que designa lo perteneciente al Estado, entendido como la República o la personificación jurídica nacional. o municipal, cuando hayan dejado de dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución o lo haya hecho de manera incompleta -art. 336, ord 7-).

En este supuesto que introduce la Constitución del 99, la competencia de la Sala no se limita a decretar la inconstitucionalidad del órgano legislativo, sino que además puede establecer el plazo dentro del cual la norma debe ser dictada y de ser necesario los parámetros para hacer la corrección.

Aquí se controla la conducta omisiva de un órgano del Poder Público. En efecto, si bien la redacción de la norma constitucional no es la mas apropiada, cuando se indica que el TSJ declarará la inconstitucionalidad del Poder Legislativo, debe entenderse que en realidad le corresponde declarar la inconstitucionalidad de la omisión o del error por haberlo hecho de manera incompleta. Esta fijación de los lineamientos de la corrección se traduce prácticamente en la atribución de facultades legislativas al TSJ que deben ser entendidas de manera muy restrictiva, esto es, sólo respecto de lo dejado de regular, en ningún caso en relación con lo regulado, situación en la que debe limitarse a declarar la inconstitucionalidad cuando ella le sea debidamente planteada.

2.2.6. Resolver los conflictos entre leyes (ord 8, art, 336 de la Constitución).

Se trata del recurso por colisión de leyes ya regulado en la Constitución del 61 que se produce cuando un mismo supuesto de hecho es regulado por leyes distintas que prevén consecuencias jurídicas incompatibles, es decir, que regulan una misma situación en forma opuesta. La Sala Constitucional debe aquí declarar cuál de ellas ha de prevalecer y ser aplicada.

2.3.7. Resolución de las controversias constitucionales que se presenten entre órganos del Poder Público.

Esta nueva competencia está limitada al ámbito "constitucional", distinguiéndose así de la competencia reconocida a la Sala Político-Administrativa para dirimir las controversias "administrativas" que se presenten entre estos órganos.

El término "controversias constitucionales" debe entenderse referido a dos supuestos: (i) Los conflictos relacionados con materias de índole político-territorial, derivados de la organización federal descentralizada del Estado; y (ii) los conflictos que surjan entre los órganos del Poder Público cuyas atribuciones estén previstas en la Constitución. En estos supuestos, el TSJ debe señalar a cuál de los órganos corresponde determinado territorio o el ejercicio de una competencia constitucionalmente establecida.

De otra parte, en decisión de fecha 1 de febrero de 2000 (Caso: José Amado Mejía y otros vs Fiscal Trigésimo Séptimo y Juez de Control Vigésimo Sexto de Primera Instancia del Circuito Judicial del área metropolitana de Caracas), la Sala Constitucional estableció que también será de su competencia el conocimiento de las acciones de amparo ejercidas contra las infracciones a derechos y garantías constitucionales causadas por este tipo de controversias. (En este fallo, por cierto, el TSJ hizo una interpretación verdaderamente amplia del término "controversias constitucionales" concluyendo, en el caso concreto que se comenta, que la Sala Constitucional estaba habilitada para conocer de la controversia no obstante que se trataba de un supuesto conflicto entre dos jueces de instancia.)

2.2. Competencias de la Sala Político-Administrativa:

A) En primer lugar debe destacarse que sigue teniendo rango constitucional la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual se ha estimado como una de las bases constitucionales del derecho administrativo y del Estado de Derecho, pues se traduce ello en la consagración constitucional de la responsabilidad del Estado.

Se atribuye a esta especial jurisdicción la facultad para: (i) anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho (i.e. inconstitucionalidad e ilegalidad), incluso por desviación de poder; (ii) condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; (iii) disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa; y se agrega (iv) conocer de los reclamos por la prestación de servicios públicos.

Este último aspecto nos merece un comentario. Hasta ahora los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa sólo conocían de las acciones intentadas contra entes públicos, bien de naturaleza contractual o extracontractual, así como de los recursos de nulidad contra actos administrativos. En este sentido, cuando la prestación de los servicios públicos correspondía a particulares habilitados por el Estado mediante concesión, las acciones (demandas) se ventilaban ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. Lo mismo había venido ocurriendo, aunque no de manera pacífica, en materia de amparo contra entes prestadores de servicios públicos.

Ahora, con esta norma tales criterios deberán revisarse, y ello exigirá, en primer término, precisar lo que significa la noción de servicio público, si ésta debe entenderse en sentido propio (cuando la actividad está reservada al estado y los particulares sólo pueden realizarla por concesión, v.g. las telecomunicaciones) o cuando no existe tal reserva no obstante la naturaleza prestacional, v.g. servicio de transporte terrestre de pasajeros.

Este es uno de esos puntos que debe precisarse en la Ley, pero hasta tanto no se haga, o de no hacerse exhaustiva y rigurosamente, se estará ante la inseguridad del vaivén de los criterios jurisprudenciales.

B) Las competencias otorgadas a la Sala Político-Administrativa del TSJ se encuentran previstas en los ordinales 4º y 5º del artículo 266, conforme a los cuales le corresponde:

(i) Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro Tribunal (v. ord 4º, art. 266).

Como ya se señaló al hacer referencia a las competencias de la Sala Constitucional, la nueva disposición constitucional restringe al ámbito "administrativo" la facultad de la Sala Político-Administrativa para dirimir esas controversias, con lo cual se distingue de la competencia atribuida a la Sala Constitucional para dirimir las controversias "constitucionales" que se planteen entre estos entes.

El término "controversias administrativas" debe comprender todos aquellos conflictos que se producen con ocasión de la aplicación de normas de rango infraconstitucional, generalmente relacionadas con la ejecución de funciones administrativas y de dirección. (Compete igualmente a la Sala Político-Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la resolución de los conflictos de autoridades municipales que amenacen la normalidad institucional de un Municipio. En este caso, esas autoridades o el Gobernador del Estado pueden solicitar a Sala Político-Administrativa la resolución del conflicto planteado. La decisión del máximo tribunal deberá producirse en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la admisión de la solicitud y bastará para producirla los documentos que se acompañen a ésta. Si el TSJ solicitare documentos adicionales, estos deberán ser consignados en un plazo de diez (10) días y la decisión deberá producirse dentro de los ocho (8) días siguientes.)

(ii) Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente (v. ord. 5°, art. 266 de la Constitución).

Se eliminó la referencia al control de constitucionalidad de los Reglamentos que antes se atribuía a la Corte en Pleno. Ahora a la Sala Constitucional se le asigna genéricamente el control de constitucionalidad de los actos dictados en ejecución de la Constitución.

Qué pasa entonces con el reglamento?. Parece acogerse la tesis de que el Reglamento aun cuando pueda estimarse inconstitucional –al menos el ejecutivo- no será un acto de ejecución directa de la Constitución y, por ello también las demandas de inconstitucionalidad de los reglamentos serán competencia de la Sala Político-Administrativa.

Así ya lo ha entendido la Sala Político-Administrativa que ha estimado que le compete a ella el control de la constitucionalidad de los reglamentos y demás actos generales de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Constitución en concordancia con el ordinal 5° del artículo 266 ejusdem. Ello lo expresó en reciente decisión de fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Aerolink Internacional, S.A.), en el cual expresamente señaló su competencia para "Declarar la nulidad total o parcial, cuando sea procedente, de los Reglamentos y demás actos administrativos, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme al ordinal 5° del artículo 266 de la Constitución y 259 ejusdem." ( Ese fallo es interesante además, porque en él se señalan todas las competencias que corresponden a la Sala Político-Administrativa, de acuerdo no sólo con la Constitución sino en aplicación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, además del control de legalidad y constitucionalidad de los Reglamentos y demás actos del Ejecutivo Nacional, las siguientes: (1) Condenar al pago de sumas de dinero por daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de la administración o de sus funcionarios, así como ordenar el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, conforme al artículo 259 de la Constitución.; (2) Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, conforme al ordinal 4° del artículo 266 de la Constitución.; (3) Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza relacionadas con los contratos administrativos, conforme al ordinal 14° del artículo 42 de la LOCSJ; (4) Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o Empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, de conformidad con el ordinal 15° del artículo 42 de la LOCSJ; (5) Conocer de la abstención o negativa de los funcionarios nacionales a cumplir determinados actos a que estén obligados por las leyes, cuando sea procedente, conforme al ordinal 23° del artículo 42 de la LOCSJ; (6) Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, conforme al ordinal 24° del artículo 42 de la LOCSJ; (7) Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales y en la Ley, conforme al ordinal 25° de la LOCSJ; (8) Conocer de las causas por hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos y territorios extranjeros, que puedan ser promovidas en la República, conforme al ordinal 26° del artículo 42 de la LOCSJ; (9) Conocer de las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República, conforme al ordinal 27° del artículo 42 de la LOCSJ: (10) Ejercer la potestad de avocamiento, conforme al ordinal 29° del artículo 42 de la lOCSJ.)

2.4. De las competencias atribuidas a la Sala Electoral:

El artículo 297 de la Constitución establece que el ejercicio de la jurisdicción contencioso electoral corresponderá a la Sala Electoral del TSJ y los demás tribunales que establezca la ley.

Consideramos que hasta tanto no se dictase la nueva Ley Orgánica del Poder Electoral, era necesario atender a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política a los fines de determinar la competencia de la Sala. (Dicha ley, en su artículo 240, establecía la competencia de la Sala Electoral para conocer en única instancia del recurso contencioso electoral (competencia que originalmente era ejercida por la Sala Político-Administrativa), incoado contra los actos, actuaciones y omisiones relacionadas con la constitución, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas, la designación de miembros de los organismos electorales, con el Registro Electoral, con la postulación y elección de candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, y con otras materias relativas a los procesos electorales y los referendos cuyo conocimiento no esté atribuido a otro Tribunal. Asimismo, establecía la competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer del recurso contencioso electoral ejercido contra los actos, actuaciones y omisiones relacionadas con la postulación y elección de candidatos a las Gobernaciones de Estado, las Asambleas Legislativas, las Alcaldías, los Concejos Municipales y las Juntas Parroquiales, salvo que tales recursos estén fundados, exclusivamente, en razones de inconstitucionalidad. En este caso, la competencia correspondía al TSJ en virtud de lo previsto en el artículo 181 de la LOCSJ, aplicable por imperativo del artículo 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.)

Sin embargo, la Sala Electoral del TSJ, en reciente decisión de fecha 10 de febrero de 2000, estableció sus competencias y las de los demás tribunales que integran la jurisdicción electoral con base en la ausencia de las normas legales concretas en materia judicial y electoral que está llamada a dictar la Asamblea Nacional y la aplicación supletoria de la legislación preconstitucional en todo aquello que no se oponga a la Constitución y el Estatuto Electoral del Poder Público (Cfr. Gaceta Oficial de la República N° 36.884 del 3 de febrero de 2000), en acatamiento de lo establecido en la Disposición Derogatoria Unica de Constitución. Además en dicha decisión establece los criterios que considera deben informar la nueva legislación de la materia.( Estos lineamientos son: Primero: El de preservación de la voluntad popular expresada mediante las modalidades previstas en el artículo 70 constitucional, conforme a la organización, dirección y ejecución del correspondiente proceso por los órganos del Poder Electoral, razón por la cual, la función de los Tribunales que integren la jurisdicción contencioso electoral debe estar presidida, por encima de razones formales, por el principio del respeto a la voluntad del pueblo, conceptuada como expresión de participación y protagonismo en ejercicio de la soberanía en lo político.

Segundo: El de ampliación del ámbito y modalidades del referido control por parte de la jurisdicción contencioso electoral, de tal modo que exceda la potestad anulatoria, extendiéndose también a la actuación y a la abstención de todos los órganos del Poder Electoral, incluyendo la facultad para interpretar los dispositivos electorales de rango legal.

Tercero: El de la conjugación de los criterios orgánico y material a los efectos de la determinación de la competencia de la jurisdicción contencioso electoral, de tal modo que todo acto, actuación o abstención del Poder Electoral, trátese de naturaleza electoral en sentido restringido (vinculado estrictamente a un proceso comicial clásico o de referendo), esto es, de la elección de los titulares de los Poderes Públicos, de la autoridades de sindicatos, gremios profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil, así como lo relativo a la constitución, funcionamiento y cancelación de las organizaciones con fines políticos; o bien en sentido amplio, en lo relativo al funcionamiento institucional de los órganos del Poder Electoral, así como el correspondiente restablecimiento de la situación jurídica infringida, de resultar procedente, sea de la competencia de los Tribunales que integren la jurisdicción contencioso electoral).

Respecto de sus competencias la Sala Electoral estableció que de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Electoral del Poder Público, es competente para las próximos comicios (Megaelecciones) en los que se elegirá al Presidente de la República, Diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores de Estado y Diputados a los Consejos Legislativos Estadales, Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, Concejales del Cabildo Metropolitano, Alcaldes de los Municipios e integrantes de las Juntas Parroquiales y representantes a los Parlamentos Latinoamericano y Andino. Ciertamente, de acuerdo a la letra expresa del artículo 30 antes mencionado la Sala delimitó su competencia de la forma siguiente:

1. Declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad de los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el Consejo Nacional Electoral en ejecución del Estatuto, así como de aquellos relacionados con su organización, administración y funcionamiento.

2. Conocer y decidir los recursos de abstención o carencia que se interpongan contra las omisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso electoral objeto del Estatuto, o con su organización, administración o funcionamiento.

3. Conocer y decidir los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de determinar el sentido y alcance de las normas contenidas en el Estatuto Electoral y de la normativa electoral que se dicte en ejecución del mismo.

No obstante, es la Sala Constitucional, de conformidad con el mismo Estatuto, la competente para conocer de las acciones autónomas de amparo constitucional que se ejerzan contra los hechos, actos u omisiones del Consejo Nacional Electoral y la resolución de las colisiones que pudieran suscitarse entre el referido estatuto y las leyes electorales vigentes.

Pero además de estas que le atribuye el artículo 30 del Estatuto Electoral, la Sala estableció que hasta tanto se dicten la Leyes Orgánicas del Tribunal Supremo y del Poder Electoral, le corresponde conocer de los siguientes asuntos:

1. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos relacionados con su organización, administración y funcionamiento. Ojo ejecución directa de la Constitución (art 336, 4 cualquier órgano estatal en ejercicio del Poder Público).

2. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos, organizaciones gremiales o colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales, y de otras organizaciones de la sociedad civil. Aquí se modifica la competencia de la Corte Primera (185, 3) y la regulada en la LOT, probablemente jurisdicción laboral y civil para sindicatos y otras organizaciones. ( De hecho, en dicha decisión, la Sala Electoral asumió competencias que originalmente le estaban atribuidas a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo modificando la ley en esta materia. Ello no puede subsumirse en lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 187 de la LOCSJ que prevé que sólo la Corte en Pleno podrá asumir en Sala Político-Administrativa las competencias conferidas a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo previstas en los ordinales 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del artículo 185 de la LOCSJ, mediante acuerdo que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República.

Debe sin embargo tenerse en cuenta que el fundamento de la Sala Electoral para dictar esta decisión y asumir tales competencias debe hallarse en el propio Texto Constitucional, pues entre las funciones del Poder Electoral se incluyen la organización de las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos, así como organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas o por orden de la Sala Electoral (artículo 293, numeral 6.) No se incluyen, sin embargo, las Universidades que también se encuentra en la enumeración que hace el fallo de la Sala Electoral).

3. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra actos, actuaciones u omisiones relacionados con los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político.

4. Los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de determinar el sentido y alcance de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, de otras leyes que regulen la materia electoral y la organización, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas, en cuanto sean compatibles con la Constitución.

Finalmente, la Sala Electoral estableció el ámbito de la competencia del resto de los tribunales que integran la jurisdicción contencioso electoral, para todas aquellas otras materias estrictamente electorales y concernientes al funcionamiento institucional de los órganos del Poder Electoral que no estén inscritas dentro del proceso de mayo de 2000. A modo de ejemplo, la Sala cita aquellas materias relativas a referendos, así como de otras modalidades de participación del pueblo contempladas en el artículo 70 de la Constitución, las relativas a la constitución, funcionamiento y cancelación de las organizaciones con fines políticos, de elecciones de sindicatos, gremios o colegios profesionales, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil a que se contrae el artículo 293, numeral 6 de la Constitución.

3. De las competencias constitucionales no atribuidas a ninguna Sala

En este caso de acuerdo con lo establecido en el artículo 266 de la Constitución será necesario atender a lo previsto en la Constitución y en la ley (i.e. LOCSJ) a los fines de determinar que Salas del máximo tribunal resultarán competentes. Estas competencias, reguladas en los ordinales 6, 7 y 8 del artículo 266 de la Constitución, son las relativas al conocimiento de los recursos de interpretación, los conflictos de competencia entre Tribunales y el recurso de casación.

3.1. El recurso de casación (ordinal 8º del artículo 266)

El recurso extraordinario ejercido contra una sentencia definitiva afectada por uno de los vicios o defectos descritos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, corresponde, de acuerdo a lo dispuesto en la LOCSJ (v. art. 42, ord. 33 y art. 43) a la Sala de Casación Civil en aquellos asuntos relacionados con la jurisdicción civil, mercantil o de alguna otra especial, y a la Sala de Casación Penal en aquellos asuntos relacionados con la jurisdicción Penal.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 262 de la Constitución ahora será materia de la Sala de Casación Social todo lo referente a la casación agraria, laboral y de menores (que en la práctica se ha sustituido por familia, no sólo porque la materia de menores en general no tiene casación, sino porque se estima que ésta era la materia que se quiso asignar a la nueva Sala). En este sentido, la competencia de la Sala de Casación Civil, que anteriormente se extendía sobre estas materias, quedó limitada por disposición del Constituyente, al conocimiento de los recursos de casación relacionados con la jurisdicción civil y mercantil.

3.2. Los recursos de interpretación

Por lo que se refiere al recurso de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, la LOCSJ (artículo 42 ordinal 24º de la LOCSJ) lo asigna a la Sala Político-Administrativa del TSJ, salvo el caso electoral, según la sentencia de la SE. Por otra parte, si se acepta la tesis de la posible interpretación de las mismas disposiciones constitucionales (Ello en virtud de lo establecido en el artículo 335 de la Constitución que prevé que el TSJ, en Sala Constitucional, será el máximo y último interprete de la Constitución, siendo tales interpretaciones vinculantes para el resto de las Salas del TSJ y demás tribunales de la República), la competencia en este caso debería ser de la Sala Constitucional conforme su propia doctrina en materias de su competencia.

3.3. Los conflictos de competencia entre Tribunales que carecen de un superior común

De conformidad con lo establecido en el ordinal 21 del artículo 42 de la LOCSJ, la competencia en esta materia corresponde a la Sala de Casación Civil y a la Sala de Casación Penal según el conflicto de competencia se verifique entre tribunales de la jurisdicción civil o mercantil, o especial o entre tribunales de la jurisdicción penal.

Sin embargo, si bien la Constitución y la LOCSJ no adjudican una atribución particular a la Sala Político-Administrativa para dirimir los conflictos de competencia en estos casos, esta Sala ha interpretado que cuando el conflicto se plantee entre tribunales contencioso administrativos sin superior común ella es la que debe resolver.( Al respecto esa Sala ha señalado que "concebida la materia contencioso-administrativa como una unidad o bloque que conforma una jurisdicción, a esta Sala le toca dirimir aunque excepcionalmente y siempre con carácter definitivo los conflictos de competencia que dentro de la misma se planteen en base a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 43 que señala su facultad para conocer ‘...de cualquier otro asunto que sea de la competencia de la Corte, si no está atribuido a alguna de las otras Salas.

Con el criterio expuesto, se unifican los poderes de cada una de las Salas de esta Corte para dirimir los conflictos de competencia y conocer de la regulación de competencia, por cuanto a la Sala de Casación Penal le corresponderá, los que se ubican en su área de actuación sustantiva; a la de Casación Civil, lo que se refiere a la materia civil, mercantil, menores, agrario y tránsito; y a esta Sala, todo lo referente a la jurisdicción contencioso-administrativa". (v. Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 12 de agosto de 1993. Caso: MADOSA).)

Asimismo, la jurisprudencia dejó establecido que en el caso particular de los tribunales contencioso-administrativos regionales que ejercen también competencias en materia civil, cuando éstos actúen como tribunales superiores civiles los conflictos de competencia serán resueltos por la Sala de Casación Civil, por el contrario, cuando éstos actúen como tribunales contencioso-administrativos la resolución de los conflictos de competencia corresponderá a la Sala Político-Administrativa. En ese mismo sentido habría que pensar respecto de los conflictos entre tribunales contencioso administrativos en materia electoral, es decir, que estos conflcitos debería resolverlos la Sala Electoral.

Esto no obstante no habilita el criterio que aplicó recientemente la Sala de Casación Civil y la Social cuando la primera le declinó a la segunda el conocimiento de un conflicto entre un tribunal laboral y uno contencioso en materia funcionarial, por estimar que era más afín a las nuevas competencias de la Sala Social. Tampoco es justificado el criterio de la Sala Político en el que habiendo si la materia es administrativa, independientemente de los tribunales ella puede dirimir el conflicto si no hay superior común, Esto es absurdo, porque el análisis de la materia es el pronunciamiento de fondo, es decir, lo que debe dilucidarse precisamente para resolver el conflicto. Por ello que si los tribunales son de ámbitos de competencia distintos debería, de acuerdo a la LOCSJ ser siempre la Casación Civil la que resuelva.( Cfr. Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 9 de febrero de 2000. Caso: Maryorit Colmenares vs IVSS.)

Para finalizar quiero referirme a la creación del Distrito Metropolitano, que de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la Constitución, debe estimarse como una autoridad de índole municipal. En este sentido, la regulación de la competencia para conocer de los actos dictados por el Alcalde del Distrito Metropolitano, el Cabildo, o sus entes descentralizados, también deberá ser igual a la que se aplica al resto de las autoridades municipales en lo que respecta al control de sus actos por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa o constitucional, según el caso. Sin embargo, por lo que al amparo autónomo se refiere en contra del Alcalde Metropolitano, habrá que estar atentos si su carácter de autoridad especial y única contemplada específicamente en el artículo 18 de la Constitución dará lugar a que el Tribunal Supremo lo estime incluido en el fuero del artículo 8 de la LOASDGC en una interpretación extensiva, como ya lo había venido haciendo la Sala Político-Administrativa de la CSJ o si, por el contrario, la naturaleza municipal determinará la misma competencia judicial que en el caso de amparo contra los alcaldes.

Como puede observarse el tema de las competencias del Tribunal Supremo es bastante complejo y rememora la problemática de la determinación de las competencias en el contencioso administrativo. El reclamo que se ha venido haciendo acerca de la necesidad de una Ley Orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa sigue teniendo urgencia y ahora se suma a la imperiosa necesidad de que se regulen también en la ley, las tareas que a cada Sala del TSJ han de corresponder de acuerdo a la nueva organización, teniendo en cuenta, obviamente, la asignación de las materias constitucionales.

Hasta tanto esto se efectúe no podrá proclamarse la existencia de un real sistema de justicia, pues no es tal aquél en el que el acceso se dificulta desde el momento en que la determinación misma del tribunal competente es una tarea vedaderamente difícil y complicada.


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