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Contencioso - Administrativo
Régimen de Competencias Constitucionales del Tribunal Supremo de Justicia
 

RÉGIMEN DE COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

En el marco de la nueva Constitución (CN), aprobada mediante referéndum el día 15 de diciembre de 1999 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se establecieron las normas dirigidas a regular la organización, funcionamiento y competencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -antigua Corte Suprema de Justicia- como máximo Tribunal de la Nación. Tales disposiciones modificaron sustancialmente el marco de competencias atribuidas a la antigua Corte Suprema de Justicia en el régimen de constitucional de 1961.

En el presente estudio analizaremos, en primer término, la estructura y organización del TSJ conforme a la nueva CN, seguidamente, examinaremos el régimen de competencias constitucionales de cada una de las Salas del TSJ, destacando los cambios efectuados con relación al marco de atribuciones contenido en la Constitución de 1961 (CN61) y en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (LOCSJ).

1. De la estructura y funciones del Tribunal Supremo de Justicia

En el marco de la nueva CN fueron dictadas las disposiciones constitucionales dirigidas a regular la organización y funcionamiento del Poder Judicial y el Sistema de Justicia (arts. 253 y ss CN). Así, la CN prevé la creación de un Poder Judicial y un Sistema Judicial independientes encargados de la potestad de administrar justicia, conforme a los procedimientos previstos en la ley.

En la cúspide de ese sistema de justicia se ubica el TSJ como el más alto tribunal y máximo representante del Poder Judicial. En este sentido, y a objeto de facilitar el desarrollo de la función judicial, la CN le concede al TSJ autonomía funcional, financiera y administrativa, autonomía ésta que le permite, entre otros aspectos, manejar y disponer de su propio presupuesto, asumir la administración del personal a su servicio y crear las normas que regirán esa relación de empleo.

a. Estructura

El TSJ está estructurado por siete Salas con competencias específicas, estas son: la Sala Plena, la Sala Constitucional, la Sala Político-Administrativa, la Sala Electoral, la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Social y la Sala de Casación Penal. Cada una de estas Salas -a excepción de la Sala Constitucional que estará conformada por cinco (5) magistrados y la Sala Plena que agrupa a la totalidad de ellos- estará integrada por tres (3) magistrados.

En este sentido, de conformidad con el artículo 263 de la CN, para ser Magistrado del TSJ se requiere:

Ser venezolano por nacimiento;

Ser ciudadano de reconocida honorabilidad;

Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor titular; o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones;

Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.

Los Magistrados del TSJ serán elegidos por un período único de doce años (en este sentido, la CN encomienda a la ley la determinación del procedimiento de elección) y podrán ser removidos -en caso de falta grave así calificada por el Poder Ciudadano- por la Asamblea Nacional mediante la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes.

b. Funciones

El TSJ tiene como finalidad primordial -sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan por ley- ejercer el control de la correcta aplicación del derecho y, en especial, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos que dicten los órganos del Poder Público. Esta función primordial se manifiesta en el ejercicio, por parte del TSJ, de la jurisdicción constitucional (art. 334 CN) y la jurisdicción contencioso administrativa (art. 259 CN).

La jurisdicción constitucional (v. art. 334 CN) –ejercida a través de la Sala Constitucional- comprende la facultad del máximo Tribunal de declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público, dictados en ejecución directa e inmediata de la CN o que tengan rango de ley.

Por su parte, la jurisdicción contencioso administrativa –ejercida por la Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral- comprende la facultad del máximo Tribunal para: (i) anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho (i.e. inconstitucionalidad e ilegalidad), incluso por desviación de poder; (ii) condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; (iii) conocer de los reclamos por la prestación de servicios públicos; y (iv) disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

El TSJ, como máxima instancia de los Tribunales de la República, también ejerce la jurisdicción civil -a través de la Sala de Casación Civil-, la jurisdicción laboral, agraria y menores (familia) -a través de la Sala de Casación Social- y la jurisdicción penal -a través de la Sala de Casación Penal-.

Como ya lo expresamos al hacer referencia a su organización, el TSJ ejerce sus funciones a través de distintas Salas cuyas integraciones y competencias serán determinadas posteriormente por la ley orgánica que a tales efectos se dicte.

Sin embargo, la CN prevé en forma genérica y originaria ciertas competencias del TSJ que son atribuidas a cada una de las Salas en atención a la jurisdicción de que se trate. Estas facultades, en virtud de su rango constitucional y su naturaleza originaria no pueden ser modificadas por el legislador. No obstante, nada impide, por así permitirlo la propia CN (v. art. 266, ordinal 9º), que el legislador atribuya nuevas competencias a las Salas en aquellos asuntos no contemplados por la Constitución.

En este sentido, el artículo 266 de la CN confiere algunas competencias a la Sala Plena y a la Sala Político-Administrativa; por su parte, el artículo 262 prevé las competencias originarias de la Sala de Casación Social; el artículo 297 hace referencia a la competencia de la Sala Electoral y el artículo 366 enumera las competencias de la Sala Constitucional.

De otro lado, el artículo 266 enumera ciertas competencias originarias del TSJ que no fueron atribuidas a ninguna de las Salas (v. ords. 6, 7 y 8, art. 266 CN). Al respecto, será necesario atender a lo dispuesto en cada caso por la LOCSJ -hasta tanto se dicte la nueva ley que regule al máximo tribunal- y la jurisprudencia de cada Sala a los fines de determinar la competencia.

2. De las competencias constitucionales de cada Sala del TSJ
 
2.1. De las competencias atribuidas a la Sala Plena

El artículo 266 de la CN, en sus ordinales 2º y 3º, determina las competencias originarias que serán ejercidas por la Sala Plena y que son, a saber:

a) Declarar si existen o no méritos para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa, previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva (v. ordinal 2º, art. 266).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: En esta materia la competencia de la Sala Plena se mantiene inalterable.

b) Declarar si existen méritos para el enjuiciamiento del Vicepresidente de la República, los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio TSJ, los Ministros, Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Gobernadores, oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, Jefes de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva (v. ord. 3º, art. 266).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se mantiene la facultad de la Sala Plena de controlar el mérito para el enjuiciamiento de los altos funcionarios de la República distintos del Presidente con la innovación de que esa facultad abarcará también a los nuevos funcionarios de alta jerarquía que de conformidad con la nueva CN forman parte del Poder Público (Vicepresidente de la República y Defensor del Pueblo). Asimismo, en adelante corresponderá a la Sala Plena conocer del antejuicio de méritos de altos miembros de la Fuerza Armada Nacional (i.e. Oficiales generales y almirantes de las F.A.N.).

De otra parte, cuando existan méritos para el enjuiciamiento de alguno de estos altos funcionarios, los autos relacionados con el caso ya no deben ser remitidos a los tribunales ordinarios como ocurría en el régimen constitucional del 61, sino que deberán ser entregados al Fiscal General de la República en su condición de funcionario encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales, y de ejercer las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa, laboral, militar o disciplinaria en que hubieren incurrido estos funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, al contrario del régimen constitucional de 1961 -en el que la Corte sólo podía conocer de los juicios que versaran sobre delitos políticos-, la nueva CN establece la competencia de la Sala Plena para conocer, en caso de existir méritos para la continuación del juicio, de las acciones incoadas contra estos altos funcionarios cuando versen sobre delitos comunes. Con ello se elimina la distinción mantenida en el régimen constitucional del 61 que excluía de la competencia del máximo Tribunal a los delitos comunes cometidos por estos altos funcionarios.

 

2.2. De las competencias atribuidas a la Sala Político-Administrativa:

Las competencias originarias otorgadas a la Sala Político-Administrativa del TSJ se encuentran previstas en los ordinales 4º y 5º del artículo 266. Dicho artículo faculta a la Sala Político-Administrativa para:

a) Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro Tribunal (v. ord 4º, art. 266).

Se establece la competencia de la Sala Político-Administrativa para resolver las controversias "administrativas" que se presenten entre entes político- territoriales u otros entes políticos.

Como puede observarse, la nueva disposición constitucional restringe al ámbito "administrativo" la facultad de la Sala para dirimir esas controversias, con lo cual se distingue de la competencia atribuida a la Sala Constitucional para dirimir las controversias "constitucionales" que se planteen entre estos entes.

En este sentido, el término "controversias administrativas" comprende todos aquellos conflictos que se producen con ocasión de la interpretación de normas de rango infraconstitucional generalmente relacionadas con la ejecución de funciones administrativas y de dirección.

Debe tratarse de conflictos ajenos a la ejecución, interpretación o alcance de competencias constitucionales o controversias de índole territorial, pues, en estos casos, la competencia corresponderá a la Sala Constitucional por tratarse de conflictos de naturaleza constitucional.

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se limitó la competencia de la Sala Político-Administrativa que antes podía conocer de las controversias que se plantearan entre órganos del Poder Público, independientemente del carácter administrativo o constitucional de las mismas. En efecto, la Sala Político-Administrativa sólo podrá conocer ahora de las "controversias administrativas" que se establezcan entre órganos del Poder Público, pues las controversias de índole "constitucional" serán del conocimiento de la Sala Constitucional.

b) Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente (v. ord. 5°, art. 266 CN).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: De acuerdo con lo dispuesto en la referida norma, la competencia asignada por la CN del 61 a la Sala Plena para conocer de las demandas de nulidad por inconstitucionalidad incoadas contra los reglamentos y demás actos de efectos generales dictados por el Ejecutivo Nacional (v. art. 42, ord. 4º de la LOCSJ), fue transferida a la Sala Político-Administrativa. De otra parte, se mantiene la competencia de la Sala para conocer de las demandas de nulidad por inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos de efectos particulares dictados por el Ejecutivo Nacional.

Si bien la disposición constitucional no confiere expresamente a la Sala Político-Administrativa el control de la constitucionalidad de los reglamentos y demás actos generales, ésta interpretó, como se verá de seguidas, que dicha competencia le corresponde de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la CN en concordancia con el ordinal 5° del artículo 266 ejusdem.

En efecto, en reciente decisión de fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Aerolink Internacional, S.A.), analizando lo establecido en los ordinales 4 y 5 del artículo 266 de la CN, en concordancia con lo establecido en el artículo 259 ejusdem, la Sala Político-Administrativa determinó su competencia para:

1. Garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, así como velar por su uniforme interpretación y aplicación conoforme lo establece el artículo 335 de la Constitución.

2. Declarar la nulidad total o parcial, cuando sea procedente, de los Reglamentos y demás actos administrativos, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme al ordinal 5° del artículo 266 de la Constitución y 259 ejusdem.

3. Condenar al pago de sumas de dinero por daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de la administración o de sus funcionarios, así como ordenar el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, conforme al artículo 259 de la CN.

4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, conforme al ordinal 4° del artículo 266 de la CN.

5. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza relacionadas con los contratos administrativos, conforme al ordinal 14° del artículo 42 de la LOCSJ.

6. Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o Empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, de conformidad con el ordinal 15° del artículo 42 de la LOCSJ.

7. Conocer de la abstención o negativa de los funcionarios nacionales a cumplir determinados actos a que estén obligados por las leyes, cuando sea procedente, conforme al ordinal 23° del artículo 42 de la LOCSJ.

8. Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, conforme al ordinal 24° del artículo 42 de la LOCSJ.

9. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales y en la Ley, conforme al ordinal 25° de la LOCSJ.

10. Conocer de las causas por hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos y territorios extranjeros, que puedan ser promovidas en la República, conforme al ordinal 26° del artículo 42 de la LOCSJ.

11. Conocer de las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República, conforme al ordinal 27° del artículo 42 de la LOCSJ.

12. Ejercer la potestad de avocamiento, conforme al ordinal 29° del artículo 42 de la lOCSJ.

 

2.3. De las competencias atribuidas a la Sala Constitucional:

En el artículo 336 de la CN se prevén las competencias originarias de la Sala Constitucional como órgano encargado de ejercer la jurisdicción constitucional. No obstante, existen otras competencias atribuidas por la CN a esta Sala que si bien son distintas a las previstas en el artículo 336 también comportan el ejercicio de la jurisdicción constitucional.

Así, el artículo 203 reconoce a la Sala Constitucional la competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del carácter orgánico conferido a determinadas leyes antes de su promulgación. Por su parte, el artículo 214 faculta a la Sala Constitucional para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley cuando así lo solicite el Presidente de la República.

Todas estas competencias conferidas a la Sala pueden ser clasificadas en atención al control ejercido en cada caso por la Sala Constitucional. Destacan las siguientes:

(i) Del control de la constitucionalidad de los actos normativos y demás actos de rango legal dictados por los órganos del Poder Público:

Este control es ejercido por la Sala Constitucional mediante la ejecución de las siguientes competencias:

a) Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con la CN. (v. art. 336, ord. 1º).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se suprimió la competencia de la Sala Plena en esta materia (v. art. 42, ord. 1º de la LOCSJ). Corresponderá ahora a la Sala Constitucional la facultad de ejercer el control de la constitucionalidad de los actos normativos (i.e. leyes nacionales) y demás actos con rango de ley dictados por el Poder Legislativo Nacional.

En este sentido, dentro del término "demás actos con rango de ley" se ubican aquellos actos dictados por el Poder Legislativo que sin ser de carácter abstracto y normativo, esto es, sin ser materialmente una ley lo son en sentido formal o, aún no siéndolo, gozan del mismo rango en virtud de ser dictados en ejecución directa e inmediata de la CN. Tal sería el caso de las leyes no materiales como la Ley de Presupuesto y los acuerdos dictados por el Congreso a los que se ha reconocido este carácter por vía de interpretación jurisprudencial (v. al respecto, sentencia de la Corte en Pleno del 25 de enero de 1994. Juicio: Carlos Andrés Pérez).

b) Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la CN y que colidan con ésta. (v. art. 336, ord. 2º)

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se eliminó la competencia de la Sala Plena en esta materia (v. art. 42, ord. 3º de la LOCSJ). Corresponderá ahora a la Sala Constitucional el control de la constitucionalidad de los actos normativos (i.e. constituciones y leyes estatales, ordenanzas municipales) y demás actos dictados por los órganos legislativos de los Estados (i.e. Consejo Legislativo) y Municipios (Concejo Municipal) en ejecución directa e inmediata de las disposiciones constitucionales.

Con este calificativo "demás actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución" se está reconociendo la posibilidad de que los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dicten, en ejecución directa de las disposiciones constitucionales, actos generales no normativos, distintos a la leyes estadales y ordenanzas municipales, que en tal caso, serán del control de la Sala Constitucional cuando se aleguen vicios de inconstitucionalidad.

La competencia de la Sala Constitucional en este caso –como se ha dicho- estará limitada al hecho de que se aleguen razones de inconstitucionalidad contra tales actos. En este sentido, el control de la legalidad de los actos normativos y demás actos generales dictados por los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios corresponde, siguiendo el criterio impuesto por la jurisprudencia (v. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno del 6 de febrero de 1991. Juicio: L. Branger), a la Sala Político-Administrativa del TSJ, de conformidad con lo establecido en el ordinal 9º del artículo 42 de la Ley Orgánica que rige sus funciones.

c) Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley (i.e. decretos-leyes y actos de gobierno) dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con la CN. (v. art. 336, ord. 3º).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se eliminó la competencia de la Sala Plena en esta materia (v. art. 42, ord. 4º de la LOCSJ).

d) Declarar la nulidad total o parcial de los actos dictados en ejecución directa e inmediata de la CN por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público. (v. art. 336, ord. 4º).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se suprimió parcialmente la competencia asignada en esta materia a la Sala Político-Administrativa por el artículo 42 ordinal 11 de la LOCSJ, pues sólo corresponderá a la Sala Político-Administrativa el control de la constitucionalidad de aquellos actos que no fueren dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.

En efecto, el artículo 334 de la CN prevé que la Sala Constitucional del TSJ, como órgano encargado de ejercer la jurisdicción constitucional, es la competente para declarar la nulidad de las leyes nacionales y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. En este sentido, conforme a dicha norma, el control de la constitucionalidad ejercido por la Sala se verifica únicamente respecto de esta clase de actos (i.e. leyes y actos dictados en ejecución directa e inmediata de la CN o que tengan rango de ley).

De lo anterior se deriva, por argumento en contrario, que el control de la constitucionalidad de los actos de rango sublegal y que no son dictados en ejecución directa de la Constitución escapan del conocimiento de la Sala Constitucional y continúan siendo, por tanto, de la competencia de la Sala Político-Administrativa conforme a lo establecido en la LOCSJ. Tal sería el caso de los actos (generales o individuales) dictados por los Ministros, Gobernadores, Alcaldes, Institutos Autónomos, órganos del Poder Judicial, entre otras autoridades.

De otra parte, si bien la Sala Constitucional declaró su competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional respecto de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la LOA ejercidas contra actos que no son dictados en ejecución directa e inmediata de la CN, es lo cierto que esa competencia se limita a la materia de amparo y no comprende, en nuestro criterio, el control de la constitucionalidad de estos actos mediante el conocimiento de los recursos contencioso-administrativos de anulación el cual continuaría siendo ejercido por la Sala Político-Administrativa.

Así lo ha entendido la Sala Político-Administrativa en decisión de fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Aerolink Internacional, S.A.), en la que estableció su competencia para "declarar la nulidad total o parcial, cuando sea procedente, de los Reglamentos y demás actos administrativos (generales o individuales), por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme al ordinal 5° del artículo 266 de la Constitución y 259 ejusdem". (Paréntesis y resaltado nuestro).

(ii) Del control previo o preventivo de la constitucionalidad:

El ejercicio de este control de la constitucionalidad se manifiesta en la ejecución de las siguientes competencias:

a) Verificar a solicitud del Presidente de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la CN con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación (v. art. 336, ord. 5º).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se prevé una nueva competencia del TSJ, en Sala Constitucional, no contemplada en la CN de 1961 que va a permitir determinar la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de su aprobación, lo que permitirá precisar que sólo los tratados que se adecuen a la CN sean incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, ello dependerá de que el Presidente o la Asamblea Nacional soliciten el pronunciamiento previo del TSJ pues éste, en todo caso, no podrá controlar de oficio la constitucionalidad de los convenios suscritos por la República.

b) Determinar, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico que la Asamblea Nacional haya concedido a una determinada ley.

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se prevé una nueva competencia del TSJ, en Sala Constitucional, no contemplada en la CN de 1961. Así, cuando la Asamblea Nacional califique de orgánica determinada ley deberá siempre remitirla, antes de su promulgación, a la Sala Constitucional a los fines de que esta se pronuncie previamente sobre la constitucionalidad de la calificación efectuada. Si la Sala declara que la Ley no es orgánica ésta perderá ese carácter.

c) Determinar la constitucionalidad de aquellas leyes sancionadas y no promulgadas cuya nulidad solicite el Presidente de la República por estimar que coliden con el marco constitucional.

Esta competencia está referida a la posibilidad que tiene el Presidente de la República de negarse a promulgar una ley sancionada por el Poder Legislativo por estimar que la misma es inconstitucional (i.e. veto Presidencial). En estos casos el Presidente de la República, dentro del lapso de diez días que le concede la CN para promulgar la ley podrá solicitar su inconstitucionalidad ante el TSJ quien deberá emitir su pronunciamiento dentro del término de quince días contados a partir del recibo del veto presidencial (v. art. 214 CN).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se eliminó la competencia de la Sala Plena en esta materia (v. art. 42, ord. 3º de la LOCSJ) que ahora ejerce la Sala Constitucional.

(iii) Del control de la constitucionalidad de los decretos que declaren Estados de Excepción:

De conformidad con lo previsto en el ordinal 6º del artículo 336 de la CN, la Sala Constitucional será competente para revisar de oficio la constitucionalidad de los decretos dictados por el Presidente de la República que declaren estados de excepción.

En este sentido, el decreto en referencia deberá ser presentado, dentro de los ocho (8) días siguientes de haberse dictado, a la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: A diferencia del marco constitucional del 61, se reconoce expresamente la facultad del TSJ de controlar, aún de oficio, la constitucionalidad de los estados de excepción decretados por el Presidente de la República.

(iv) La declaratoria de inconstitucionalidad del Poder Legislativo nacional, estadal o municipal:

El ejercicio de esta competencia (v. ord. 7. Art. 336 CN) está relacionada con la paralización de las funciones por parte de los órganos que conforman el del Poder Legislativo en cada uno de los tres niveles políticos-territoriales, estos son, la Asamblea Nacional (nivel nacional), el Consejo Legislativo (nivel estadal) y el Concejo Municipal (nivel municipal).

Esta competencia de la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad por omisión o silencio del legislador nacional, estadal o municipal, se manifiesta en dos supuestos: (i) Cuando el legislador deje de dictar las normas necesarias para asegurar y garantizar el cumplimiento de la CN, y (ii) cuando hubiese dictado dichas normas en forma incompleta. En este último caso, la competencia de la Sala no se limita a decretar la inconstitucionalidad del órgano legislativo sino que además puede establecer el lapso dentro del cual la norma debe ser dictada y los parámetros que regirán la misma.

A diferencia de las otras competencias previstas por la CN, aquí se controla la conducta omisiva de un órgano del Poder Público. En efecto, si bien la redacción de la norma constitucional no es la mas apropiada, cuando se indica que el TSJ declarará la inconstitucionalidad del Poder Legislativo, debe entenderse que en realidad le corresponde declarar la inconstitucionalidad de la omisión.

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Esta es una nueva competencia del Máximo Tribunal no prevista en el régimen constitucional de 1961.

(v) Resolver los conflictos entre leyes

La colisión se manifiesta en aquellos casos en los que un mismo supuesto de hecho es regulado por leyes distintas que prevén consecuencias jurídicas incompatibles, es decir, que regulan una misma situación en forma opuesta. En estos casos, corresponde a la Sala Constitucional el conocimiento del recurso de colisión ejercido por los particulares ante los conflictos que se presenten entre diversas disposiciones de rango legal, declarando cuál de ellas debe prevalecer y ser aplicada (v. ord 8, art, 336 CN).

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: En esta materia la competencia del Máximo Tribunal se mantiene inalterable. Sin embargo, la atribución es conferida ahora a la Sala Constitucional eliminándose la competencia reconocida por la CN de 1961 a la Sala Plena.

(vi) De la resolución de las controversias constitucionales que se presenten entre órganos del Poder Público

Se establece la competencia de la Sala Constitucional para dirimir las controversias "constitucionales" que se verifiquen entre los distintos órganos del Poder Público. Esta nueva competencia se limita al ámbito "constitucional" distinguiéndose así de la competencia reconocida a la Sala Político-Administrativa para dirimir las controversias "administrativas" que se presenten entre estos órganos.

En este sentido, el término "controversias constitucionales" está referido a dos supuestos a saber: (i) la competencia de la Sala para solucionar las controversias entre órganos del Poder Público relacionadas con materias de índole político-territorial derivadas del sistema federal y descentralizado de gobierno; y (ii) la competencia de la Sala para resolver las controversias que surjan entre los órganos del Poder Público cuyas atribuciones estén previstas en la Constitución. En estos supuestos, el TSJ debe señalar a cuál de los órganos corresponde determinado territorio o el ejercicio de una competencia constitucionalmente establecida.

De otra parte, en decisión de fecha 1 de febrero de 2000 (Caso: José Amado Mejía y otros vs Fiscal Trigésimo Séptimo y Juez de Control Vigésimo Sexto de Primera Instancia del Circuito Judicial del área metropolitana de Caracas), la Sala Constitucional estableció que también será de su competencia el conocimiento de las acciones de amparo ejercidas contra las infracciones a derechos y garantías constitucionales causadas por este tipo de controversias.

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se limitó la competencia de la Sala Político-Administrativa que antes podía conocer de las controversias que se plantearan entre órganos del Poder Público independientemente del carácter de las mismas. Ahora, la Sala Político-Administrativa sólo podrá conocer de las "controversias administrativas" que se establezcan entre órganos del Poder Público, pues las controversias de índole "constitucional" serán del conocimiento de la Sala Constitucional.

(vii) De la facultad revisora en materia de amparo constitucional y control de la constitucionalidad

Esta competencia está referida a la posibilidad de la Sala Constitucional del TSJ de "Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva" (v. art. 336, ord. 10 CN).

La redacción de esta disposición constitucional planteaba la incertidumbre en torno a cual sería el régimen de competencias aplicable en materia de amparo. Específicamente, no quedaba claro si la "revisión" incluía a las sentencias dictadas por el resto de las Salas del Tribunal Supremo, o si la Sala asumía la competencia para conocer de los amparos ejercidos contra altos funcionarios. Tampoco quedaba claro si procedía la revisión de aquellas sentencias de amparo dictadas en apelación o consulta.

Sin embargo, el asunto fue resuelto por la propia Sala Constitucional en decisiones de fecha 20 de enero de 2000 [Casos: (i) Domingo Ramírez Monja vs Ministerio del Interior y Justicia y otros. Magistrado Ponente: Dr. Iván Rincón. Exp. 00-001; y (ii) Emery Mata Millán vs Ministro y Vice-Ministro del Interior y Justicia. Magistrado Ponente: Dr. Jesús Eduardo Cabrera. Exp. 00-002], en las que se dejó establecido el criterio que regulará la competencia en materia de amparo en el marco de las nuevas atribuciones constitucionales reconocidas al Máximo Tribunal.

Dicho criterio fue impuesto por la Sala Constitucional del TSJ en uso de la facultad reconocida en el artículo 266 de la CN que le atribuye el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que comprende, entre otros asuntos: (i) la declaratoria de nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la CN o que tengan rango legal (art. 334 de la CN), y (ii) la revisión -en los términos establecidos en la ley orgánica respectiva- de las sentencias dictadas por los Tribunales de la República en materia de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas (art. 336, ord. 10º ejusdem).

Como fundamento de su decisión la Sala expresó que el hecho de que su función primordial sea la interpretación de la Carta Magna (art. 335 CN) y el conocimiento de las infracciones a la CN (art. 336 CN), la convierte en la Sala que por la materia le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional incoadas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (LOA). Asimismo, señala que si bien la CN prevé la promulgación de una ley orgánica para regular la facultad "revisora" contenida en el artículo 336 ordinal 10 de la CN, es lo cierto que tratándose de un precepto que por su naturaleza constitucional es de inmediata aplicación y eficacia, carece de relevancia, a los efectos de su aplicación por la Sala, el hecho de que la ley dirigida a desarrollar esta disposición constitucional aún no haya sido dictada.

Con base en las razones expuestas, la Sala Constitucional dispuso el régimen de competencias en materia de amparo. Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 335 CN los lineamientos que seguidamente se expondrán son de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, así como para las otras Salas del TSJ, tal y como expresamente se indica en la decisión.

Estos lineamientos prevén que la competencia prevista en los artículos 7 y 8 de la LOA se distribuirá de la siguiente forma:

a. Será de la competencia de la Sala Constitucional como juez natural de la jurisdicción constitucional, el conocimiento en única instancia de las acciones de amparo que se interpongan contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la LOA, así como aquellas que se ejerzan contra sus funcionarios subalternos cuando actúen por delegación de las atribuciones.

b. Corresponde también a la Sala el conocimiento de las acciones de amparo incoadas contra las sentencias dictadas en última instancia por los Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstas infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

c. Compete a la Sala Constitucional el conocimiento de las consultas y apelaciones ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos conozcan la acción de amparo en primera instancia.

d. Por el contrario, el conocimiento de los amparos que se ejerzan en supuestos distintos a los antes mencionados, corresponderán a los Tribunales de Primera Instancia de la materia afín con el asunto debatido. En estos casos, las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por éstos serán conocidas por los respectivos Tribunales Superiores, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.

e. En materia Penal, el amparo sobre la libertad y seguridad personal será conocido por el Juez de Control a tenor de lo previsto en el artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo que se refiere a aquellas acciones dirigidas a producir el amparo de derechos y garantías distintos a la libertad y seguridad personal, su conocimiento corresponderá a los Tribunales de Juicio Unipersonal atendiendo a la afinidad que exista entre el derecho o garantía presuntamente violado y su competencia natural. El conocimiento de las apelaciones o consultas que se produzcan en ambos supuestos corresponderá a las Cortes de Apelaciones.

f. Por lo que se refiere a la facultad "revisora" que le atribuye el ordinal 10º del artículo 336 de la CN, la Sala considera que dicha facultad se traduce en la posibilidad de revisar por vía excepcional y discrecionalmente, esto es, sin atender a recurso o solicitud específica en este sentido, aquellas sentencias de amparo que sean de la exclusiva competencia de los Tribunales de Segunda Instancia por estar conociendo de la causa en apelación y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de consulta. Esta facultad revisora será igualmente aplicable en aquellos casos en los que se dicte una sentencia que desconozca la doctrina vinculante dictada en materia constitucional por la Sala.

Asimismo, la Sala extiende ese poder revisor a todo amparo. Así en los supuestos en los que el accionante alegue la violación de un determinado derecho o garantía, si la Sala estima que los hechos probados tipifican una infracción distinta, no argumentada por el accionante, ésta puede declararla de oficio.

g. Con relación al amparo sobrevenido, es decir, aquel ejercido con ocasión de las violaciones a derechos constitucionales cometidas durante la tramitación de determinado proceso judicial, la Sala manifiesta su inconformidad con dicha figura pues, en su opinión, la misma resulta inconveniente desde que "[N]o hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión". Ello en virtud de que la revocatoria del fallo dictado crearía –a juicio de la Sala- una mayor inseguridad jurídica y constituiría una inobservancia al principio previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC) que dispone que toda sentencia sujeta a apelación no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto en el supuesto de la aclaratoria solicitada dentro del plazo legal.

En este sentido, la Sala plantea que las violaciones a la CN que cometan los jueces durante la sustanciación de un juicio, serán conocidas por los jueces de la apelación. No obstante, en los casos en que sea necesario restablecer de inmediato la situación jurídica infringida, el amparo deberá conocerlo otro Juez competente superior y distinto a quien cometió la infracción alegada como inconstitucional.

Cuando las violaciones constitucionales en la tramitación de un determinado proceso se produzcan como consecuencia de actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales distintos a los jueces, el amparo respectivo deberá intentarse ante el Juez que esté conociendo de la causa, quien deberá sustanciarlo y decidirlo en cuaderno separado.

h. Por lo que respecta a los amparos cautelares, esto es, aquellos ejercidos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos, así como aquellos ejercidos conjuntamente con el recurso de abstención (art. 5 LOA), la Sala manifiesta que dicho artículo configura una excepción al régimen de competencias establecido por el fallo en comento.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional faculta a los Tribunales con competencia contencioso-administrativa que conozcan de procesos de nulidad contra actos administrativos o contra negativas o abstenciones de la Administración, para conocer de los amparos previstos en el artículo 5 de la LOA siempre que se den dos condiciones, a saber: (i) que el recurso de nulidad o el recurso por abstención no se fundamente en una violación directa e inmediata de la CN y (ii) que la acción de amparo no se encuentre caduca.

Como consecuencia de esta doctrina jurisprudencial, las Salas del TSJ que estuviesen conociendo de amparos no ejercidos conjuntamente con recursos contenciosos administrativos, deberán remitir a la Sala Constitucional las actas respectivas. Por el contrario, la Sala Electoral y la Sala Político-Administrativa continuarán conociendo de los amparos conjuntos que se vinieren tramitando.

i. Finalmente, se dispone que los amparos autónomos que cursan por ante las otras Salas del TSJ serán de la competencia de la Sala Constitucional, en virtud de que -en su criterio - la competencia, en estos casos, será determinada por la materia, esto es, por "[L]a naturaleza de la cuestión que se discute", la cual dentro de la jurisdicción constitucional, fue asumida por la Sala Constitucional. En este sentido, señala la Sala que respecto de esta competencia por la materia resulta inaplicable el principio contenido en el artículo 3 del CPC conforme al cual la competencia se determinaría con base a la situación de hecho existente para la oportunidad de presentación de la demanda.

2.4. De las competencias atribuidas a la Sala Electoral:

El artículo 297 de la CN establece que el ejercicio de la jurisdicción contencioso electoral corresponderá a la Sala Electoral del TSJ y los demás tribunales que establezca la ley. En consecuencia, será esta Sala conjuntamente con otros Tribunales, la encargada del control de la constitucionalidad o ilegalidad de los actos dictados por las autoridades electorales en los términos previstos en la ley.

En este sentido, hasta tanto no se dictase la nueva Ley Orgánica del Poder Electoral, era necesario atender a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política a los fines de determinar la competencia de la Sala.

Sin embargo, la Sala Electoral del TSJ, en reciente decisión de fecha 10 de febrero de 2000, estableció sus competencias y las de los demás tribunales que integran la jurisdicción electoral, con lo que pareciera haber "derogado" el régimen de competencias contemplado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

En efecto, en la referida decisión, la Sala determinó sus competencias como máximo tribunal de la jurisdicción electoral y estableció los criterios básicos que, en su criterio, deberán regir el desarrollo de la nueva legislación sobre la materia. Asimismo, dispuso que en ausencia de las normas legales concretas en materia judicial y electoral que está llamada a dictar la Asamblea Nacional resultará procedente la aplicación supletoria de la legislación preconstitucional en todo aquello que no se oponga a la Constitución y el Estatuto Electoral del Poder Público, en acatamiento de lo establecido en la Disposición Derogatoria Unica de CN.

Los criterios establecidos por la Sala Electoral que en su opinión deberán regir el desarrollo de la legislación que al efecto se dicte son los siguientes:

Primero: El de preservación de la voluntad popular expresada mediante las modalidades previstas en el artículo 70 constitucional, conforme a la organización, dirección y ejecución del correspondiente proceso por los órganos del Poder Electoral, razón por la cual, la función de los Tribunales que integren la jurisdicción contencioso electoral debe estar presidida, por encima de razones formales, por el principio del respeto a la voluntad del pueblo, conceptuada como expresión de participación y protagonismo en ejercicio de la soberanía en lo político.

Segundo: El de ampliación del ámbito y modalidades del referido control por parte de la jurisdicción contencioso electoral, de tal modo que exceda la potestad anulatoria, extendiéndose también a la actuación y a la abstención de todos los órganos del Poder Electoral, incluyendo la facultad para interpretar los dispositivos electorales de rango legal.

Tercero: El de la conjugación de los criterios orgánico y material a los efectos de la determinación de la competencia de la jurisdicción contencioso electoral, de tal modo que todo acto, actuación o abstención del Poder Electoral, trátese de naturaleza electoral en sentido restringido (vinculado estrictamente a un proceso comicial clásico o de referendo), esto es, de la elección de los titulares de los Poderes Públicos, de la autoridades de sindicatos, gremios profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil, así como lo relativo a la constitución, funcionamiento y cancelación de las organizaciones con fines políticos; o bien en sentido amplio, en lo relativo al funcionamiento institucional de los órganos del Poder Electoral, así como el correspondiente restablecimiento de la situación jurídica infringida, de resultar procedente, sea de la competencia de los Tribunales que integren la jurisdicción contencioso electoral.

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Electoral del Poder Público, la Sala determinó su competencia para las próximos comicios en los que se elegirá al Presidente de la República, Diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores de Estado y Diputados a los Consejos Legislativos Estadales, Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, Concejales del Cabildo Metropolitano, Alcaldes de los Municipios e integrantes de las Juntas Parroquiales y representantes a los Parlamentos Latinoamericano y Andino. Ciertamente, de acuerdo a la letra expresa del artículo 30 antes mencionado la Sala delimitó su competencia de la forma siguiente:

1. Declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad de los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el Consejo Nacional Electoral en ejecución del Estatuto, así como de aquellos relacionados con su organización, administración y funcionamiento.

2. Conocer y decidir los recursos de abstención o carencia que se interpongan contra las omisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso electoral objeto del Estatuto, o con su organización, administración o funcionamiento.

3. Conocer y decidir los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de determinar el sentido y alcance de las normas contenidas en el Estatuto Electoral y de la normativa electoral que se dicte en ejecución del mismo.

No obstante, de conformidad con lo establecido en los parágrafos primero y segundo del artículo 30 del Estatuto Electoral del Poder Público corresponderá a la Sala Constitucional el conocimiento de las acciones autónomas de amparo constitucional que se ejerzan contra los hechos, actos u omisiones del Consejo Nacional Electoral y la resolución de las colisiones que pudieran suscitarse entre el referido estatuto y las leyes electorales vigentes.

Además de las competencias que le atribuye el artículo 30 del Estatuto Electoral, la Sala estableció que hasta tanto se dicten la Leyes Orgánicas del Tribunal Supremo y del Poder Electoral, le corresponde conocer de los siguientes asuntos:

1. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos relacionados con su organización, administración y funcionamiento.

2. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos, organizaciones gremiales o colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales, y de otras organizaciones de la sociedad civil.

3. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra actos, actuaciones u omisiones relacionados con los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político.

4. Los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de determinar el sentido y alcance de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, de otras leyes que regulen la materia electoral y la organización, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas, en cuanto sean compatibles con la Constitución.

Finalmente, la Sala Electoral estableció el ámbito de la competencia del resto de los tribunales que integran la jurisdicción contencioso electoral, para todas aquellas otras materias estrictamente electorales y concernientes al funcionamiento institucional de los órganos del Poder Electoral que no estén inscritas dentro del proceso de mayo de 2000. A modo de ejemplo, la Sala cita aquellas materias relativas a referendos, así como de otras modalidades de participación del pueblo contempladas en el artículo 70 de la CN, las relativas a la constitución, funcionamiento y cancelación de las organizaciones con fines políticos, de elecciones de sindicatos, gremios o colegios profesionales, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil a que se contrae el artículo 293, numeral 6 de la CN.

Modificaciones efectuadas con relación al régimen constitucional de 1961: Se suprimió la competencia de la Sala Político-Administrativa para conocer del recurso contencioso electoral.

3. De las competencias originarias no atribuidas a ninguna Sala

El artículo 266 de la CN prevé ciertas competencias originarias que no se encuentran conferidas a ninguna Sala en específico. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en la referida disposición constitucional, será necesario atender a lo previsto en la CN y en la ley (i.e. LOCSJ) a los fines de determinar que Salas del máximo tribunal resultarán competentes. Estas competencias, reguladas en los ordinales 6, 7 y 8 del artículo 266 de la CN, son las relativas al conocimiento de los recursos de interpretación, los conflictos de competencia entre Tribunales y el recurso de casación.

(i) De los recursos de interpretación

Conforme al ordinal 6º del artículo 266 de la CN es atribución del TSJ conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.

Ahora bien, como ya lo señalamos, esta competencia no fue atribuida por la CN a ninguna Sala en particular por lo que será necesario atender a lo previsto en la LOCSJ –cuyo régimen de competencias continúa vigente en todos aquellos aspectos no modificados por la CN- a los fines de precisar cuál es la Sala competente.

En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 ordinal 24º de la LOCSJ, la competencia para conocer del recurso de interpretación corresponderá a la Sala Político-Administrativa del TSJ. Sin embargo, debe tenerse presente que a tenor de lo establecido por la CN y la LOCSJ, la facultad de la Sala para conocer de las consultas sobre el alcance e inteligencia de un texto legal estará limitada a los casos expresamente previstos en la ley, esto es, a los casos en los que la ley cuya interpretación se pretende contemple la posibilidad de ejercer dicho recurso.

Por otra parte, si se acepta la tesis de la posible interpretación de las mismas disposiciones constitucionales, la competencia en este caso le corresponderá a la Sala Constitucional conforme su propia doctrina en materias de su competencia.

La Sala Electoral, por cierto, ha señalado -como se indicó precedentemente- que ella es la competente para conocer del recurso de interpretación en la materia electoral.

(ii) De los conflictos de competencia entre Tribunales que carecen de un superior común

Es igualmente competencia del TSJ el dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico (v. ord. 7º, art. 266 CN).

De conformidad con lo establecido en el ordinal 21 del artículo 42 de la LOCSJ, la competencia en esta materia corresponde a la Sala de Casación Civil y a la Sala de Casación Penal según el conflicto de competencia se verifique entre tribunales de la jurisdicción civil o mercantil, o entre tribunales de la jurisdicción penal.

Sin embargo, si bien la CN y la LOCSJ no adjudican una atribución particular a la Sala Político-Administrativa para dirimir los conflictos de competencia que se verifiquen entre los Tribunales de su jurisdicción y aún cuando ésta no es propiamente un tribunal superior común, la jurisprudencia ha interpretado que esa facultad se deriva de lo dispuesto en el aparte final del artículo 43 de la LOCSJ que prevé la competencia de la Sala para conocer de "[C]ualquier otro asunto que sea de la competencia de la Corte, si no está atribuido a alguna de las otras Salas".

En efecto, en reiteradas oportunidades la Sala Político-Administrativa ha señalado, al respecto, lo siguiente:

"[C]oncebida la materia contencioso-administrativa como una unidad o bloque que conforma una jurisdicción, a esta Sala le toca dirimir aunque excepcionalmente y siempre con carácter definitivo los conflictos de competencia que dentro de la misma se planteen en base a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 43 que señala su facultad para conocer ‘...de cualquier otro asunto que sea de la competencia de la Corte, si no está atribuido a alguna de las otras Salas.

Con el criterio expuesto, se unifican los poderes de cada una de las Salas de esta Corte para dirimir los conflictos de competencia y conocer de la regulación de competencia, por cuanto a la Sala de Casación Penal le corresponderá, los que se ubican en su área de actuación sustantiva; a la de Casación Civil, lo que se refiere a la materia civil, mercantil, menores, agrario y tránsito; y a esta Sala, todo lo referente a la jurisdicción contencioso-administrativa". (v. Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 12 de agosto de 1993. Caso: MADOSA).

Asimismo, la jurisprudencia dejó establecido que en el caso particular de los tribunales contencioso-administrativos regionales que ejercen también competencias en materia civil, cuando éstos actúen como tribunales superiores civiles los conflictos de competencia serán resueltos por la Sala de Casación Civil, por el contrario, cuando éstos actúen como tribunales contencioso-administrativos la resolución de los conflictos de competencia corresponderá a la Sala Político-Administrativa.

Conforme al criterio jurisprudencial precedentemente expuesto, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 43 de la LOCSJ, es forzoso concluir que cada Sala, dentro de los límites de su jurisdicción, deberá abordar y solucionar los problemas de competencia que se generen entre los tribunales a su cargo, por tener, precisamente, un mayor dominio y conocimiento de los asuntos que se verifiquen en su jurisdicción.

De allí que la nueva Sala de Casación Social sería competente para conocer de los conflictos de competencia que se verifiquen en las materias que ahora son de su competencia (i.e. laboral, agraria y menores). Igualmente, y de acuerdo al criterio jurisprudencial antes expresado estimamos que la solución de los conflictos de competencia que se presenten entre los tribunales contenciosos-administrativos que estén relacionados con la materia electoral corresponderán a la Sala Electoral.

Siempre, en todo caso, habrá que atender al criterio del tribunal superior común que resulta de la afinidad de cada Sala con las materias que corresponden a los dos tribunales en conflicto. No creemos que ello pueda extenderse a otros supuestos como lo hizo la Sala de Casación Civil al establecer que la Sala de Casación Social debía resolver un conflicto de competencia planteado entre un Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo Regional y un Tribunal Laboral. En efecto, allí no cabe el criterio expuesto en virtud de la naturaleza de la materia debatida, por lo que se estaría modificando la regulación prevista en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil sin justificación alguna.

(iii) Del recurso de casación

El ordinal 8º del artículo 266 de la CN prevé como competencia originaria del TSJ el conocimiento del recurso de casación, es decir, aquel recurso extraordinario ejercido contra una sentencia definitiva afectada por uno de los vicios o defectos descritos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

Conforme a lo dispuesto en la LOCSJ (v. art. 42, ord. 33 y art. 43) el conocimiento del recurso de casación corresponderá a la Sala de Casación Civil en aquellos asuntos relacionados con la jurisdicción civil, mercantil o de alguna otra especial, y a la Sala de Casación Penal en aquellos asuntos relacionados con la jurisdicción Penal.

Ahora bien, el artículo 262 de la CN dispone la creación de una nueva Sala, esta es, la Sala de Casación Social a la que corresponderá todo lo referente a la casación agraria, laboral y de menores (que en la práctica se ha sustituido por familia, no sólo porque la materia de menores en general no tiene casación, sino porque se estima que ésta era la materia que se quiso asignar a la nueva Sala). En este sentido, la competencia de la Sala de Casación Civil, que anteriormente se extendía sobre estas materias, quedó limitada por disposición del Constituyente, al conocimiento de los recursos de casación relacionados con la jurisdicción civil y mercantil.

4. De las competencias previstas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

Finalmente, debe tenerse presente que las competencias contempladas en la LOCSJ siguen manteniendo su vigencia en todos aquellos aspectos que no hubieren sido modificados por el Constituyente.

En efecto, el aparte final del artículo 266 CN establece que el resto de las atribuciones previstas en la misma serán ejercida por cada Sala conforme a lo dispuesto en la CN y la ley. En este sentido, la ley a la que se refiere la disposición constitucional es por ahora la LOCSJ.

Por consiguiente, hasta tanto no se dicte la ley orgánica que establezca la organización y funcionamiento del TSJ prevista en el artículo 262 de la CN, el marco de competencias previsto en el artículo 42 de la LOCSJ continúa vigente y aplicable en todos aquellos asuntos que no hubieren sido modificados por la CN.

5. De los Tribunales competentes para conocer de los recursos intentados contra los actos, hechos u omisiones de las autoridades y entes descentralizados estadales y municipales

El artículo 334 de la CN prevé que la Sala Constitucional del TSJ, como órgano encargado de ejercer la jurisdicción constitucional, es la competente para declarar la nulidad de las leyes nacionales y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. En este sentido, conforme a dicha norma, el control de la constitucionalidad ejercido por la Sala se verifica únicamente respecto de esta clase de actos (i.e. leyes y actos dictados en ejecución directa e inmediata de la CN o que tengan rango de ley).

De lo anterior se deriva, por argumento en contrario, que el control de la constitucionalidad de los actos de rango sublegal o que no son dictados en ejecución directa de la Constitución escapan del conocimiento de la Sala Constitucional y continúan siendo, por tanto, de la competencia de la Sala Político-Administrativa conforme a lo establecido en la LOCSJ. Tal sería el caso de los actos (generales o individuales) dictados por los Ministros, Gobernadores, Alcaldes, Institutos Autónomos, entre otras autoridades.

De otra parte, si bien la Sala Constitucional declaró su competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional respecto de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la LOA ejercidas contra actos que no son dictados en ejecución directa e inmediata de la CN, es lo cierto que esa competencia se limita a la materia de amparo y no comprende, en nuestro criterio, el control de la constitucionalidad de estos actos mediante el conocimiento de los recursos contencioso-administrativos de anulación el cual continuaría siendo ejercido por la Sala Político-Administrativa.

No obstante, el asunto pareciera haber sido dilucidado por la propia Sala Político-Administrativa en decisión de fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Aerolink Internacional, S.A.), en la que estableció su competencia para "declarar la nulidad total o parcial, cuando sea procedente, de los Reglamentos y demás actos administrativos (debe entenderse que se trata de aquellos actos que no son dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución), por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme al ordinal 5° del artículo 266 de la Constitución y 259 ejusdem". (Paréntesis nuestro).

Por tanto, a los fines de determinar cuáles son los Tribunales competentes para conocer de los recursos incoados contra actos de las autoridades estadales y municipales, institutos autónomos y empresas del estado, los cuales –insistimos- no son dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, será necesario atender, por ahora, a lo establecido en la LOCSJ, aplicable en todos aquellos aspectos no reformados por la Constitución y que confiere la competencia en esta materia a la Sala Político-Administrativa. Así, la competencia en estos casos se distribuye de la siguiente manera:

5.1. De los recursos ejercidos contra actos de efectos generales
 
1. Por razones de inconstitucionalidad

a) De los recursos de inconstitucionalidad ejercidos contra actos sublegales de efectos generales emanados de las autoridades ejecutivas estadales y municipales

El control de la constitucionalidad de los actos sublegales de efectos generales dictados por los Gobernadores y por los Alcaldes (i.e. reglamentos, decretos, resoluciones) continuará siendo de la competencia de la Sala Político-Administrativa de conformidad con lo establecido en el ordinal 11° del artículo 42 de la LOCSJ.

b) De los recursos de inconstitucionalidad ejercidos contra actos sublegales de efectos generales emanados de los Institutos Autónomos estadales y municipales

El control de la constitucionalidad de los actos administrativos sublegales de efectos generales dictados por los Institutos Autónomos Estadales y Municipales corresponde a la Sala Político-Administrativa por virtud de lo establecido en el segundo aparte del artículo 181 de la LOCSJ. En este sentido, la doctrina ha señalado que el término "autoridades" utilizado por el artículo 181 de la LOCSJ no sólo comprende las autoridades ejecutivas o legislativas de los estados y municipios sino que engloba también a sus institutos autónomos.

2. Por razones de ilegalidad

a) De los recursos de nulidad por ilegalidad ejercidos contra los actos de efectos generales emanados de los órganos legislativos de los Estados y Municipios

El control de la legalidad de los actos normativos (i.e. Constituciones y leyes estadales y ordenanzas municipales) y demás actos generales dictados por los órganos legislativos de los Estados (i.e. Consejo Legislativo) y Municipios (i.e. Concejo Municipal), corresponde a la Sala Político-Administrativa del TSJ de conformidad con lo establecido en el ordinal 9° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Realmente ha sido la jurisprudencia la que, interpretando el artículo 42, ordinal 9° de la LOCSJ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 112 ejusdem y la exposición de motivos de la ley, ha aclarado el vacío aparente que tiene el artículo 42, ordinal 9° al no hacer referencia a la nulidad por ilegalidad de los actos normativos de los cuerpos deliberantes estadales y municipales.

En este sentido, la jurisprudencia ha expresado que la remisión de ambas normas a las "disposiciones transitorias" se refiere única y exclusivamente a la impugnación de actos administrativos generales o particulares emanados de autoridades estadales y municipales (art. 181 LOCSJ) cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Civiles y Contencioso Administrativo Regionales, por lo que no puede pensarse que la ilegalidad de una ordenanza u otro acto de carácter normativo emanado del poder legislativo de los Estados y Municipios pueda ser conocido por tales tribunales, que sólo conocen de actos administrativos y quienes incluso deben declinar su competencia cuando la impugnación se funda en razones de inconstitucionalidad.

b) De los recursos de nulidad por ilegalidad ejercidos contra actos sublegales de efectos generales emanados de las autoridades ejecutivas de los Estados y Municipios

El control de la legalidad de los actos de efectos generales dictados por los Gobernadores y Alcaldes (i.e. reglamentos, decretos, resoluciones) corresponde a los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso-Administrativos Regionales a tenor de lo dispuesto en el artículo 42, ordinal 9° de la LOCSJ en concordancia con lo establecido en el artículo 181 ejusdem.

En apelación, la competencia está atribuida a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 185, ordinal 4° de la LOCSJ.

c) De los recursos de nulidad por ilegalidad ejercidos contra actos de efectos generales emanados de los Institutos Autónomos y otros entes descentralizados

Si el acto de efectos generales que se estima ilegal emana de un Instituto Autónomo estadal o municipal, la competencia corresponderá a los Tribunales Civiles y Contenciosos Administrativos Regionales de conformidad con lo previsto en el artículo 181 de la LOCSJ. En segunda instancia, corresponderá a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer de las apelaciones que se intenten en cada caso. (v. art. 185, ord. 4° de la LOCSJ).

5.2. De los recursos ejercidos contra actos de efectos particulares
 
5.2.1. Por razones de inconstitucionalidad

a) De los recursos de inconstitucionalidad ejercidos contra actos de efectos particulares de los órganos legislativos estadales y municipales

El control de la constitucionalidad de los actos de efectos particulares dictados por los cuerpos deliberantes de los Estados (Consejo Legislativo) y Municipios (Concejo Municipal) corresponderá a la Sala Político-Administrativa de conformidad con lo previsto en el ordinal 11° del artículo 42 de la LOCSJ.

b) De los recursos de inconstitucionalidad ejercidos contra actos de efectos particulares de las autoridades ejecutivas de los Estados y Municipios

El control de la constitucionalidad de los actos de efectos particulares dictados por las autoridades ejecutivas de los Estados y Municipios corresponderá a la Sala Político-Administrativa de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del artículo 181 de la LOCSJ.

c) De los recursos de nulidad por inconstitucionalidad ejercidos contra actos de efectos particulares dictados por Institutos Autónomos y otros entes descentralizados

Si el acto de efectos particulares que se estima inconstitucional emana de un Instituto Autónomo estadal o municipal, la competencia corresponderá igualmente a la Sala Político-Administrativa por virtud de lo establecido en el segundo aparte del artículo 181 de la LOCSJ.

5.2.2. Por razones de ilegalidad

a) De los recursos de nulidad por ilegalidad ejercidos contra actos de efectos particulares emanados de las autoridades legislativas de los Estados y Municipios

El control de la legalidad de los actos de efectos particulares dictados por los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios corresponde a los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativos Regionales a tenor de lo dispuesto en el artículo 181 de la LOCSJ.

En apelación, la competencia está atribuida a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 185, ordinal 4° de la LOCSJ.

b) De los recursos de nulidad por ilegalidad ejercidos contra actos de efectos particulares emanados de las autoridades ejecutivas y administrativas de los Estados y Municipios

El control de la legalidad de los actos de efectos particulares dictados por los Gobernadores, Alcaldes, Directores Generales, corresponde a los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativos Regionales a tenor de lo dispuesto en el artículo 181 de la LOCSJ.

En apelación, la competencia está atribuida a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 185, ordinal 4° de la LOCSJ.

c) De los recursos de nulidad por ilegalidad ejercidos contra actos de efectos particulares dictados por Institutos Autónomos y otros entes descentralizados

Si el acto de efectos particulares que se estima ilegal emana de un Instituto Autónomo estadal o municipal o de otro ente descentralizado estadal o municipal, la competencia corresponderá a los Tribunales Civiles y Contencioso Administrativos Regionales a tenor de lo establecido en el artículo 181 de la LOCSJ. En segunda instancia corresponderá conocer en apelación a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 185, ordinal 4° de la LOCSJ.

5.3. De las acciones derivadas de contratos administrativos

El ordinal 14 del artículo 42 de la LOCSJO atribuye a la Sala Político-Administrativa la competencia para conocer de todas las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con ocasión de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o los Municipios.

Sin embargo es necesario destacar que no todos los contratos suscritos por la República, los Estados o Municipios pueden ser considerados contratos administrativos. En efecto, es menester distinguir los contratos administrativos de aquéllos que si bien fueron celebrados por la Administración carecen de tal calificativo, pues ésta actúa en estos casos como cualquier particular.

En este sentido, la jurisprudencia ha diferenciado estos contratos de los de derecho privado partiendo del criterio de: (i) su vinculación con la noción de servicio público, esto es, que tengan por objeto confiar al co-contratante una actividad de servicio público en el sentido lato del concepto y, (ii) la presencia de cláusulas exorbitantes en su contenido, estas son, aquellas cláusulas que constituyen una manifestación de las prerrogativas inherentes a la Administración y aun en contra de ella y a favor del particular pero que rompen el principio de igualdad de las partes en la contratación.

En un primer momento, el máximo tribunal sostenía una interpretación restrictiva y literal del ordinal 14 del artículo 42 de la LOCSJ, por lo tanto, la Sala Político-Administrativa sólo se consideraba competente cuando el contrato administrativo era celebrado por la República, los Estados o los Municipios. Se excluía así de la competencia de la Sala a los contratos administrativos celebrados por otros entes del sector público como los institutos autónomos y las empresas del Estado.

No obstante, esta posición restrictiva de la Sala fue progresivamente abandonada, al punto de que la jursiprudencia señala que el artículo 42, ordinal 14 de la LOCSJ consagra una "reserva universal" a favor de la Sala Político-Administrativa para conocer y decidir de todas las controversias relacionadas con contratos administrativos.

De allí que, actualmente, la jurisprudencia considera que aún cuando el artículo 42 ordinal 14 de la LOCSJ alude a la "República, los Estados y los Municipios" éste debe ser interpretado con criterio finalista, por lo que también serán competencia de la Sala las controversias vinculadas a contratos administrativos celebrados por un ente descentralizado funcionalmente.

Por lo que se refiere a las acciones que se deriven de los contratos de derecho común celebrados por los Estados y Municipios, éstos escapan de la competencia de la Sala Político-Administrativa del TSJ y de los demás órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, pues su conocimiento corresponde a los Tribunales ordinarios de conformidad con lo previsto en el artículo 183, ordinal 1° de la LOCSJ. En segunda instancia conocerán, por vía de apelación, los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativo Regionales.

5.4. De los recursos por abstención ejercidos contra autoridades estadales o municipales

Respecto del control de las conductas omisivas, el conocimiento de los recursos ejercidos contra la abstención o negativa de las autoridades estadales o municipales de cumplir determinados actos a que están obligados por ley, corresponde a los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativos Regionales de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 182 de la LOCSJ. En segunda instancia conocerá, por vía de apelación, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, en el caso específico de los Municipios, la Ley Orgánica de Régimen Municipal prevé una excepción a la competencia de estos tribunales para conocer de la abstención o negativa de actuar de los órganos municipales. Tal es el caso del artículo 68 de la Ley que atribuye a la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa la competencia para conocer de la solicitud que cualquier ciudadano de un Municipio le formule, cuando un Concejo Municipal se abstuviere o negare a declarar la pérdida de investidura de un concejal en los casos enumerados en el referido artículo.

5.5. De las demandas ordinarias ejercidas contra los Estados y Municipios y sus entes descentralizados

El conocimiento de las acciones de cualquier naturaleza (i.e. civil, mercantil, laboral, etc.) distintas al recurso contencioso administrativo de anulación, ejercidas contra un Estado o Municipio o sus entes descentralizados (i.e. institutos autónomos y empresas del estado), le corresponde, en primera instancia, a los Tribunales ordinarios competentes de conformidad con las previsiones del derecho común o especial, en sus respectivas circunscripciones judiciales. (v. art. 183, ord. 1° LOCSJ).

En estos casos, por tratarse de juicios distintos al contencioso-administrativo de nulidad, la competencia corresponde en primera instancia a los tribunales ordinarios. Sin embargo, en segunda instancia, los tribunales superiores contencioso administrativos regionales, serán los competentes para conocer por vía de apelación, de las decisiones que dicten otros tribunales de su jurisdicción en los juicios intentados ante ellos contra un Estado o Municipio. (v. art. 182, ord. 3° LOCSJ).

De otra parte, las acciones que ejerzan los Estados y Municipios o sus entes descentralizados contra los particulares serán del conocimiento de los Tribunales de la jurisdicción ordinaria en sus respectivas circunscripciones judiciales de conformidad con lo establecido en el artículo 183, ordinal 2° de la LOCSJ. En segunda instancia corresponde conocer, por vía de apelación, al tribunal superior ordinario.

5.6. De las querellas en materia funcionarial

Por lo que se refiere a las querellas ejercidas contra actos, hechos u omisiones de los Estados o Municipios derivados del ejercicio de la función pública, la competencia para conocer de las mismas corresponderá, en primera instancia, a los Tribunales Civiles y Contencioso Administrativos Regionales. En segunda instancia, la competencia corresponderá a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Es de destacar que esta competencia fue establecida por vía de interpretación jurisprudencial. En efecto, en algunas ocasiones la Sala de Casación Civil estimó que el conocimiento de este tipo de acciones enmarcadas en el ámbito del contencioso funcionarial correspondían al Tribunal de la Carrera Administrativa por ser el Tribunal especial de la materia. Dicho criterio, contradecía el establecido por el resto de la jurisprudencia contencioso administrativa que consideraba competente para tales acciones a los Tribunales Civiles y Contencioso Administrativos Regionales.

Sin embargo, esta posición de la Sala de Casación Civil fue posteriormente modificada, determinándose finalmente la competencia contencioso-funcionarial de los Tribunales Civiles y Contencioso Administrativos Regionales. Las razones esgrimidas por esa Sala para justificar su cambio de criterio fueron las siguientes:

" (..) 1.La promulgación de leyes estadales y ordenanzas que rigen la relación de empleo público de sus propios funcionarios (...).

2. La saturación del Tribunal de la Carrera Administrativa (...).

3. El problema del acceso a la justicia que significa para los funcionarios estadales y municipales de todo el país, ventilar sus controversias sobre empleo público en un mismo tribunal situado en la capital de la República (...)

4. La descentralización que se propicia en las actividades del Estado (...)

La actividad de la Administración en materia de función pública participa de la misma naturaleza que los demás actos realizados por la administración para alcanzar sus fines. Por tanto, los actos de los entes estadales y de las autoridades municipales relativos a los funcionarios públicos son también actos administrativos, cuya nulidad puede ser instada en sede contencioso administrativa conforme a las reglas generales que informan tal procedimiento, esto es, la llamada acción de nulidad por ilegalidad de actos de efectos particulares.

La competencia para el conocimiento de este tipo de acciones contra los Estados y Municipios está específicamente atribuida por el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 186 eiusdem, a los tribunales contencioso-administrativos regionales. (...)

Por consiguiente, vista la competencia de los tribunales regionales en lo contencioso administrativo para dirimir las acciones de nulidad por ilegalidad de los actos de efectos particulares emanados de los Estados y Municipios; y asimilada esta atribución a las reclamaciones provenientes del empleo público de los funcionarios estadales y municipales, el tribunal Contencioso Administrativo Regional será el competente en primera instancia para que en lo sucesivo conozca de este tipo de reclamaciones, provenientes de funcionarios públicos estadales y municipales, mientras tal competencia no sea expresamente atribuida a otro órgano jurisdiccional. Quedando su revisión en caso de apelación a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (...)".

En consecuencia, las acciones que se intenten contra los Estados y los Municipios derivadas de la relación de empleo público que se verifica entre éstos y los funcionarios a su servicio serán de la competencia de los Juzgados Superiores Civiles y Contencioso Administrativos Regionales. Corresponderá a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en segunda instancia la revisión de las apelaciones ejercidas contra las decisiones que dicten éstos tribunales en materia funcionarial. (v. art. 185, ord. 4° LOCSJ).

5.8. El Distrito Metropolitano – El Distrito Capital

El Distrito Metropolitano constituye, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la CN, una autoridad municipal. En este sentido, quedaría definida la competencia de los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativos para conocer de los actos o abstenciones del Distrito Metropolitano de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la LOCSJ. En efecto, siendo éste una autoridad municipal, la regulación de la competencia para conocer de sus actos deberá ser igual a la que se aplica al resto de las autoridades municipales en lo que respecta al control de sus actos por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa.

Asimismo, estimamos que ello puede aplicarse respecto del Distrito Capital que, aunque de índole municipal, es una autoridad especial y única contemplada específicamente en el artículo 18 de la CN como sistema de unidad política de la ciudad de Caracas. En este sentido, la regulación de la competencia para conocer de los actos dictados por el Alcalde del Distrito Capital, el Cabildo, o sus entes descentralizados, también deberá ser igual a la que se aplica al resto de las autoridades municipales en lo que respecta al control de sus actos por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa.

Finalmente, debe tenerse presente que, en todo caso, la nueva ley orgánica que se dicte en ejecución de lo establecido en el artículo 264 de la CN para la regulación de la organización, funcionamiento y atribuciones del TSJ, será el texto normativo que en definitiva desarrollará, dentro de los lineamientos impuestos por el Constituyente, las competencias de cada una de las Salas del máximo Tribunal. De allí que, el régimen de competencias expuesto podría ser, salvo lo que se refiere a las disposiciones constitucionales, modificado por la ley en referencia.


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