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Contencioso - Administrativo
SPA asumió competencia de demanda contra empresa privada intervenida por el Estado
 
Mediante sentencia Nº 714 de fecha 14 de julio de 2010, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció el sometimiento a  los tribunales de la jurisdicción  contencioso administrativo de las demandas incoadas contra empresas privadas que han sido intervenidas por el Estado, por considerarse que tiene un control decisivo en el manejo de la empresa.
 
La Sala observó que de acuerdo al “numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, vigente y aplicable a la fecha de interposición de la presente demanda (17/07/2009), conforme a lo previsto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, reproducida en similares términos en la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, “esta Sala Político-Administrativa es competente para conocer de todas las demandas que reúnan los siguientes requisitos: 1) que se demande a la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o Municipios ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere; 2) que su cuantía sea superior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), y 3) que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, lo cual constituye una derogatoria de la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la laboral, del tránsito o la agraria”.
 
En ese sentido, estableció la Sala que “en la presente demanda por cumplimiento de contrato la República Bolivariana de Venezuela tiene un interés legítimo y actual, y siendo que la condición jurídica de la sociedad demandada puede subsumirse en el supuesto de una empresa en la cual el Estado venezolano tiene participación decisiva, en tanto es una sociedad mercantil de derecho público quien ejerce de manera temporal la dirección y administración de sus bienes, se tiene por cumplido el primero de los requisitos enunciados anteriormente” para que sea competente la Sala Político Administrativa.
 


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