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Contencioso - Administrativo
SC estableció forma de notificar a entes descentralizados funcionalmente
 
Mediante sentencia Nº 727 de fecha 12 de julio de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, estableció que cuando se haya intentado una demanda contra la República o cualquier otro ente público, que por remisión expresa de la ley goce de los privilegios procesales otorgados a la República, se debe notificar mediante oficio.
 
A juicio de la Sala “las prerrogativas procesales a favor de la República se justifican por los específicos intereses a los cuales representa, lo que obliga al Legislador a establecer ciertas desigualdades legítimas, a través del establecimiento de privilegios a su favor, siempre que las mismas se establezcan mediante ley y no atenten contra el núcleo esencial de los derechos y principios constitucionales; determinándose su correlación e interrelación con el derecho a la tutela judicial efectiva”. Por ese motivo “todos los órganos jurisdiccionales deben velar por la fiel aplicación de estas prerrogativas, en el sentido de aplicarlas preferentemente a las normas procesales ordinarias, ello en virtud de que persiguen resguardar los intereses patrimoniales de la República y de todos aquellos entes públicos sobre los que aquella tenga derechos” y con la finalidad de “impedir afectaciones en el cumplimiento de sus fines fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico, mediante el equilibrio entre los derechos de las personas y las potestades y obligaciones de la República.”.
 
Respecto a los privilegios procesales de los entes descentralizados funcionalmente, en concreto, de los institutos autónomos, la Sala observó que ya el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (publicada en Gaceta Oficial 37.305 del 17 de octubre de 2001) otorgaba a los institutos autónomos los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acordaba a la República, estados y municipios, y que “actualmente, bajo el vigente Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, del 31 de julio de 2008), los institutos autónomos continúan gozando de los mismos privilegios y prerrogativas de la República, conforme lo prevé el artículo 98 de dicha ley”.
 
Determinó la Sala que a partir del artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, “surge la obligación para todos los órganos jurisdiccionales, que cuando se haya intentado una demanda contra la República o cualquier otro ente público -que por remisión expresa de la ley goce de los privilegios procesales otorgados a la República- de notificar mediante oficio”.
 
En el caso concreto, la Sala consideró nula la citación para la contestación de la demanda practicada a un instituto autónomo, toda vez que fue efectuada según el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil y no de acuerdo al artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
 


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