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Contencioso - Administrativo
SC estableció con carácter vinculante la competencia de los Tribunales Laborales para conocer de pretensiones contra actos de las Inspectorías del Trabajo
 
Mediante sentencia Nº de fecha 23 de septiembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, estableció la competencia de los tribunales laborales para conocer de las pretensiones procesales que se propongan con ocasión a actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajoen materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
 
Observó la Sala  que los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa excluyeron de la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las pretensiones procesales “ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”, toda vez que, a criterio de la Sala, “aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean  órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral”.
 
En consecuencia de lo anterior, la Sala precisó que “los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo”.
 
La Sala estableció con carácter vinculante y de forma general que: “1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral” y que “2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo”.
 
La Sala ordenó la remisión de copias certificadas del fallo a la Sala Político Administrativa y a la Sala de Casación Social, a los fines de que distribuyan y hagan del conocimiento de los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa y de la jurisdicción laboral, el criterio establecido por la Sala Constitucional.  Asimismo, ordenó la publicación de la sentencia en Gaceta Oficial.
 
La sentencia contó con el voto salvado del Magistrado Pedro Rondón Haaz, quien consideró que el juez natural para juzgar la actividad o inactividad de las Inspectorías del Trabajo es el juez contencioso administrativo, pues en esos casos “lo que se pretende es el examen de la conducta de una autoridad administrativa que tiene a su cargo una labor arbitral o cuasi-jurisdiccional (…) por lo que la relación que existe entre el demandante (…) y demandado, la Administración Pública, no es laboral sino jurídico-pública”. Asimismo, la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán dejó sentado su voto concurrente, mediante el cual precisó que “si bien es cierto que el acto administrativo tiene que ser ejecutado forzosamente por el órgano emisor, esto es, a través de sus funcionarios o valiéndose de la fuerza pública; no se puede desconocer que la falta de ejecución de la providencia administrativa no puede impedir el acceso a la justicia conforme con el artículo 26 constitucional y, por tanto, la acción de amparo resulta idónea para tutelar la resistencia del patrono en cumplir con tal providencia; máxime cuando no existe acción judicial nominada para exigir dicho cumplimiento”.


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