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Contencioso - Administrativo
SPA determinó que el artículo 152 de la LPCU del 2004 establecía una medida cautelar de suspensión de efectos automática
 
Mediante sentencia Nº 368 de fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Política Administrativa del TSJ, con ponencia del Magistrado Emiro García Rosas, confirmó que la disposición contenida en el artículo 152 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 2004 (actualmente derogada), establecía una medida cautelar de  suspensión de efectos de los actos sancionatorios dictados por el entonces INDECU que operaba automáticamente con la simple interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad.
 
Con esa decisión la Sala revocó ladecisión Nº 2008-507 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del 14 de abril de 2008, que había declaró la improcedencia de la suspensión de efectos prevista en el artículo 152 de la LPCU derogada, toda vez que, en su criterio, para que procediera esa suspensión  era necesario realizar un examen previo de los requisitos exigidos generalmente para el otorgamiento de las medidas cautelares, es decir, del fumus boni iuris y del periculum in mora.
 
En concreto, a juicio de la Sala  “el artículo 152 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 2004 contiene un mandato dirigido a la Administración que le impide materializar el cobro de la multa, que se traduce en la imposibilidad de ejecutar el acto administrativo cuando éste sea recurrido -como sucedió en autos-, no siendo por lo tanto indispensable una solicitud del recurrente y un mandato de los juzgados contenciosos administrativos que conozcan de la legalidad del acto impugnado para que dicha Administración cumpla con el dispositivo en cuestión…” .  En esos casos, “…Ante un eventual cobro por parte de la Administración de la multa impuesta e impugnada en sede administrativa o judicial, le bastaría a la parte apelante alegar y demostrar que recurrió del acto administrativo que se pretendiera ejecutar, materia cuyo conocimiento le estaría atribuido al tribunal que conozca del cobro de la multa impuesta”.
 


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