English
 
Contencioso - Administrativo
SC restableció criterio según el cual puede condenarse en costas procesales a los particulares que resulten perdidosos en litigios contra la república
 
Mediante sentencia del 21 de Octubre de 2008, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, abandonó el criterio según el cual no podía haber costas para los particulares si estos resultaban perdidosos en procesos judiciales instaurados contra la República.
 
         El privilegio procesal de la República y de otros entes públicos, relativo a la exención de la condena en costas ha sido establecido por el Legislador en uso de su amplia libertad de configuración normativa que le permite determinar y aplicar, de manera concreta, las directrices necesarias para el cumplimiento de los cometidos constitucionales, ello, mediante el establecimiento de una diferenciación racional que responde a los intereses superiores que tutela el Estado, aun en juicio, como son, la no afectación del servicio e interés público y la protección de sus bienes y derechos, que son, en definitiva expresión del interés general.
 
A juicio de la Sala “el privilegio en cuestión no es contrario a los artículos 21 y 26 de la Constitución, ya que, el trato diferente obedece a un objetivo constitucionalmente válido, además, el mismo resulta coherente y proporcional con el fin perseguido y la singularización se encuentra perfectamente delimitada en cada una de las leyes que lo establecen. Por consiguiente, la Sala juzga que no constituye una desigualdad injustificada, el que la República, y los entes que gozan de tal privilegio, no puedan ser condenados en costas, y en cambio si puedan serlo los particulares que litigan contra ella y resulten totalmente vencidos, por lo que la Sala abandona el criterio sentado en sentencia nº 172 del 18 de febrero de 2004, caso: Alexandra Margarita Stelling Fernández, de conformidad con los criterios establecidos en la jurisprudencia de esta.”
 
Concluye la Sala que las disposiciones que contienen los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, anteriormente 47, y en la última frase del 287 del Código de Procedimiento Civil, que establecen la prohibición de condena en costas contra la República, no son contrarias a la Constitución.
 


Área de Clientes





¿Olvido su contraseña?
Páginas de Interés Ver todos los enlaces
    Badell & Grau. © Todos los derechos reservados. 2011. Términos y condiciones de uso
Oportunidades de Empleo