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Contencioso - Administrativo
Sala Plena determinó competencia para conocer recurso de nulidad intentados contra actos de las inspectorías del trabajo
 
En Sentencia del 2 de marzo de 2005, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Rafael Arístides Rengifo Camacaro, determinó que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de recursos de nulidad contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, resolviendo así el conflicto de competencias que fuera remitido por la Sala Político Administrativa del TSJ en la sentencia del 11 de marzo de 2003, a raíz de la diferencia de criterios emitidos por la Sala Constitucional (acogido por la Sala de Casación Social) y la propia SPA, sobre la competencia para conocer de tales recursos de nulidad.
 
La sentencia de la SPA que planteó el conflicto de competencia, se produjo como consecuencia de un recurso de nulidad interpuesto en fecha 28.04.1998 por la Universidad Nacional Abierta, contra la providencia administrativa Número 8 de fecha 28.02.1988, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayabos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo, el cual fue originalmente interpuesto por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
 
En virtud del criterio establecido por la Sala Constitucional del TSJ en sentencia del 2 de agosto de 2001, que atribuyó la competencia a los Tribunales Contencioso Administrativos para conocer de los recursos de nulidad contra actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, el referido Juzgado se declaró incompetente y declinó el asunto al Juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, el cual, a su vez, se declaró igualmente incompetente, planteando así un conflicto negativo de competencia que fue remitido a la SPA del TSJ.
 
La SPA, en la referida decisión, planteó que a su juicio el tribunal competente para conocer de esa causa era un tribunal laboral –en aplicación del criterio jurisprudencial trazado en una decisión de la propia SPA de fecha 9 de abril de 1992 (Caso: Corporación Bamundi C.A.), con ponencia del Magistrado Román Duque Corredor, conforme a la cual los tribunales laborales se constituyen como tribunales especiales de lo contencioso administrativo en materia laboral- estableciendo expresamente que no compartía el criterio expuesto por la Sala Constitucional del TSJ en fecha 2 de agosto de 2001, con ponencia del Magistrado Antonio José García García (y acogido por la Sala de Casación Social del TSJ, por medio de sentencia de sentencia del 13 de noviembre de 2001) según el cual la jurisdicción contencioso administrativa y en concreto, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es el tribunal competente para conocer de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas que dictan las Inspectorías del Trabajo. De allí que la SPA estableció que la Sala Plena debía conocer y resolver el conflicto suscitado para determinar el tribunal competente para la presente causa.
 
La Sala Plena del TSJ, en su decisión del 2 de marzo de 2005 tendiente a resolver el conflicto planteado, estableció lo siguiente:
 
“…al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”, sino de tribunales de la jurisdicción laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativo especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente caso.
 
Ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara” (énfasis añadido).
 
En cuanto al Tribunal Contencioso Administrativo competente para conocer de ese tipo de recursos, la Sala Plena señaló que:
 
“…tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide”.
 
Así, se desprende de la decisión que en caso de que se intenten recursos de nulidad contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo Regionales, el tribunal competente será el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional.
 
Ahora bien, aun cuando la sentencia no establece de manera expresa el tribunal competente para conocer de los recursos de nulidad intentados contra actos emanados de las Inspectorías del Trabajo de la región capital, se puede inferir –adoptando el criterio acogido por la Sala Plena, en interpretación concordada con lo expuesto por la Sala de Constitucional y la Sala de Casación Social- que los tribunales competentes para conocer de tales recursos cuando estos no sean dictados por las Inspectorías Regionales, serán las Cortes de lo Contencioso Administrativo.


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