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Contencioso - Administrativo
Recurribilidad de las Actas de evaluación de jueces
 
Mediante sentencia de fecha 6 de julio de 1999, con ponencia del Magistrado Dr. Héctor Paradisi León, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar recurso contencioso-administrativo de nulidad y anuló una Resolución del Consejo de la Judicatura mediante la cual se declaró sin lugar un recurso jerárquico que, a su vez había declarado sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el Acta de Evaluación de Rendimiento de una Juez Superior Penal.
 
La sentencia cobra especial importancia por lo que se refiere al objeto del recurso en el sistema contencioso-administrativo venezolano, toda vez que la pretensión versaba al restablecimiento moral y profesional de la recurrente y que se le reconociera el interés legítimo, personal y directo que tiene un particular en que la administración evalúe correctamente sus méritos en el ejercicio de la carrera judicial.
 
Por lo que respecta a la naturaleza y recurribilidad del acto impugnado, el Alto Tribunal señaló lo siguiente:
 
"Cierto es que tal evaluación, ha sido calificada, aún por la parte actora, como un acto de trámite, dentro del procedimiento de provisión de cargos para jueces.
 
"Partiendo de tal premisa, queda por determinar si, aún cuando dicha Resolución es un acto de trámite dentro del procedimiento administrativo de provisión de cargo de jueves, puede ser demandada su nulidad autónomamente y, al respecto, se observa:
 
"Reciente y acreditada doctrina española, al tratar el tema de la impugnación de los actos de trámite, parte de un análisis detenido de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 1992, admite la posibilidad de demandar autónomamente la nulidad de un acto de trámite cuando cause indefensión, imposibilite la continuación de procedimiento o lo prejuzgue como definitivo. Estos criterios son aplicables, a nuestra legislación que prevé la recurribilidad de tales actos de trámite en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
 
"Observa esta Sala que, en el presente caso, la Evaluación de rendimiento en el cargo imposibilitó a la recurrente para seguir participando en el procedimiento de provisión de cargos I-95, por el hecho de que la excluyó de la fase inmediatamente posterior en dicho procedimiento, fase que correspondía al concurso entre los jueces que tuvieran méritos para ascender, por lo que, a juicio de esta Sala, la citada Resolución es impugnable, como en efecto sucedió en el caso de autos. []"
 
De esa forma, la Sala consideró que aún siendo el Acta de Evaluación un acto de trámite, dicho acto era impugnable por cuanto los resultados de esta impidieron a la recurrente continuar en el procedimiento para la provisión del cargo.
 
Por lo que se refiere a la pretensión de la recurrente y el restablecimiento de la situación jurídica infringida, la Sala señaló lo siguiente:
 
"En cuanto a los aspectos de fondo de la Resolución evaluatoria, debe destacarse del petitorio del libelo, que la recurrente solicita la rectificación del acto de trámite mediante el cual se calificó su rendimiento durante el período 1994, con una puntuación de nueve puntos con setecientas trece milésimas (99,713), y en consecuencia, se le reconozca que tuvo un rendimiento satisfactorio durante dicho período.
 
"Ello representa, a juicio de la Sala, una clara aspiración de restablecimiento de la situación jurídica infringida, por lo cual deben analizarse los argumentos de la actora, a cuyo efectos se observa que la solicitud de la accionante se basa en la incorrecta aplicación de los criterios de PRODUCTIVIDAD y de CALIDAD, en la evaluación practicada por la Comisión Evaluadora de Jueces.
 
"[] ciñendo la Sala su análisis, en un todo, a la metodología empleada por el Consejo de la Judicatura, resulta evidente que el criterio de la Productividad fue evaluado en forma errónea, puesto que al comparar las sentencias definitivas publicadas (103) con el número de causas en estado de sentencia definitiva (123), el índice de productividad asciende a 0,455, lo cual ubica a la evaluada en el nivel de rendimiento satisfactorio, siendo el resultado final de su evaluación el que la recurrente si era apta para concursar y para ser elegida como titular del Juzgado Superior que ocupaba como Juez Provisoria, ya que, en aplicación de la metodología contenida en el Instructivo que rige la materia, su puntuación final alcanzaría a un total de 12,71, y no de 9,713, como se había asentado en la evaluación del 20.09.95
 
"Teniendo claro que el Acta de Evaluación de Rendimiento de Juez, que fuera practicada por la Comisión Evaluadora de Jueces, omitió pronunciarse sobre le criterio de CALIDAD y que tomó en consideración un grupo de sentencias definitivas para evaluar la PRODUCTIVIDAD, esta Sala debe pasar a decidir sobre la forma de restablecimiento de la situación jurídica infringida
 
"Como se observó anteriormente, habiendo la recurrente limitado su pretensión al restablecimiento moral y profesional, debe este Juzgador ordenar al ente administrativo correspondiente, dejar constancia del contenido del presente fallo, y eliminar del expediente o récord personal de la recurrente, toda mención a la conclusión insatisfactoria que se le atribuyó al Acta de Evaluación que sirvió de fundamento para excluirla del Concurso []"
 
En razón de lo anterior, el Alto Tribunal declaró la nulidad del acto impugnado y ordenó al Consejo de la Judicatura retirar del expediente administrativo de la recurrente, tanto la evaluación como cualquier toda mención respecto de los resultados de la misma, y agregar el contenido del fallo.
 
Esta decisión de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, constituye un avance en nuestro sistema contencioso-administrativo toda vez que expande el alcance de los intereses personales, legítimos y directos a las pretensiones de restablecimiento moral y profesional, derivadas de actos administrativos evaluatorios.


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