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Derecho Constitucional
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la reforma parcial a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV).
 

Mediante Sentencia del 31 de marzo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de La Ley del Banco Central de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional el 3 de marzo del año 2016.

Para adoptar esta decisión, la Sala Constitucional en su motivación, cita derecho comparado, señalando las constituciones de países que consagran sus bancos centrales como instituciones públicas y autónomas, llegando a la conclusión de que, la designación de sus autoridades corresponde al Poder Ejecutivo Nacional.

Asimismo, se realiza una comparación entre la normativa que está vigente y la reforma recientemente sancionada por la Asamblea Nacional, donde se concluye que "…la ley sancionada por la Asamblea Nacional contraviene lo establecido en el cardinal octavo de la Disposición Transitoria Cuarta de la Carta Magna, por cuanto la reforma pretende atribuirle al Parlamento Nacional competencias para designar, ratificar y remover al Presidente y demás directores del BCV, al margen de los preceptos constitucionales"

Dicho lo anterior, considera la Sala Constitucional que el Órgano Legislativo Nacional incurrió en desviación de poder, ya que la finalidad de la reforma es la de asegurar el control del Banco Central de Venezuela y la persecución de fines distintos de los constitucionalmente permitidos por parte del grupo parlamentario de la Asamblea Nacional, por cuanto, se indicó que el objetivo buscado es tomar el control administrativo del Instituto Emisor y estar por encima del resto de los Poderes Públicos, lo que atenta contra la autonomía del Banco Central de Venezuela y, en consecuencia, contra la estabilidad de la economía nacional.

De igual forma, estiman que la reforma sancionada por la Asamblea Nacional menoscaba la autonomía del Banco Central de Venezuela, al pretender limitar sus funciones e impedir el logro de los objetivos de la política macroeconómica diseñada por el Gobierno Nacional y quebranta el principio de separación de poderes, previsto en el artículo 136 de la Constitución.

Ahora bien, la Sala afirmó que la Ley de Reforma Parcial al modificar los artículos 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 31, 33, 37, 40, 42, 61, 87, 92 y 118 de la Ley del Banco Central de Venezuela, se centra en el otorgamiento a la Asamblea Nacional de competencias para la designación de dos Directores, incluir dentro de las funciones del Presidente del Banco Central comparecer ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas de su gestión, atribuirle al Parlamento Nacional competencia para remover a cualquiera de los miembros del Directorio del Instituto Emisor, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y permitirle el acceso a información y documentos calificados como secretos o confidenciales por el Banco Central, lo que no se enmarca dentro de los límites que la Constitución establece.

En ese orden de ideas, la Sala Constitucional, declaró que la ley de Reforma Parcial del Decreto Nro. 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela sancionada por la Asamblea Nacional, en sesión ordinaria del 3 de marzo de 2016, es inconstitucional, por lo que se preserva la vigencia de la Ley del Banco Central de Venezuela publicada en Gaceta Oficial Nro.6.211 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015.

Finalmente, ordenó la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Ver sentencia original

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/186656-259-31316-2016-2016-0279.HTML

 

 

 



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