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Derecho Constitucional
Sala Constitucional declaró inconstitucionalidad de la Ley de Títulos de Propiedad de la Gran Misión Vivienda
 

 

Mediante sentencia No. 343 del 06 de mayo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrado Lourdes Benicia Suárez Anderson, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria el 13 de abril de 2016, por considerar que “contraviene los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia al no garantizar que el ejercicio progresivo del derecho de las familias a una vivienda digna no ceda ante el derecho de propiedad”, así como por el incumplimiento de “las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.”

La Sala Constitucional concluyó que la Ley   “resulta en su conjunto inconstitucional por cuanto (…) contraviene los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia al no garantizar que el ejercicio progresivo del derecho de las familias a una vivienda digna no ceda ante el derecho de propiedad, al propender que las unidades habitacionales ingresen al mercado especulativo, para favorecer a quienes ejercen el dominio del mismo en detrimento de quienes ameritan de una protección reforzada por parte del Estado, además de que para su sanción no se habría cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.”

Además, agregó que “la Asamblea Nacional incurrió en usurpación de funciones del Director de la Hacienda Pública Nacional -Presidente de la República- al condonar las deudas contraídas por los beneficiarios de esta política pública en menoscabo de los principios rectores de la seguridad social y de los deberes ciudadanos de solidaridad y contribución con las cargas públicas”, y que la Ley “resulta un subterfugio para colocar los inmuebles destinados por el Estado a la satisfacción de un derecho social como la vivienda en beneficio del mercado financiero y resulta contraria a los postulados constitucionales previstos en los artículos 2, 3, 75, 82, 86, 133 y 135 del Texto Fundamental (…).

En primer lugar, la Sala Constitucional recurrió al criterio sentado por ella misma en la sentencia No. 269 del 21 de abril de 2016, “según la cual la Asamblea Nacional debe consultar con el Ejecutivo nacional -por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar la viabilidad económica de la Ley, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional.” Esta exigencia, que en criterio de la Sala “no existe constancia de que se haya cumplido”, es particularmente relevante en este caso “vista la relevancia económica que una ley como la que, es objeto de análisis tiene en la sociedad”.

En segundo lugar, luego de un análisis histórico y de derecho comparado del derecho a la vivienda y el derecho de propiedad en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, la Sala dictaminó que “el otorgamiento de títulos de propiedad sobre las unidades de vivienda adjudicadas dentro del marco de las políticas sociales del Estado, solo puede darse mediante un sistema que rigurosamente garantice que las familias no puedan verse privadas del ejercicio del derecho a la vivienda por la disposición del derecho a la propiedad con fines distintos al que está ligado el bien inmueble, es decir su función social que garantizar una vivienda digna de interés social, razón por la cual esta finalidad se constituye en un límite intrínseco del derecho de propiedad sobre tales inmuebles.

(…) una legislación que anteponga la libre disponibilidad del bien sobre la función social que tiene una unidad habitacional adjudicada por el Estado para garantizar el derecho de las familias de acceder a una vivienda digna, resulta contraria a los principios rectores del Estado venezolano constituido como Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y por tanto deviene inconstitucional y como tal nula.

En consecuencia, en vista de que para la Sala “la finalidad de la misma es otorgar gratuitamente la propiedad de las unidades habitacionales adjudicadas por el Estado a los beneficiarios de las políticas públicas realizadas para satisfacer el derecho de las familias a una vivienda digna, para que en el ejercicio de la propiedad plena de las unidades habitacionales puedan los adjudicatarios de las mismas disponer de ellas con el explícito fin de apalancar el patrimonio familiar y el emprendimiento, es decir, convertir el bien inmueble destinado a garantizar un derecho social en una mercancía susceptible de ingresar al mercado para ser transada” la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público resulta contrario “al espíritu constitucional del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”.

La Sala Constitucional declaró que la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público es “regresiva”, y que como tal, “deviene inconstitucional, ya que por mandato del artículo 19 constitucional la garantía de los derechos constitucionales debe ceñirse al principio de progresividad. La Sala llega a esta conclusión, al considerar que la Ley “abandona el carácter social del derecho fundamental a la vivienda en favor del mercado lucrativo con base en la libre disposición del inmueble bajo el supuesto de constituirse en el mecanismo de apalancamiento para la inclusión financiera y de emprendimiento, como expresamente se determina en la Exposición de Motivos de la referida ley.

De lo anterior, se desprende una regresión en cuanto a la naturaleza del bien jurídico objeto de protección -derecho a la vivienda- definido en la ley como una mera necesidad de consumo cuando en realidad representa la satisfacción de un derecho fundamental constitucional que se ha consolidado en los diversos planes habitacionales ejecutados por el Estado, mediante la implementación de políticas sociales en materia de vivienda orientadas al cumplimiento progresivo del derecho de las familias menos favorecidas, especialmente a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.”

La decisión de la Sala se produjo en respuesta a la solicitud de control preventivo de constitucionalidad hecha por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, el 23 de abril de 2016, puesto que, en su criterio, la Ley “busca liberalizar los terrenos de Misión Vivienda, por lo que, la población tendría que pagar a precios exorbitantes, no dándole prioridad a las familias, sino al negocio de los terrenos (…) esta ley propone eliminar la Ley de Justiprecio de Bienes Inmuebles, viola la Constitución y la Ley de Registros y Notarías, la Ley Orgánica de Misiones y Grandes Misiones, la progresividad de los derechos y antepone el interés económico ante el interés social porque pretende mercantilizar la vivienda. La oposición, con estas acciones, provocaría una burbuja financiera como la que ocurrió en Estados Unidos en 2008. Además, la derecha cierra las posibilidades del pueblo de resolver el problema de vivienda, incitando a revivir una ola de invasión, incentivando a la gente a ocupar espacios privados porque caerán en desespero y eso se había acabado con la llegada de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El Presidente Maduro también denunció que el Poder Legislativo no cumplió con “las pautas procedimentales establecidas en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 21 de abril de 2016, distinguida con el Nro. 269”, según las cuáles las leyes “deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional -a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo (…).” 

 

 

Ver texto íntegro de la sentencia en:

 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187589-341-5516-2016-16-0396.HTML



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