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Derecho Constitucional
Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica
 

En Gaceta Oficial Extraordinaria 6.227 de fecha 13 de mayo de 2016, se publicó el Decreto 2.323, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación y las Instituciones Públicas.

 

1.      Objeto:

El artículo 1 del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, establece que el objeto de ese Decreto es facultar al Poder Ejecutivo para que pueda adoptar “las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias” para:

1.      Asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos.

2.      Preservar el orden interno.

3.      Preservar el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales.

4.      Disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales.

 

2.      Medidas que puede adoptar el Ejecutivo Nacional:

En concordancia con el punto anterior, el artículo 2 del Decreto establece  en 18 numerales los “aspectos” sobre los cuales el Ejecutivo Nacional podrá “dictar las medidas que considere convenientes”, como son los siguientes:

1.      El apoyo del sector privado en la producción, distribución y comercialización de insumos y bienes de primera necesidad.

2.      El suministro de insumos, maquinaria, semillas, créditos para el desarrollo agrícola y ganadero.

3.      La participación de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) para la “correcta” distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad, con intervención de la FANB y los órganos de seguridad ciudadana.

4.      Erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto.

5.      Contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos, “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”.

6.      Establecimiento de rubros prioritarios para las compras del Estado y la “asignación directa de divisas para su adquisición”.

7.      Decidir la suspensión de la ejecución de sanciones de carácter político contras las máximas autoridades del Poder Público.

8.      Políticas de evaluación, seguimiento y control de la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad.

9.      Atribuir funciones de “vigilancia y organización” a los CLAP, Consejos Comunales y demás organizaciones de base Popular, para que mantengan “el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”, junto con la FANB, la PNB y los cuerpos policiales estadales y municipales.

10. Autorizar a los Ministros competentes para dictar medidas que garanticen la venta de productos regulados.

11. Aplicación de “mecanismos de contratación expeditos” para la procura nacional o internacional de bienes y suministros de salud, alimentación y servicios básicos.

12. Implementación de medidas necesarias para contrarrestar los efectos de los fenómenos climáticos (e.g. ajuste de la jornada laboral, en el sector público y en el privado).

13. Ejecución de “planes especiales de seguridad pública” a fin de preservar el orden público, “ante acciones desestabilizadores que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacional de éste y que permitan avances contundentes en la restitución de la paz de la ciudadanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva”.

14. Adopción de medidas especiales en el orden de la política exterior de la República.

15. Instrucción a la Cancillería para revisar los convenios firmados por personas venezolanas con organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país, y ordenar “la suspensión de los financiamientos relacionados a dichos convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”.

 

3.      Facultad del Presidente de la República para adoptar otras medidas:

La lista de situaciones a partir de las cuales el Poder Ejecutivo puede adoptar las medidas que estime necesarias, enumeradas en el artículo 2 del Decreto, no es limitada, pues el artículo 3 ejusdem faculta al Presidente de la República para “dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias”, con la finalidad de cumplir con el objeto del Decreto.

 

4.      Medidas específicas en el ámbito comercial y financiero:

Por mandato del artículo 4 del Decreto, el Ministerio con competencia en el área de banca y finanzas podrá coordinar con el Banco Central de Venezuela la determinación de límites máximos de ingresos o egresos de bolívares en efectivo, así como las restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales y financieras, y restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.

 

5.      Medidas específicas para preservar la paz y el orden público:

Con el objeto de asegurar la paz social y el orden público, el artículo 5 del Decreto prevé la posibilidad de “suspender de manera temporal el porte de armas en el territorio nacional” para “garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos”, excluyendo a los cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el artículo 6 ejusdem, permite que las autoridades competentes coordinen y ejecuten “las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos”.

 

6.      Responsabilidades de otros Poderes Públicos:

El artículo 7 del Decreto reafirma el deber del Poder Judicial y del Ministerio Público de “realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal”.

 

7.      Control político y de constitucionalidad:

Los artículos 8 y 9 del Decreto, con fundamento en los artículos 339 de la Constitución Nacional y 26 y 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, respectivamente, ordenan la remisión del presente Decreto tanto a la Asamblea Nacional –para su consideración y aprobación–, como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia –para que se pronuncie sobre su constitucionalidad–, ambos dentro de los 8 días siguientes a su publicación en Gaceta Oficial.

 

8.      Ejecución del Decreto de Estado de Excepción:

La ejecución del presente Decreto le corresponde al Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular, según su artículo 11.

 

9.      Vigencia:

Por mandato de su artículo 12, el presente Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica entró en vigencia el 13 de mayo de 2016. A partir de esta fecha, de acuerdo con el artículo 10 ejusdem, el Decreto será efectivo por 60 días, prorrogables por 60 días más.

 

Ver texto íntegro del Decreto:

http://www.juris-line.com.ve/data/files/3404.pdf



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