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Derecho Constitucional
SC inició proceso de “control innominado” de actos realizados por diputados de la Asamblea Nacional para avalar la aplicación de la Carta Democrática
 

Mediante sentencia N° 155 del 28 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró el inicio de oficio del proceso de “control innominado de la constitucionalidad” respecto de los actos de la Asamblea Nacional dirigidos a avalar la aplicación de la Carta Democrática prevista por la Organización de Estados Americanos (“OEA”) a la República Bolivariana de Venezuela

Al respecto, la Sala señaló que en la Asamblea Nacional “existe una clara intención de mantenerse en franco choque con la Constitución, sus principios y valores superiores, así como el desacato permanente de las sentencias dictadas por la Sala Electoral y por esta Sala Constitucional, al punto de que su incumplimiento ya no sólo responde a una actitud omisiva sino que en acto de manifiesta agresión al pueblo como representante directo de la soberanía nacional, existe una conducta que desconoce gravemente los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial, los cuales constituyen actos de “Traición a la Patria.””

Por ello, Sala ordenó de oficio “la apertura de un proceso de control innominado de la constitucionalidad, para garantizar los derechos irrenunciables de la Nación y de las venezolanas y venezolanos, los fines del Estado y la tutela de la justicia, la independencia y soberanía nacional.”

Conforme a lo anterior, la Sala “ante las inéditas acciones que afectan la paz y soberanía nacional y ante el reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional que ha venido ejecutando el actual Secretario General de la OEA” ordenó al Presidente de Venezuela “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como  también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente.”

Adicionalmente consideró la Sala oportuno referir “que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes).”

Finalmente, ordenó la Sala al Presidente de la República “que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario General de la  OEA en detrimento de los principios democráticos.”

 

Ver texto íntegro

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML



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