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Derecho Constitucional
Rafael Badell Madrid, "Comentarios a la sentencia de la Sala de Casacion Civil del Tribunal Supremo de Justicia que distorsiono el control de convencionalidad"
 

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE DISTORSIONÓ EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

 

Rafael Badell Madrid*

 

1.                  Introducción

2.                  Control de la convencionalidad en Venezuela

3.                  De la inconstitucional sentencia de la Sala de Casación Civil que distorsiona el control de la convencionalidad

4.                  Bibliografía

 

1.                  Introducción

En fecha 04 de junio de 2019, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo la “SCC”), con ponencia del Magistrado Yván Darío Bastardo Flores, dictó la sentencia Nro. RC-00201 (“la sentencia de la SCC”) , por medio de la cual resolvió un recurso extraordinario de casación incoado por la sociedad mercantil INVERSIONES WATERMELON, C.A. (que administra la página de noticias denominada “La Patilla”) en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de septiembre de 2018 del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado con lugar la demanda de daño moral ejercida por el ciudadano Diosdado Cabello en contra de la  mencionada empresa[1].

Por medio de la sentencia de la SCC, se fijó criterio sobre el control de convencionalidad, estableciendo que se trata de un control de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de los actos en ejecución de dichos tratados, que es ejercido de forma exclusiva y excluyente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y que consiste en la confrontación de los actos dictados en ejecución de las convenciones internacionales (como por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en lo sucesivo “CorIDH”), respecto de las normas, principios y valores constitucionales de Venezuela, para determinar la validez y aplicación de dichos actos en el ordenamiento jurídico nacional.

La sentencia de la SCC es inconstitucional por cuanto violó los artículos 7, 23 y 334 de la Constitución, al distorsionar el control de convencionalidad, cuando estableció que “No se advierte ningún dispositivo que haga referencia al conocimiento y resolución de las controversias suscitadas con motivo de la interpretación y ejecución de las convenciones internacionales”, y que “no es competencia de los jueces civiles de instancia, ni de esta Sala de Casación Civil, dicho control constitucional de convencionalidad o de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema constitucional venezolano.”

Lo cierto es que la Constitución de Venezuela establece en el artículo 23 que los  tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos que hayan sido suscritos y ratificados por el Estado de Venezuela gozarán de jerarquía constitucional y, además, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables que las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, prevalecerán en el orden interno y serán de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

De esta forma, en Venezuela los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, al igual que la Constitución, comprenden la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico (artículo 7 de la Constitución), por lo que todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público, incluyendo los jueces de la República, están sujetos a ellos.

Así pues, tal y como lo prevé el artículo 334 de la Constitución, todos los jueces de la República, al estar obligados a asegurar la integridad de la Constitución, deben igualmente garantizar la integridad de los tratados relativos a derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, si llegare a existir algún tipo de incompatibilidad entre un tratado internacional sobre derechos humanos y una ley u otra norma jurídica, los tribunales de la República -en cualquier causa y aun de oficio- deberán decidir lo conducente y aplicar las disposiciones de dicho tratado (artículo 334, primer párrafo).

De la misma forma, y según el propio artículo 334 constitucional (segundo párrafo), si una ley, un acto que tenga rango de ley u otro acto de los órganos que ejercen el poder público dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, colidiere con un tratado sobre derechos humanos, le corresponde declarar su nulidad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta competencia que tienen los jueces venezolanos de velar por la protección y eficaz aplicación de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos es manifestación del llamado control de convencionalidad. En efecto, cuando el juez nacional deja de ser sólo intérprete y aplicador del derecho interno y aplica con primacía sobre el mismo, el derecho material internacional o supranacional, ejerce lo que se ha denominado control de convencionalidad. 

El control de la convencionalidad comprende la potestad conferida a los órganos jurisdiccionales, tanto internacionales como nacionales, de verificar la correspondencia entre los actos internos de un Estado (como por ejemplo las constituciones, leyes, reglamentos, etc.), con las disposiciones contenidas en convenios o tratados internacionales, especialmente las relativas al reconocimiento y protección de los derechos humanos, lo que conforma el denominado corpus iuris de los derechos humanos[2], así como los demás instrumentos normativos, principios y valores internacionales que conforman el “bloque de la convencionalidad”. Este control de la convencionalidad tiene por finalidad armonizar el ordenamiento jurídico del Estado parte, con la convención de que se trate y de esta forma, asegurar su efectividad a través de la desaplicación o el desconocimiento, en un caso concreto, de las normas o actos internos contrarios a las convenciones internacionales.

El control de convencionalidad es ejercido por los jueces internacionales o nacionales, a través de la aplicación directa de las normas internacionales, en los casos que conocen y de acuerdo a sus competencias procesales, y consiste en verificar la convalidación o invalidación del acto jurídico doméstico o nacional, respecto del ordenamiento internacional (considerado este como el conjunto de convenios o tratados internacionales suscritos válidamente por un Estado y los distintos actos dictados en ejecución de tales tratados).

El control de la convencionalidad está fundamentado en el principio de derecho internacional “pacta sunt servanda” según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, sin la posibilidad de invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del mismo (artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969).  Es decir, desde que un Estado ha otorgado formalmente su voluntad, a través de los mecanismos que dispone su ordenamiento interno, de someterse a las disposiciones de un tratado internacional, surge el deber de cumplir las obligaciones que de él derivan.

En efecto, a través de la ratificación e incorporación de las normas internacionales al derecho interno, el Estado reconoce un conjunto de obligaciones generales que constituyen objeto de respeto y garantía efectiva por todos los órganos del Estado.

De esta forma, el control de la convencionalidad permite a los Estados concretar las obligaciones derivadas de los convenios y tratados internacionales mediante la desaplicación de normas o actos nacionales que sean contrarios a las disposiciones convencionales y, en consecuencia, la aplicación preferente de estas últimas.

Cuando la labor de interpretar y aplicar el derecho interno y proteger los derechos humanos es ejercido por el juez nacional, se está en presencia del denominado control interno de convencionalidad. Este control opera especialmente cuando estas normas de carácter internacional pasan a formar parte del bloque de la constitucionalidad y a tener rango constitucional. Los jueces nacionales en estos casos, deben velar por su eficacia como si se tratara de la Constitución, y en este sentido, el control de la convencionalidad se equipara a un control de la constitucionalidad, el cual puede y debe ser ejercido por los tribunales constitucionales (control concentrado) como por todos los jueces, sin importar su jerarquía. (control difuso).

La tesis del control interno de la convencionalidad fue desarrollándose a partir de las sentencias de la CorIDH, en los casos “Myrna Mack Chang” (2003) y “Tibi” (2004), en los cuales se identificó el control de la convencionalidad como el deber de los jueces domésticos de garantizar la efectividad de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), ante el incumplimiento de sus preceptos por los órganos de los Estados parte. Este control luego fue definido en el famoso caso “Almonacid Arellano vs Chile”, del 26 de septiembre de 2006, en el que se estableció que:

“… el Poder Judicial debe ejercer una especie de ¨control de convencionalidad¨ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”

También existe el denominado control internacional, concentrado o propio, de convencionalidad que es el llevado adelante por los órganos de protección internacional. Este control concentrado de la convencionalidad consiste en la potestad que tienen los órganos internacionales de juzgar un caso concreto sobre la compatibilidad o no de un determinado acto o norma de derecho interno de un Estado.

El control concentrado de la convencionalidad -también llamado internacional- es aquel que ejercen los organismos internacionales o supranacionales con competencia otorgada por los tratados o convenciones internacionales con el fin de determinar cuándo los Estados partes, a través de sus normas, actos u omisiones, vulneran el derecho convencional y generan a través de ellos responsabilidad internacional[3].

Ahora bien, el control concentrado de la convencionalidad tiene una naturaleza convencional complementaria, teniendo por ende un carácter subsidiario al control interno de la convencionalidad. Este tipo de control se emplea cuando los controles jurisdiccionales nacionales han fallado, no son eficaces o no existen[4].

2. El control de la convencionalidad en Venezuela

El control de la convencionalidad en Venezuela ha sido ejercido por los jueces, incluso antes de su reconocimiento por la CorIDH. En efecto, desde la suscripción de la CADH en 1977, los tribunales internos comenzaron a aplicar con preferencia la CADH sobre el derecho interno, para admitir las acciones de amparo propuestas, dado que conforme a una interpretación jurisprudencial restrictiva de la Corte Suprema de Justicia en 1970, había quedado como una cláusula programática que requería desarrollo legislativo, excepto en materia de hábeas corpus, lo cual incluso fue ratificado en 1972 mediante un Acuerdo de la misma Corte Suprema[5].

El referido Acuerdo establecía que: “la competencia de los Tribunales de Primera Instancia y Superiores en lo Penal de la República, a que se refiere la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución, se limita exclusivamente al conocimiento del recurso de hábeas corpus previsto en dicha norma; y que en consecuencia, toda decisión que no esté apoyada en la competencia específica de dichos Tribunales o que invada la atribuida por la Constitución y las Leyes, a otros órganos judiciales, constituye una usurpación o extralimitación de atribuciones".

Después que Venezuela ratificó la CADH en 1977, los tribunales de instancia comenzaron a admitir las acciones de amparo propuestas por ante sus tribunales en razón de que la referida convención establecía en el artículo 25.5 el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales competentes que lo amparen contra actos que violen los derechos humanos[6].  A partir de allí los tribunales de la República dejaron de considerar la norma constitucional relativa al amparo constitucional como programática porque así lo establecía la CADH.

Con fundamento en lo anterior, lo cual en verdad fue una manifestación del control de convencionalidad, se admitieron las acciones de amparo aun en ausencia de una ley que lo regulara. Concretamente, en el caso “Andrés Velásquez” del 20 de octubre de 1983, la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia consideró que el carácter programático del artículo 49 de la Constitución había quedado superado “desde el momento en que por Ley se habían aprobado Convenciones Internacionales sobre derechos humanos[7]. En efecto, en esta ocasión la Corte Suprema de Justicia estimó que: “al admitir la posibilidad del ejercicio actual del recurso de amparo, no puede la Corte dejar de advertir que los Tribunales de la República deben hacer un uso prudente y racional de la norma contenida en el artículo 49 de la Constitución, tratando de suplir por medio de la analogía, y demás instrumentos de interpretación que les provee el sistema jurídico venezolano, la lamentable ausencia de una ley reglamentaria de la materia”.  

Posteriormente, la Constitución de 1999, en el artículo 23 estableció que los tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos, que hayan sido suscritos y ratificados por el Estado de Venezuela gozarán de jerarquía constitucional y además,  en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables que las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Otro ejemplo del ejercicio del control de la convencionalidad fue el llevado adelante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nro. 87 del 14 de marzo de 2000 (caso: C.A. Electricidad del Centro (Elecentro) y otra vs. Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. (Procompetencia), cuando, para proteger el derecho de doble instancia en materia contencioso administrativa, aplicó de forma preferente la Convención Americana en relación con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, debido a que esta no preveía el recurso de apelación contra algunas de las decisiones dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, por cuanto el primer aparte del artículo 185 de la Ley de la Corte Suprema de Justicia establecía que contra las decisiones que dicte la Corte Primera de lo Contencioso administrativo señalados en los ordinales 1° al 4° de ese artículo no se oirá recurso alguno, la Sala Constitucional, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, admitió la apelación contra todas las decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo basándose en el derecho de apelar las decisiones judiciales ante el tribunal superior que se establece en el artículo 8,2,h de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual se consideró que formaba parte del derecho constitucional interno.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó en esta ocasión que dado el rango constitucional de los tratados en materia de derechos humanos (artículo 23 de la Constitución): “el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, forma parte del ordenamiento constitucional de Venezuela; que las disposiciones que contiene, declaratorias del derecho a recurrir del fallo, son más favorables, en lo que concierne al goce y ejercicio del citado derecho, que la prevista en el artículo 49, numeral 1, de dicha Constitución; y que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.”

De esta forma, en Venezuela, como en muchos otros países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana, entre otros[8].), los tratados internacionales pasaron a formar parte del ordenamiento jurídico interno como fuentes del derecho constitucional y como parte del bloque constitucional de derechos fundamentales[9]

De modo que la Constitución “puede compartir el máximo rango normativo con otras normas, como asimismo subordinarse a otro ordenamiento jurídico al que reconoce superioridad (ordenamientos jurídicos supranacionales), si así lo determina el constituyente[10].

Que los tratados internacionales conformen dicho bloque de la Constitucionalidad tiene consecuencias jurídicas[11] con inmensa relevancia. En este sentido, se trata de la vinculación de todo el ordenamiento jurídico de Venezuela a dichos tratados, valores y principios internacionales, en la misma relación que lo está con la Constitución.  

Como lo explica Ayala Corao, “al igual que la Constitución, los tratados sobre derechos humanos son “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” por lo que “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos” a ellos (artículo 7)[12].

Así pues, tal y como lo prevé el artículo 334 de la Constitución, todos los jueces de la República, al estar obligados a asegurar la integridad de la Constitución, deben igualmente garantizar la integridad de los tratados relativos a derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, si llegare a existir algún tipo de incompatibilidad entre un tratado sobre derechos humanos y una ley u otra norma jurídica, los tribunales de la República -en cualquier causa y, aun de oficio- deberán decidir lo conducente y aplicar las disposiciones de dicho tratado (artículo 334, primer párrafo)[13].

En este sentido, el control de la convencionalidad en Venezuela se equipara al control de la constitucionalidad, en tanto que el control de la convencionalidad implica aplicar un control de la constitucionalidad, porque el tratado internacional o convención ya forma parte de la Constitución, del bloque de la constitucionalidad que se debe garantizar.

De la misma forma, y según el propio artículo 334 constitucional (segundo párrafo), si una ley, un acto que tenga rango de ley, u otro acto de los órganos que ejercen el poder público dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, colidiere con un tratado sobre derechos humanos, le corresponde declarar su nulidad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Como consecuencia de ello, el control concentrado de la constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para declarar la nulidad de las leyes nacionales, estadales y municipales, de los actos de gobierno, de los decretos de estado de excepción, para revisar las sentencias definitivamente firmes, y para controlar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, puede en definitiva ser ejercido con base en los tratados sobre derechos humanos en virtud de su jerarquía constitucional (artículo 336)[14], de modo que ejercería a su vez un control concentrado de la convencionalidad.

 En Venezuela cualquier acto, actuación, vías de hecho u omisión de los órganos del poder público que viole o menoscabe los derechos humanos garantizados en los tratados sobre dicha materia es nulo[15].

3.         De la inconstitucional sentencia de la Sala de Casación Civil que distorsiona el control de la convencionalidad

La sentencia de la SCC resolvió declarar sin lugar el recurso de casación, confirmar el fallo recurrido “en los términos de esta Sala” y condenar a la demandada recurrente -La Patilla- “a resarcir como indemnización por daño moral causado al ciudadano DIOSDADO CABELLO RONDÓN, la cantidad de TREINTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (BS. 30.000.000.000,00)”.

Pero además, con motivo de la denuncia por la recurrente del “vicio de incongruencia negativa por la falta de pronunciamiento de una solicitud de control de convencionalidad”, la SCC fijó criterio sobre el control de convencionalidad, pero lamentablemente lo hizo distorsionando y confundiendo el control de la convencionalidad con el control concentrado de la constitucionalidad -el cual es ejercido de forma exclusiva por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia- negando, por esta razón, la competencia de los jueces de primera instancia para ejercer el control de la convencionalidad, lo cual viola los artículos 7, 23 y 334 de la Constitución.

En efecto, en esta ocasión la empresa demandada había denunciado en su recurso de casación la falta de pronunciamiento del juez de instancia y posteriormente, del juez de apelación, sobre la denuncia de violación del derecho de libertad de expresión, contemplado además de en el artículo 58 de la Constitución, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la CADH.

Es el caso que la demandada había solicitado a los jueces de instancia que realizaran el respectivo control de la convencionalidad y aplicaran de forma directa los precitados instrumentos normativos internacionales, en particular en relación con el tema de la penalización de las “expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público”, exigiendo “valuar la compatibilidad entre las normas del ordenamiento jurídico interno aplicables, y los estándares universalmente aceptados y compartidos en materia de derechos humanos y el derecho interno venezolano.”[16].

Ante esta denuncia, la SCC se limitó a señalar que el ejercicio del control de la convencionalidad estaba reservado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ignorando de esta forma el control difuso de la convencionalidad que prevé el sistema venezolano y desconociendo esa potestad que constitucionalmente se atribuye a todos los jueces de la República[17].

A través de la sentencia de la SCC, se determinó  el significado y el alcance del control de la convencionalidad y se estableció -erróneamente- que se trata de un control de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de los actos en ejecución de dichos tratados, que es ejercido de forma exclusiva y excluyente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y que consiste en la confrontación de los actos dictados en ejecución de las convenciones internacionales (como por ejemplo de las sentencias de la CorIDH), respecto de las normas, principios y valores constitucionales de Venezuela, para determinar la validez y aplicación de dichos actos supranacionales en el ordenamiento jurídico nacional.

Valiéndose de la reiteración de los fallos dictados con anterioridad sobre la materia por el Tribunal Supremo de Justicia (en Sala Constitucional, Sala Plena e inclusive por la propia SCC), la SCC definió el control de la convencionalidad en los términos que se señalan a continuación:

En primer lugar, la SCC señaló que se entiende por control de la convencionalidad, la facultad exclusiva de la Sala Constitucional de “incluso de oficio, velar por la conformidad constitucional del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, control constitucional que implica lógicamente un control de convencionalidad (o de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema constitucional venezolano)” (vid. sentencia  N° 1077/2000 y número 1.547 del 17 de noviembre 2011 de la Sala Constitucional).

De otra parte, la SCC citó un fallo de su propia jurisprudencia (N° RC-666, de fecha 13 de diciembre de 2018), por medio de la cual había determinado que: “no es competencia de los jueces civiles de instancia, ni de esta Sala de Casación Civil, dicho control constitucional”, por cuanto dichos jueces “no tienen potestad jurisdiccional para emitir opinión al respecto”. En esa ocasión la SCC incluso hizo un “llamado” a los jueces de primera instancia y de alzada “para que en casos similares se pronuncien, señalando a los justiciables que dicha decisión no es de su competencia jurisdiccional y en consecuencia el alegato sea desechado más no guardar silencio al respecto en incongruencia negativa”. Por esta razón, dispuso además la SCC que “la solicitud de control de convencionalidad realizada por los codemandados en su escrito de contestación debió haber sido presentada ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia como máximo y último intérprete de la Constitución[18].

La SCC estableció erróneamente un inconstitucional criterio según el cual se niega rotundamente la competencia de los jueces de instancia, como de las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia, de ejercer el control de convencionalidad, señalando que “De la jurisprudencia de esta Sala antes reseñada se desprende, que no es competencia de los jueces civiles de instancia, ni de esta Sala de Casación Civil, dicho control constitucional de convencionalidad o de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema constitucional venezolano.”.

La sentencia de la SCC es inconstitucional porque viola los artículos 7, 23 y 334 de la Constitución cuando estableció que “No se advierte ningún dispositivo que haga referencia al conocimiento y resolución de las controversias suscitadas con motivo de la interpretación y ejecución de las convenciones internacionales”, y que: “no es competencia de los jueces civiles de instancia, ni de esta Sala de Casación Civil, dicho control constitucional de convencionalidad o de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema constitucional venezolano.

En efecto, la SCC violó el artículo 23 constitucional que reconoce como fuente de protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen, y que dispone además, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos, que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia suscritos y ratificados por Venezuela prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público.

Pero además la sentencia de la SCC violó flagrantemente el artículo 334 de la Constitución al afirmar que  “no es competencia de los jueces civiles de instancia, ni de esta Sala de Casación Civil, dicho control constitucional de convencionalidad o de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema constitucional venezolano”, cuando es lo cierto que el precitado artículo 23 y el artículo 334 de la Constitución otorgan esta facultad específicamente a todos los jueces de la República. Así, en efecto, estas normas atribuyen competencia a todos los jueces, en el ámbito de sus materias, para aplicar inmediata y directamente los tratados y convenciones internacionales relativos a los derechos humanos; así como asegurar la integridad y supremacía de la Constitución establecida en el artículo 7 de la Constitución, la cual está compuesta, por disposición del propio artículo 23, por los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela.

Ratificamos que de conformidad con el artículo 334, en concordancia con el artículo 23, de la Constitución todos los jueces de la República tienen el deber de aplicar directa e inmediatamente, las disposiciones convencionales sobre derechos humanos en caso de que una ley u otra norma jurídica colidan con ellas, o cuando contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las establecidas por la propia Constitución y las leyes de la República.   

Todos los jueces de la República -no sólo los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia- están en la obligación de velar por la aplicación de los convenios internacionales sobre derechos humanos, para garantizar la efectiva protección de los mismos.

La sentencia de la SCC, al declarar que en Venezuela los jueces no tienen competencia para ejercer el control de la convencionalidad, sino que ello corresponde de forma exclusiva a la Sala Constitucional, confundió el control concentrado de la constitucionalidad, el cual es ejercido de forma exclusiva por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (artículos 334 y 336 de la Constitución), con el control de  convencionalidad, que es competencia de todos los tribunales de la República (artículos 23 y 334 de la Constitución), y representa, además de un error judicial grave, un retroceso enorme en el derecho constitucional venezolano y en la protección de los derechos humanos, y configura, sin duda, una violación flagrante de los artículos 7, 23 y 334 de la Constitución.

4.      Bibliografía

AYALA CORAO, Carlos, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, México, 2004.

BREWER-CARÍAS, Allan, “Derecho administrativo y control de la convencionalidad”, Texto de la conferencia dictada en el Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, Costa Rica, 19 de marzo de 2015. Disponible en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/11/I-1-1100-DECHO-AMINISRAT-CONTROL-CONVENCIONALIDAD.-San-Jose-2015.pdf

_____, “La desaparición del control difuso de convencionalidad en Venezuela, como precio vil para justificar una condena por daños morales contra el portal la patilla.com”, New York, 11 de junio de 2019. Disponible en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2019/06/196.-Eliminaci%C3%B3n-control-difuso-convencionaldiad-6-2019.pdf

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “El impacto del control de convencionalidad en las fuentes de derecho chilenas”, en VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV de Derecho Administrativo, Universidad Monteávila, Caracas, 2016.

 



*Doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford. Senior Associate Member de la Universidad de Oxford.

[1] La sentencia condenó a la demandada al pago del daño moral estimado en la sentencia, pero declaró improcedente la indexación solicitada por el demandante y eximió de condena en costas a la demandada al considerar que no hubo vencimiento total.

[2] Algunos de estos instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos son: la Declaración universal de los derechos humanos; el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; el Pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales; la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención sobre los derechos del niño, todos de la Organización de Naciones Unidas (ONU); y en el ámbito americano: la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre; la Convención americana sobre derechos humanos; la Convención interamericana sobre la desaparición forzada de personas; la Convención interamericana para  prevenir y sancionar la tortura; la Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia; la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia; la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad; la Convención interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer; la Convención interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem do Pará"; la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, entre otras.

[3] Humberto Nogueira Alcalá, “El impacto del control de convencionalidad en las fuentes de derecho chilenas”, en VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV de Derecho Administrativo, Universidad Monteávila, Caracas, 2016. p. 34.

[4] Ibidem, p.36.

[5] Allan Brewer-Carías, “Derecho administrativo y control de la convencionalidad”, Texto de la conferencia dictada en el Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, Costa Rica, 19 de marzo de 2015. p.5. Disponible en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/11/I-1-1100-DECHO-AMINISRAT-CONTROL-CONVENCIONALIDAD.-San-Jose-2015.pdf

[6] Ibidem, p. 6.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem, p. 32.

[9] Ibidem, p. 32.

[10] Ibidem, p. 28.

[11] Carlos Ayala Corao, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, México, 2004.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Ibidem.

[15] Por lo que los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art. 25). Cfr. Carlos Ayala Corao, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, Ob. Cit.

[16] Allan Brewer-Carías, “La desaparición del control difuso de convencionalidad en Venezuela, como precio vil para justificar una condena por daños morales contra el portal la patilla.com”, New York, 11 de junio de 2019. Disponible en: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2019/06/196.-Eliminaci%C3%B3n-control-difuso-convencionaldiad-6-2019.pdf

[17] Ibidem.

[18] Y continuó la SCC afirmando en ese sentido que “(…), es la Sala competente para establecer la aplicabilidad o no de los denunciados artículos 19° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y además, es la Sala garante para hacer valer el principio de la supremacía de la Constitución a través de su defensa, para que sus juzgadores no deban aplicar normas que vayan en contra de ella, es decir, es la última verificadora si las normas denunciadas contradicen a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”.




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