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Derecho Constitucional
Rafael Badell Madrid, "Comentarios a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece un regimen transitorio para la eleccion de autoridades universitarias"
 

 

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LA ELECCIÓN DE

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS  

Rafael Badell Madrid*

 

1.         De la sentencia de la Sala Constitucional nro. 324

2.         De la inconstitucionalidad de la sentencia nro. 324 de la Sala Constitucional

2.1 Violación del debido proceso

2.2 Usurpación de las facultades propias de la Asamblea Nacional

2.3 Violación del artículo 109 de la Constitución

 

1.      De la sentencia de la Sala Constitucional nro. 324

Mediante decisión nro. 324 de fecha 27 de agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, estableció “provisionalmente y con carácter cautelar un régimen transitorio para la elección de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, que permita la elección de las autoridades universitarias con período académico vencido en un plazo de seis (6) meses [1].

La sentencia nro. 324 de la Sala Constitucional es contraria al ordenamiento constitucional por cuanto violó el artículo 49 de la Constitución que establece el debido proceso al haber incurrido en el grave vicio de extra petita por haber decidido sobre una pretensión que nunca le fue planteada;  asimismo a través de la sentencia nro. 324 la Sala Constitucional usurpó las facultades propias de la Asamblea Nacional al imponer un régimen transitorio de elecciones de las autoridades universitarias no contemplado en las leyes vigentes por lo que violó los artículos 156, numerales 24 y 32, y 187, numeral 1, de la Constitución y, además, violó el artículo 109 de la Constitución relativo al régimen de las universidades.

1.1  Antecedentes de la decisión cautelar

La sentencia nro. 324 es una decisión interlocutoria de naturaleza cautelar dictada por la Sala Constitucional con ocasión de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, interpuesta el 07 de octubre de 2009, por rectores de nueve universidades nacionales (UCV, ULA, LUZ, UCLA, UNET, UNEXPO, UCAB, USB y UC)[2] contra la Ley Orgánica de Educación[3] y,  subsidiariamente, la nulidad de algunas de sus disposiciones, que fue admitida mediante auto del Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional, de fecha del 12 de enero de 2010.

1.2  Medida cautelar solicitada a la Sala Constitucional

En fecha 11 de mayo de 2011, la representación judicial de la Universidad Central de Venezuela solicitó a la Sala Constitucional medida cautelar de suspensión mientras dure el juicio y con carácter erga omnes, de los efectos del artículo 34, numeral 3, de la Ley Orgánica de Educación, según el cual:

“Artículo 34. En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales. La autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones:

3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria.”

Esta medida fue solicitada con base en los siguientes alegatos: i) que la norma violenta los términos en que la comunidad universitaria está integrada según el texto constitucional (artículo 109), al incorporar sectores no señalados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y ii) modifica la naturaleza académica del derecho a elegir autoridades universitarias para convertirlo en un derecho político y otorgarlo por igual a todos los sectores universitarios.

1.3  Medida cautelar dictada por la Sala Constitucional

En respuesta a la medida cautelar solicitada por la representación de la UCV -suspensión del artículo 34, numeral 3, de la Ley Orgánica de Educación- la Sala Constitucional decidió, casi 10 años después de la solicitud de la medida, suspender cautelarmente la aplicación de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades, que establecen la forma de elección de las autoridades universitarias. Véase que se pidió la suspensión del artículo 34, numeral 3, de la Ley Orgánica de Educación y la Sala Constitucional decidió suspender la aplicación de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades[4]. 

La sentencia nro. 324 se fundamenta en que: (i) los Reglamentos de elecciones de las distintas Universidades no han sido actualizados; (ii) se encuentran vencidos los períodos de las autoridades universitarias; (iii) las sentencias dictadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión de los distintos recursos ejercidos en contra de las elecciones de las autoridades universitarias, han insistido en las elecciones con sufragio universal y directo; (iv) no ha sido reformada la Ley de Universidades ni actualizados los reglamentos de elección de las autoridades universitarias en la mayoría de las Universidades, a consecuencia de lo cual se ha producido un prolongado período de mora inconveniente para el normal desarrollo de la comunidad universitaria.

En base a las consideraciones antes señaladas, la Sala Constitucional decidió:

“haciendo uso de sus amplias potestades cautelares, establece provisionalmente y con carácter cautelar un régimen transitorio para la elección de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, que permita la elección de las autoridades universitarias con período académico vencido en un plazo de seis (6) meses, mientras la Sala, cumplido el procedimiento, resuelva en sentencia definitiva el mérito de la demanda de nulidad interpuesta contra el artículo 34.3 de Ley Orgánica de Educación.”

La Sala Constitucional estableció un régimen eleccionario transitorio para la elección de las autoridades universitarias hasta tanto se dicte decisión definitiva, basado en una supuesta “igualdad de condiciones” para elegir a las autoridades universitarias, consagrada en el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, que a juicio de la Sala debe ser aplicada a la relación entre cada sector electoral constitutivo de la comunidad universitaria: a) profesores; b) estudiantes; c) egresados; d) personal administrativo; y e) personal obrero y que implica que  cada uno de los integrantes de cada sector tenga derecho a un solo voto.

La Sala Constitucional determinó en la sentencia nro. 324 que en las universidades cuyas autoridades tengan el período vencido, sus comisiones electorales deberán convocar a elecciones, elaborar el Registro Electoral Universitario, celebrar las elecciones, totalizar votos, adjudicar y proclamar a los ganadores con base en las reglas antes enunciadas en un plazo que no podrá exceder de seis (6) meses a partir de la publicación de la decisión.

Además, la Sala Constitucional ordenó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) que establezca un cronograma para la realización de las elecciones de las autoridades universitarias de las demás Universidades Nacionales, distintas a la Universidad Central de Venezuela, cuyos períodos se encuentren vencidos.

Dispuso la Sala Constitucional también que transcurrido dicho lapso de 6 meses, cesará la permanencia legal de las autoridades universitarias con período vencido, y quedará la vacante absoluta de dichos cargos. 

Por último, la Sala Constitucional determinó que lo no previsto en dicho fallo será resuelto por las Comisiones Electorales de las Universidades con base en la Ley de Universidades, “siempre que no contradiga lo dispuesto en este fallo”.

2        De la inconstitucionalidad de la sentencia nro. 324 de la Sala Constitucional

La sentencia nro. 324 de la Sala Constitucional es violatoria del ordenamiento constitucional por cuanto violó el artículo 49 de la Constitución sobre el debido proceso al incurrir en el vicio de extra petita; asimismo usurpó las facultades propias de la Asamblea Nacional al imponer un régimen transitorio de elecciones de las autoridades universitarias no contemplado en la Ley de Universidades, en violación de los artículos 156, numerales 24 y 32, y 187, numeral 1,  de la Constitución y violó el artículo 109 de la Constitución relativo al régimen de universidades.

2.1 Violación del debido proceso

2.1.1 Vicio de extra petita

En primer lugar, la Sala Constitucional violó el debido proceso, así como la garantía a la tutela judicial efectiva, al decidir sobre una cuestión que no le había sido planteada, incurriendo en el vicio de extra petita.

El vicio de extra petita ocurre cuando el juez decide algo diferente a lo pedido por las partes (ne eat iudex extra petita partium). El vicio de extra petita se presenta cuando el juez falta a su deber de atenerse a lo alegado y probado en autos, y a la prohibición de suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil). De forma que se incurre en el vicio de extra petita cuando el juez decide en el fallo una cosa distinta a la demandada, esto es, una cosa que no fue comprendida en el pedimento de las partes. (Véase sentencia Nro. 0141 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 07 de marzo de 2002).  

Como señalamos, en este caso la representación judicial de la Universidad Central de Venezuela solicitó a la Sala Constitucional la suspensión del artículo 34, numeral 3, de la Ley Orgánica de Educación; sin embargo, la Sala Constitucional decidió, casi 10 años después de la solicitud de la medida, suspender cautelarmente la aplicación de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades que establecen la forma de elección de las autoridades universitarias.

La Sala Constitucional, de forma incongruente, decidió declarar parcialmente con lugar la solicitud de la medida cautelar de la parte demandada, cuando en verdad no declaró nada de lo solicitado, antes y por el contrario decidió un asunto que nunca le fue planteado por las partes y referido a una ley distinta a la que se encontraba en examen de constitucionalidad.

En efecto, la Sala Constitucional fundamentó la suspensión de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades en la “admisión parcial” de la solicitud de la parte demandante relativa a la suspensión del artículo 34, numeral 3, de la Ley Orgánica de Educación, incurriendo de esta forma en el vicio de extra petita.

Al respecto debemos señalar que, si bien la Sala Constitucional cuenta con los “más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva” de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estos poderes se encuentran sometidos a los límites que la Constitución y la ley imponen, de modo que no puede la Sala Constitucional en el ejercicio de la potestad cautelar, violar el debido proceso a que se refiere el artículo 49 constitucional, a través del vicio de extra petita, como ha ocurrido en el presente caso.  

2.2 Usurpación de las facultades propias de la Asamblea Nacional

De conformidad con el régimen constitucional y legal en Venezuela, la materia relativa a la educación y las universidades solo puede ser regulada mediante la ley. En efecto, el artículo 156, numerales 24 y 32, en concordancia con el artículo 187, numeral 1, dispone que las materias relativas a la competencia nacional, como lo es el servicio público de educación, así como los derechos constitucionales como es el caso del derecho a la educación, solo pueden ser objeto de legislación por parte del Poder Legislativo Nacional.

De esta forma, solo mediante ley se puede regular el régimen relativo a la materia de educación y es eso, precisamente, lo que hacen tanto la Ley Orgánica de Educación como Ley de Universidades, cuyas disposiciones, además, deben estar en un todo conformes con los límites y principios establecidos en la Constitución.

En efecto, el Poder Legislativo Nacional está sometido al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 7 de la Constitución y, en ese sentido, el legislador no puede reformar o alterar de ninguna forma las materias contenidas en los artículos 102 al 111, relativos al derecho y al servicio público de educación.

No podría la Asamblea Nacional, en la regulación y reglamentación de la materia, limitar o desconocer la autonomía universitaria por cuanto el artículo 109 de la Constitución consagra expresamente este carácter de las universidades, el cual -según la propia Constitución- comprende la potestad de darse sus propias normas de gobierno y funcionamiento. Ahora bien, mediante la sentencia nro. 324, la Sala Constitucional ha pretendido usurpar las funciones legislativas propias de la Asamblea Nacional, al crear un régimen electoral universitario no previsto en la Ley de Universidades ni en la Ley Orgánica de Educación.

Ciertamente, la Sala Constitucional, en violación de los artículos 156, numerales 24 y 32, y 187, numeral 1, de la Constitución, estableció un “régimen transitorio para la elección de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, que permita la elección de las autoridades universitarias con período académico vencido en un plazo de seis (6) meses (…).”.

Ratificamos que solo la Asamblea Nacional tiene la potestad de legislar en esta materia. Solo a través de ley, dictada en conformidad con las garantías del procedimiento parlamentario establecido en los artículos 202 y siguientes de la Constitución, deben ser reguladas las materias del Poder Público Nacional por la Asamblea Nacional y los derechos constitucionales.

La violación de este principio es contraria al Estado de Derecho, que es violado en su esencia cuando se arrebata al parlamento, órgano de la representación popular, la facultad de dictar las normas limitativas de los derechos y garantías constitucionales.

Como consecuencia de lo anterior, la sentencia nro. 324 violó el principio de separación de poderes, establecido en el artículo 136 de la Constitución, al ejercer las funciones propias, exclusivas y excluyentes de la Asamblea Nacional, cuando “haciendo uso de sus amplias potestades cautelares” decidió fijar un régimen universitario electoral completamente nuevo, por lo que dicha sentencia, por disposición del artículo 138, es nula de nulidad absoluta. 

Asimismo, a través de la sentencia nro. 324 se trasgredieron las competencias que la Constitución y la ley le otorgan a la Sala Constitucional, las cuales están establecidas en los artículos 336 de la Constitución y 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de modo que se violó el principio de legalidad establecido en el artículo 137 de la Constitución.

De otra parte, la Sala Constitucional delegó al Consejo Nacional de Universidades las mismas facultades que ella se había auto atribuido, al determinar que sea éste el que decida respecto de las universidades distintas a la Universidad Central de Venezuela en lo que respecta al cronograma y régimen de elecciones de autoridades universitarias, violando de esta forma la reserva legal que abarca la regulación del derecho y servicio público de educación, consagrada en los artículos 156, numerales 24 y 32, y 187, numeral 1, de la Constitución.

Además, en violación del carácter de provisionalidad de la medida cautelar, esto es, la posibilidad de revocar o dejar sin efectos la ejecución de la medida cautelar, la Sala Constitucional pretendió dictar y ejecutar un nuevo procedimiento para la elección de las autoridades universitarias mediante sentencia cautelar.

Por naturaleza, las medidas cautelares son provisionales, lo que significa que decaen y dejan de tener virtualidad cuando se produce la sentencia que pone fin al proceso principal, es decir, tienen eficacia mientras dura el proceso. Igualmente, el carácter de temporalidad de las medidas cautelares implica que estas pueden ser modificadas o revocadas, aun cuando no haya finalizado el proceso principal, si cambian las circunstancias que condujeron a la adopción de la medida cautelar.  

Ahora bien, la decisión cautelar nro. 324  no pretende tener efectos provisorios, ni es susceptible de ser modificada o revocada mientras dure el proceso principal, por el contrario, la sentencia nro. 324 pretende tener efectos de carácter permanente, pues de efectuarse las elecciones de las autoridades universitarias, las personas que resultaren proclamadas ejercerían los cargos para los cuales fueron electos no solo por el tiempo que dure el proceso principal, sino por todo el periodo establecido para el ejercicio de dicho cargo.

2.3 Violación del artículo 109 de la Constitución

El artículo 109 constitucional es una norma clara y precisa, que establece en los términos más concretos los lineamientos constitucionales que deben regir las universidades.

En efecto, el artículo 109 de la Constitución dispone que:

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

El artículo 109 de la Constitución es una disposición clara y precisa. No está redactada en términos oscuros, abstractos o ambiguos por lo que no precisa mayor interpretación que la que debe atribuirse al sentido evidente derivado del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del constituyente, tal como lo ordena el artículo 4 del Código Civil.

En efecto, el artículo 109 es suficientemente claro al establecer la conformación de la comunidad universitaria, el objeto de dicha comunidad, los términos e implicaciones de la autonomía universitaria, la inviolabilidad del recinto universitario y, por último, la autonomía de las universidades nacionales experimentales.

Ahora bien, la Sala Constitucional violó gravemente este artículo cuando estableció una interpretación contraria a la que se desprende de su texto. Ciertamente, la Sala Constitucional no solo pretendió legislar en lugar de la Asamblea Nacional, sino además cambió el sentido y alcance del artículo 109 de la Constitución a través de una errónea interpretación constitucional, incurriendo de esta forma en la jurisdicción normativa

Mediante la sentencia nro. 324, la Sala Constitucional señaló que conforman la comunidad universitaria no solo los profesores, estudiantes y egresados, como lo dispone el artículo 109 de la Constitución, sino que además la conforman los empleados, obreros y jubilados de la institución.

Sobre este vicio debemos señalar que, en la tarea de controlar la sujeción de las actividades de los órganos del poder público a la Constitución, el primer parámetro de control que tiene el juez constitucional es, precisamente, la propia Constitución y todo el bloque de la constitucionalidad.

 El bloque de la constitucionalidad es inalterable y es un límite a las actuaciones de los jueces constitucionales. El límite que impone el ordenamiento jurídico vigente a los jueces constitucionales exige la total observancia de la Constitución y el respeto por las instituciones y órganos previstos por esta norma, impidiendo de esta forma a los jueces mutar los preceptos constitucionales con sus decisiones[5]

Los jueces constitucionales, en sus funciones de control de la constitucionalidad, están siempre subordinados a la Constitución, sin que les esté permitido invadir el campo competencial del órgano legislativo y menos aún el del poder constituyente, puesto que lo contrario constituiría un “totalitarismo judicial irresponsable”[6].

Mediante la inconstitucional interpretación y modificación del artículo 109 de la Constitución, la Sala Constitucional violó el principio de supremacía constitucional dispuesto en el artículo 7 de la Constitución, según el cual “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”.

En definitiva, lo que persiguió la Sala Constitucional al incorporar dentro de la comunidad universitaria -definida por el artículo 109 constitucional- a los empleados, obreros y jubilados de la institución, fue que los votos de profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y personal obrero, cuenten con el mismo peso electoral, es decir, que sean totalizados uno por uno, como si se tratara de una elección universal de un cargo de representación popular territorial, desconociendo la naturaleza y esencia de la universidad.

En efecto, la Sala Constitucional estableció un régimen eleccionario que determina la forma de elección de las autoridades universitarias basado en una  supuesta “igualdad de condiciones”, que a juicio de la Sala debe ser aplicada a la relación entre cada sector electoral constitutivo de la “comunidad universitaria”: a) profesores; b) estudiantes; c) egresados; d) personal administrativo; y e) personal obrero y que implica que  cada uno de los integrantes de cada sector tenga derecho a un solo voto, es decir, a un voto paritario. Esto en contraposición al sistema de elección para autoridades universitarias que establece el artículo 30 de la Ley de Universidades, según el cual cada voto de profesores vale un voto, pero existe un número de referencia (25%) para la votación de estudiantes en relación al número de docentes. En efecto, dispone el artículo 30 que:

La elección del Rector, del Vice-Rector Académico, del Vice-Rector Administrativo y del Secretario se realizará dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del período de cuatro años correspondientes a dichas autoridades, por el Claustro Universitario integrado así:

1. Por los profesores asistentes, agregados, asociados, titulares y jubilados;

2. Por los representantes de los alumnos de cada Escuela, elegidos respectivamente en forma directa y secreta por los alumnos regulares de ellas. El número de estos representantes será igual al 25% de los miembros del personal docente y de investigación que integran el Claustro. La representación estudiantil de cada Escuela será proporcional al número de alumnos regulares que en ella cursen, en relación con el total de alumnos regulares de la Universidad;

3. Por los representantes de los egresados por cada Facultad, elegidos en la forma prevista en el artículo 54.

Parágrafo Único. A los efectos del quórum de integración no se tomará en cuenta el número de profesores jubilados, ni de aquellos que se encuentren en disfrute de permiso o año sabático.

Destacamos además que la supuesta “igualdad de condiciones” establecida en la sentencia nro. 324 discrimina al sector de los egresados universitarios quienes, dispone la sentencia, para ejercer su derecho al voto en las elecciones de las autoridades universitarias, deben no solo haber obtenido un título universitario en la universidad de que se trate, sino además “ejercer la profesión en el lugar donde la universidad tenga su sede, núcleo o fines” y “haberse inscrito en el registro electoral que la Comisión Electoral de cada universidad elaborará para tal fin”.

Ahora bien, el artículo 1 de la Ley de Universidades establece que “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”. En este sentido es que se le da prioridad a los profesores, estudiantes y egresados (personas que entienden y forman parte de la universidad) en la elección de sus autoridades (bajo intereses académicos, no políticos), y es por ello que no se justifica la equiparación del proceso electoral de la universidad al que se efectúa para elegir a los dirigentes de las entidades político territoriales.

Ciertamente, la elección de las autoridades universitarias no se rige por los mismos principios que informan las elecciones de cargos públicos, dado que mientras que las primeras se fundamentan en un derecho académico, las últimas lo hacen con base en un derecho político.

Así lo dispuso la Sala Constitucional mediante sentencia Nro. 898 de fecha 13 de mayo de 2002, en la que determinó que la norma del artículo 63 constitucional -que establece que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante votaciones, libre, universales, directas y secretas- se postula como garantía de los ciudadanos que aseguran su intervención en el tratamiento de los asuntos públicos y las decisiones que a este respecto deban tomarse, es decir, a la formación de la voluntad política. En otras palabras, la Sala Constitucional determinó que “El sujeto normativo al que van dirigidos estos preceptos son, (…), “los ciudadanos”, es decir, el conjunto de las personas que se encuentran en relación permanente, intemporal e institucional con el Estado, en tanto intervienen en la formación de la potestad política del mismo”.

Igualmente, la Sala Constitucional, haciendo uso del derecho comparado, citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, mediante la cual igualmente se afirmaba que:

 “uno de los límites objetivos del artículo 23.1. de la Constitución española (según el cual, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente en elecciones periódicas por sufragio universal) es que sus titulares son los ciudadanos, “...de tal modo que la situación subjetiva así reconocida lo es uti cives y no a favor de cualquiera categoría de personas (profesionalmente delimitadas, por ejemplo)” (por lo que) “...de acuerdo con la doctrina de este Tribunal que aquí ha quedado expuesta, la condición de miembro de la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de Valladolid no es un cargo público de representación política, ni corresponde -como es obvio- al Estado ni a los entes territoriales en que éste se organiza” (STC 212/1993)”.

 En esta oportunidad dispuso la Sala  Constitucional que: “(…) no pueda aludirse a los artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para estimar inconstitucionales los artículos 52 y 55 de la Ley de Universidades (u otros similares de la misma ley), ya que estos últimos no se refieren al sufragio ni a la participación política, sino a la composición de una autoridad universitaria y de sus atribuciones, lo que escapa a la teleología de las garantías sobre sufragio y participación política invocadas”.

 Por las consideraciones anteriores, la Sala Constitucional declaró en el año 2002 que las disposiciones relativas al sufragio universal están estrictamente dirigidas al conjunto de actividades a que hacen referencia dichos preceptos, por lo que no pueden vincular a los sujetos que forman las asambleas de las facultades universitarias ni a los actos mediante los cuales las mismas eligen a sus autoridades.

Sin embargo, mediante la sentencia nro. 324 la Sala violó este criterio constitucional y distorsionó la naturaleza y esencia de los cuerpos universitarios, su conformación, sus actividades y la forma de elección de sus autoridades, al establecer un proceso electoral basado en la “democracia participativa mediante sufragio universal y directo”, en usurpación de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional.

De otra parte, la sentencia nro. 324 violó también las potestades propias de las universidades autónomas, violó su autonomía organizativa para dictar sus propias normas internas y violó su autonomía administrativa para elegir y nombrar sus propias autoridades.

En efecto, la decisión nro. 324 de la Sala Constitucional violó la autonomía universitaria, elevada a rango constitucional por el artículo 109 y expresamente establecida en el artículo 9 de la Ley de Universidades y que tiene como fin garantizar que las universidades puedan cumplir su misión como institución generadora, depositaria y difusora de los altos valores culturales, espirituales y sociales de la Nación. El artículo 9 de la Ley de Universidades establece que:

Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su Reglamento, se disponen de:

1.- Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;

2.- Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines;

3.- Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo;

4.- Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio.

Como lo señala Duque Corredor, la autonomía universitaria requiere de los siguientes elementos fundamentales:

1) La potestad para orientar sus planes de estudio y de investigación de su sistema de educación.

2) La capacidad para darse libremente su propia organización académica y de concretar su libertad de enseñanza y económica.

3)  La reserva legal, en el sentido que sólo por ley puede limitarse la libertad de las universidades, sin que se afecten sus elementos esenciales y únicamente para permitir la supervisión de la calidad de la instrucción y la observancia de las grandes directrices de la política educativa.

4) La inviolabilidad del recinto universitario como medio de protección de la autonomía universitaria.

5)  El derecho de los profesores y estudiantes, principalmente, como miembros de la comunidad universitaria, de participar en los órganos de gobierno de las universidades y en sus decisiones.

6) La existencia de un sistema verdaderamente democrático y de respeto pleno a las libertades públicas y a los derechos humanos que garantice efectivamente la autonomía universitaria. [7]

Todos estos elementos indispensables para garantizar la libertad de pensamiento, de enseñanza y de cátedra, correspondientes al derecho de educación consagrado en los artículos 102 y 103 de la Constitución, fueron desconocidos por la sentencia nro. 324 de la Sala Constitucional en el momento en que usurpó funciones propias del Poder Legislativo e intervino en el régimen normativo-electoral de las autoridades universitarias.

Por todas estas razones, los rectores universitarios interpusieron un recurso de oposición contra la sentencia nro. 324. Sin embargo, en fecha 28 de noviembre de 2019, mediante sentencia interlocutoria nro. 389, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, la Sala Constitucional decidió declarar sin lugar las oposiciones a la medida y ratificó en toda y cada una de sus partes la medida cautelar dictada a través de la sentencia nro. 324.

La sentencia nro. 324 de la Sala Constitucional y su posterior ratificación mediante la sentencia Nro. 389, es inconstitucional por  cuanto violó el artículo 49 de la Constitución que establece el debido proceso, al haber incurrido en el grave vicio de extra petita por haber decidido sobre una pretensión que nunca le fue planteada;  asimismo a través de la sentencia nro. 324 la Sala Constitucional usurpó las facultades propias de la Asamblea Nacional al imponer un régimen transitorio de elecciones de las autoridades universitarias no contemplado en las leyes vigentes por lo que viola los artículos 156, numerales 24 y 32, y 187, numeral 1, de la Constitución y, además, violó el artículo 109 de la Constitución relativo al régimen de las universidades.



*Doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford. Senior Associate Member de la Universidad de Oxford.

[2] Ciudadanos Cecilia García Arocha, Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Mario Bonucci Rossini, Rector de la Universidad de los Andes (ULA); Jorge Palencia Piña, Rector de la Universidad del Zulia (LUZ); Jessy Divo De Romero, Rectora de la Universidad de Carabobo (UC); Enrique Aurelio Planchart Rotundo, Rector de la Universidad Simón Bolívar (USB), Francesco Leone Durante, Rector de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (UCLA); José Vicente Sánchez Frank, entonces Rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET); Rita Elena Áñez, Rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO); Luis Ugalde Olalde, entonces Rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Diana Josefina Romero La Roche, entonces Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ).

[3] Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinario del 15 de agosto de 2009.

[4] Gaceta Oficial Nº 1.429 Extraordinario del 8 de septiembre de 1970.

[5] Así pues, en Venezuela, por virtud del artículo 7, en concordancia con el artículo 333, la Constitución sólo cambia o desaparece, según el caso, por reforma, enmienda o una nueva Constitución, pero nunca por las decisiones de los jueces en ejercicio de la jurisdicción constitucional. En efecto, los jueces constitucionales no tienen la facultad del poder constituyente originario para cambiar las normas constitucionales, dado que éste sólo corresponde al pueblo.

[6]Sandra Morelli, La Corte Constitucional: un papel por definir, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, 2002, cit. en Allan Brewer-Carías, Tratado de derecho constitucional, Tomo XIV, ob. cit. p. 77.

[7] Román Duque Corredor, “Ataque a la autonomía universitaria”, en Bloque Constitucional, 03 de septiembre de 2019. Disponible en: https://bloqueconstitucional.com/ataque-a-la-autonomia-universitaria/#_ftn4 . Consultado en fecha 10 de septiembre de 2019.




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