English
 
Derechos Humanos
Protección de Derechos Humanos en la Convención Interamericana
 
SUMARIO:
 
I LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
 
1. INTRODUCCION
2. LA CONVENCION
2.1 Ámbito subjetivo.
2.2 Ámbito objetivo.
II LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
 
III LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1. AMBITO DE COMPETENCIA
2. PRETENSIONES
3. REQUISITOS DE ADMISIBLILIDAD DE LAS PETICIONES O RECLAMACIONES QUE SE VINCULES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
4. PROCEDIMIENTO
5. LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS
IV. CONCLUSIONES GENERALES
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
I. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
 
1. Introducción
 
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita por la República de Venezuela el 22 de Noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de Julio de 1978, y fue ratificada por el Congreso de la República de Venezuela, a través de la "Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica", publicada en la Gaceta Oficial No. 31.256 del 14 de junio de 1977.Tal Convención se enmarca dentro del régimen jurídico derivado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
 
La Convención tiene como finalidad reconocer y proteger los derechos esenciales del hombre, los cuales no nacen del hecho de ser natural de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. De allí la necesidad de instrumentar una protección internacional de carácter coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho interno de los Estados miembros de la convención.
 
Asimismo, la Convención persigue consolidar en el continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. También es objeto de la Convención reafirmar los principios que han sido considerados en otros instrumentos Internacionales, tales como la Carta de la Organización de los Estados Americanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 
2. La Convención.
 
2.1. Ambito Subjetivo.
 
El Tratado Internacional comentado solo es vinculante para los Estados partes de la convención, es decir, solo para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que hallan firmado, ratificado o adherido el convenio. De esta manera, dentro del ámbito subjetivo de tal Convención, debemos ubicar a Venezuela, por cuanto dicho país, el 14 de julio de 1977, ratificó su contenido.
 
Ahora bien, la ratificación de la Convención genera, para los Estados Partes, diversos deberes. En efecto, según el Tratado analizado, los Estados partes tienen el deber de respetar los Derechos y Libertades reconocidos en la Convención, y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Asimismo, se comprometen a adoptar disposiciones de Derecho Interno, en el caso de que las garantías y libertades mencionadas en la Convención no estuvieren garantizadas legislativamente, o a través de otro instrumento. En tal supuesto, los Estados Partes estarán obligados a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
 
2.2. Ambito Objetivo
 
La Convención, de conformidad con lo expuesto precedentemente, tendrá por objeto (i) garantizar el goce de los Derechos inherentes a la persona humana, así como (ii) garantizar los recursos y procedimientos para la salvaguarda de esos Derechos, cuando estos se vean lesionados por parte de alguno de los Estados miembros.
 
Así, dentro del ámbito objetivo de la Convención podemos distinguir una parte adjetiva, conformada por los procedimientos para garantizar el goce de los Derechos reconocidos en la Convención, y una parte sustantiva, que se refiere a los Derechos y Garantías inherentes a la persona humana.
 
A. Parte Adjetiva.
 
En la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se regulan dos procedimientos con el objeto de salvaguardar los Derechos inherentes a la persona humana, cuando estos han sido lesionados por cualquiera de los Estados Partes. Así, encontramos el procedimiento regulado en los artículos 48 a 51 ejusden, referido al tramite obligatorio ante la Comisión, y el que se establece en los artículos 66 al 69, que se refiere al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Así, podemos adelantar que la Convención crea dos órganos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
La Comisión es el órgano competente para conocer, decidir y sustanciar las peticiones formuladas por cualquier persona o entidad no gubernamental, que contengan denuncias o quejas de violación a los derechos consagrados en la Convención. Tal procedimiento tiene como finalidad la resolución de la controversia por una vía amistosa, es decir, por medio de acuerdos conciliatorios, entre la persona agravada y el Estado que violó las disposiciones de la Convención. En esos caso, la Comisión actúa como el tercero encargado de dirigir el procedimiento, además de sugerir las posibles soluciones que sean pertinentes en cada caso concreto, tal y como lo establece el artículo 49 de la Convención. Para ello, la Comisión elaborará un informe en el que se expondrán los hechos y sus conclusiones, el cual será transmitido a los Estados interesados, para su consideración.
 
Si el procedimiento ante Comisión concluye sin ningún resultado favorable, podrán los Estados Partes o la Comisión (actuando como Ministerio Público), acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se ventile el problema en la sede de dicho Tribunal. No obstante, para ello, deben los Estados haber reconocido la competencia de la Corte, bien de manera general, bien especialmente. De lo contrario, el procedimiento concluirá con el informe de la Comisión, el cual, como veremos más adelante, tiene poca eficacia respecto los Estados.
 
B. Parte sustantiva.
 
Como ya hemos dicho, la Convención garantiza los Derechos inherentes a la persona humana, y obliga a los Estados miembros a respetar el goce de éstos. Así, los derechos que se prevén en la referida convención, pueden ser divididos en dos grupos: Los Derechos Civiles y Políticos, regulados en el Capitulo II de la Convención, y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales se encuentran regulados su Capitulo III.
 
a. Derechos Civiles y Políticos
 
El Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, se encuentra contemplado en el artículo 3 de la Convención, según el cual toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Como derecho inherente, se prevé el Derecho a la vida, el cual - según lo establecido en el artículo 4 eiusdem- asegura a todo individuo el derecho a que se respete su vida. En cuanto a la pena de muerte, los países que la han abolido no la podrán restablecer, prohibiéndose igualmente, aplicar la pena de muerte por delitos políticos o afines a éstos. Relacionado con tal derecho, la convención regula el Derecho a la integridad Personal. De allí que el artículo 5 de la Convención establece que, toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad la reforma y la readaptación social de los condenados.
 
De igual forma, la Convención prohibe la esclavitud y servidumbre y garantiza el Derecho a la libertad personal. En este sentido, el artículo 6 dispone que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Asimismo, según el referido artículo nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.
 
El derecho a la libertad personal está consagrado en el artículo 7 de la Convención, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Este derecho a su vez -conforme al contenido de dicho artículo- implica otras garantías judiciales, según las cuales: "... (2) "nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas ;(3) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario; (4) toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados;(5) toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso;(6) toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ésta decida, sin demora, sobre la legalidad del arresto o detención, y ordene si el arresto o detención fueran ilegales; (7) Nadie puede ser detenido por deudas.
 
Por su parte el artículo 8 consagra el principio de las Garantías Judiciales, al prever que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o Tribunal competente. En ese sentido, el referido artículo consagra varios principios fundamentales para el tratamiento procesal del inculpado, entre los cuales encontramos:
 
i. Principio de presunción de inocencia, en virtud del cual toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (numeral 2)
 
ii. Principio de confesión libre o espontánea, es decir que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza (numeral 3).
 
iii. Principio de cosa juzgada, según este principio el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismo hechos. (numeral 4).
 
iv. Principio de publicidad, según el cual el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de justicia.
 
Dentro de esta importante materia, el artículo 9 de la Convención consagra Principio de Legalidad y de Retroactividad, al establecer que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable.
 
Asimismo, para proteger la integridad patrimonial del ciudadano, la Convención consagra en su artículo 10, el Derecho a Indemnización, conforme al cual: toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
 
Tales garantías se relacionan con el área penal y con la potestad sancionatoria de la Administración. Por ello, se prevé también la protección de la Honra y de la dignidad, la cual se encuentra regulada en el artículo 11 eiusdem, en virtud del cual nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
 
Otros de los derechos consagrados en la Convención, que se relacionan con la libertad del hombre, son los previstos en el artículo 12 y 13 relativos a la libertad de conciencia y de religión (libertad de conservar su religión o de creencias, así como la libertad de divulgar o profesar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado) y a la libertad de pensamiento y de Expresión, (libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección).
 
A su vez, regula la Convención en su artículo 14 el Derecho de Rectificación o Respuesta, al garantizar que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados, y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
Dentro de la categoría analizada, la Convención consagra también el Derecho de Reunión; a la Familia; al Nombre; a la Nacionalidad y a la Propiedad Privada, (artículos 15, 17, 18 y 21, respectivamente).
 
Igualmente, el artículo 16 eiusdem regula el derecho de la Libertad de Asociación, al consagrar que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier de otra índole.
 
Dentro de la categoría analizada, la Convención regula también el Derecho de Reunión; a la Familia; al Nombre; a la Nacionalidad y a la Propiedad Privada. (artículos 15, 17, 18 y 21 eiusdem, respectivamente).
 
Asimismo, el artículo 22 eiusdem consagra el derecho de circulación y residencia, relativo a la libertad que tiene toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado, para circular por el mismo y, residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Este derecho, implica a su vez, la libertad que tiene toda persona de salir libremente de cualquier país, inclusive del propio, así como de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. De igual forma, según este derecho nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo y, en ningún caso, el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida este a riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. También está prohibida la expulsión colectiva de extranjero.
 
De otra parte, el Convenio consagra los Derechos Políticos, en su artículo 23 eiusdem, según el cual todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, con las limitaciones que establezca la ley:
 
i. Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
 
ii. Derecho a elegir y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal y secreto.
 
iii. Derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en su país.
 
Finalmente, encontramos -dentro de esta clasificación de Derechos Civiles y Políticos- los artículos 24 y 25 eiusdem, en los cuales está consagrado el Derecho de Igualdad ante la Ley y la protección judicial, respectivamente.
 
Según este último derecho, toda persona podrá ejercer un recurso sencillo y rápido, u otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Para ello, los estado partes deben comprometerse a:
 
i. Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.
 
ii. Desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 
iii. Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
 
b. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 
Tales derechos están regulados en el artículo 26 ejusdem, el cual establece que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y culturales contenidas en la carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
 
c. Recepción en el derecho venezolano
 
Ahora bien, los Derechos inherentes a la persona humana enumerados precedentemente, son en Venezuela derechos de rango Constitucional y, por lo tanto, no pueden ser menoscabados por ninguna autoridad. Además, es preciso mencionar que cualquier violación de estos derechos daría lugar a la interposición de una acción de Amparo Constitucional, como medio valido para el restablecimiento de la situación jurídica infringida. En efecto, dispone el artículo 50 de la Constitución lo siguiente:
 
"La enumeración de los derechos y garantías contenidas en esta constitución no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella.
La falta de Ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos."
 
De allí, que la operatividad de tales derechos ­cuya protección constitucional ha sido admitida por los tribunales de amparo- se fundamenta, en primer lugar, en un ordenamiento jurídico internacional, mediante los procedimientos tramitados ante la Comisión y la Corte, y de otra parte, a través de un sólido mecanismo de protección interna, como lo es la Acción de Amparo Constitucional. Cabe destacar que, salvo ciertas excepciones, esos mecanismos internos deberán ser agotados previamente, para poder acudir ante la Comisión.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
II. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 
La Comisión tiene como principal función, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, tal y como lo establece la resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta, celebrada en Chile, en agosto de 1959. Igualmente, sus Estatutos Internos disponen, entre sus atribuciones, "estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América"; "formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros, para el respeto de los derechos fundamentales"; y, en general, "servir de cuerpo consultivo de las OEA en materia de derechos humanos".
 
La Convención introdujo algunas modificaciones en las funciones propias de la Comisión. Así, además de promover los derechos humanos, a tal órgano le corresponde ahora proteger tales derechos, mediante un procedimiento especia, de naturaleza conciliatoria..
 
Sobre su función conciliatoria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo ocasión de pronunciarse sobre distintas denuncias formuladas contra la Comisión, por no haber promovido una solución amistosa de determinada controversia. Así, la Corte consideró que la correcta interpretación de la Convención, lleva al convencimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión. En esta ocasión la Comisión había considerado que el procedimiento conciliatorio era inadmisible, pues los hechos estaban perfectamente definidos.
 
El procedimiento conciliatorio ante la Comisión - necesario, debemos insistir, para la admisión de las acciones propuestas en la Corte - está estructurado en las siguientes fases, reguladas en los artículo 48 y siguientes de la Convención:
 
1.­ La Comisión, al recibir una petición o comunicación en que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la Convención, se pronunciará sobre su admisibilidad.
 
2.­ Si se reconoce la admisibilidad de la petición, la Comisión solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, las cuales deberán ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias del caso. Luego de ser recibidas las informaciones, o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la Comisión verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o la comunicación.
 
3- Asimismo, la Comisión podrá declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información sobrevenida.
 
4- Además, la Comisión realizará, con el conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Podrá igualmente la Comisión efectuar investigaciones, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados estarán obligados a proporcionarle, todas las facilidades necesarias para lograr su cometido.
 
5-También podrá la Comisión pedir a los Estados Interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así lo solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados.
 
6- Una vez practicadas tales actuaciones deberá promocionar una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención.
 
7- En casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. (Cfr.: artículo 48 eusdem).
 
El carácter conciliatorio de tal procedimiento, se desprende del artículo 49 eusdem, cuyo tenor es el siguiente:
 
"Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a los derechos humanos establecidos en la Convención, la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las Partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible."
 
Por el contrario, de no lograr las partes intervinientes un arreglo o solución amistosa, y dentro del plazo establecido en el estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe previo en el que expondrá los hechos y sus conclusiones, el cual será transmitido a los Estados interesados. Asimismo, en tal informe podrá la Comisión formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. Remitido el informe, transcurrirá un plazo de tres meses, en el cual los Estados involucrados deberán restablecer las situaciones afectadas por la violación de los derechos fundamentales.
 
Frente a tal situación, el Estado denunciado como agraviante puede optar por tres alternativas:
 
a. Si no está de acuerdo con el contenido del Informe, podrá acudir a la Corte.
 
b. Aceptar el contenido del informe, y restablecer la situación vulnerada.
 
c. No acoger el informe de la Comisión.
 
En este último supuesto, la Comisión levantará un informe final sobre el fondo de la controversia, pudiendo ordenar su publicación, para sancionar así al Estado agraviante. No obstante, la Comisión no puede aplicar otro tipo de medidas coercitivas sobre el Estado, salvo la posibilidad de acudir a la Corte, siempre y cuando los Estados involucrados hubiesen aceptado la competencia de tal Tribunal. Por el contrario, si los Estados no hubieren reconocido la competencia de la Corte, el procedimiento finalizará con el informe final.
 
Nótese entonces que los particulares lesionados en un derecho humano, podrán acudir a la Comisión para lograr un restablecimiento de la situación lesionada mediante un acuerdo conciliatorio; pero de no llegarse a tal acuerdo, solo podrá acudir a la Corte, para dilucidar tal controversia, los Estados Partes y la Comisión, ésta ultima haciendo las veces del Ministerio Público. En ese caso, la controversia será resuelta mediante una decisión imperativa.
 
La Comisión regula igualmente las condiciones de admisibilidad de las pretensiones ventiladas ante la Comisión, previstas en el artículo 46 eusdem:
 
a. Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocido;
 
b. Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
 
c. Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional;
 
d. Que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas del representante legal de la entidad que somete la petición.
 
Así, uno de los requisitos de admisibilidad es el de agotamiento de todas las vías internas en el Estado, es decir, todos los recursos que sean procedentes según el derecho interno de cada país, para la solución del problema. No obstante, esta regla encuentra sus excepciones en el artículo 46 numeral 2 literales a , b , c, los cuales establecen que no será necesario agotar la vía interna:
 
a. Cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trate, el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan violados.
 
b. En el caso en que no se le haya permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos.
 
c. En el caso en que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
 
Sobre la condición de admisibilidad comentada, se ha considerado la cuestión de la renuncia por el Estado a la regla del agotamiento previo de los recursos internos. Así, en el asunto "Viviana Gallardo" se aceptó que el gobierno de Costa Rica sometiera directamente una controversia a la Corte Interamericana, renunciando en forma expresa al cumplimiento de la condición analizada. En esta oportunidad, la Corte constató y observó que, según los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que existe al previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por pactos que se imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Se le ha considerado así como un medio de defensa (del Estado) y como tal, renunciable, aun de modo tácito. En este sentido, la decisión que comentamos cita la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (caso De Wilde, Ooms y Versyp), señalando que, una vez producida esta renuncia, ella es irrevocable.".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
III. LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
 
1. Ambito de competencia
 
Según el artículo 62 numeral 3 eiusdem, la Corte es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso concreto hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, bien por declaración especial o por convención especial; es decir, que si las partes no reconocen la competencia de la Corte para conocer de los casos, sus decisiones no surtirán ningún efecto. Dicho reconocimiento puede hacerse al momento de ratificar o adherirse a la Convención, o en una oportunidad posterior, mediante una declaración especial (Cfr.: artículo 62, numerales 1 y 2).
 
Asimismo, y de conformidad con el artículo 63 eiusdem, la Corte podrá ordenar lo conducente para el restablecimiento de las situaciones subjetivas lesionadas por algún Estado ante la violación de los derechos fundamentales, siempre y cuando la controversia sea sometida al conocimiento de la Corte, por la Comisión, o por un Estado Miembro. En efecto, según prevé el artículo 61.1 de la Convención, sólo los Estados Partes y la Comisión tendrán derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.
 
2. Pretensiones
 
Según el comentado artículo 63, la Corte podrá declarar la violación de un derecho o libertad que se encuentre establecida en la Convención; igualmente, la Corte podrá ordenar, si fuere el caso, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos e incluso, condenar al pago de justa indemnización a la parte lesionada. Puede afirmarse entonces que son dos las pretensiones que pueden ser invocadas ante la Corte: por un lado, la violación de un Derecho Humano y, por el otro, el restablecimiento de la situación subjetiva lesionada, y el pago de una justa reparación o indemnización, si fuere el caso.
 
Así, la doctrina establece que la Responsabilidad Internacional del Estado se resuelve con la reparación, esto es, con el restablecimiento de las cosas a su estado original; por la indemnización de los daños y pérdidas (reparación por equivalente); o por la satisfacción de la pretensión propia, mediante la desaprobación del acto público lesivo; la destitución de funcionario; el castigo del culpable; las explicaciones públicas o disculpas por la vía diplomática.
 
Así, podemos señalar que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden invocarse las siguientes pretensiones:
 
a. LA REPARACION, o sea, que restablezca la situación lesionada por un Estado Parte.
 
b. LA INDEMNIZACION, referida al pago patrimonial de los daños y pérdidas que sufrió una persona, por el actuar ilegitimo de un Estado o de sus funcionarios. En este caso, la reparación es por equivalente.
 
c. LA SATISFACCION, pues se persigue dejar sin efecto el acto violatorio de un derecho inherente a la persona.
 
d. Además de estas tres pretensiones, los Estados y la Comisión también podrían solicitar a la Corte la interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención.
 
3. Requisitos de admisibilidad
 
Los requisitos de admisibilidad de los casos que se ventilan ante la Corte, están previstos en el artículo 61 de la Convención, el cual establece que será necesario para acudir a la Corte, el cumplimento de los requisitos que se establecen en los artículos 48 a 50 eusdem, referidos al procedimiento conciliatorio ante la Comisión, el cual fue ya analizado.
 
4. Procedimiento
 
La Convención se limita a regular sólo el contenido, efectos, ejecución del fallo. (Cfr.: artículos 66 a 69). Por ello, al nada disponer la Convención sobre el procedimiento aplicable en la Corte, deberá atenderse a la regulación propia de la Organización de Estados Americanos, y a las especificaciones adoptadas en cada caso por la propia Corte.
 
5. La sentencia y sus efectos
 
Según prevé el artículo 66 de la Convención, la sentencia deberá ser motivada y si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. Igualmente, el artículo 67 establece que la sentencia será definitiva e inapelable, y que en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
 
El contenido de la sentencia se encuentra regulado en el artículo 63 eiusdem:
 
"1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos con esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.".
 
De allí que la Corte podrá, por un lado, dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia, disponiendo que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad que ha sido conculcada, como bien se establece en el numeral 1 del artículo 63 eusdem; pero igualmente la Corte podrá dictar providencias cautelares para evitar daños irreparables a las personas, según lo establece el numeral 2 del artículo 63 eusdem.
 
En cuanto a la relación existente entre las potestades de la Corte, con el derecho interno de cada Estado, se ha señalado que ese artículo no condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo.
 
A su vez, el artículo 68 numeral 1 establece que los Estados Partes de la Convención se comprometerán a cumplir la decisión de la Corte, por lo que "no pueden modificar sus efectos, menos aún suspender su cumplimiento invocando las normas de su derecho interno" (caso Aloeboetoe), sino que debe acatar lo decidido y ejecutarlo de buena fe. Cuando en el fallo se disponga una indemnización al lesionado, según el artículo 68 numeral 2 de la convención, este se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de la sentencia contra el Estado, es decir, que la Corte efectúa una remisión hacia el derecho interno del Estado responsable, con el único fin de garantizar la efectividad de sus pronunciamientos.
 
La reparación de los efectos que pueden sobrevenir al incumplimiento de las sentencias de la Corte, hasta ahora han sido analizados desde un ángulo compensatorio de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que comporta toda violación a cualesquiera de los derechos humanos protegidos, sin perjuicio, claro está, de la obligación de cumplimiento específico de lo originalmente pactado, que subsiste hacia el futuro para el Estado que haya violado el indicado orden convencional.
 
En cuanto a las consecuencias específicas de la violación de la Convención, la Corte, citando en auxilio los fallos en el caso de la Fabrica de Chorzow y en el de la Reparación de daños sufridos por el Servicio de las Naciones Unidas, ha precisado lo siguiente:
 
a. Toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.
 
b. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en el restablecimiento de la situación anterior (a la violación de la Convención), la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.
 
c. Que la indemnización, por su parte, constituye la forma más usual para reparar los daños producidos por la violación de una obligación internacional.
 
d. Que la expresión justa indemnización, que utiliza el artículo 63.1 de la Convención, es compensatoria y no sancionatoria, en virtud del estado actual del Derecho Internacional.
 
Asimismo, estableció la Corte que en lo relativo a los daños materiales susceptibles de indemnización, debe acogerse el principio general según el cual éstos comprenden tanto el daño emergente como el lucro cesante. Refiriéndose también a su evaluación, expresó que debía efectuarse sin rigidez, y mediante una apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso. Así, por ejemplo, en las indemnizaciones por asesinatos, se toman en cuenta los ingresos que pudo haber obtenido la víctima a lo largo de su vida laboral, relacionándolos luego con las expectativas de sus familiares dependientes para obtener ingresos propios.
 
En lo referente al daño moral, también ha sostenido la Corte que "es resarcible; y que en los casos de violación de los derechos humanos, su liquidación debe ajustarse a los principios de equidad".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
IV. CONCLUSIONES
 
1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos solo es obligatoria para los Estados miembros de la Organización Americana, que la hallan firmado, ratificado o adherido, sin perjuicio de aquellos Estados que lo hagan posteriormente mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
 
2. Los derechos esenciales del hombre, previstos en la convención, no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. Asimismo, recordemos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución, los derechos establecidos en la convención se consideran Derechos Constitucionales, y por lo tanto, vinculantes a todo el ordenamiento jurídico Venezolano.
 
3. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos crea dos órganos, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estado Partes, tal y como se establece en el artículo 33 eiusdem.
 
4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función primaria y genérica la observancia y la defensa de los derechos humanos, función que ejerce en calidad de órgano de la OEA, cuando se trata del control de las obligaciones impuestas por la Carta y por la declaración de los Estados Miembros de la Organización. Pero, a su vez, la Comisión también es órgano de la Convención Americana en todo lo relacionado con las obligaciones de derecho particular previstas en ésta.
 
5. Cualquier persona está legitimada para acudir ante la Comisión, para la defensa de sus derechos humanos; sin embargo, es menester cumplir con los requisitos previstos en el artículo 46, entre los cuales figuran el agotamiento de todos los recursos que sean procedentes en el derecho interno del país, salvo las excepciones a que se refiere el ordinal 2 de ese artículo.
 
6. Sólo están legitimados para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Partes y la Comisión, luego de haber agotado el procedimiento conciliatorio previsto en los artículos 48 a 50 eiusdem. A su vez, la estimación de las pretensiones ventiladas en la Corte, supone el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del procedimiento conciliatorio previo, sustanciado en la Comisión.
 
7. La Corte es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en la Convención, siempre que los Estados Partes reconozcan su competencia. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegida en la Convención, puede disponer, por un lado, que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad que fue lesionada, al igual que dictar providencias cautelares para evitar daños irreparables.
 
8. De allí que ante la Corte, son tres las pretensiones que pueden ser inculcadas: la reparación de los daños causados; la indemnización, y la satisfacción de la pretensión propia esgrimida.
 
9. El fallo de la Corte será motivado, definitivo e inapelable y, solo en caso de desacuerdo sobre el sentido y alcance del mismo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que se presenten dentro de los noventa días a partir de la fecha de notificación del fallo. A su vez, los Estados Partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes y, el fallo que disponga indemnización, se podrá ejecutar en el respectivo país conforme a las normas vigentes en el derecho interno para la ejecución de sentencias contra el Estado.


Área de Clientes





¿Olvido su contraseña?
Páginas de Interés Ver todos los enlaces
    Badell & Grau. © Todos los derechos reservados. 2011. Términos y condiciones de uso
Oportunidades de Empleo