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Derechos Humanos
Sala Constitucional reguló utilización de sistemas de datos personales
 
Mediante sentencia de fecha 4 de agosto de 2011 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales, reguló la utilización de los sistemas de datos personales, estableciendo expresamente las garantías mínimas que deben respetarse en la administración y utilización de esa información.  
 
 En ese sentido, la Sala Constitucional, al analizar el Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), aprovechó y se pronunció sobre la garantía del derecho a la protección de datos personales, que resultan aplicables en términos generales, a todos los sistemas de base de datos personales, los cuales fueron definidos por la Sala como  el  “…conjunto organizado de datos que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado, salvo las excepciones establecidas en la ley.”
 
La Sala estimó que“(…) toda normativa o sistema sobre datos personales que contenga información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables debe garantizar (…)” los principios y garantías que se desprenden del propio Texto Constitucional y que fueron desarrollados por la Sala, entre los que destacan los siguientes:
 
1.                  Principio de autonomía de la voluntad
 
En lo que respecta al “principio de autonomía de la voluntad” la Sala ratificó que implica la “(…) necesaria existencia de un consentimiento previo, libre, informado, inequívoco y revocable para el uso o recopilación de datos personales.” Es decir, y así lo dispuso la Sala, que de ese principio se deriva “(…) el deber de informar al interesado previamente o al tiempo de recolección de datos, elementos como la identidad del responsable de los mismos, los fines para los cuales son recolectados y el modo en que podrá hacer efectivos su derecho a la autodeterminación, así como de cualquier otra información necesaria para garantizar el derecho a la protección de datos personales.”
 
2.                  Principio de finalidad y calidad
 
La Sala estableció que la recopilación de datos personales debe responder a finalidades, motivos o causas predeterminadas y, “(…) sólo podrán ser obtenidos y tratado para el cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de quien los obtenga en el marco del ordenamiento jurídico aplicable.”
 
3.                  Principio de conservación
 
La Sala aclaró que “la conservación de los datos se extiende hasta el logro de los objetivos para las cuales han sido elaborados, vale decir, que justificaron su obtención y tratamiento”.
 
4.                  Principio de exactitud
 
En lo que respecta al “principio de exactitud y de autodeterminación”, la Sala estableció que “(…) los datos deben mantenerse exactos, completos y actualizados, respondiendo a la verdadera situación de la persona a la que se refieran (…)”.
 
5.                  Principio de confidencialidad
 
La Sala ratificó la garantía de “(…) confidencialidad, de no alteración de datos por terceros y del acceso a tales datos por parte de las autoridades competentes de conformidad con la ley.”
 
La doctrina expuesta por la Sala se estableció  de forma general a los fines de garantizar la debida utilización de los sistemas de datos personales, de modo que tales indicaciones no sólo deben respetarse en el uso del SICRI, sino también en el resto de las bases de datos personales (v.gr. empresas de servicios públicos, instituciones bancarias, empresas aseguradoras, medicina prepagada, líneas aéreas, empresas de comercio electrónico, entre otras)


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