English
 
Derecho Inquilinario
Sala Constitucional ratifica constitucionalidad de la obligación de Arrendar un porcentaje de las viviendas construidas en desarrollos habitacionales.
 

SALA CONSTITUCIONAL  RATIFICA CONSTITUCIONALIDAD DE la obligación de ARRENDAR un porcentaje de las viviendas construidas en desarrollos habitacionales

 

Mediante sentencia del 16 de octubre de 2014, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad de la obligación que tienen los constructores de desarrollos habitacionales de destinar para el arrendamiento un porcentaje de las viviendas construidas.

 

La referida sentencia se pronunció con ocasión al  recurso de nulidad interpuesto contra los artículos 84, 88 y la disposición transitoria quinta de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, publicada en Gaceta Oficial extraordinaria No. 6.053 del 12 de noviembre de 2011. Los artículos impugnados establecen la obligación de las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez inmuebles, de destinar un porcentaje de viviendas para su arrendamiento (art. 84), y que al cumplir diez años de su construcción, los propietarios tendrán el compromiso de  ofertar en venta al arrendatario el inmueble (art. 88).  La disposición transitoria quinta  garantiza el derecho de adquisición de los arrendatarios que ocupen viviendas construidas sobre edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento. 

 

Los aspectos mas importantes de la sentencia de la Sala Constitucional son los siguientes:

 

1)     Función social de los inmuebles destinados a vivienda

 

En primer lugar, la Sala señaló que “desde 1914 el constituyente venezolano abandonó el tradicional carácter absoluto de la propiedad privada,”  reconociendo la posibilidad de “limitarlo legalmente y someterlo a ciertas restricciones derivadas de circunstancias de interés social y utilidad pública”.

 

En este orden de ideas, la Sala expuso que los inmuebles destinados a viviendas cumplen con una función social, en la cual el “constituyente le impone al Estado y a los particulares la obligación de garantizar una vivienda digna”.

 

 En cuanto al arrendamiento de viviendas, la Sala determinó que “es una de las vías a través de las cuales se puede satisfacer el derecho a la vivienda digna, y por lo tanto, es un negocio jurídico trasciende el interés personal y patrimonial”, por lo que “no es sólo un acto de libre disposición por parte del propietario, sino que representa una obligación constitucional”.

 

2)     Proporcionalidad de las medidas impugnadas

 

Estableció la Sala que “las normas impugnadas no recaen sobre todos los inmuebles arrendados para vivienda, sino sobre sólo dos categorías”: un porcentaje de los desarrollos habitacionales de más de diez inmuebles por un lado, y los apartamentos ubicados en edificios destinados a arrendamiento por más de veinte años.

 

En segundo lugar, la Sala señaló que las normas impugnadas “no implican la confiscación de los inmuebles”, sino que “garantizan el derecho de del propietario al pago del precio de la venta del inmueble una vez vencidos los lapsos establecidos para que cese la relación arrendaticia y opere el traspaso de propiedad del inmueble”.

 

En consecuencia, la Sala no estimó como desproporcionadas las medidas atacadas, puesto que los límites que contienen dichas medidas, se justifican por  la tutela del derecho a la vivienda digna.

 

3)     Aplicación de la ley vigente a contratos celebrados antes de su promulgación

 

En cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley en contratos celebrados antes de su entrada en vigencia, la Sala determinó que los contratos de arrendamiento, al ser de tracto sucesivo por naturaleza, “dan lugar a prestaciones recíprocas y continuas, que deben ajustarse a los eventuales cambios legislativos que puedan darse”. Por lo tanto, “no se trata de que la Ley impugnada esté regulando contratos celebrados con anterioridad a su promulgación, sino que tiene plena vigencia para las obligaciones contractuales y efectos que deben cumplirse en la actualidad”.

 

4)     Principio de igualdad entre pequeños arrendadores y multiarrendadores

 

En cuanto a si la distinción entre pequeños arrendadores (una o dos viviendas) y multiarrenadores (desarrollos habitacionales o edificios dedicados a arrendamiento) establecida en la Ley impugnada, viola el principio de igualdad, la Sala expuso que el legislador puede “introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias y estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, por lo que no se puede analizar el principio de igualdad desde una visión puramente formalista”.

 

En este sentido, la Sala estableció que la distinción anteriormente expuesta, no viola el Principio de igualdad, ya que mientras los pequeños arrendadores realizan esta actividad “en el marco del legítimo usufructo de su patrimonio”, los multiarrendadores la realizan como un “negocio especulativo que busca la acumulación de capital”.

 

Ver texto íntegro en:

 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/octubre/170038-1327-161014-2014-11-1426.HTML



Área de Clientes





¿Olvido su contraseña?
Páginas de Interés Ver todos los enlaces
    Badell & Grau. © Todos los derechos reservados. 2011. Términos y condiciones de uso
Oportunidades de Empleo