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Derecho Laboral
SC estableció la irrenunciabilidad de la estabilidad absoluta de los trabajadores protegidos por los fueros especiales
 
Sala Constitucional estableció la irrenunciabilidad de la estabilidad absoluta de los trabajadores protegidos por los fueros especiales
 
Mediante sentencia Nº 1952 de fecha 15 de diciembre de 2011, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, estableció que el régimen de estabilidad laboral especial dictado por el Ejecutivo Nacional atiende al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89, cardinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 
La Sala ratificó el criterio establecido en decisiones anteriores respecto a la protección que reviste a los trabajadores amparados por fueros especiales, indicando que: “el patrono debe apegarse a un procedimiento administrativo previo ante un funcionario calificado con competencia en materia del trabajo para que éste califique el despido so pena de que sea ordenado su reenganche. Tales supuestos pueden ocurrir cuando medie a favor del trabajador alguno de los supuestos contentivos de los fueros especiales”.
 
Afirmó la Sala que la aceptación por parte del trabajador del pago de sus prestaciones sociales e indemnizaciones por despido injustificado no puede considerarse que subsane la situación jurídica infringida por el patrono, pues este “razonamiento sólo pudiera resultar válido en el caso de que se trate de un trabajador que disfrute de estabilidad relativa, supuesto en el cual no se encontraba la accionante en amparo, quien estaba protegida por el Decreto de inamovilidad laboral especial dictado por el Ejecutivo Nacional”.
 
La Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salvó su voto e indicó que en anteriores fallos la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre los efectos de la aceptación de prestaciones sociales, por parte del trabajador, indistintamente se encuentre protegido por el régimen de estabilidad absoluta o relativa. A juicio de la Magistrada, la decisión debió declarar improcedente in limine litis el amparo ejercido, todo ello en resguardo de la uniformidad de la jurisprudencia que es la base de la seguridad jurídica”.
 


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