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Derecho Laboral
Sala de Casación Social declaró que son improponibles los recursos de juridicidad
 

Sala de Casación Social declaró que son improponibles los recursos de juridicidad

Ver Texto íntegro de la sentencia:  http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/mayo/0311-22513-2013-13-147.HTML

Mediante sentencia número 311 de 22 de mayo de 2013, caso: Administradora A-340 C.A., la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado Octavio Sisco Ricciardi, declaró que son improponibles los recursos de juridicidad que se presenten por ante esa Sala hasta que se resuelva la demanda de nulidad de los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que cursa ante la Sala Constitucional o cese la medida cautelar de suspensión de efectos sobre los mismos.

La Sala de Casación Social señaló que si bien por mandato de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa correspondía a la Sala Político Administrativa conocer de este recurso especial, la Sala de Casación Social únicamente será competente, cuando se ejerza un recurso especial de juridicidad contra una decisión de un Juzgado Superior del Trabajo, en una causa que se siga contra un acto administrativo dictado por los inspectores del trabajo, en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Ley Orgánica del Trabajo, ahora Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en sus Reglamentos”, en virtud de que es el órgano de mayor jerarquía funcional con competencia en la materia.

Sin embargo, con motivo de la sentencia 1149 que dictó la Sala Constitucional el 17 de noviembre de 2010 que  acordó la inaplicación del recurso de juridicidad, la Sala de Casación Social interpretó que los efectos de la referida norma suspenden o  limitan de manera provisional su ámbito de vigencia, sea material, espacial, temporal, o personal, de acuerdo a si la limitación versa sobre su contenido, el territorio sobre el cual despliega sus efectos, sobre el tiempo de su vigencia, o sobre los sujetos que comprende su regulación”.

Por otra parte, también hizo un análisis sobre la vigencia y la validez de una norma y señaló que “son expresiones que designan fenómenos jurídicos diferentes, aunque presenten afinidad, validez hace referencia a la existencia específica de una norma, y vigencia designa a la eficacia jurídica de la misma”.

En este orden de ideas, La Sala de Casación Social expresó que “en sentencia Nº 1.514 de 17 de diciembre de 2012, acogió el criterio de la Sala Político Administrativa sostenido, entre otras, en sentencia Nº 1.211, publicada en fecha 6 de octubre de 2011, mediante el cual “difiere el examen de admisibilidad del recurso de juridicidad en las causas iniciadas con ocasión a la pretensión de nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares, hasta tanto sea resuelta la procedencia de la demanda de nulidad presentada contra los artículos que desarrollan este medio impugnación –recurso especial de juridicidad–, o cese la medida de suspensión de efectos decretada sobre los mismos. Sin embargo, un estudio más detenido del asunto permite verificar que diferir el pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de juridicidad, concede vigencia o eficacia a la disposición que ha sido suspendida (artículo 95), es decir, aplazar el examen de admisibilidad del recurso implica reconocer la vigencia o eficacia de la norma suspendida, que es inejecutable como antes se mencionó”.

En concordancia con lo anterior, la Sala de Casación Social aclaró que “este cambio de criterio no es un asunto meramente formal, al contrario, tiene el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva en las causas sometidas al régimen de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, especialmente, en aquellas donde se ha ejercido el recurso de juridicidad, en las que si bien no ha tenido lugar el efecto suspensivo del recurso -a falta de admisión-, no han podido ser ejecutadas las sentencias de segunda instancia, ya que el expediente cursa ante esta Sala de Casación Social”, por cuanto “la tutela judicial efectiva no se agota con el acceso a los órganos jurisdiccionales, la obtención de un fallo motivado y congruente y el acceso a los recursos previstos en la ley”; la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva también se verifica cuando “existe una decisión en un plazo razonable y la posibilidad de ejecutar lo juzgado”.



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