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Derecho Laboral
Sala Casación Social reiteró criterio sobre la aplicación del denominado “Test de laboralidad”
 

Mediante sentencia N° 519 de fecha 26 de junio de 2018, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, ratificó la utilidad de la aplicación del test de laboralidad para establecer la naturaleza de determinada prestación de servicio así como de las relaciones de carácter laboral, cuando estas presenten ambigüedad con respecto a los elementos que la constituyen.

La Sala fundamentó su decisión reiterando su propio criterio expuesto en la sentencia Nº 0788 de fecha 26 de septiembre de 2013, con ponencia de la Magistrada Carmen Esther Gómez Cabrera, según la cual “el criterio fundamental para determinar la existencia de una relación laboral es la ajenidad de manera concomitante a la aplicación del test de dependencia o haz de indicios (…)Todas las conclusiones expuestas por esta Sala resultan encauzadas a la aplicación de un sistema que la doctrina ha denominado indistintamente ‘test de dependencia o examen de indicios’. La doctrina señala que el test de dependencia es una de las herramientas esenciales para determinar cuando una persona que ejecuta un trabajo o presta un servicio a favor de otra, ha establecido o no una relación de trabajo con la misma.”

A tal efecto, dicha sentencia señaló lo siguiente:

 “Una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe (…):

a)    Forma de determinar el trabajo (...)

b)   Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (...)

c)    Forma de efectuarse el pago (...)

d)   Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (...)

e)    Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...);

f)   Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).”.

Adicionalmente, la Sala ha incorporado a los criterios arriba presentados, los siguientes:

a)    La naturaleza jurídica del pretendido patrono.

b)   De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.

c)    Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.

d)   La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;

e)    Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena. “

 

Ver texto íntegro de la sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/212383-0519-26618-2018-18-036.HTML




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