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Derecho Mercantil
La Desmaterialización de los Títulos Valores
 
1.-Consideraciones Generales.
 
La crisis por efecto de los adelantos tecnológicos en la concepción tradicional de instituciones jurídicas como los títulos valores, se manifiesta con especial rigor en el proceso denominado la "desmaterialización" de los títulos valores. En Venezuela ha constituido tradición la noción de que el título valor supone la existencia de un documento físico; en este sentido sé ha definido al titulo valor, como "un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo".
 
Actualmente, el desenvolvimiento de los mercados financieros y bursátiles, ha exigido un cambio en la noción tradicional de los títulos valores. Tras la promulgación de la Ley de Mercado de Capitales, se estableció el concepto de los títulos valores emitidos en masa, lo que trajo como consecuencia un crecimiento en el número de títulos en circulación y la consecuente dificultad en su manejo. Esta necesidad de transferencia y almacenamiento por medios electrónicos de los actos jurídicos conectados con el referido título se le ha denominado el fenómeno de la desmaterialización de los títulos valores.
 
En efecto, la necesidad de un manejo adecuado de los títulos valores emitidos en masa, trajo como consecuencia la iniciativa de crear depósitos centralizados que permitan la rápida transmisión del título valor con el cumplimiento de sus elementos esenciales. Este mecanismo conlleva a la eliminación física del título y su sustitución por cuentas pasivas que abren las entidades emisoras de los derechos de crédito en su contabilidad, en las cuales se asienta el nombre de los adquirentes o beneficiarios originarios de las obligaciones emitidas, así como los ulteriores traspasos. La emisión de créditos de esta manera da lugar a los llamados "Títulos de Crédito Desmaterializados" (TCD).
 
En este sentido, en Venezuela, tras al promulgación de la Ley de Cajas de Valores en 1996 (G.O. No. 36.020 del 13 de agosto de 1996), se estableció la posibilidad de transmitir un título dado en depósito a la respectiva caja de valores, por medio de una orden del depositante que no se identifica de manera alguna con las formas de traspaso tradicionales
 
2.- El Titulo Valor Desmaterializado como documento.
 
En los títulos valores, el documento o papel contentivo del derecho es una cosa mueble corporal y, como tal, susceptible de relaciones y negocios jurídicos diversos (cesión, prenda, depósito, donaciones, etc.) que tienen por objeto inmediato el título y por objeto mediato el crédito incorporado en aquél. En el sentido tradicional hasta ahora explicado, los títulos Valores se han clasificado, según su forma de circulación, en nominativos, a la orden y al portador (vid. artículo 150 del Código de Comercio). Títulos nominativos, son aquellos cuyo beneficiario es una persona determinada y para su transferencia se requiere la realización de una cesión formal. Los títulos a la orden, son aquellos que indican como beneficiario a una persona determinada o a cualquier otra que ésta indique. La transmisión de estos títulos tiene lugar mediante el endoso y entrega del documento. Los títulos al portador son aquellos que carecen de un beneficiario determinado y en los cuales se tiene como beneficiario a la persona que posea el título para el momento en que se pretenda ejercer los derechos inherentes al crédito en él incorporado.
 
Cabe destacar que la información electrónica contenida en medios informáticos pertenece al genero de los documentos, pues además de servir de prueba histórica y representativa de la transacción realizada, puede ser objeto de reproducción, bien imprimiendo de su contenido, o compulsándolo por vías de informe o inspecciones.
 
3.- Valor probatorio del Documento Desmaterializado.
 
El documento electrónico es un medio de prueba no regulado legalmente, pero que tampoco se encuentra expresamente prohibido por la Ley, de manera que encuadra dentro de las llamadas pruebas libres u "otros medios de prueba" a que alude el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, (i) para producir dicho documento en el curso de un procedimiento administrativo o judicial es necesario aplicar por analogía las disposiciones que regulan medios semejantes; y (ii) el órgano que conoce de un procedimiento en el cual se ha producido un documento electrónico cuenta con amplia discrecionalidad para la apreciación de los hechos representados en dicho documento, desde que en esta materia se aplican, únicamente, las reglas de sana crítica.
 
En efecto, la apreciación del mérito de esa prueba debe realizarse de conformidad con la "regla de sana crítica", razón por la cual el órgano (administrativo o judicial), al analizar el valor o grado de veracidad de los documentos electrónicos, debe atender a la manera común en que los hechos contenidos en dichos documentos se producen.
 
Cabe aclarar que, la documentación electrónica sirve para demostrar fehacientemente la realización de la transacción, pero no hace plena prueba del autor de dicha transacción. Una de las diferencias que existen entre la prueba documental (documento privado, administrativo y público) y los documentos electrónicos, es la ausencia de firma (rubrica de puño y letra) en éstos últimos. Ciertamente, en algunos casos el mecanismo de imputación utilizado (claves de acceso o "password") no demuestra, más allá de la duda, que el sujeto que electrónicamente aparece como autor de la declaración documentada sea, efectivamente, su autor.
 
4.- El proyecto de reforma de la Ley de Mercado de Capitales.
 
En el proyecto de ley que se discutía en el Congreso se disponía la desmaterialización obligatoria de los títulos valores objetos de la oferta pública. Tal régimen se instauró en Francia en 1949, con la creación de la Sicovan (Societé Interprofessionelle pour la Compensation de Valeurs Mobilieres) y funciona de manera similar al de las Cajas de Valores reguladas en la Ley del 13 de agosto de 1996. Regímenes parecidos se observan también en Alemania (Kasenverein), Italia (Monte Titoli, s.p.a) y España. Sin embargo, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, rechazo la formula propuesta, y estableció que el ente emisor de los títulos escoja entre la representación del título mediante las formulas tradicionales o mediante la desmaterialización por medio de anotaciones en cuentas llevadas por una caja de valores.
 
El Banco Central de Venezuela mediante Resolución de fecha 7 de mayo (G. O. No. 36.453 del 14 de mayo de 1998), también establece las normas que rigen las ofertas de los Títulos de Créditos Desmaterializados, que puede emitir dicho instituto de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley que rige sus funciones. En las referidas normas ­artículo 9- se autoriza el empleo de medios electrónicos para notificar y confirmar a los participantes de las subastas, que resulten favorecidos con la adjudicación de TCD, respecto del monto que le fue adjudicado y sobre las condiciones de las respectivas operaciones.


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