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Derecho Mercantil
La Liquidación Judicial en el Proceso de Atraso
 
Venezolana Internacional de Aviación, S.A. -VIASA-, fue privatizada por el Gobierno Nacional, al haber sido adquirida - vía transferencia de sus acciones - por la empresa española Líneas Aéreas de España, S.A. - IBERIA-. No obstante ello, debido a la grave situación económica que atravesaba VIASA, sus administradores interpusieron -el 11 de marzo de 1997- solicitud de Atraso, a tenor de lo previsto en el artículo 898 del Código de Comercio, que fue declarada con lugar por el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas, oída la opinión favorable emitida por la masa de acreedores, y se ordenó la liquidación de dicha empresa.
 
El presente caso es particular, ya que el procedimiento judicial de atraso está orientado, de manera primordial, a la rehabilitación del comerciante, mientras que la liquidación se estableció como medio destinado a la conciliación de las deudas y acreencias de VIASA, a la satisfacción de las mismas y, finalmente, a la extinción jurídica definitiva de la empresa. El procedimiento judicial de atraso y la liquidación, difieren en lo sustancial y en lo procesal - entre otros- por los siguientes aspectos:
 
a) la liquidación constituye una manifestación de voluntad de los socios, de carácter unilateral, que se concreta a través de las gestiones que en ese sentido lleva a cabo el Administrador o el órgano societario que corresponda. El atraso es un acto jurisdiccional, que supone la administración vigilada por órganos ajenos a la sociedad - juez, síndicos, administradores judiciales, comisión de vigilancia, etc -
 
b) La liquidación puede ocurrir por i) expiración del término estipulado para el giro de la empresa según su contrato social. ii) acuerdo de los socios - en cualquier tiempo aún antes del vencimiento del plazo originalmente acordado-; iii) por quiebra de la sociedad; iv) por incorporación en otra sociedad. Es procedente el atraso cuando el activo social del comerciante excede positivamente al pasivo, pero por causas imprevistas, de carácter temporales y excusables, por falta de circulante, se requiere retardar o aplazar sus pagos.
 
c) La liquidación constituye una decisión de carácter definitiva en cuanto a que ella está preordenada a la cesación definitiva de la vida social de la empresa, mientras que en el atraso, vencido el lapso establecido para el mismo, y superada la situación que lo motivó, cesa la protección especial y se rehabilita la sociedad en su giro ordinario.
 
d) Las gestiones de liquidación no suponen ninguna protección - judicial o administrativa- respecto del patrimonio de la empresa, por lo que serían procedentes medidas preventivas o ejecutivas en su contra en cualquier fase de la liquidación. El procedimiento de atraso genera un período de protección - no mayor de 12 meses ex artículo 898 Código de Comercio- durante el cual no pueden ejecutarse contra la beneficiaria, medidas preventivas o ejecutivas - salvo disposición especial en contrario.
En el atraso de VIASA, han concurrido ambas figuras - atraso y liquidación definitiva de la empresa -, lo cual ha sido conciliado de manera idónea por el Tribunal de la causa.
 
Independientemente de la protección de la beneficiaria dentro del atraso, por vía excepcional, el artículo 71 de la Ley de Hipotecas Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión prevé, que el procedimiento ejecutivo regulado en dicha ley, se lleve a cabo, incluso en caso de muerte, quiebra, concurso o incapacidad del deudor, y es por ello que IBERIA - titular de las acciones de VIASA- logró hacer valer las acreencias que tenía contra VIASA, aún estando vigente el atraso decretado por el Tribunal. Invocando lo dispuesto en esta ley especial, IBERIA ejecutó las garantías que VIASA había constituido sobre su flota, que fue adjudicada en pago a la ejecutante el día 23-12-97, al no haber concurrido ningún otro postor interesado en participar y hacer puja en la subasta pública que tuvo lugar en la sede del tribunal. La flota de aeronaves operativas de VIASA pasó por esa vía a propiedad de IBERIA.
 
Se requiere ahora que el M.T.C autorice urgentemente la explotación de las rutas transoceánicas que operaba VIASA, por otras empresas venezolanas ya constituidas que cuenten con experiencia y capacidad para hacerlo.


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