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Derecho Mercantil
SCC admite validez de documentos apócrifos para el decreto de medidas cautelares en procedimientos por intimación
 

Sala de Casación Civil admite validez de documentos apócrifos para el decreto de medidas cautelares en procedimientos por intimación

 Mediante sentencia N° RC.000689 del 30 de octubre de 2012, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, estableció que en los procesos de intimación, las medidas cautelares establecidas en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil proceden de pleno derecho, sin que el Juez tenga la facultad discrecional de analizar la autenticidad del título o documento.

 En el caso bajo examen se había demandado a través del procedimiento especial por intimación el cobro de bolívares, fundamentado en unos pagarés. Dicho pagarés habían sido calificados por los tribunales de instancia como apócrifos, al no constar en los mismos la identidad del acreedor; para luego negar la medida cautelar de embargo de bienes muebles de la parte demandada.

 Al respecto señaló la Sala de Casación Civil que la sola presentación de alguno de los documentos exigidos en artículo 646 del Código de Procedimiento Civil (“...instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables...”) resulta suficiente para el decreto automático de cualquiera de las medidas cautelares establecidas en dicha norma. En efecto, se estableció en la sentencia: “...en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil (...) se verifica que el presupuesto fundamental de concesión de las medidas cautelares de embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados, en el procedimiento de intimación,  es la presencia de un documento particularmente calificado por la Ley, por lo que si el demandante presenta el instrumento a que se refiere el artículo, el juez estará en el deber legal de decretar la medida”.

 Adicionalmente señaló la Sala que analizar si el documento de crédito es apócrifo constituye un pronunciamiento de fondo, que no corresponde al juez actuando en fase cautelar; siendo el deber del órgano jurisdiccional en esta fase “...decretar la medida de embargo provisional solicitada, sin establecer algo distinto a la naturaleza propia de los pagarés”.

 La sentencia cuenta con un voto salvado por el Magistrado Carlos Oberto Vélez, quien señaló que un pagaré debe cumplir los requisitos de validez establecidos en el artículo 486 del Código de Comercio, y realizó las siguientes reflexiones: “Quien disiente, se coloca en la posición del Juez de instancia y reflexiona ante la posibilidad de decretar una medida preventiva de embargo con un pagaré apócrifo o unas letras de cambio sin firmar. De esta forma surgen interrogantes: ¿qué debe hacer el Juez? ¿Decretar la medida y comisionar al juez ejecutor de medidas para embargar al demandado sabiendo que esa demanda no conducirá a ningún lado, por cuanto los instrumentos carecen de firma? ¿Decretar el embargo al demandado y esperar que se decida la sentencia de mérito para que se declare nulo el pagaré o la letra de cambio? Mientras tanto, el demandado deberá sufrir las consecuencias del embargo preventivo”.



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