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Derecho Mercantil
Sala Constitucional exige a clubes privados cumplimiento del debido proceso en la imposicion de sanciones a sus socios
 

 

 

Mediante sentencia N° 0053, del 27 de febrero de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Lourdes Benicia Suárez (Caso: ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO CLUB CAMPESTRE PARACOTOS), ordenó a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro o clubes privados que en lo sucesivo garanticen dentro de sus estatutos de funcionamiento en el desarrollo de cualquier procedimiento disciplinario aplicado a sus asociados, todos los derechos y garantías indispensables que deben existir en todo proceso vinculado con el debido proceso y derecho a la defensa, así como los principios de razonabilidad, proporcionalidad de los actos y no discriminación”.

En ese orden de ideas, la Sala Constitucional estableció la directriz de que en todo proceso deben cumplirse las garantías indispensables para que sus miembros no sean sancionados sino por conductas previamente tipificadas en las normas asociativas legítimamente aprobadas, medidas que no pueden tomarse sino luego de un debido proceso cuyo inicio debe ser notificado al asociado, de manera que pueda ser escuchado, preparar su defensa, presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses,  dirigido a garantizar el principio de inocencia, de tal modo que cualquier decisión tomada por el órgano asociativo debe estar debidamente motivada y documentada en un expediente donde se refleje el contenido del proceso y las razones del acto sancionatorio, todo ello conforme a los principios de legalidad, progresividad y sin discriminación alguna, en aras de garantizar el goce y ejercicio legítimo del debido proceso y derecho a la defensa.”

De acuerdo a este nuevo criterio, todas las asociaciones civiles sin fines de lucro deben proporcionar dentro de sus documentos estatutarios o reglamentos internos las garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa de sus asociados en el desarrollo de procedimientos  sancionatorios, por lo que la omisión sobre tal formalidad deberá ser considerada por los Tribunales de la República como causal de nulidad absoluta de las actuaciones que no cumplan con esas garantías.

Click para ver texto íntegro de la sentencia
 




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