English
 
Derecho Penal
Intensificación del control penal sustantivo ante el descontrol social
 

Daniel Badell Porras

Abogado egresado de la UCAB

Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas UCAB

L.L.M International Commercial Law, Bournemouth – Inglaterra

Profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la UCAB

Socio del Despacho de Abogados Badell & Grau 


            I) En los países del mundo moderno se impone la sensatez como valor fundamental en el ámbito político, económico, social, cultural y jurídico. La justicia, la equidad, la igualdad y la libertad como pilares fundamentales del estado moderno constituyen, generalmente, la brújula madre de quienes se encargan de dirigir el rumbo de la sociedad; no constituye esto un gran descubrimiento, pues como bien sabemos los orígenes de tales principios emergen en la Revolución Francesa y la consecuente concepción del Derecho como fin del Estado[1].

 

 

            Evidentemente, no es ello lo que ocurre en nuestro país y mucho menos en nuestro sistema penal, la situación económica, política y social de Venezuela habla y se hace entender por sí misma; igual sucede en el ámbito penal, desde el punto de vista sustantivo atravesamos un arduo camino que también habla por sí mismo, pero que traduciremos en estas breves líneas.

 

            II) Planteamos una idea fundamental que denominaremos sentido común penal. Desde una óptica amplia, el sentido común comporta una serie de conocimientos, creencias o propuestas que benefician a un colectivo y que forman parte de cada individuo; desde una visión más afinada, el sentido común penal lo asociamos al correcto desarrollo y aplicación del sistema penal sustantivo y adjetivo salvaguardando dos nociones esenciales que acompañan al Derecho como fin del Estado y que son: la ley y el orden. Ley representa el orden de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por quien cuida la comunidad –Santo Tomas de Aquino- y el orden representado no por un sistema de normas yuxtapuestas, sino más bien coordinadas –Kelsen-.

 

            III) Los conceptos de ley y orden y su resguardo dejaron de existir hace mucho tiempo en los espacios públicos de nuestra sociedad, e incluso se perdieron puertas adentro en las familias que forman parte integrante de la misma. En la actualidad no existen o no se ejecutan políticas criminales orientadas a controlar espacios públicos en los que abunda un indiscutible sentir generalizado de inseguridad a consecuencia de actividades criminales desarrolladas por grupos civiles armados, bandas dedicadas a la extorsión, al secuestro exprés y no tan exprés, clonadores de tarjetas, estafadores, atracadores, relojeros, aguantadores, solo por mencionar algunos; y otros tantos criminales que operan en espacios privados como oficinas, consultorios, despachos, tales como captadores ilegales de fondos, legitimadores de capitales, entre otros, todos los cuales maniobran al margen de la ley con la fiel convicción de que desorden, impunidad, arbitrariedad, ilegalidad, quebrantamiento y transgresión serán seguramente las palabras rectoras en su relación más cercana al sistema de administración de justicia penal.

 

            Ahora bien ¿cómo se ha pretendido controlar el fenómeno de la delincuencia en nuestra sociedad? La respuesta es sencilla, creando un extenso cúmulo de tipos penales que, a efectos académicos dividiremos en tipos penales principales y tipos penales colaterales.

 

            Entre los tipos penales principales encontramos los previstos en el Código Penal[2] y en los tipos penales colaterales el Código Orgánico de Justicia Militar[3], el Código Orgánico Tributario[4], el Código de Comercio[5], el Código de Procedimiento Civil[6], la Ley Orgánica sobre Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia[7], la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes[8], la Ley Orgánica de Drogas[9], la Ley Contra la Corrupción[10], la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo[11], La Ley Especial Contra Delitos Informáticos[12], Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera[13], La Ley de la Actividad Aseguradora[14], La Ley para la prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos[15], Ley Contra el Secuestro y la Extorsión[16], la Ley Penal del Ambiente[17], la Ley de Aguas[18], la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores[19], la Ley de Aeronáutica Civil[20], la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales[21], la Ley Sobre el Derecho de Autor[22], la Ley de Propiedad Industrial[23], la Ley de los Sistemas Metropolitanos de Transporte[24], la Ley Orgánica de Procesos Electorales[25], la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones[26], la Ley Orgánica de Precios Justos[27], la Ley de Instituciones del Sector Bancario[28], la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Fideicomisos, la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos[29], la Ley del Sistema Económico Comunal[30], la Ley Orgánica de Extranjería y Migración[31], la Ley Orgánica de Identificación[32], la Ley Orgánica de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales[33], la Ley de la Seguridad de la Nación, la Ley del Ejercicio de la Odontología, la Ley del Ejercicio de la Farmacia, la Ley de Abogados, la Ley de Ejercicio del Periodismo, la Ley de Ejercicio Profesional de la Sociología y la Antropología, la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines[34], la Ley de Bioanálisis[35], la Ley de Nutrición y Dietética[36], la Ley del Ejercicio de la Contaduría[37], la Ley del Ejercicio de la Profesión Veterinaria[38], la Ley del Ejercicio de la Medicina[39], la Ley Orgánica del Poder Judicial[40], la Ley de Registro de Antecedentes Penales[41], la Ley de Depósito Judicial[42], la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos[43], la Ley de Archivo Nacional[44], la Ley de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda sin Desplazamiento de Posesión[45], la Ley Especial de Deudor Hipotecario[46], la Ley de Ventas de Parcelas[47], el Decreto con Fuerza de Ley General de Marinas y Actividades Conexas[48], la Ley de Protección de las Comunicaciones[49], la Ley de Telecomunicaciones[50], la Ley de Propiedad Horizontal[51], la Ley de Protección de Patrimonio Cultural[52], la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela[53], la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico[54], la Ley Para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles[55], la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo[56], la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras[57], la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial[58], la Ley sobre el Delito de Contrabando[59], la Ley de Metrología[60], la Ley de Medicamentos[61], la Ley de Transfusión y Bancos de Sangre[62], la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria[63], la Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a éstas[64], la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la Asamblea Nacional[65], la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura u otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes[66], la Ley de Registros y del Notariado[67], la Ley de Marinas y Actividades Conexas[68] y la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones[69].

 

            Así, forman parte de nuestro sistema penal sustantivo un (1) instrumento jurídico que prevé tipos penales principales y otros setenta y seis (76) que establecen tipos penales colaterales, que en su conjunto agrupan novecientos cincuenta y tres (953) tipos penales, cifra record para cualquier ordenamiento jurídico en el mundo. 

 

            La cuestión así planteada refleja una gran insensatez y carencia absoluta del concepto presentado como sentido común penal, pues de qué sirve tener novecientos cincuenta y tres (953) tipos en nuestra legislación penal si no existe la voluntad política, ni la posibilidad material de confrontar, juzgar y sancionar el incumplimiento de los mismos. Aunado a lo anterior, exhibimos también la cifra record de impunidad; alrededor del noventa y dos por ciento (92%) de los delitos comunes y noventa y ocho por ciento (98%) de delitos cometidos en materia de derechos humanos quedan impunes[70].

 

            Aunado a ello, desarrollamos en nuestro sistema penal un fenómeno denominado “dispersión de leyes”, el cual está referido a la “…excesiva promulgación de leyes con un contenido punitivo, las cuales vienen a incrementar los espacios de intervención del Derecho Penal, por lo que se ha hablado de su expansión (Silva Sánchez) o inflación (Ferrajoli), siendo esto evidentemente contrario a la deseable reducción de la intervención punitiva en las relaciones sociales, por sus consecuencias perjudiciales y su naturaleza violenta”[71].

 

            IV) Lo verdaderamente importante es hacer notar que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo -por cuanto muchos de los tipos penales colaterales aquí mencionados  han sido aprobados o reformados por el Presidente de la República en ejercicio de una ley habilitante- han cometido un yerro de proporciones superlativas al pretender afrontar el desbordado fenómeno delictivo mediante la tipificación de cualquier conducta; esa tipificación se ejecuta promulgando una ley especial que surge a consecuencia directa del delito de mayor auge u ocurrencia en un momento determinado. Por lo anterior, afirmamos que las políticas de desarrollo jurídico de nuestro ordenamiento sustantivo penal responden a patrones desconocidos por la metodología de la ciencia penal pero que podrían identificarse, sin temor a equivocarnos, con las ideologías políticas de turno.

 

            Vale referirnos entonces a la aporía “…que se considera expresión del error, o ideológico, de quien solicita la solución aporética, o técnico, de quien, al requerírsele una solución correcta desde el punto de vista ideológico, la traduce incorrectamente en una norma jurídica”[72], para señalar que la exigencia social de respuestas concretas al fenómeno delincuencial en Venezuela no ha sido más que una ventana política de proyección ideológica, de corte socialista y revolucionaria, mediante la cual se demostró la ineficiencia política y sistemática de un grupo parlamentario hoy sustituido en buena parte.

 

            El momento político que vivimos en la actualidad y la realidad social que  afrontamos día a día exigen, al menos, la aplicación mínima de nuestra noción del sentido común penal –ley y orden- junto a una estrecha vinculación entre políticas criminales adecuadas y realidad social con el único objetivo de aspirar a la reconstrucción de un sistema penal lógico, asequible y sobretodo aplicable a sus destinatarios.     

 

           


[1] GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; Revolución Francesa y Administración Contemporánea. 4ta Edición. Editorial Thomson – Civitas. Navarra – España 1998. Página 27 y siguientes.

[2] Gaceta N° 39.818 | 12-dic-2011

[3] Gaceta N° 5.263 | 17-sep-1998

[4] Gaceta N° 6.152 | 18-nov-2014

[5] Gaceta N° 475 | 21-dic-1955

[6] Gaceta N° 4.209 | 18-sep-1990

[7] Gaceta N° 40.551 | 28-nov-2014

[8] Gaceta N° 6.185 |8-jun-2015

[9] Gaceta N° 39.546 | 5-nov-2010

[10] Gaceta Nº 6.155  | 19-nov-2014

[11] Gaceta Nº 39.912  | 30-abr-2012

[12] Gaceta Nº 37.313  | 30-oct-2001

[13] Gaceta Nº 5.159  | 25-jul-1997

[14] Gaceta Nº 6.220  | 15-mar-2016

[15] Gaceta Nº 39.320  | 3-dic-2009

[16] Gaceta Nº 39.194  | 5-jun-2009

[17] Gaceta Nº 39.913  | 2-may-2012

[18] Gaceta N° 38.595 | 2-ene-2007

[19] Gaceta N° 37.000 | 26-jun-2000

[20] Gaceta Nº 39.140  | 17-mar-2009

[21] Gaceta Nº 34.060  | 27-sep-1988

[22] Gaceta Nº 4.638  | 1-oct-1993

[23] Gaceta Nº 25.227  | 10-dic-1956

[24] Gaceta Nº 3.155  | 29-abr-1983

[25] Gaceta Nº 5.928  | 12-ago-2009

[26] Gaceta Nº 6.013  | 23-dic-2010

[27] Gaceta Nº 40.787 | 12-nov-2015

[28] Gaceta Nº 40.557  | 8-dic-2014

[29] Gaceta N° 6.210 | 30-dic-2015

[30] Gaceta Nº 6.011  | 21-dic-2010

[31] Gaceta N° 37.944 | 24-may-2004

[32] Gaceta Nº 6.155  | 19-nov-2014

[33] Gaceta N° 38.536 | 4-oct-2006

[34] Gaceta N° 25.822 | 26-nov-1958

[35] Gaceta N° 30.160 | 23-jul-1973

[36] Gaceta Nº 36.526  | 27-ago-1998

[37] Gaceta Nº 30.273  | 5-dic-1973

[38] Gaceta N° 28.737 | 24-sep-1968

[39] Gaceta N° 39.823 | 19-dic-2011

[40] Gaceta Nº 5.262  | 11-sep-1998

[41]  Gaceta Nº 31.791  | 3-ago-1979

[42] Gaceta Nº 28.213  | 16-dic-1966

[43] Gaceta Nº 39.808  | 25-nov-2011

[44] Gaceta Nº 21.760  | 13-jul-1945

[45] Gaceta Nº 1.575  | 4-abr-1973

[46] Gaceta Nº 38.756  | 28-ago-2007

[47] Gaceta Nº 3.242  | 18-ago-1983

[48] Gaceta Nº 6.153  | 18-nov-2014

[49] Gaceta Nº 34.863  | 16-dic-1991

[50] Gaceta N° 39.823 | 19-dic-2011

[51] Gaceta N° 3.241 | 18-ago-1983

[52] Gaceta N° 4.623 | 3-oct-1993

[53] Gaceta Nº 38.394  | 9-mar-2006

[54] Gaceta Nº 39.573  | 14-dic-2010

[55] Gaceta Nº 36.254  | 23-jul-1997

[56] Gaceta Nº 38.236  | 26-jul-2005

[57] Gaceta Nº 6.076  | 7-may-2012

[58] Gaceta Nº 39.823  | 19-dic-2011

[59] Gaceta Nº 6.017  | 30-dic-2010

[60] Gaceta Nº 38.819  | 27-nov-2007

[61] Gaceta Nº 37.006  | 3-ago-2000

[62] Gaceta Nº 31.356  | 8-nov-1977

[63] Gaceta Nº 39.912  | 30-abr-2012

[64] Gaceta N° 6.210 | 30-dic-2015

[65] Gaceta Nº 37.252  | 2-ago-2001

[66]  Gaceta Nº 40.212  | 22-jul-2013

[67] Gaceta Nº 6.156  | 19-nov-2014

[68] Gaceta Nº 6.153  | 18-nov-2014

[69] Gaceta Nº 40.190  | 17-jun-2013

[70] Información tomada de la página web del Observatorio Venezolano de Prisiones. Accesada el 11 de mayo de 2016. Link disponible: http://observatoriodeviolencia.org.ve/impunidad-fomenta-los-abusos-policiales/

[71] RODRIGUEZ MORALES, Alejandro; Síntesis de Derecho Penal. Parte General. Ediciones Paredes. Tercera Edición. Caracas – Venezuela 2014. 

[72] MOCCIA, Sergio; El Derecho Penal entre ser y valor. Función de la pena y sistemática teleológica. Serie Maestros del Derecho Penal  Editorial BdeF. Montevideo – Buenos Aires 2008. Página 11.



Área de Clientes





¿Olvido su contraseña?
Páginas de Interés Ver todos los enlaces
    Badell & Grau. © Todos los derechos reservados. 2011. Términos y condiciones de uso
Oportunidades de Empleo