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Derecho Penal
Sala Constitucional prohibió beneficios procesales a responsables de la comisión de delitos sexuales atroces
 

Mediante sentencia N° 91 de fecha 15 de marzo del año 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante “SC”), con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, prohibió beneficios procesales a aquellos responsables de la comisión de “delitos sexuales atroces”. 

La SC señaló que, en primer lugar, “el sistema interamericano de derechos humanos sostiene que la responsabilidad de los Estados de actuar con la debida diligencia frente a los actos violentos que atenten contra los derechos humanos se extiende incluso a las acciones de actores no estatales, terceros y particulares. (…) Se trata, pues, del reconocimiento de la llamada “imputabilidad internacional de actos de terceros”. Seguidamente expuso “que la responsabilidad del Estado de castigar aquellos hechos punibles que atenten contra los derechos humanos, considera que en materia de violencia de género se hace obligatorio aplicar diversas disposiciones normativas vigentes que procuren la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de aquellos delitos atroces, que merecen, por su gravedad, el establecimiento pleno del ius puniendi.”

En vista de las anteriores consideraciones, la SC resolvió “que los hechos punibles que ocasionan un alto impacto social y que constituyen delitos atroces, por sus graves violaciones a los derechos humanos, son los siguientes:

1.- El delito de violencia sexual (tipificado en el artículo 43 Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia ), cometido en forma continuada; 2.- el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable (artículo 44 LOSDMVLV); 3.- el delito de prostitución forzada (artículo 46 LOSDMVLV); 4.- el delito de esclavitud sexual (artículo 47 LOSDMVLV); 5.- el delito de tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 55 LOSDMVLV); y 6.- el delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 56 LOSDMVLV).”

Adicionalmente   la Sala incluyó en ese concepto “a los delitos de explotación sexual de niños y adolescentes varones; y abuso sexual a niños y adolescentes varones, cometidos en forma continuada, tipificados en los artículos 258, 259 y 260 LOPNNA.”

Respecto al juzgamiento de estos delitos  la Sala indicó “que una vez que se haya desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.”

Finalmente la sentencia estableció “que en los delitos señalados anteriormente por esta Sala como atroces, cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes (sean éstos hembras o varones), el  cómputo para que opere la prescripción de la acción penal destinada a su enjuiciamiento se iniciará a partir del día en que la víctima adquiera la mayoría de edad. De igual manera, dicho lapso de prescripción comenzará a computarse desde el día que fallezca la víctima menor de edad”, con la intención de “evitar la impunidad en el enjuiciamiento de estos” en virtud del llamado “traumatismo del silencio.”

Ver texto íntegro de la sentencia

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/196883-91-15317-2017-14-0130.HTML



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