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Cuaderno 5
 

Contratos Administrativos

 

En esta oportunidad, dedicamos La serie Cuadernos Jurídicos Badell & Grau, al estudio de uno de los más apasionantes capítulos del Derecho Administrativo: los contratos administrativos. Desde La adopción de esta .figura por La jurisprudencia -con motivo de La celebre decisión de la Corte Federal y de Casación de Jecha 5 de diciembre de 1944, caso: C.A. N. V. Aannemersberdrif yoorhen T. De Brejen Van de Bout vs. Ministerio de Obras Pt1blicas-son muchos los pronunciamientos judiciales que han versado sobre contratos administrativos, de modo que el estudio sistemático de esa modalidad contractual resulta de suma utilidad para cualquier interesado en esta disciplina.

La Administracion, para lograr adecuadamente La realización de sus fines, precisa la colaboración de Los particulares y, a tal efecto, puede acudir a mecanismos de muy variada índole, que van desde la imposición coactiva y Forzosa de la colaboración (vgr. servicio militar obligatorio) hasta la invitación y subsiguiente celebración de convenios o contratos. En este último caso, cuando el contrato se celebra con fines de servicio publico, se dice que el contrato es "administrativo ", 10 que apareja como efecto inmediato su sujeción a un régimen especial en cuanto a su cumplimiento, ejecución y extinción. Los aspectos generales de La contratación administrativa: Las discusiones sobre su existencia; sus diferencias con los contratos de derecho común celebrados por La Administracion; y los diversos conceptos que del mismo se han dado, se estudian en el Capitulo I de este Cuaderno.

La noción de servicio publico que preside un determinado contrato administrativo, puede aparecer de manera evidente en su texto; 0 puede, por el contrario, deducirse tácitamente por la presencia de cláusulas exorbitantes del derecho común en la convención. Servicio publico y cláusulas exorbitantes son, en definitiva, los dos elementos clásicos para determinar cuando un contrato es administrativo. La significación de estos conceptos y su desarrollo jurisprudencial es el tema que ocupa nuestra atención en el Capitulo II.

EL Capitulo III de este cuaderno nos lleva a reflexionar sobre Los elementos de validez de los contratos administrativos. Y es que estos, como cualquier con venia, requieren para su validez el cumplimiento de una serie de requisitos. Supone así el otorgamiento de un contrato administrativo, que el órgano que representa a La Administracion Pública tiene atribuida La competencia para celebrar el contrato; que el objeto de La contratación cumple los requisitos para su validez (licitud, posibilidad y determinabilidad); que el contrato obedece a una causa [[cita, y que las partes han manifestado legítimamente su consentimiento para La celebración del contrato.

El procedimiento previo a Ia formación del contrato, y particularmente, el régimen formal contenido en La Ley de Licitaciones y su Reglamento, es eL lema que nos ocupa en el Capitulo IV del presente trabajo. Allí se analizan los principios generales de igualdad, concurrencia y publicidad, sobre los cuales descansa todo eL régimen de licitaciones; se estudia La naturaleza jurídica de La licitaci6n; y se efecto un estudio sistemático de fa Ley de Licitaciones.

Las potestades y derechos de La Administracion Publica en Ia ejecución y cumplimiento del contrato, háyanse tratadas en el Capítulo V. Allí  se estudian las prerrogativas de poder publico que, para asegurar el fin de servicio publico presente en fa contrataci6n, se otorgan al ente público contratante: La posibilidad de modificar unilateralmente el alcance del contrato; La facultad de interpretación unilateral de sus cláusulas; su extinción también unilateral-incluso sin que medie falta del contratista, son algunas de las extraordinarias posibilidades de que goza la Administracion cuando celebra contratos administrativos, y que se exponen detalladamente en esta entrega. 

También al contratista o co-contratante se Ie acuerdan una serie de derechos que resultan exorbitantes en el derecho común. El mas importante de esos derechos tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio económico-financiero, en cuya virtud se reconoce que, si el beneficia que el contratista buscaba obtener can La ejecución del con trato, se frustra o sufre un menoscabo por causas imputables a la Administracion Publica, e incluso por causas no imputables, imprevisibles y sobrevivientes a La oportunidad de celebrar el contrato, el contratista tiene derecho a que tal beneficio Ie sea restablecido por la Administracion, 0 al menos, que los perjuicios sufridos sean atenuados. De ella nos ocupamos en el capitulo VI de esta obra.

Además de los medios de extinción que rigen el derecho privado (vencimiento del plazo, resolución judicial del contrato, disolución por mutuo consentimiento), el contrato administrativo puede extinguirse por el ejercicio de potestades extraordinarias de la Administracion, tales como La revocatoria, anulación y decisión unilateral del contrato; y su resolución judicial. Cada uno de. esos medios de extinción, y las consecuencias que derivan de su empleo son esquematizados en el Capitulo VII.

El ultimo Capitulo de este cuaderno (Capitulo VIII) 10 dedicamos al análisis del llamado contencioso-contractual. Y es que en los contratos administrativos, como en toda relación bilateral, pueden existir -y de hecho existen desavenencias entre las partes en cuanto a fa interpretación, cumplimiento, ejecución o extinción de la convencion. Cuando de contratos ordinarios se trata, el principio de igualdad impone que la parte interesada acuda a La vía judicial para hacer valer su posición jurídica; en estos casos, el conflicto se soluciona a través de los tradicionales medios de impugnación en el ámbito contractual: demandas de nulidad, de cumplimiento, o de resolución, as{ como de indemnización de daños y perjuicios. Al lado de la solución judicial obligatoria de Los conflictos contractuales -que también existe en el caso de los contratos administrativos una de las partes (La Administracion) esta facultada -con el propósito de asegurar el cumplimiento de los cometidos públicos con vista a los cuales se celebro el contrato para adoptar decisiones unilaterales, dotadas de fuerza ejecutoria, destinadas a interpretar, modificar, controlar e incluso extinguir la contratación; los actos así adoptados son de naturaleza eminentemente administrativa y se encuentran, por tanto, sujetos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa como cualquier acto de su misma especia. Por lo tanto el particular interesado en obtener la nulidad de tales actos (normalmente el mismo contratista) puede Lograr su propósito mediante la interposición de una acción típica del Derecho Procesa Administrativo: el recurso contencioso administrativo de anulaci6n. El régimen de cada uno de esos medios de control judicial es lo que denominamos contencioso-contractual, y como se advirti6 antes, constituye el ultimo tema que se aborda en este cuaderno.




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