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Cuaderno 11
 

Comentarios a la Ley Contra la Corrupción

 

Badell Grau & de Grazia ha centrado su atención en esta oportunidad en la Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.637 del 7 de abril de 2003, que derogó la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público del año 1983. El objeto de esta denominada Ley Contra la Corrupción es, en atención a lo previsto en su artículo 1, establecer normas que rijan la conducta de todas aquellas personas que tengan vinculación con el patrimonio público en virtud de su relación funcionarial o circunstancial. 

            Este importante  aspecto de la actividad administrativa requiere del establecimiento de regulaciones tendentes a garantizar el manejo adecuado de los recursos  a fin de preservar el patrimonio público. Sirven de principios inspiradores a este especial ordenamiento jurídico la honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de 1999. En efecto, el nuevo orden constitucional propugna un cambio  en la cultura y hábitos organizacionales que han enturbiado y obstaculizado el ejercicio de la función pública “a fin de combatir la perjudicial tendencia a la desviación del ejercicio de esta función hacia la satisfacción de intereses subalternos que han facilitado la corrupción”. (Exposición de Motivos de la Constitución de 1.999)           

El establecimiento de regulaciones claras y precisas respecto del ejercicio de la función pública y los distintos tipos de  responsabilidad que de ella se derivan  deben estructurarse en orden a la adaptación que exigen los tiempos modernos a una gerencia pública eficiente, que lejos de entrabar su funcionamiento debido a un exceso de regulaciones y controles, facilite su desarrollo. En consonancia, con estos criterios la Ley Contra la Corrupción pretende en buena medida adaptar su contenido a esta realidad, en atención a la experiencia que la aplicación de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público determinó en el pasado.           

Constituye una realidad inobjetable, que el ejercicio de la función pública en Venezuela adolece de vicios enraizados como la corrupción en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, siendo tarea del ámbito legal regular esta materia a fin de garantizar no sólo el ejercicio eficiente de la función pública sino el manejo adecuado de los recursos involucrados en su ejercicio. Conciliar este doble aspecto de la actividad administrativa ha llevado al legislador de la Ley Contra la Corrupción ha establecer, más allá de los controles públicos propios de la Administración, mecanismos de participación ciudadana en la salvaguarda del patrimonio público.           

Es la intención del presente estudio,  poner de manifiesto de manera inicial las consideraciones generales respecto de la responsabilidad  del funcionario público, y luego, realizar una especial referencia al contenido de la Ley Contra la Corrupción,  resaltando los aspectos novedosos en ella previstos, como el relativo a la ampliación del ámbito objetivo y subjetivo de aplicación  en orden a la consideración concreta que a los efectos de dicha Ley, tienen los funcionarios públicos y el patrimonio público. Asimismo  nos referiremos a los diversos tipos de delitos que contra la cosa pública prevé la Ley y al procedimiento y sanción que su comisión implica.  

De igual forma se resalta la intervención de distintos organismos del poder público, en el logro del objeto de la Ley Contra la Corrupción como la atinente a la Contraloría General de la República,  Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.

            Badell, Grau & De Grazia espera que la publicación del presente Cuaderno Jurídico Nº 11, sirva de medio de consulta a todos aquellos que de alguna manera requieren conocer el alcance del ejercicio de la función pública y facilitar el manejo de la Ley Contra la Corrupción.  



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