Sala de Casación Civil analizó la figura de la extensión jurisdiccional

Mediante sentencia N° 127 de fecha 03 de junio de 2022, la Sala de Constitucional estableció que cuando se trata de preservar el testimonio de niños, niñas y adolescentes en condición de víctimas o de testigos, sobre el conocimiento que éstos tienen sobre los hechos objeto del proceso penal, los jueces deberán emplear la práctica de la prueba anticipada incluso telemáticamente. La Sala Constitucional en su motivación hizo mención al criterio vinculante establecido por la misma en sentencia N° 1049 de fecha 30 de julio del 2013 donde estableció que: “…conforme al artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Jueces y Juezas con Competencia en materia Penal que integran los distintos Circuitos Judiciales de la República, podrán emplear la práctica de la prueba anticipada, prevista en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, previa solicitud del Fiscal del Ministerio Público o cualquiera de las partes, para preservar el testimonio de los niños, niñas y adolescentes, ya sea en condición de víctima o en calidad de testigo, sobre el conocimiento que éstos tienen de los hechos”. Es por ello que la Sala Constitucional en ejercicio de su potestad de revisión ordenó al Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio Accidental del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas celebrar la audiencia de prueba anticipada a las víctimas (vía telemática) a fin de garantizar los artículos 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 289 del Código Orgánico Procesal Penal.

PUBLICACIÓN RECIENTE

Gaceta Oficial Nº 42.722 Ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2023

2-Oct-2023

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Sala de Casación Civil analizó la figura de la extensión jurisdiccional

JURISPRUDENCIA

Mediante sentencia número 380 del 30 de junio de 2023, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Henry José Timaure Tapia, fijó el monto condenado por concepto de indemnización por daño moral, tomando como referencia el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.

En el caso comentado, la Sala ejerció su facultad de estimar el monto del daño moral discrecionalmente una vez comprobado el hecho ilícito, en aplicación del criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional en la sentencia número 606 del 11 de agosto de 2017. Sin embargo, la Sala de Casación Civil utilizó un parámetro distinto al que se había venido empleando para establecer el monto condenado como indemnización por daño moral, el cual consistía en determinada cantidad de unidades tributarias (U.T.), haciendo uso en esta oportunidad del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela para el momento del pago efectivo.

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