En sentencia Nº 440 del 23 de octubre de 2025, la Sala de Casación Social del TSJ estableció que la pretensión de reincorporación de trabajadores amparados por inamovilidad laboral y el pago de salarios caídos, suscitada por un presunto cierre ilegal de la entidad de trabajo, constituye una situación de hecho cuya resolución y vigilancia compete de manera exclusiva a la Administración Pública, por la Inspectoría del Trabajo. La Sala estableció que el Poder Judicial carece de jurisdicción para conocer y decidir sobre estos asuntos, al tratarse de facultades atribuidas taxativamente a la sede administrativa por mandato legal.
