El 1 de septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó su competencia para conocer casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, a pesar de la denuncia de la Convención Americana por parte del Estado en 2012. El tribunal desestimó las excepciones preliminares interpuestas por el Estado venezolano y validó la ratificación de la Convención Americana realizada en 2019, considerándola con efectos jurídicos plenos y retroactivos, lo que sanó el periodo de denuncia. La Corte determinó que la Convención Americana siguió vigente para Venezuela de manera continua desde su ratificación original en 1977, permitiendo que los casos ocurridos durante ese lapso avanzaran a la etapa de fondo y reparaciones.
