El 1 de agosto de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que la designación de un tercer país como «país de origen seguro» debe ser objeto de un control judicial efectivo. El Tribunal decidió en el contexto de dos nacionales de Bangladés, país que Italia considera seguro, a quienes se les denegó la protección internacional que solicitaron, bajo un procedimiento acelerado.
El Tribunal precisó que un solicitante y un tribunal deben poder acceder a las fuentes de información que fundamentaron dicha designación para impugnar o controlar su legalidad. El Tribunal señaló que un Estado miembro no puede incluir a un país en la lista de países seguros si no ofrece una protección suficiente a toda su población.
