En sentencia del 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el Poder Ejecutivo excedió sus competencias al imponer aranceles globales amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que dicha interpretación invadía las facultades constitucionales del Congreso en materia de política comercial.
La Corte estableció que el presidente debe contar con una autorización clara del Congreso para justificar una afirmación extraordinaria del poder de imponer aranceles, advirtiendo que permitir lo contrario reemplazaría la colaboración histórica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por una formulación de políticas presidenciales sin control. En consecuencia, la decisión dejó sin cobertura legal los aranceles globales previamente impuestos, aunque no afectó los aranceles individuales aplicados a países o productos específicos.
