En sentencia del 15 de mayo de 2025 se estableció el deber del Estado de resguardar la vida y la salud de las personas privadas de libertad, al acoger un recurso de protección y disponer el traslado de un interno a otra unidad penal. El tribunal verificó que el recluso enfrentaba graves amenazas a su integridad física y psíquica en su lugar de reclusión, lo que configuraba una vulneración a sus derechos fundamentales, por lo que ordenó su traslado inmediato a un centro que garantizara condiciones dignas y seguras.
La Corte de Valparaíso destacó que, ante riesgos inminentes contra la vida o salud de un privado de libertad, las autoridades penitenciarias deben actuar con celeridad, sin exigir el agotamiento de instancias administrativas previas.
