En Sentencia N° 1959 del 9 de diciembre de 2025, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional el Decreto N° 5.190, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un lapso de sesenta (60) días. La Sala fundamentó su decisión en que el decreto respondía a «circunstancias económicas extraordinarias que afectan gravemente la vida económica de la Nación«, tal como lo exige el artículo 338 de la Constitución. Específicamente, la Sala consideró que existía una situación fáctica que el Ejecutivo Nacional debía afrontar, caracterizada por «una guerra comercial inédita y sin precedentes, ocasionada por la política arancelaria del Gobierno de los Estados Unidos» y por «las medidas coercitivas unilaterales aplicadas ilegalmente a la República Bolivariana de Venezuela«, cuyos efectos «inciden negativamente y afectan la capacidad para el libre desenvolvimiento económico de la Nación«. En consecuencia, la Sala Constitucional declaró constitucional el decreto en la medida en que cumplía «los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales«, ordenando su publicación en Gaceta Oficial.
