En sentencia N° 0932 del 01/10/2026, la Sala Constitucional del TSJ estableció que cuando se suspende cautelarmente un decreto estadal, también quedan suspendidos los actos dictados para ejecutarlo, porque dejan de contar con la norma que les servía de fundamento. Por lo tanto, esos actos no pueden aplicarse mientras la Sala decide si el decreto es nulo. La Sala acordó esta medida conforme al artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le permite dictar medidas cautelares.
En el caso de autos, la Sala observó que dos abogados habían demandado la nulidad de los artículos 10 y 11 del Decreto N° 335 del 26/03/2026 dictado por el Gobernador del estado Carabobo, el cual exige una autorización y certificación estadal a las instalaciones de depósito de contenedores y carga pesada cercanas al puerto de Puerto Cabello. También habían impugnado dos alianzas con empresas privadas en las que se fundamentaban cobros por servicios relacionados con esos contenedores.
Sobre el particular, la Sala señaló que tras el sismo del 24/06/2026 la celeridad en la gestión aduanera era indispensable para el abastecimiento de la población, y que mantener esas normas causaría un impacto desproporcionado en la actividad comercial y productiva de las zonas afectadas. Por consiguiente, admitió la demanda y suspendió con carácter erga omnes (frente a todos) y efectos ex nunc (desde su publicación) el decreto, las alianzas y los avisos oficiales que las comunicaron. Con ello, la decisión liberó provisionalmente a los operadores portuarios de las autorizaciones exigidas por el decreto, así como de los cobros fundados en las alianzas.
Disponible en: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/357442-0932-11026-2026-26-1285.HTML

