En sentencia del 20 de julio de 2025, el Tribunal confirmó la destitución de un funcionario público por enviar mensajes ofensivos mediante WhatsApp sobre la apariencia física y desempeño laboral de una colega. El Tribunal estableció que estos actos configuraron acoso laboral al crear un ambiente de trabajo hostil y vulnerar la dignidad de la víctima.
El Tribunal destacó que el uso de plataformas digitales para conductas denigrantes tiene la misma gravedad que el acoso presencial. El Tribunal enfatizó la obligación de las instituciones de garantizar ambientes laborales libres de violencia, incluso en comunicaciones privadas, y señaló que las evaluaciones de desempeño deben realizarse exclusivamente por canales formales.
