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Derecho Procesal Constitucional
Rafael Badell Madrid. Justicia constitucional.
 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL*

 

Sumario:

 

La justicia constitucional es consecuencia del establecimiento del estado constitucional de derecho. Tiene como fin hacer prevalecer los principios, valores y normas de la Constitución ante las amenazas y violaciones de los actos estatales, incluyendo las leyes. Su misión es la de garantizar el derecho ciudadano a la supremacía constitucional.

Esta justicia constitucional tiene su punto de partida en  la decisión  de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: Marbury vs Madison, (1803) y luego en la formulación teórica de Kelsen (1928). Una noción más amplia del tema se estudia con la denominación “derecho procesal constitucional” para significar esta disciplina científica integrada por jurisdicción constitucional, procesos constitucionales y magistratura constitucional. Dentro de la materia, los poderes de juez son de especial significación.

 

Abstract:

Constitutional Justice is the consequence of the establishment of the rule of law.   Constitutional Justice is an expression of the assurance and protection of constitutional supremacy. Its purpose is to have the principles, values, and rules of the Constitution prevail over threats and violations through Acts of State, including laws.

This Constitutional justice begins with the U.S. Supreme Court's decision in Marbury vs Madison, (1803), and continues with Kelsen's theory (1928). A broader notion of the matter is studied under the name of "Constitutional Procedural Law" meaning that this scientific discipline encompasses constitutional jurisdiction, constitutional procedures, and constitutional judges and courts. Within the subject, the powers of the Judge are especially significant.

 

Palabras clave: Justicia constitucional, supremacía constitucional, estado de derecho,  garantía constitucional, derecho procesal constitucional, separación de poderes, límites a la actuación del juez constitucional.

 

Key words:  Constitutional justice, constitutional supremacy, rule of law, constitutional procedural Law, separation of powers, limits to the powers of the Judge.

 

 

Índice:

 

                   I.                        Justicia Constitucional, derecho procesal constitucional

1.      Justicia constitucional

2.      Derecho procesal constitucional

                II.                        El control de la constitucionalidad en la Constitución de 1999

1.      Control difuso

1.1  Origen del control difuso

1.2  Control difuso en Venezuela

1.3  Características del control difuso

2.      Control concentrado

2.1  Origen del control concentrado

2.2  Control concentrado en Venezuela

2.3  Características del control concentrado

3.      Amparo constitucional

3.1  Origen del amparo constitucional

3.2  Amparo constitucional en Venezuela

3.3  Características del amparo constitucional

4.      Otros mecanismos de control de la constitucionalidad en Venezuela

             III.                        Límites a los poderes del juez constitucional

1.      Principio de respeto y sujeción al bloque de la constitucionalidad

1.1 Respeto al bloque de la constitucionalidad

1.2 Principio de separación de poderes

1.2.1 Usurpación de la potestad legislativa de la Asamblea Nacional

1.2.2 Usurpación de la función del control político, de mérito, de conveniencia de la Asamblea Nacional

2. El límite derivado de los medios de impugnación

2.1 Control concentrado

2.2 Amparo constitucional

2.3 Control previo sobre las leyes antes su promulgación

2.4 Recurso de omisión legislativa

2.5 Recurso de interpretación constitucional

IV.            Bibliografía

 

 

 

 

  1. Justicia constitucional, derecho procesal constitucional

 

1.      Justicia constitucional

 

El origen y desarrollo de este tema “Justicia Constitucional” es relativamente reciente en las ciencias jurídicas. La justicia constitucional encuentra su explicación en la idea de un ordenamiento jurídico superior -higher law- que está por encima de los otros. Podemos decir que tiene su punto de partida en la muy conocida decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: Marbury vs Madison, del Juez Marshall de  1803, que reconoce que los jueces son defensores de la supremacía constitucional y los lleva a reafirmar la Constitución como ley suprema del país frente a los intentos que en otro sentido pueda llevar a cabo el Congreso. [1]

 

En concreto la expresión “Justicia Constitucional”  nació de la formulación teórica de Kelsen a principios del siglo XX, que en 1928 publicó su ensayo denominado “La garantie jurisdictionnelle de la Constitución” (La justicie constitucionnelle), y se refirió a la concentración en un solo tribunal de la jurisdicción de control de la constitucionalidad, para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y para ser el máximo y último intérprete de la Constitución, a modo de velar  por su uniforme interpretación y aplicación. La expresión fue  adoptada por los países Europeos, identificándose desde entonces como el sistema europeo de justicia constitucional.

 

La justicia constitucional es posible cuando existe una Constitución como norma verdaderamente aplicable por los tribunales, y además:

 

cuando la misma tiene efectiva supremacía sobre el orden jurídico en su conjunto, en el sentido de que prevalece frente a todas las normas, actos y principios de derecho contenidos en un sistema jurídico determinado. Esta supremacía de la Constitución sobre las demás fuentes del derecho y, en particular, sobre los actos del Parlamento, implica que la Constitución es la ley suprema que determina los valores supremos del orden jurídico, y que, desde esa posición de supremacía, puede ser tomada como parámetro para determinar la validez de las demás normas jurídicas del sistema[2].

 

Esta justicia constitucional, definida por Brewer-Carías como la  posibilidad de control judicial de la constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales, deriva de la idea de la Constitución como norma fundamental y suprema, la cual debe prevalecer sobre toda otra norma o acto estatal[3], y tuvo su fundamento, por una parte, en el principio de la supremacía constitucional; y por la otra, en la garantía judicial de la misma ya que  dicha supremacía sería imperfecta e inoperante, desde el punto de vista jurídico, si no se establecieran las necesarias garantías que la protejan frente a los actos inconstitucionales del Estado o de cualquier ruptura del ordenamiento constitucional, es decir, los medios para protegerla tanto en su parte orgánica como en la dogmática que se refiere a los derechos fundamentales”[4]. La justicia constitucional responde a la necesidad de convertir a la Constitución en garantía a los ciudadanos, derecho a la Constitución, que sólo puede serlo si se articula un sistema (justicia constitucional) para su protección y para asegurar que tanto ciudadanos como los órganos del poder público ajustarán el ejercicio de sus derechos y atribuciones al contenido de esas normas supremas. Es decir que existe una verdadera tutela de la supremacía constitucional desde que los ciudadanos tienen derecho a esa supremacía constitucional.

 

Esa consideración ha hecho que la justicia constitucional haya  tenido un desarrollo enorme y se haya convertido, sin duda, junto con la separación de poderes y el régimen de libertades civiles, sociales, políticas y económicas, en un rasgo identificador del régimen democrático y del estado de derecho.

 

La expresión “justicia constitucional” se refiere a un aspecto material y a uno formal. La justicia constitucional, en su doble vertiente,  supone el deber-poder de los jueces o de ciertos órganos, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, de controlar la constitucionalidad de todos los actos estatales, mediante su declaratoria de nulidad cuando sean contrarios a la Constitución.

 

En su consideración material o sustantiva, justicia constitucional alude al control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales en obsequio del derecho ciudadano de supremacía constitucional. La justicia constitucional atañe a la aplicación judicial de la Constitución que hacen todos los jueces y tribunales, consecuencia de considerar a la  Constitución como norma fundamental y suprema, con carácter normativo y no programático. Es la denominada tutela de la supremacía constitucional.

 

En este mismo aspecto material o sustantivo se incluye el estudio de los medios procesales -medios de impugnación o contenciosos procesales-  establecidos o tasados en la Constitución y que permiten  el control de la constitucionalidad de las leyes y, en general, la defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Cada uno de esos procesos, típicos o atípicos, tiene su regulación y pretensión específica.

 

En su aspecto formal, la justicia constitucional incluye la “jurisdicción constitucional”, es decir el órgano específico, ubicado dentro o no del poder judicial, pero sí, y de forma indispensable, autónomo e independiente,  que actuando sometido a derecho y en instancia única, tiene en forma exclusiva y monopólica la potestad de anular, por razones de inconstitucionalidad,  las leyes y demás actos con rango de ley o que se dicten en ejecución directa e inmediata de la Constitución que sean contrarios a ella.

 

Sobre este interesante tema -así como sobre tantos otros del derecho constitucional y del derecho público- el Dr. Allan Brewer-Carías, a quien rendimos justo y merecido homenaje en estas Jornadas, ha realizado un valioso y extenso desarrollo doctrinario que ha compilado y sistematizado, con el orden, claridad y profundidad que caracteriza a Brewer-Carías,  en su extraordinario “Tratado de Derecho Constitucional”, que en dieciséis tomos se refiere a la vida constitucional de Venezuela, y que incluye la justicia constitucional y la jurisdicción constitucional -tomo XII-, la práctica y distorsión de la justicia constitucional -tomo XIII-, y el juez legislador y la patología de la justicia constitucional -tomo XIV-.

 

2.      Derecho procesal constitucional

La expresión “justicia constitucional” ha sido complementada, producto del desarrollo  doctrinario, por una que parece adecuarse más a su real contenido: “derecho procesal constitucional”. Ha habido intensos debates  en cuanto a su denominación (justicia constitucional, jurisdicción constitucional, control de la constitucionalidad, defensa de la Constitución, etc.), sin embargo existe una tendencia, que se ha venido acrecentando en los últimos años, en denominarla  derecho procesal constitucional[5].

 En Iberoamérica se estudia el tema bajo esta denominación: “derecho procesal constitucional”[6], en gran medida en virtud de los aportes de Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo (1944), Couture (1946-1948), Piero Calamandrei (1950-1956), Mauro Cappelletti (1955) y Héctor Fix-Zamudio (1955-1956), quienes otorgaron configuración científica a este “derecho procesal constitucional”[7]. Todo esto muy bien difundido por Eduardo Ferrer Mac-Gregror.

En efecto, la expresión es empleada por primera vez por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo[8] en sus clásicas obras “Ensayos de Derecho Procesal Civil Penal y Constitucional” (1944) y “Proceso, Autocomposición y Autodefensa” (1947), para sistematizar las instituciones y principios jurídicos procesales relacionados con las garantías de la Constitución[9].

Luego fueron estudiadas y expuestas las garantías constitucionales del proceso por Couture (en los años 1946 y 1948), así como la jurisdicción constitucional y los instrumentos procesales de control por Piero Calamandrei y por Mauro Cappelletti (en 1955)[10]. Estos dos últimos autores analizaron por una parte (Calamandrei) el fenómeno de la jurisdicción constitucional desde el procesalismo científico, clasificando y caracterizando los sistemas de justicia constitucional y los efectos de las sentencias constitucionales; y por la otra, (Cappelletti) agrupando el estudio de los instrumentos procesales de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en la categoría que denomina “jurisdicción constitucional de la libertad”, y además desarrollando su teoría en el ámbito supranacional[11].

Con posterioridad, la noción de derecho procesal constitucional comenzó a adquirir el carácter de verdadera disciplina científica, a partir de la publicación de los primeros ensayos de Héctor Fix-Zamudio en 1956, que partieron de “los principios del procesalismo científico, a la luz del derecho comparado y de sus reflexiones sobre la defensa procesal de la Constitución”[12]. Los aportes teóricos de Fix-Zamudio se basaron en el análisis del juicio de amparo mexicano bajo una perspectiva procesal, destacando que se trataba de una institución de naturaleza y estructura esencialmente procesal; y en ese sentido, como un auténtico proceso jurisdiccional y no sólo como una figura exclusivamente constitucional[13].

 

Dadas sus innovadoras consideraciones, se reconoce en Fix Zamudio la reivindicación procesal del juicio de amparo, al introducir en su estudio los conceptos y los principios fundamentales que ofrece la ciencia procesal contemporánea, así como al estudio sistemático de las demás garantías constitucionales, es decir, los instrumentos predominantemente procesales para la defensa de la Constitución[14].

 

El derecho procesal constitucional, como disciplina científica, tiene su propia doctrina, legislación y jurisprudencia, y está integrado por tres componentes: la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional.

Podemos concretar nuestra definición del derecho procesal constitucional como el conjunto de principios y normas, sustantivas y adjetivas, necesarias para dar eficacia real a la supremacía constitucional cuando surja un conflicto por la violación de la Constitución. Comprende el estudio de las instituciones, los medios de impugnación, los procesos y los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a los principios, valores y disposiciones fundamentales, con objeto de reparar las violaciones constitucionales.

Es necesario diferenciar el “derecho procesal constitucional”, que corresponde a una rama autónoma del derecho procesal, referida  al estudio de los órganos jurisdiccionales y de los medios de impugnación establecidos en la Constitución para hacer efectiva su vigencia, de “el derecho constitucional procesal”, cuyo estudio se encuentra en el ámbito del derecho constitucional, y comprende los principios, valores y preceptos que, consagrados en la Constitución, rigen todos los procesos llevados ante los órganos judiciales, en materia civil, penal, administrativa, laboral, entre otros[15].

En efecto, el derecho constitucional procesal examina las instituciones procesales previstas en la Constitución: jurisdicción, garantías judiciales y garantías de las partes. Sabemos que las constituciones modernas han elevado a la jerarquía de normas fundamentales las instituciones del derecho procesal. En el caso de Venezuela, la Constitución consagra en sus artículos 26, 27, 49, 257,  258, 259, 260, 261, entre otros, los principios y garantías irrenunciables de todos los procesos y procedimientos.

En primer lugar, el artículo 26 establece el derecho general de acceder a los órganos de administración de justicia con el fin de hacer valer los derechos e intereses, tanto particulares como los colectivos o difusos, a lograr su tutela de forma efectiva y a obtener de manera rápida y adecuada la decisión solicitada a los tribunales.

Igualmente el mismo artículo 26 dispone los principios que el Estado venezolano debe garantizar: una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

El artículo 27 Constitucional se refiere al derecho al amparo, que si bien forma parte del derecho procesal constitucional por ser un mecanismo de control de la constitucionalidad, se incluye igualmente en el derecho constitucional procesal, desde  que la propia Constitución determina un procedimiento que puede ser interpuesto ante cualquier tribunal de cualquier jurisdicción (civil, penal, administrativa, laboral, entre otras ), y que además exige que sea oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, con el fin de garantizar la protección del goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

De otra parte, uno de los artículos más importantes, por lo que se refiere al derecho constitucional procesal, es el artículo 49 de la Constitución que establece principios fundamentales a observar en todo procedimiento o proceso de todas las actuaciones judiciales o administrativas, tales como el principio de legalidad penal y administrativo, el derecho inviolable a la defensa y la asistencia jurídica, la libertad de acceso a la prueba, el principio de doble instancia, el principio de presunción de inocencia, el derecho al juez natural, principio de cosa juzgada, el principio de responsabilidad por error judicial, retardo u omisión injustificada, entre otros.

El artículo 257 de la Constitución determina el proceso judicial como el instrumento fundamental para la realización de la justicia y así mismo establece que las leyes que lo rigen deberán por ello tender a la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Establece por último el artículo 257 el principio según el cual no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

El artículo 258 de la Constitución se refiere a la justicia de paz, como parte integrante de la jurisdicción, junto con los medios alternativos de resolución de conflictos (el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios que se correspondan con dicho calificativo) y el artículo 259 consagra la jurisdicción contenciosa administrativa.

Por último, el artículo 261 de la Constitución regula lo fundamental de la jurisdicción penal militar como parte integrante del Poder Judicial, al determinar que su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. Asimismo delimita la competencia de los tribunales militares a los delitos de naturaleza militar, excluyendo los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, los cuales -determina el propio artículo 261 de la Constitución- sólo podrán ser juzgados por los tribunales ordinarios.

 

II.     Control de constitucionalidad en la Constitución de 1999

 

En Venezuela existe un sistema mixto de control de la constitucionalidad, ejercido tanto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (creada por la Constitución de 1999), la cual monopoliza el poder de anulación de normas (control concentrado), como por cualquier tribunal de la República con facultad para desaplicar dichas normas para el caso concreto que conozca (control difuso).  En consecuencia, en el modelo venezolano, todos los jueces pueden desaplicar (como en el modelo difuso), pero a la vez existe un órgano (la Sala Constitucional) competente para anular normas por vía de acción directa y abstracta (como en el modelo concentrado).  En  la Europa continental la mayoría de los países optaron por un modelo de control concentrado, contando con un tribunal -por lo general llamado Tribunal Constitucional- que tiene el monopolio de la anulación de las normas; por ello, se impide no sólo la anulación sino la mera desaplicación de normas por el resto de los jueces. Es decir, el juez no puede declarar, ni siquiera para desaplicar, la inconstitucionalidad de la norma; tan sólo puede considerar que esa inconstitucionalidad existe (caso alemán), tener duda al respecto (caso español) o estimar que la inconstitucionalidad planteada en el juicio no está desprovista de posible fundamento (caso italiano); de ser así el asunto pasa a manos del único órgano que puede pronunciarse: el Tribunal Constitucional. [16]

Por su parte, el ordenamiento constitucional y legal venezolano otorga a la Sala Constitucional, como órgano de la jurisdicción constitucional, la competencia para conocer de otras modalidades, medios atípicos, del control de la constitucionalidad dirigidos a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y su uniforme interpretación y aplicación, estos son:

 

1)      el control previo sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de la constitucionalidad y el carácter orgánico de las leyes antes de su promulgación, establecido en el artículo 336, numeral 5 de la Constitución, artículos 214 y 203 eiusdem, respectivamente; y en el artículo 25, numerales 5, 15 y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia[17] (LOTSJ).

 

2)      la resolución de conflictos de leyes y la solución de conflictos entre los órganos del poder público, establecido en los numerales 8 y 9, respectivamente, del artículo 336 de la Constitución y en el artículo 25 de la LOTSJ.

 

3)      el control sobre las omisiones legislativas del poder legislativo municipal, el de los Estados y el nacional, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección, establecido en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución y en el artículo 25, numeral 7, de la LOTSJ.

 

4)      el control, mediante revisión constitucional, de las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, establecido en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución y artículo 25, numeral 12 de la LOTSJ . Este recurso de revisión constitucional, cabe destacar, fue ampliado expresamente por la LOTSJ, que establece con amplitud, además, la facultad extraordinaria de la Sala Constitucional de revisar:(i) las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales (ii) las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales (artículo 25.11 LOTSJ); y (iii) las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.

5)      el recurso autónomo de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional, no consagrado en el texto constitucional, sino establecido indebidamente en el artículo 25, numeral 17 de la LOTSJ, después que fue  creado jurisprudencialmente por la propia Sala Constitucional.

 

6)      el avocamiento en las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto respecto de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme; dispuesto por el artículo 25, numeral 16 de la LOTSJ, pero sin consagración constitucional.

 

 

1.      Control difuso

 

1.1 Origen del control difuso

El denominado sistema de control difuso corresponde al que se originó en los  Estados Unidos en 1803 como consecuencia de la conocida y celebre decisión del juez Marshall en el caso “Marbury vs Madison”, y conforme al cual corresponde a todos los jueces, cuando la ley cuya aplicación se solicita colidiere con una norma constitucional, aplicar esta última con preferencia.

 

En efecto, en ese año 1803, la Corte Suprema de Estados Unidos desaplicó una ley por ampliar la jurisdicción ordinaria más allá de las situaciones enumeradas en la Constitución. La Corte sostuvo que a pesar de que la Judiciary Act de 1789 autorizaba la jurisdicción, esta norma era inconstitucional porque el Congreso no podía ampliar la jurisdicción ordinaria más allá de las situaciones que la Constitución establecía expresamente.

 

Así, el juez Marshall declaró que la misión de los órganos jurisdiccionales había de consistir en decir qué es ley y qué no lo es. Y como una ley contraria a la Constitución no es ley, los tribunales no están obligados a cumplirla; antes bien, su obligación consiste  en reafirmar la Constitución como ley suprema del país frente a cualesquiera intentos en contrario del Congreso.

En Estados Unidos, el sistema de precedentes y el principio del “stare decisis”, lleva a los tribunales inferiores a estar vinculados con las decisiones de los superiores, con lo que se consigue un efecto similar al de la anulación.

Esta doctrina de la supremacía constitucional ha marcado una huella imborrable en la historia constitucional de América y ha servido de punto de partida para afirmar el criterio de que a quien corresponde velar por la integridad constitucional es al órgano judicial, que tiene la autoridad de revisar la constitucionalidad de los actos de los poderes legislativo y ejecutivo.

 

1.2 El control difuso en Venezuela

 

 En Venezuela, el control constitucional existe desde muy temprano y de manera muy amplia. Este control en las primeras constituciones era de carácter político, lo cual significa que le correspondía al Congreso examinar la regularidad de la ley frente al texto constitucional, y es a partir de la Constitución de 1858 que reviste naturaleza judicial. Ahora bien, el control difuso, como mecanismo de control de la constitucionalidad, tiene en Venezuela origen legal.  En el Código de Procedimiento Civil del 14 de marzo de 1897  se estableció por primera vez el control difuso al otorgar la potestad a los jueces, de cualquier nivel y ubicación territorial, de inaplicar en un juicio entre particulares sometidos a su jurisdicción, una norma legal que considere inconstitucional. La norma se mantuvo invariable en los Códigos procesales de 1904, 1916 y el vigente de 1986 en su artículo 20. Sin embargo, parte de la doctrina nacional sostiene que el primer antecedente del control difuso se encuentra en la Constitución de Venezuela de 1811, que estableció una cláusula de supremacía análoga a la acogida en la Constitución norteamericana de 1787. Esta cláusula no sólo establecía la garantía de la supremacía constitucional, sino su consecuencia inmediata, esto es, la nulidad de toda ley que contradijera las determinaciones constitucionales.

En la actualidad, los artículos  334 de la Constitución, 20 del Código de Procedimiento Civil[18] y el 19 del Código Orgánico Procesal Penal[19] establecen el control difuso, que ordena a todos los jueces del país, independientemente de su jerarquía, asegurar la integridad de la Constitución, es decir, hacer respetar su preeminencia sobre los demás actos del poder público, especialmente respecto de las disposiciones legislativas,  pudiendo decidir sobre la constitucionalidad de las mismas al inaplicarlas para casos concretos, y con efecto inter partes.

 

De esta forma, dispone el artículo 334 de la Constitución:

 

Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente.

 

En el mismo sentido, el artículo 20  del Código de Procedimiento Civil  dispone que “Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los Jueces aplicarán ésta con preferencia”; y el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que en el control de la constitucionalidad “Corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional”.

Para llevar adelante este control difuso no se precisa de la intervención previa de la Sala Constitucional. Cualquier tribunal puede desaplicar la norma legal o reglamentaria sin consulta. La decisión  estará sometida al control ordinario por los jueces que sean superiores, los cuales en caso de apelación o consulta obligatoria, si la hubiere, podrán confirmarla o revocarla.

Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencia de fecha 19 de octubre de 2000), las sentencias definitivamente firmes en las cuales se aplica el control difuso, en atención a su incidencia en el ordenamiento jurídico, deberán ser remitidas por el Tribunal o Sala que hubiere realizado la desaplicación, a la Sala Constitucional, anexando copia de los autos, con el fin de someterlo a la revisión correspondiente.

La razón que justifica esta remisión es la necesidad de lograr “mayor eficacia de la conexión entre el control concentrado, que corresponde a la Sala, y el control difuso, que corresponde a todos los jueces de la República”, pues de esa manera se obtendrá “una mayor protección del texto constitucional y se evitará la aplicación general de normas inconstitucionales o la desaplicación de normas ajustadas a la Constitución en claro perjuicio para la seguridad jurídica y el orden público constitucional” (sentencia de fecha 12 de mayo del año 2001 de la Sala Constitucional).

 

1.3 Características del control difuso

 

Del control difuso pueden predicarse las siguientes características:

1) Tiene rango constitucional. Artículo 334 de la Constitución de 1999.

2) Es un mecanismo de control de la constitucionalidad, en virtud del cual se le otorga a todos los jueces de la República, sin importar su jerarquía, la facultad de desaplicar la  norma que colidiere con el texto constitucional.

3) Tiene efectos inter partes y no erga omnes, es decir, el juez que ejerce el control difuso no anula la norma inconstitucional, haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución. El criterio que lleva al juez a considerar como inconstitucional determinada norma jurídica únicamente produce efectos en el caso concreto, por lo cual, esa consideración no ocasiona consecuencias inmediatas más allá de la contienda en la que el control difuso se produce, habida consideración de que el juez no se estaría pronunciado sobre la validez de la norma en cuestión con carácter erga omnes.

4) Puede ser ejercido de oficio. Esta característica es particular del sistema venezolano e implica que el juez no tenga que esperar la solicitud por las partes para la desaplicación de una norma inconstitucional.

5) Es un control incidental y especial puesto que se parte del supuesto de que las normas no son inconstitucionales y por lo tanto no coliden con la Constitución. Esta forma de control constitucional no tiene un cauce procesal determinado.

6) No afecta la vigencia de la ley, lo cual es consecuencia de la extensión de los efectos de la desaplicación de la norma inconstitucional entre las partes y no erga omnes.  

7) La extensión de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad no es hacia el pasado, esto es, producir efectos ab initio del acto impugnado o con efectos ex tunc. Sus efectos son hacia el futuro (ex nunc) en virtud de que el juez no anula la ley al ejercer el control difuso, sino que sólo declara una inconstitucionalidad preexistente y deja de aplicar la norma al caso concreto.

 

2.      Control concentrado

2.1 Origen del control concentrado

En Europa debido al consolidado principio de supremacía de la ley, influencia de la elaboración de Rousseau, y también por la desconfianza en los jueces, heredada de los franceses, se demoró la aparición de una forma de control de la constitucionalidad, distinta al control político. Sería necesario el esfuerzo que llevó adelante Kelsen, a inicios del siglo XX, para que apareciera la figura del Tribunal Constitucional, órgano especializado en la justicia constitucional. Esquematizando su pensamiento podemos decir que se basa en la idea de creación de un órgano judicial especializado -corte o tribunal constitucional- para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, que será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Para Kelsen la anulación del acto inconstitucional representa la garantía principal y más eficaz de la Constitución.

Kelsen introdujo un cambio básico como lo es el concentrar en un solo tribunal la jurisdicción de control de constitucionalidad de las leyes, a diferencia del sistema americano de control judicial de la constitucionalidad, que es llevado a cabo por todos los tribunales.

La tradición jurídica continental europea a partir de la primera guerra mundial fue estableciendo tribunales especialmente encargados de revisar la constitucionalidad de las leyes, pues se había  impuesto el criterio de que los jueces y tribunales ordinarios no podían  conocer ni decidir cuestiones de inconstitucionalidad, derivado de la predominante influencia de Rousseau, quien postuló la supremacía legislativa como representante de la voluntad general, y de Montesquieu, que consideraba al juez como un aplicador mecánico de la ley.

La característica principal de este modelo de control de la constitucionalidad es  estar concentrado en un órgano constitucional, cuya composición es mixta, refleja criterios jurídicos y políticos, es independiente de los poderes políticos y, generalmente, está separado del poder judicial. El control que llevan adelante estos tribunales constitucionales  puede ser concreto o abstracto y puede ser preventivo o remedial.

La historia de las Cortes Constitucionales europeas comenzó con las Constituciones de Checoslovaquia y de Austria en 1920, continuó con el Tribunal de Garantías Constitucionales establecido por la Constitución Española Republicana, promulgada en 1931; y luego de la segunda gran guerra se expandió con las Cortes Italiana en 1948 y Alemana en 1949; asimismo se establecieron en las leyes fundamentales de Turquía (1961); la antigua Yugoslavia (1963) y las más modernas, la portuguesa de 1976; la española de 1978; y la polaca de 1982, entre otras[20]. 

La posición de Kelsen fue adversada por Carl Schmitt, es conocida la celebre polémica entre ellos. Schmitt señaló que:

“una expansión sin inhibiciones de la justicia, no transforma al Estado en jurisdicción, sino a los tribunales en instancias políticas. No conduce a juridificar la política, sino a politizar la justicia. Justicia constitucional en una contradicción en los términos”.

 

González Pérez mantuvo una posición pesimista sobre esta justicia constitucional y señaló que estos temores de Schmitt se habían hecho realidad. [21]

 

2.2 El control concentrado en Venezuela

 

En el ordenamiento jurídico venezolano se consagra el control concentrado de la constitucionalidad en los artículos 334, 335 y 336 de la Constitución y 25 de la LOTSJ, como aquel ejercido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, órgano constitucional especializado que concentra la jurisdicción constitucional, y que supone la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley o disposición de rango sublegal, vista su colisión con el texto fundamental, con efectos erga omnes.[22]

El control concentrado se encuentra establecido en los artículos 336 de la Constitución, numerales 1, 2, 3 y 4; y 25, numerales 1, 2, 3 y 4, de la LOTSJ, en los siguientes términos:

 

Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.

 

De esta forma, la Sala Constitucional tiene la competencia de ejercer el control concentrado para declarar la nulidad por inconstitucionalidad, de forma total o parcial, de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional; las constituciones y  leyes estadales, ordenanzas municipales, y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución; los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional; y los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier órgano estatal en ejercicio del Poder Público.

 

2.3 Características del control concentrado

 

El control concentrado de la constitucionalidad en Venezuela presenta las siguientes características:

1) Es de rango constitucional. Artículo 336 de la Constitución.

2) Tiene carácter universal. El control concentrado de la constitucionalidad incluye todos los actos del Poder Público, por lo que ninguno está exento de dicho control. No hay, ni podría haber, actos o actuaciones de los órganos del poder público excluidos o inmunes  del examen de constitucionalidad. Al respecto téngase en cuenta sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en la que se señaló:

Si la regla general constitucionalmente establecida es la del pleno ejercicio del control constitucional de todos los actos del Poder Público, cualquier excepción a dicha regla tendría que emanar, necesariamente, de la propia Constitución. Ni siquiera una disposición legal podría sustraer alguno de aquellos actos al control antes dicho; y menos aún pueden autorizarlo los órganos jurisdiccionales como intérpretes fieles que deben ser del contenido de aquella norma. A todo evento, y, ante la duda que pudiera surgir acerca de si algún acto emanado del Poder Público es o no susceptible de revisión constitucional por acción directa, debe optarse, en obsequio a aquel amplio y fundamental principio constitucional, por admitir su examen por parte de este Alto Tribunal[23].

3) Objetivo. La acción de inconstitucionalidad no se interpone contra el órgano del Estado que hubiese adoptado o promulgado la ley o acto cuestionado de inconstitucionalidad. En realidad, esta acción se dirige contra un acto de cualesquiera de los órganos del poder público. Su objeto es la constatación de la adecuación de la ley o acto con la disposición constitucional Por consiguiente, en el proceso de inconstitucionalidad no hay “partes” propiamente dichas, ni demandantes ni demandados en el sentido estricto del término.

4) Acción Popular. La acción de inconstitucionalidad puede ser requerida por cualquier persona natural o jurídica plenamente capaz. Por consiguiente, el sistema concentrado de justicia constitucional en Venezuela siempre está concebido como un proceso de carácter principal que se desarrolla ante la Sala Constitucional, cuando se introduce una acción popular. Dicha acción popular, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en 1971, está abierta “a cualquiera del pueblo (de ahí su denominación)”, siendo su objetivo “la defensa de un interés público que es a la vez simple interés del accionante quien, por esta sola razón, no requiere estar investido de un interés jurídico diferenciado legítimo”.

5) No tiene lapso de caducidad. La acción popular para demandar la inconstitucionalidad del acto cuestionado no tiene lapso de caducidad y, en consecuencia, puede ser interpuesta en cualquier momento.

6) Efectos erga omnes. La decisión que deriva del proceso constitucional de revisión del acto impugnado tiene efectos erga omnes, es decir, es oponible frente a todos y no solamente para aquellos que intentaron la acción.

7) Se concentra en un solo órgano. El control concentrado de la constitucionalidad sólo puede ser ejercido por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en los artículos 335 y 336 de la Constitución.

8) La decisión tiene carácter de cosa juzgada. Una vez que recae la decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma o acto emanado de cualquier órgano del poder público, la misma no puede ser objeto de una revisión, ni modificada por el órgano encargado de dictar dichas sentencias.

9) Jurisprudencial. En virtud de la ausencia de una ley que regule la Jurisdicción Constitucional, exhortada por la Constitución, a través de pronunciamientos judiciales se ha venido afianzando y perfilando el sistema autónomo y objetivo del control concentrado de la constitucionalidad.  Precisamente, el juez constitucional ha determinado, muchas veces en exceso del propio texto constitucional,  los caracteres de este sistema de control.

10) Regulación provisional. Aunque debería tener su regulación legal propia mediante una Ley de Jurisdicción Constitucional, (Véase disposición transitoria sexta de la Constitución: “Sexta. La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución”, en concordancia con el numeral 11 del artículo 336 eiusdem: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 11. Las demás que establezcan la Constitución y la ley”), este sistema está regulado provisionalmente en la LOTSJ, cuyo artículo 128 establece expresamente que “Hasta tanto se dicte la ley que  regula   la   Competencia   Constitucional,   las   demandas   a   que   se   refieren   los  numerales  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9  y 17  del  artículo 25 de esta Ley se tramitarán conforme a lo que dispone este capítulo”, refiriéndose dicha norma, al Capítulo II, titulado “De los Procesos ante la Sala Constitucional”, que contiene los artículos que regulan desde los requisitos de la demanda hasta la conclusión del debate procedimental (artículos 128 al 145) que permite a los Magistrados dictar la decisión oportuna en los procesos constitucionales ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

3.      Amparo constitucional

3.1 Origen del amparo constitucional

Otro de los medios de protección constitucional es el amparo constitucional -tutela, habeas corpus, habeas data-  que  se originó en México a partir de  la Constitución Yucateca de 1841, en un ordenamiento local, y luego se consagró en el ámbito federal en el acta de Reformas de 1847 y en la Constitución Federal mexicana de 1857. Actualmente el amparo constitucional se encuentra regulado constitucionalmente en muchos países.

De esta manera, el amparo –además de ser hoy un derecho- se convierte en una garantía de la Constitución y aunque persigue directamente la protección de los derechos o los intereses individuales o particulares, el proceso termina por ser una tutela de la Constitución. En ese sentido, el amparo no es una simple defensa del individuo, sino que se convierte en una función de naturaleza pública, que por último busca preservar el régimen constitucional[24].

 

3.2 Amparo constitucional en Venezuela

Dispone la Constitución de Venezuela, en su artículo 27, como mecanismo de protección de sus preceptos la vía del amparo constitucional, conforme al cual toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, y aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. De acuerdo al mencionado artículo 27, la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella (artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo[25]).

Por medio del amparo constitucional, el juez puede controlar leyes, actos, sentencias y resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones de las autoridades o particulares que violen o amenacen violar un derecho constitucional (artículo 27 de la Constitución en concordancia con las normas de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). 

En Venezuela, en el ámbito legal, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988 regula la materia de amparo constitucional, sin embargo, a partir de la creación de la Sala Constitucional, conforme a lo dispuesto en la Constitución de 1999, ha ido creándose un desarrollo jurisprudencial, involución jurisprudencial, que ha alterado su régimen legal, incluyendo el procedimiento para su tramitación y hoy prácticamente ha desaparecido, luego de haber tenido una etapa de intenso desarrollo y de haber sido un útil medio de control de la constitucionalidad. Queda como prueba de ello una abundante doctrina y jurisprudencia.

 

3.3 Características del amparo constitucional

Dentro de las características del amparo constitucional, podemos señalar las siguientes:


            1) Es un procedimiento sumario, breve, gratuito y no está sujeto a formalidad alguna.


- Es sumario: porque es un procedimiento simple, sencillo, despojado de incidencias y carente de formalidades complejas.


- Es breve: porque todo el tiempo será hábil y el tribunal dará preferencia al trámite del amparo sobre cualquier otro asunto.


- Es gratuito: porque el Estado garantizará la gratuidad de la justicia en general, y en particular de este procedimiento, lo que en la práctica se traduce en la exención del pago, arancel o tributo alguno en la tramitación de dichas solicitudes.


- No está sujeto a formalidad alguna: porque se caracteriza por la simplificación de las formas procesales y su tramitación se desarrolla sin incidencias, formalismos ni reposiciones inútiles.


            2) El procedimiento de amparo es oral, el debate se lleva a cabo mediante la celebración de una audiencia oral y pública.

3) La acción de amparo procede contra normas, contra actos administrativos de efectos generales y particulares, contra sentencias y resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones de las autoridades o cualquier persona natural o jurídica que violen o amenacen violar un derecho constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.

4) Tiene carácter extraordinario, sólo protege cuando no existen otras vías para restablecer los derechos vulnerados. El recurso de amparo es un remedio subsidiario, puesto que ante la violación de los derechos fundamentales, los ciudadanos solo han de acudir a dicho amparo si la jurisdicción ordinaria no está dispuesta a resarcir la lesión ocasionada a sus derechos.

5) Protege al ciudadano en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, en los derechos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución y derechos humanos consagrados en declaraciones de organismos internacionales, tratados y pactos ratificados por la República.

6) No es un medio de impugnación de las resoluciones de un órgano inferior, sino que es un auténtico proceso.

7) No es una nueva instancia jurisdiccional, ni se configura como un recurso de casación, sino que es un instrumento procesal dotado de sustantividad propia.

8) No es un proceso cautelar, puesto que el recurso de amparo sólo cabe contra lesiones de un derecho fundamental, pero se debe de tratar de lesiones actuales, no de lesiones futuras. El recurso de amparo no es una vía establecida para garantizar en abstracto la correcta aplicación de los preceptos de la Constitución que recogen y garantizan derechos fundamentales, sino sólo para reparar o, en su caso, prevenir lesiones concretas y actuales de tales derechos.

9) Su estimación puede dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad de una ley que sea el origen de la violación de un derecho o una libertad.

 

 

4.      Otras modalidades del control de la constitucionalidad en Venezuela

Como ya lo señalamos, además de los mecanismos típicos  de control de la constitucionalidad, el ordenamiento constitucional y legal venezolano otorga a la Sala Constitucional competencia para conocer de otras modalidades, medios atípicos, del control de la constitucionalidad, estos son:

1) Control previo sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y y el carácter orgánico de las leyes antes de su promulgación.

2) Resolución de conflictos de leyes y la solución de conflictos entre los órganos              del poder público.

3) Control sobre las omisiones legislativas del poder legislativo municipal, estatal o nacional.

4) Revisión constitucional de las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República.

5) Recurso autónomo de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional.

6) Avocamiento en las causas que cursen por ante otras Salas del Tribunal Suporemo de Justicia o cualquier tribunal en las que se presuma violación al orden público constitucional.

 

III. Límites a los poderes del juez constitucional

 

De conformidad con lo expuesto previamente, el juez constitucional tiene atribuida una variedad de poderes, a efecto de garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y, en tal virtud, garantizar el Estado de Derecho. Esos poderes que la Constitución, la jurisprudencia o la ley, le da a esta categoría especial de jueces han de ser limitados y bien definidos, pues de lo contrario existiría el peligro de que estos jueces constitucionales, en violación al bloque de la constitucionalidad, principalmente al principio de separación de poderes y de los principios democráticos, se conviertan en el verdadero poder que gobierna en lugar de juzgar. De no haber límites estaríamos en presencia de la supremacía del juez,  en sustitución de la supremacía constitucional.

La delimitación de los poderes del juez constitucional y el estudio de la tensión que existe entre el principio de la supremacía constitucional y, de otra parte, el principio democrático que residencia en el órgano deliberante -parlamento, cortes, asambleas, congreso- la labor muy principal de elaborar la ley, corresponde al derecho procesal constitucional[26]. Efectivamente, la  necesidad de imponer límites a la actividad de los jueces constitucionales es un capítulo muy importante dentro del derecho procesal constitucional, a modo de evitar  que los garantes del gobierno de las leyes se conviertan en los hombres que gobiernan; y que actúen, ya no en garantía de la Constitución sino de una ideología, de forma militante y política, configurando lo que Brewer-Carías ha denominado la “patología de la justicia constitucional”, es decir,

 

La afección que (…) ocurre precisamente cuando los tribunales constitucionales asumen las funciones del legislador, o proceden a mutar la Constitución en forma ilegítima y fraudulenta, configurando un completo cuadro de "in" justicia constitucional. En una situación como esa, sin duda, todas las ventajas de la justicia constitucional como garantía de la supremacía de la Constitución se desvanecen, y la justicia constitucional pasa a convertirse en el instrumento político más letal para la violación impune de la Constitución, la destrucción del Estado de derecho y el desmantelamiento de la democracia[27]

 

Cómo no limitar los poderes del juez constitucional si “vivimos bajo una Constitución; pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”[28]. El contenido, alcance e inteligencia de las disposiciones y principios constitucionales son definidos, delimitados o extendidos por la labor del juez, quien se dice su guardián.

Qué pasa cuando los jueces Constitucionales no son fieles al contenido de la norma Constitucional. Qué sucede, si como lo que advertía el presidente Jefferson, a pesar de que se benefició de la sentencia del juez Marshall,  la Constitución se convierte en un “objeto de cera que los jueces pudieran modelar a su gusto”[29].

Qué ocurre cuando los llamados guardianes de la Constitución, como se denominó   a sí mismo, en 1952,  el Tribunal Constitucional Federal Alemán, no tienen la prudencia requerida en la interpretación y aplicación de los principios y normas constitucionales. Prudencia que debería evitar que el juez constitucional se convierta en un activista, y por el contrario, demanda la reflexión exhaustiva de la cuestión sometida a su conocimiento y además, un detenido análisis de las consecuencias políticas y sociales de su  decisión”, de modo que se excluya la dictadura judicial, regida por criterios subjetivos -más que objetivos- para determinar que es lo permitido de acuerdo con la Constitución.

El  poder de los jueces constitucionales debe definirse y limitarse nítidamente, a modo  de lograr el delicado equilibrio  entre la necesidad de preservar la supremacía de la Constitución, por una parte, y honrar los principios democráticos, por la otra. Es necesario el equilibrio institucional entre las exigencias de la Constitución y los requerimientos de la democracia. Exigencias estas que se distinguen claramente en función de las competencias básicas de los distintos poderes del Estado:

 

La tarea legislativa es una competencia propia del parlamento como cuerpo representativo y deliberante, (…), pues la libertad de configuración normativa que aquel ostenta, la cual es expresión de su facultad de valoración y elección política, le permite dictar las normas más convenientes para la consecución del bien colectivo en las diversas esferas del quehacer social y económico. Mientras que el órgano rector de la jurisdicción constitucional, que carece de iniciativa para la configuración política, ejerce una revisión ulterior del acto legislativo, bajo parámetros jurídicos y sin poder sustituir la decisión legislativa por sus criterios o inclinaciones subjetivas[30].  

 

Si bien la justicia constitucional ha sido concebida como la posibilidad para articular de forma legítima la defensa de los intereses generales así como una garantía primordial de la supremacía constitucional, existe una “sensación generalizada de estar pasando del gobierno de los representantes democráticos al gobierno de los jueces, ya que los magistrados constitucionales no responden por sus votos u opiniones, ante ningún poder público[31].

La soberanía y la cualidad democrática del Estado se fundan en la idea esencial de que el gobierno reside en los ciudadanos y, por lo tanto, “que el último poder de decisión sobre las cuestiones fundamentales[32] esté en sus manos.

Denunciamos que en Venezuela, lamentablemente, desde se que se creó la Sala Constitucional, en 1999, comenzó una desenfrenada e inconstitucional actuación de estos jueces constitucionales. Nuestra experiencia ha sido muy negativa, regresiva y decepcionante. La dictadura de Venezuela se ha sostenido fundamentalmente por el soporte de apariencia de constitucionalidad que le ha dado el juez constitucional. Jueces constitucionales comprometidos políticamente y destinados a garantizar la permanencia del gobierno en el poder.

En Venezuela el derecho al control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos de los órganos del poder público está secuestrado por la propia Sala Constitucional encargada de garantizarlo y, en consecuencia, no existe el derecho de la supremacía constitucional.

Si bien la complicidad del juez constitucional comenzó desde 1999, su actuación ha tenido mayor fuerza, despropósito y descaro desde diciembre de 2015, cuando ocurrió el triunfo de la oposición democrática, en la elección para la conformación de la Asamblea Nacional y desde cuando se ha radicalizado la dictadura y la actuación delincuencial del gobierno en Venezuela. 

Desde entonces, y en abierta colusión con el poder ejecutivo, durante los años 2016, 2017 y 2018, la función principal de la Sala Constitucional ha sido la de desconocer la voluntad popular a través de la irracional e inadecuada utilización del control de la constitucionalidad para la demolición institucional del parlamento mediante el bloqueo total de su facultad legislativa; la disminución de sus facultades constitucionales de control e investigación; el asedio económico; el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria y la violación de la sede del poder legislativo.

Ese Juez Constitucional permitió finalmente que se instalara en agosto de 2017 una Asamblea Nacional Constituyente que viene a usurpar las funciones de los demás órganos del poder público y que generaliza la actuación a través de las vías de hecho sobre el estado de derecho y ha permitido la total desaplicación de la Constitución y de todo el régimen de derecho en Venezuela, para convertir nuestro país en un estado forajido.

En Venezuela la Sala Constitucional se ha convertido en un juez sin límites y sin apego a los principios y reglas de la función jurisdiccional. Un  juez que, antes que cumplir con el rol constitucional que le dio origen, es el peor enemigo de la estabilidad constitucional y la funcionalidad de los principios democráticos y los que caracterizan a un Estado de derecho.

 

1. Principio de respeto y estricta sujeción al bloque de la constitucionalidad (artículo 7 de la Constitución)

 

1.1 Respeto al bloque de la constitucionalidad

En la tarea de controlar la sujeción de las actividades de los órganos del poder público a la Constitución, el primer parámetro de control  que tiene el juez constitucional es, precisamente, la propia Constitución y todo el bloque de la constitucionalidad.

La doctrina del bloque de la constitucionalidad, de uso frecuente no sólo en Francia sino también en España, y originada de la idea del bloque de la legalidad, propia del derecho administrativo, obliga tener presente desde el contenido del preámbulo de la Constitución hasta la última de sus disposiciones, así como todos aquellos principios, valores y derechos no contenidos en su texto pero que, sin embargo, rigen la estructura constitucional del Estado, lo cual incluye también sus antecedentes y el proceso de formación de la Constitución.

En este sentido, el bloque de la constitucionalidad, por mandato del poder constituyente originario del pueblo soberano, será inalterable y por lo tanto comprenderá un límite a las actuaciones de los jueces constitucionales. El límite que impone el ordenamiento jurídico vigente a los jueces constitucionales comprende la total observancia de la Constitución y el respeto por las instituciones y órganos previstos por esta norma, impidiendo de esta forma a los jueces mutar los preceptos constitucionales con sus decisiones[33]. 

Los jueces son órganos del Estado y como tales están sometidos en su actuación a las normas y principios constitucionales como en efecto lo dispone el artículo 7 de la Constitución, el cual establece que: “Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

Los jueces constitucionales en ejercicio del control de la constitucionalidad estarán regidos por todos los valores, principios y normas constitucionales, entre ellos los siguientes:

1)      El principio de la democracia y la soberanía popular (artículos 2 y 5);

2)      El pluralismo político (artículo 2);

3)      El ejercicio democrático de la voluntad popular (artículo 3)

4)      El principio de organización democrática (preámbulo y artículo 4);

5)      El carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado (artículo 6);

6)      El principio de progresividad de los derechos (artículo 19);

7)      El principio de no taxatividad de los derechos inherentes a la persona (artículo22);

8)      El respeto y prevalencia de los acuerdos y tratados internacionales relativos a derechos humanos (artículo 23);

9)      El principio de no retroactividad de la ley (artículo24);

10)  El respeto a los derechos políticos (artículo 39);

11)  La participación libre en los asuntos públicos (artículo 62);

12)  El derecho al sufragio (artículo 63);

13)  El principio de separación de poderes (artículo 136);

14)  El principio legalidad (artículo 137);

15)  El principio de responsabilidad patrimonial del Estado (artículo 140);

16)  Los principios y valores de nuestra historia republicana (artículo 350).

 

Asimismo, téngase en cuenta que el preámbulo de la Constitución que establece los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano es límite a la actuación del juez constitucional, quien siempre deberá en su labor interpretativa favorecer la vigencia de estos postulados.

 

En ese sentido, los valores de libertad, paz, solidaridad, bien común, convivencia, la igualdad y la garantía de los derechos humanos fundamentales, así como el carácter democrático de un Estado que se halle sometido a derecho y de allí y el imperio de la ley, impiden que una realidad política se imponga en decisiones judiciales no cónsonas con estas limitantes.

 

Cobra importancia el principio de proporcionalidad, denominado también principio de racionalidad, razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad (como ha sido definido constitucionalmente en España), el cual impone una actuación prudente por parte del juez constitucional, quien siempre deberá dar una solución justa que respete el peso reconocido a cada principio en un caso concreto,[34] orientando su actuación para “…la búsqueda de la justa medida cuando hay una colisión de principios, derechos o intereses la cual no puede ser resuelta por la mera exclusión de uno de los polos”.[35]

Los jueces constitucionales, en sus funciones de control de la constitucionalidad, están siempre subordinados a la Constitución, sin que les esté permitido invadir el campo competencial del órgano legislativo y menos aun el del poder constituyente, puesto que lo contrario constituiría un “totalitarismo judicial irresponsable”[36].

En Venezuela el juez constitucional ha desbordado todos los límites que gobiernan su actuación para permitir la consolidación de un régimen autoritario y desprendido de toda sujeción a derecho. Se ha violado el bloque de la constitucionalidad de forma ya recurrente. Veamos algunos ejemplos:

1) La interpretación del artículo 164, numeral 10 de la Constitución[37], por medio de la cual la Sala Constitucional arrebató competencias propias de los Estados para centralizarlas en el poder público nacional, en una ilegítima mutación de la Constitución. En esta ocasión, la Sala determinó, en contra de la organización federal del Estado venezolano y el reparto de las competencias entre los poderes ejecutivo nacional, estadal y municipal, establecidas por el poder constituyente, que la competencia en materia de conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales así como de puertos y aeropuertos de uso comercial expresa y exclusivamente otorgada por la Constitución a los estados, podía ser ejercida directamente por el presidente de la República “en ejercicio de la potestad de coordinación.”

2) Sentencia que resuelve el caso de la inconstitucional convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, por medio de la cual la Sala Constitucional decidió un recurso de interpretación constitucional sobre la procedencia de dicha convocatoria por el Presidente de la República a través de un Decreto presidencial, sin la debida consulta previa al pueblo de Venezuela mediante referendo consultivo. En esta ocasión la Sala Constitucional, interpretando de forma distorsionada los artículos 347 y 348 de la Constitución, determinó que no era necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando el artículo 347 de la Constitución expresamente lo establece.

La Sala Constitucional omitió por completo que la intención de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional se trata de una materia de especial trascendencia nacional que debía ser sometida a referendo consultivo, y de este modo  arrebató el derecho exclusivo del pueblo venezolano, como único titular del poder constituyente originario, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente,  en completa violación del artículo 347 de la Constitución, justificándose para ello sobre supuestas ¨circunstancias objetivas sobrevenidas¨ en Venezuela, así como una ¨aguda situación de la crisis política¨, para “poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social”. Todo ello en violación de los principios de democracia y soberanía establecidos expresamente en la Constitución (artículos 2, 3, 5, 63, 70).

1.2 Principio de separación de poderes

El principio de separación de poderes -aunque morijerado hoy día para dar cabida a las funciones del juez constitucional en obsequio de la supremacía constitucional-  implica no sólo la actuación judicial independiente y autónoma del juez constitucional, sino también el límite de la decisión fundada, basada en derecho, y sin invadir las competencias propias de otro órgano,  ni siquiera aquél sujeto al control de la constitucionalidad de sus actos, todo ello para el resguardo del principio de legalidad -referido a la distinción y subordinación de las funciones ejecutiva, judicial y legislativa- [38], y por ende, del Estado de derecho.

De esa forma, si el ejercicio del control judicial se ejerciere de manera que se construya una supremacía de la rama judicial sobre los otros poderes, se habría excedido el límite que la separación de los poderes como principio constitucional de organización que el estado de derecho impone. En efecto, el juez constitucional, como regulador de la actividad estatal en tutela de la Constitución está llamado a “dar plena existencia al Estado de derecho y a asegurar la vigencia de la distribución de poderes establecida por la Constitución” [39] , por lo que si la acción judicial conlleva la imposibilidad del ejercicio de las funciones propias de cualquiera de los otros poderes del Estado, en lugar de realizar su tarea de garantizar la supremacía constitucional, estaría distorsionando su  efectividad real.

Ese es, precisamente, el caso de Venezuela, donde la Sala Constitucional, desde su creación, no sólo ha usurpado funciones propias del órgano legislativo al dictar normas generales, sino que además ha impedido el ejercicio de las funciones de control de la Asamblea Nacional sobre el gobierno y la administración pública nacional.

 

1.2.1 Usurpación de la potestad legislativa de la Asamblea Nacional

 

1) El primer caso de ruptura del principio de separación de poderes por invasión de la Sala Constitucional en la esfera de competencias legislativas de la Asamblea Nacional, ha sido, sin duda, el caso José Amando Mejía. En este la Sala Constitucional reformó la Ley Orgánica de Amparo y estableció un nuevo procedimiento para conocer de las acciones de amparo, por considerar que el establecido en la Ley Orgánica de Amparo no estaba conforme con el nuevo texto constitucional (sentencia de 1° de febrero de 2000, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). De esa forma, la Sala Constitucional anuló, mediante interpretación constitucional, unas normas cuya nulidad no fue siquiera solicitada, por considerarlas incongruentes con la Constitución, y además creó un procedimiento no establecido en la ley para su tramitación.

2) Otro de los primeros ejemplos de la invasión de competencias del órgano legislativo por el Poder Judicial, que se observó en Venezuela a partir de la creación de la Sala Constitucional, fue el caso Servio Tulio León (sentencia N° 1077 del 22 de septiembre de 2000), por medio del cual, actuando fuera del marco de las atribuciones expresamente otorgadas por la Constitución, esa Sala dio origen a un recurso autónomo de interpretación constitucional que no estaba consagrado ni constitucional ni legalmente, abrogándose facultades legislativas y hasta constituyentes.

Con la creación del recurso de interpretación constitucional, la Sala Constitucional se arrogó la facultad de establecer interpretaciones en abstracto de la Constitución con el fin de legislar y ejercer control incluso sobre el propio texto constitucional, con supuesto fundamento en el artículo 335 constitucional, el cual sólo otorga carácter vinculante a las interpretaciones que haga la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales, en el ejercicio de las atribuciones dispuestas en el artículo 336 (entre las cuales no figura el recurso de interpretación autónoma de la Constitución).

3) La Sala Constitucional ha desbordado el ejercicio de sus poderes respecto del principio de separación de poderes con la creación de potestades que no son reconocidas ni por el texto constitucional ni por la LOTSJ, en usurpación de las funciones legislativas de la Asamblea Nacional. En efecto, la Sala Constitucional creó una “acción innominada de control de la constitucionalidad” para buscar concretar pretensiones de control de constitucionalidad que escapan al ámbito de competencias del juez constitucional.

Eso ocurrió en el caso en el cual se cuestionaba la legitimidad del presidente de la República en virtud de su nacionalidad, por el hecho de no poseer la venezolana con carácter exclusivo. En este caso el presidente Maduro resolvió crear una acción a la  medida argumentando que “al no existir disposición expresa que contemple la modalidad de control de la constitucionalidad aquí planteada, lo pertinente es ejercer la presente acción innominada de control de la constitucionalidad (…)”, y la Sala Constitucional decidió admitirla y declararse competente para conocer de una acción que no tiene vigencia ni consagración en el ordenamiento constitucional y legal venezolano y excedía del ámbito competencial de dicho órgano jurisdiccional, colocándose por encima de la Constitución, con el único fin de declarar que “El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad”.

4) Así mismo, en la interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de marzo de 2017, la Sala Constitucional violó el principio de separación de poderes, desde que se auto atribuyó todas las competencias legislativas exclusivas de la Asamblea Nacional y la facultad de delegarlas en quienes y cuando lo considere conveniente; y además, otorgó competencias legislativas al Presidente de la República, a quien le ordenó ejercerlas por encima de la reserva de las competencias del órgano legislativo.

En efecto, en sentencia nro. 156, mediante un recurso de interpretación del menciondo artículo, la Sala Constitucional asumió inconstitucionalmente el ejercicio de todas las competencias del parlamento, en los siguientes términos:

 

mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el  Estado de Derecho.[40]

 

En la misma sentencia N° 156, la Sala Constitucional le atribuyó la potestad de legislar al Poder Ejecutivo, en materias de la Ley de Hidrocarburos, propias de la reserva legal (artículos 156.16 y 187.1), disponiendo que:

 

sobre la base del estado de excepción[41], el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia N° 155 del 28 de marzo de 2017).

 

  Como lo refiere el académico Brewer-Carías, “sin referencia alguna a la materia de hidrocarburos, la Sala Constitucional ratificó, irónicamente que “para velar por el Estado de Derecho” cuyos remanentes cimientos fueron pulverizados con la misma sentencia, todas las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a la Asamblea Nacional, serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional; y no sólo eso, también “por el órgano que ella disponga,” auto atribuyéndose un poder universal de delegar y disponer de las funciones legislativas de la Asamblea, y decidir a su arbitrio cuál órgano del Estado va a legislar en algún caso, o cuál órgano va a controlar, en otro” .

La sentencia comentada  pretendió otorgar al Presidente de la República toda clase de  poderes, en violación del principio de separación de poderes y además, pretendió deshacer el sistema de controles y contrapesos establecidos en la Constitución.[42]

El asombro y rechazo, tanto a nivel nacional como internacional, que produjo la publicación de dicha sentencia fue de tal magnitud que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos también se pronunció al respecto, en su Resolución 1078 del 3 de abril de 2017, declarando lo siguiente: “Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela [y que]. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático¨. [43] Todo ello ocasionó que el Consejo Nacional de la Defensa venezolano -en exceso de sus funciones consultivas en materia de defensa (artículo 323 de la Constitución)-, exhortara a los Magistrados de la Sala Constitucional a ¨revisar¨ su decisión (una medida que tampoco está respaldada en el ordenamiento jurídico venezolano), tras lo cual la Sala Constitucional acató[44] dicho “exhorto” y dictó sentencia aclaratoria para “corregir los excesos cometidos en ella” (aunque sin enmendar los vicios estructurales que la afecta), en completa violación del principio de separación de poderes y del ordenamiento jurídico vigente[45].

Como es evidente la exhortación del Consejo Nacional de la Defensa hizo notoria la injerencia flagrante de las competencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

1.2.2 Usurpación de la función del control político, de mérito y de conveniencia de la Asamblea Nacional

1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187.3 de la Constitución la Asamblea Nacional ejerce, además de la función legislativa,  funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional. Es el denominado control político, de oportunidad y de conveniencia que se ejerce sobre las actuaciones del órgano ejecutivo y es función exclusiva de la Asamblea Nacional por lo cual es éste también un límite al poder de actuación del juez constitucional. En tal sentido, la Constitución establece los mecanismos a través de los cuales se ejercerá dicho control así como la obligatoriedad de comparecencia y de presentación de la documentación que les sea requerida que tienen los funcionarios públicos y los particulares (artículos 22 y 223).

Ahora bien, a modo de evitar el control sobre las actividades llevadas adelante por el poder ejecutivo, generalizadamente violatorias del marco legal, la Sala Constitucional ha impedido que la Asamblea Nacional de Venezuela cumpla con esa importante función de control y lo ha tomado para sí.

Es así como, en usurpación de las funciones del órgano legislativo, la Sala Constitucional ha liberado a los ministros de la obligación de comparecer ante la Asamblea Nacional, y restringió las potestades de control político del órgano parlamentario sobre el gobierno y la administración pública sometiéndolo al control del Vicepresidente Ejecutivo[46].

De igual manera, la Sala Constitucional autorizó al Presidente de la República a rendir su mensaje anual, establecido en el artículo 237 de la Constitución, ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional[47], como ordena la norma.

Asimismo, declaró inválidos y jurídicamente ineficaces los actos realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con ocasión de supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA)[48].

Declaró incompetente e inconstitucional a la Asamblea Nacional para recibir las memorias razonadas y suficientes del Vicepresidente Ejecutivo y de los ministros del gabinete ejecutivo sobre la gestión de sus despachos[49].

Aprobó la constitución de empresas mixtas (Empresa Mixta PETROSUR, S.A.,), en los términos establecidos por el Presidente de la República, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional[50] previstas en la Ley Orgánica de los Hidrocarburos.

2) De otra parte, la Sala Constitucional ha impedido que la Asamblea Nacional lleve adelante el control político sobre los estados de excepción decretados por el Presidente de la República, e incluso ha declarado que dicho control “no tiene relevancia jurídica”, argumentando que “el control de la Asamblea Nacional sobre el Decreto que declara el estado de excepción es político, no jurídico” (sentencia N° 07, del 11 de febrero de 2016)[51].

De forma  que desde enero del año 2016, la Sala Constitucional ha avalado la constitucionalidad de los Decretos de Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, mientras que la Asamblea Nacional lo ha improbado (a pesar que de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, tal improbación implicaba la extinción inmediata del Decreto).Con base en ese criterio se han ignorado los efectos jurídicos de las decisiones de la Asamblea Nacional referidos a la improbación de los Decretos de Estado de Excepción y de Emergencia Económica. [52]

 

2. El límite derivado de los medios de impugnación

Siendo como es que los límites del juez están en función de sus poderes de actuación, un aspecto que ha de analizarse como elemento condicionante y de interdicción de la arbitrariedad del juez y límite de su actuación es, precisamente, el que deriva de los medios de impugnación, es decir del tipo de acción o recurso de que se trata.

Como sabemos entre los medios de impugnación existe el control difuso, el control concentrado, el amparo constitucional, el control previo sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y el carácter órganico de la ley o la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación[53], la solución de colisión de leyes, solución de controversias entre órganos del poder público, el recurso de omisión legislativa, de revisión constitucional y de interpretación constitucional.

Todo sistema procesal está indisolublemente conectado con el derecho sustantivo y a la inversa, usando las palabras del maestro Moles Caubet: “Cada derecho sustantivo genera su propio derecho adjetivo” y el derecho constitucional ha generado el derecho procesal constitucional para definir, entre otros, los cauces a través de los cuales se concreta la tutela constitucional, evitando la inseguridad, la inequidad y la desigualdad que generaría sujetar la clave de acceso a la justicia constitucional al criterio variante del magistrado. Este es el sentido de los medios de impugnación que define el órgano legislativo y da contenido al derecho de acción de los justiciables.

De manera que el poder del juez constitucional estará circunscrito a (i) La desaplicación de una norma, en el caso del control difuso de la constitucionalidad; (ii) La anulación en caso de inconstitucionalidad de los actos sujetos al recurso de nulidad por inconstitucionalidad; (iii) El restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales violados, en el caso del amparo constitucional; (iv) La verificación de la conformidad con la Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República, antes de su ratificación; (v) La determinación, antes de su promulgación, de la constitucionalidad del carácter orgánico que la Asamblea Nacional haya concedido a determinada ley; (vi) La determinación sobre la constitucionalidad de la ley pronta a ser promulgada, a solicitud del Presidente de la República; (vii) La resolución de colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declaración de cual debe proceder; (viii) La resolución de controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público; (ix) La declaratoria de la omisión legislativa del poder legislativo municipal, estatal o nacional, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección; (x) La revisión de sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República; (xi) La interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional.

La existencia de mecanismos de control constitucional representa un claro avance en la protección y verdadero respeto a la supremacía constitucional, pero la alteración de estos cauces ha conducido a una situación de inestabilidad contraria a la seguridad jurídica que el ordenamiento constitucional ha de brindar.

Esta alteración se produce cuando se desnaturaliza el medio de impugnación y   se anula una ley a través de un recurso de interpretación, o se interpreta una norma constitucional o legal como resultado de una acción  de anulación, o se inadmite una revisión constitucional pero de paso se anula una norma, todos estos supuestos recurrentes en la jurisdicción constitucional venezolana de los últimos años.

 

 

II.1Control concentrado

1) Un caso emblemático del exceso de la Sala Constitucional es la decisión que resolvió  el  recurso de nulidad contra el  Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional del año 2016[54], mediante la cual la Sala anuló distintos artículos de dicho Reglamento y, en exceso de los límites del medio de impugnación del control concentrado, dictó nuevas normas respecto del régimen de las sesiones de la Asamblea y el procedimiento de formación de las leyes (incluso creando la necesidad de conciliar con el Poder Ejecutivo la viabilidad económica de los Proyectos de Ley).

De este modo, la Sala Constitucional no sólo se sustituyó en la Asamblea al dictar sus normas internas de procedimiento, sino que además pretendió subordinar la Asamblea al control político del Presidente, en violación del artículo 187, numeral 19, de la Constitución.

Ciertamente, el juez constitucional ha transgredido el límite derivado de los medios de impugnación, al dictar sentencias que modifican expresamente el texto de la norma impugnada, en algunos casos desaplicando una parte de la norma  y sustituyéndola por la previsión que el juez determine, y en otros supuestos añadiendo nuevo texto normativo a la norma impugnada[55]; ejerciendo en ambos casos la jurisdicción normativa.

2) Otro ejemplo del exceso del poder de la Sala Constitucional respecto del control concentrado fue el caso de nulidad del Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA[56], en el cual la Sala Constitucional no se limitó a declarar la nulidad absoluta de un acto parlamentario de la Asamblea Nacional dictado en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente atribuidas, sino que le otorgó al  Poder Ejecutivo Nacional funciones propias del Legislativo (artículo 187 de la Constitución), en materias de exclusiva reserva legal, como la materia penal (artículo 156, numeral 2 de la Constitución); determinó el Acuerdo de la Asamblea Nacional como un acto  de “traición a la patria”, y además ordenó iniciar de oficio un proceso de “control innominado de la constitucionalidad”, desconociendo por completo la inmunidad parlamentaria (artículo 200 de la Constitución), violando claramente el derecho a la defensa y al debido proceso (artículo 49 de la Constitución), así como los límites del medio de impugnación que comprende el control concentrado de la constitucionalidad.

 

II.2Amparo constitucional

1) Tambien en el supuesto del mecanismo de control de amparo constitucional se ha incurrido en la violación evidente del límite que impone al juez lo referido a los medios de impugnación de que se trate. Por ejemplo, en  el denominado caso Scarano la Sala Constitucional, usurpando las competencias de la jurisdicción penal, ejerció la potestad sancionatoria penal en materia de desacato a sus decisiones de amparo (establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo y garantías constitucionales), rebasando de esta forma los límites constitucionales y legales que impone el ejercicio de sus facultades en la decisión de amparo constitucional [57].

 En este caso, la Sala Constitucional “violando todas las garantías más elementales del debido proceso, entre las cuales están, que nadie puede ser condenado penalmente sino mediante un proceso penal, el instrumento fundamental para la realización de la justicia” (art. 257 de la Constitución), en el que deben respetarse el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al juez natural (art. 49 de la Constitución), y la independencia e imparcialidad del juez (arts. 254 y 256 de la Constitución), “verificando”, en sustitución del juez penal, el desacato a un mandamiento de amparo (sentencia Nro. 136 de fecha 12 de marzo de 2014) impuso:

 

la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y remitió la decisión para su ejecución a un juez de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución del Circuito Judicial Penal correspondiente.[58]

 

Como señala Brewer-Carías, “la Sala Constitucional resolvió usurpar la competencia de la Jurisdicción Penal y anunció que verificaría la comisión del delito de desacato, identificando a los autores que habían incumplido el mandamiento de amparo constitucional que había dictado, por lo que les impondría directamente la pena de prisión de seis (6) a quince (15) meses, que es la sanción penal prevista en el mencionado artículo 31 de la Ley Orgánica. Ni más ni menos, el Juez Constitucional se erigió en el perseguidor de los funcionarios públicos electos responsables de los gobiernos municipales en los  municipios donde la oposición había tenido un voto mayoritario”.

 Es de resaltar que, tal como lo dispone el artículo 27 de la Constitución, en el procedimiento de amparo constitucional el juez debe limitarse a restablecer la situación jurídica infringida (en caso de que se compruebe su existencia) a la situación que más se asemeje a ella, con el objeto de amparar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, cualquier decisión que exceda a dicha potestad, como la imposición de penas, es una violación de este medio de impugnación.

 

 

II.3Control previo sobre las leyes antes su promulgación

 

Como hemos señalado, especialmente a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015, y, con ocasión de que la Asamblea Nacional electa contara ahora con una mayoría opositora, comenzó una nueva etapa caracterizada por la utilización sistemática del Tribunal Supremo de Justicia, para, a través de decisiones políticas y contrarias a la Constitución, limitar, cercenar y suprimir las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional. Como lo advierte el propio Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Informe sobre Venezuela, es evidente que “se ha disparado el activismo del Tribunal Supremo desde febrero a marzo de 2016, comparado con el 2015, al pasar de dos casos a 252. Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo”.  [59]

Así pues, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado, durante los años 2016, 2017 y 2018, un gran número de sentencias enteramente inconstitucionales, todas dirigidas a limitar las competencias de legislación de la Asamblea Nacional.

En efecto, la Sala Constitucional,  en colusión con el Presidente de la República en ejercicio abusivo del artículo 214 de la Constitución que contempla el derecho a veto y le permite a este órgano solicitar el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad de una ley antes de su promulgación, ha anulado todas, menos una,[60] de las leyes que ha sancionado la Asamblea Nacional en ejercicio de las competencias constitucional y naturalmente atribuidas por el artículo 187, entre ellas las siguientes:

 

1) Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela[61]. La Sala declaró la nulidad de esa Ley al considerar que mediante ella se pretendía subordinar al Banco Central de Venezuela a la Asamblea (cuando lo que se hizo, en realidad, fue reproducir el contenido del Decreto-Ley de 2014).

 

2) Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional[62]. La Sala Constitucional cuestionó la oportunidad de la amnistía, pese a que la amnistía es una competencia exclusiva de la Asamblea que no admite control judicial en cuanto a su oportunidad y mérito.

3) Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia[63].

 

4) Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público[64].

5) Ley especial para atender la crisis nacional de salud[65].

6) Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones[66].

 

7) Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal[67].

8) Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal[68].

9) Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena[69].

 

10) Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por desacato de decisiones judiciales[70].

11) Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente[71].

12) Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales correspondiente al 21 de febrero de 2017[72].

Téngase en cuenta que respecto de la jurisdicción constitucional, “existe un ámbito en que puede y debe apreciar y censurar sin dificultad los actos de los poderes públicos que sean contrarios a la Constitución”, pero también existe “una zona gris o de penumbra” en la cual “ha de proceder con cautela, para que el proceso político no sea privado de asuntos que la Constitución misma le entregó, y para evitar que sus decisiones generen innecesariamente males mayores a los que se pretenden censurar”[73].

 

II.4 Recurso de omisión legislativa

El recurso de omisión legislativa es un mecanismo del control de la constitucionalidad por medio del cual la Sala Constitucional controla las omisiones del órgano legislativo cuando ellas originan una situación contraria a la Constitución. Es la acción mediante la cual se demanda la declaratoria de inconstitucionalidad de la conducta del órgano legislativo que, por un tiempo prolongado e indefinido, permanece inactivo en el cumplimiento de su obligación concreta de dictar leyes que ejecuten preceptos constitucionales de obligatorio desarrollo, de manera que dichos preceptos o uno de ellos, se hace ineficaz, con lo cual se produce la vulneración a la Constitución.

Para decidir el recurso por omisión legislativa el juez constitucional tiene la obligación no sólo de hacer eficaz el precepto constitucional que ha exhortado el desarrollo legislativo que se omite, sino también de reparar la inconstitucional omisión sin violar el principio de división de poderes.

No está entonces previsto que el tribunal dicte las normas omitidas, porque nunca se aceptaría en un Estado democrático de derecho que un cuerpo distinto al parlamento, que es el representante de la voluntad general, sea el que dicte las leyes, “es la esencia de la soberanía popular”.[74]

De esta forma, el juez constitucional tiene prohibido ejercer la función legislativa, como competencia propia de la Asamblea Nacional. Aunque la realidad en Venezuela demuestra que la Sala Constitucional ha ejercido en reiteradas oportunidades la llamada jurisdicción normativa (como la declaración de interpretaciones vinculantes que obran como una normativa restringida hasta que la Asamblea Nacional legisle sobre una materia o lo haga de acuerdo a los valores, principios y normas constitucionales[75]).

Que los jueces constitucionales carecen de facultades para legislar, por ser esta una función inherente del poder legislativo fue establecido en sentencia de la  Corte Suprema de Justicia, de fecha 12 de septiembre de 1969, al señalar que:

 

Investido como está el Congreso de la potestad de legislar, a él corresponde escoger las vías más apropiadas para expresar su voluntad y decidir respecto de las ventajas o inconvenientes del contenido de una ley. Establecer si una o más normas deben o no incluirse en determinada ley o si los medios escogidos por el legislador son o no los mejores para lograr los fines previstos en la Constitución son cuestiones que escapan al control jurisdiccional de la Corte sobre los actos de los cuerpos legislativos nacionales, a menos que se viole una disposición expresa de la Constitución.

 

Al respecto téngase en cuenta  que “los jueces constitucionales pueden ayudar al Legislador a llevar a cabo sus funciones; sin embargo, no pueden sustituirlo ni promulgar leyes, ni poseen base política discrecional alguna para crear normas legales o disposiciones que no puedan ser deducidas de la Constitución misma”[76]. En efecto:

 

es posible afirmar como principio general, que los jueces constitucionales aún siguen siendo considerados –como Hans Kelsen solía decir: “Legisladores Negativos;” por oposición a ser “Legisladores Positivos” en el sentido de que, como lo afirman Richard Kay y Laurence Claus, los mismos no pueden elaborar ni crear leyes ex novo que sean producto “de su propia concepción,” ni adoptar “reformas” respecto de leyes que han sido concebidas por otros actores legislativos[77]

 

Sin embargo, dado que en la actualidad se ha constatado que los jueces constitucionales en muchas oportunidades, al controlar la ausencia de leyes, crean normas que usualmente derivan de la Constitución, “en algunos casos, sustituyendo al propio Legislador, asumiendo un papel abierto de “Legislador Positivo” al expedir “reglas temporales y provisionales para ser aplicadas en asuntos específicos que aún no han sido objeto de regulación legislativa”, lo que se busca es controlar esa función de modo que no desborde en una violación del principio de separación de poderes y la usurpación del poder legislativo.

Brewer-Carías ha identificado que los jueces constitucionales, como “Legisladores positivos”, tienden a intervenir en las funciones del órgano legislativo cuando:

 

(…), interfieren con la legislación existente, asumiendo la tarea de auxiliares del Legislador, complementando disposiciones legales, agregando nuevas disposiciones a las existentes y también determinando los efectos temporales de la leyes;

(…), interfieren con la ausencia de legislación, por las omisiones absolutas o relativas del legislador, actuando en algunos casos como “Legisladores Provisionales”; y

(…), actúan como Legisladores en materias relativas al propio control de constitucionalidad de las leyes, en decir, en materia de justicia constitucional[78].

 

 Frente a esta innegable realidad del ejercicio de los jueces constitucionales de sus funciones como “legisladores positivos”, se ha planteado ya no el completo rechazo de estas “actividades legislativas” por parte de los jueces constitucionales, sino la determinación del alcance y los límites de sus decisiones y el grado de interferencia permitido en relación con las funciones legislativas”[79]. En efecto, como ha señalado Francisco Fernández Segado, el objetivo es evitar “convertir al guardián de la Constitución en soberano.”[80]

En el sentido anterior, téngase en cuenta cómo el Tribunal Constitucional federal Alemán desde finales de los años setenta del siglo pasado ha impuesto límites a la decisión de los recursos de omisión legislativa, disponiendo que para remediar la inconstitucionalidad por omisión en la producción de normas generales se debe tener en cuenta, en primer lugar,  un claro mensaje constitucional incumplido; en segundo lugar, el transcurso de un tiempo ya irrazonable sin que se lo obedeciera, y, por último, la posibilidad de que el Poder Judicial pudiese cubrir material y jurídicamente el vacío lagunoso, prescindiendo del legislador[81].

De esta forma señalamos entonces que la potestad configurativa del legislador es un principio conocido e importante, pero que, sin embargo, está limitada a lo que disponga la Constitución y no es inmune al control por el órgano correspondiente de justicia constitucional[82].

En efecto:

 

La razonabilidad en el ejercicio de aquella libertad es una de las piezas cruciales del engranaje que mueve las relaciones entre el legislador y el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia en cuestión. Si bien estos últimos órganos deben conducirse con deferencia prudente y reflexiva respecto del margen de apreciación del legislador, este no puede ignorar ad eternum las demandas de actuación concreta que la Constitución le fija[83].

 

Lo cual quiere significar que ni el juez constitucional puede convertirse en legislador, a pesar de que sus pronunciamientos constitucionales repercutan en el ordenamiento jurídico; ni el legislador puede escudarse en su libertad configurativa para eludir o posponer ilimitadamente el mandato constitucional que le impone materializar las determinaciones normativas contenidas en la Constitución[84].

 

II.5 Recurso de interpretación constitucional

Como hemos señalado previamente, el recurso de interpretación constitucional no está consagrado en la Constitución como atribución de la Sala Constitucional, por el contrario, fue creado vía jurisprudencia de este órgano, el cual se auto atribuyó la competencia de decidir, de forma abstracta y autónoma, qué debe entenderse de los principios y normas presentes en la Constitución.  Con posterioridad a su creación mediante la jurisdicción normativa de la Sala Constitucional, la interpretación constitucional, como recurso autónomo y competencia exclusiva de la Sala Constitucional fue indebidamente establecido en el numeral 17 del artículo 25 de la LOTSJ.

La interpretación constitucional se corresponde con el proceso lógico mediante el cual el juez constitucional busca el esclarecimiento de una norma constitucional cuyo contenido resulta confuso, ambivalente, indeterminado, general, con el objeto de aclararlo, concretarlo, darle virtualidad práctica y ajustarlo a las circunstancias históricas, y que tiene como finalidad la preservación de la Constitución así como facilitar su aplicación a situaciones concretas.

En tal sentido, la interpretación de una norma constitucional no es un medio para cambiar la Constitución, tampoco para darle un sentido aislado al del resto del sistema o bloque de la constitucionalidad, es para ajustar y determinar su alcance en un caso concreto, de acuerdo con el contenido, los principios, valores y normas de todo el conglomerado constitucional.

Sin embargo, el recurso de interpretación constitucional se ha convertido en un instrumento autónomo que ha desbocado al juez constitucional poniéndose en muchos casos por encima de la propia intención constituyente al establecer verdaderas normas generales con carácter vinculante más que criterios de aplicación.

Un ejemplo más de la extralimitación del juez constitucional en abuso del medio de impugnación es la sentencia N° 07 de fecha 11 de febrero de 2016 de la Sala Constitucional, por medio de la cual no sólo se pronunció sobre la interpretación constitucional solicitada del artículo 339 de la Constitución relativa al control parlamentario sobre los decretos de estado de excepción dictados por el presidente de la República en Consejo de Ministros[85], sino que además, sin instancia de parte, de oficio, declaró la nulidad del Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 22 de enero de 2016 mediante el cual se desaprobó el Decreto No. 2.184 de emergencia económica del 14 de enero de 2016, y además, ratificó la “legitimidad, validez, vigencia y eficacia” de éste y desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 33 de la Ley Orgánica Sobre los Estados de Excepción.  Ello, a pesar que de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, tal improbación implicaba la extinción inmediata del Decreto.

Insistimos, el recurso de interpretación no puede concluir en la anulación de preceptos legales o actos parlamentarios, antes y por el contrario se concreta en verificar el contenido y alcance de una norma constitucional. Por ende, al desaplicar normas o actos que no fueron objeto de acción, incurrió la Sala en extralimitación.

Asimismo, el juez constitucional está impedido de ejercer por control difuso,  mediante la decisión de un recurso de interpretación autónomo, la desaplicación de normas legales cuya nulidad y aplicación no se está solicitando. Esto ocurrió cuando la Sala Constitucional decidió sobre la interpretación autónoma de los artículos 136, 222, 223 y 265 constitucionales, y terminó realizando, en extralimitación al decidir fuera del mecanismo procesal ejercido, la revisión del contenido e incluso desaplicación por control difuso de ciertos artículos de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de los Funcionarios y Funcionarias Públicos y los Particulares ante la Asamblea.

Inclusive, aun cuando no ha sido siquiera solicitada la interpretación abstracta de un artículo de la Constitución, la Sala Constitucional, en exceso del medio de impugnación y en conocimiento de otros recursos distintos al de interpretación autónoma de la Constitución, ha decidido ejercer dicha facultad de oficio.

En el caso María Corina Machado del año 2014 la Sala Constitucional declaró inadmisible “por falta de cualidad de los accionantes” una acción por intereses colectivos y difusos interpuesta contra el entonces presidente de la Asamblea Nacional. Pero, además, terminó interpretando de oficio (sin solicitud de parte) el artículo 191 de la Constitución, para revocar "de pleno derecho" la investidura de Machado como diputada de la Asamblea Nacional, por considerar que esta había aceptado una representación alterna de un país ante la Organización de Estados Venezolanos (OEA).

En efecto, la Sala Constitucional, consideró que la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 191 constitucional -cual es la pérdida de la investidura de diputado-, que interpretó en esa ocasión -repetimos, de oficio-, resultaba ajustada al caso planteado (que nunca le fue planteado), señalando lo siguiente:

 

al operar de pleno derecho, ante la aceptación de una representación alterna de un país, indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de la ciudadana María Corina Machado, quien estaba desempeñando su cargo de Diputada a la Asamblea Nacional, lo cual constituye una actividad a todas luces incompatible durante la vigencia de su función legislativa en el período para el cual fue electa, pues esa función diplomática no solo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electo o electa, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana (artículo 130 constitucional) y como Diputada a la Asamblea Nacional (artículo 201 eiusdem). Así se declara.[86]  

 

Este caso y todos los mencionados son ejemplos del uso y abuso que se le ha dado al recurso autónomo de la interpretación constitucional, en la anticipación y justificación de las medidas de orden estrictamente político emanadas del poder gubernamental.

  

 

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* Conferencia dictada en las IX Jornada de Derecho administrativo y público general Dr. Allan Brewer-Carías. "La Administración Pública en el Estado Social y Democrático de Derecho". Santo Domingo. República Dominicana, 9 de noviembre de 2018.

** Doctor en Derecho. Profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau.

[1] Ello, con fundamento en las ideas de Hamilton plasmadas en el famoso periódico The Federalist, dado que la Constitución limita a los poderes del Estado, y en especial, a la autoridad legislativa, esas limitaciones deben ser preservadas por los Tribunales de Justicia, los cuales tienen el deber de declarar la nulidad de todos los actos que sean contrarios a la Constitución. “De lo contrario, todas las reservas de derechos o privilegios particulares, equivaldrían a nada”. V., The Federalist (Cambridge, ed. B.F. Wright, 1961), 491-493. Cit. en Allan Brewer-Carías, Tratado de derecho constitucional, Tomo XII, Justicia constitucional y jurisdicción constitucional, (Caracas: Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 2017),  32.

[2] Ibídem, 27-28.

[3] Ibídem, 24.

[4]  Cfr. Brewer-Carías, Tratado de derecho constitucional, Tomo XII, 55.

[5] María M. Elizondo Gasperín, “Derecho procesal constitucional”, en Cuadernos procesales, (año 4, Nº 8) 2008.

[6] Eduardo, Ferrer Mac-Gregror, “El Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica autónoma”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2006). En: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1624/8.pdf 

[7] Cfr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, El Derecho Procesal Constitucional,  Editorial Porrúa, Colegio de Secretarios de la Corte Suprema de la nación, México, 2003.

[8]Vid. en Eduardo Ferrrer Mac-Gregor, Prólogo a la Edición Mexicana de La prueba en los procesos constitucionales, por Ana Giacomette Ferrer (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, 2014), 51-52.

[9] Eduardo Ferrer Mac-Gregor, El Derecho Procesal Constitucional,  84.

[10] Ibídem.

[11] Ibídem.

[12] Eduardo, Ferrer Mac-Gregror, “El Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica autónoma”, 124.

[13] Ibídem.

[14] Ibídem.

[15] El derecho constitucional procesal, examina las instituciones procesales previstas en la Constitución: jurisdicción, garantías judiciales y garantías de las partes. Esto debido a que las Constituciones modernas han elevado a la jerarquía de normas fundamentales a las instituciones de derecho procesal.

[16] Véase sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12 de abril de 2004.

[17] Publicada en la Gaceta Oficial N° 5.991 del 29 de julio de 2010, y reimpresa en la Gaceta Oficial N° 39.483 del 09de agosto de 2010 y posteriormente en la Gaceta Oficial N° 39.522 del 1 de octubre de 2010.

[18] Gaceta Oficial N° 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990.

[19] Gaceta Oficial Nº 6.078 Extraordinario del 15 de junio de 2012.

[20] Ana Giacomette Ferrer, La prueba en los procesos constitucionales, (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, 2014), 107.

[21] Cit. en Jesús González Pérez, "Las sombras de la jurisdicción constitucional", en Sergio J. Cuarezma Terán y Rafael Luciano Pichardo, Nuevas tendencias del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, (Nicaragua, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, 2011), 544.

[22] La Constitución de 1858 estableció por primera vez, en forma expresa, el control judicial concentrado de la constitucionalidad, a través del instrumento procesal de la acción popular, atribuyendo a la Corte Suprema competencia para declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por las legislaturas provinciales cuando fueren contrarios a la Constitución. En efecto, dispuso el artículo 113 de la Constitución de 1858, lo siguiente: “Artículo 113. — Son atribuciones de la Corte Suprema:(…)8ª Declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por las Legislaturas provinciales, a petición de cualquier ciudadano, cuando sean contrarios a la Constitución”. A pesar de ello, es en la Constitución de 1893 (artículo 123) en la cual se establecen definitivamente las bases del control concentrado de la constitucionalidad sobre las leyes nacionales o estadales y otros actos de los órganos del poder público en cabeza de la Corte Federal. Así pues, el artículo 123 de la Constitución de 1893 establecía el control concentrado en los siguientes términos: “Artículo 123. Todo acto de las Cámaras Legislativas o del Ejecutivo Nacional, que viole los derechos garantizados a los Estados o ataque su autonomía, deberá ser declarado nulo por la Alta Corte Federal, aunque la declaratoria de nulidad haya sido pedida por una sola de las Asambleas Legislativas de los Estados.”.

[23] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno de 15–03–1962, en Gaceta Oficial., Nº 760,  extraordinaria de 22–3–62, cit. en Allan R. Brewer-Carías, “Algo sobre las nuevas tendencias del Derecho Constitucional: el Reconocimiento del Derecho a la Constitución y del Derecho a la Democracia”, en Sergio J. Cuarezma Terán y Rafael Luciano Pichardo, Nuevas tendencias del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, (Nicaragua, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, 2011), 83.

[24] En Venezuela, siguiendo la orientación del constitucionalismo moderno latinoamericano, la acción de amparo constitucional fue regulada por primera vez en la Constitución de 1961 cuyo artículo 49 establecía la obligación para todos los Tribunales de la República de amparar a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, de conformidad con la ley; es decir, la garantía judicial específica de los derechos y garantías constitucionales. En efecto, dispuso el artículo 49 de la Constitución lo siguiente: “Los Tribunales ampararán a todo habitante de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, en conformidad con la ley. El procedimiento será breve y sumario, y el juez competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.”.

[25] Gaceta Oficial N° 34.060 del 27 de septiembre de 1988.

[26] Vid. Rafael Badell Madrid, “Poderes del juez constitucional”, Conferencia dictada en VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV Congreso de Derecho Administrativo en Homenaje al Dr. Carlos Ayala Corao. Universidad Monteávila. Caracas: 11 de noviembre de 2016. En: http://badellgrau.com/?pag=37&ct=2145

[27] Allan Brewer-Carías, Tratado de derecho constitucional, Tomo XIV, 1031.

[28] Cit. en Jesús M. Casal, Constitución y Justicia Constitucional, segunda edición ampliada, (Caracas: Edit. Universidad Católica Andrés Bello, 2004), 279.

[29] José J. Fernández Rodríguez, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, segunda edición, (Madrid: Editorial Tecnos, 2007), 26.

[30]Jesús M. Casal, Constitución y Justicia Constitucional, 286.

[31] Cesar Landa, “Justicia Política en Perú”, en Víctor Bazán y Marie-Christine Fuchs , Justicia constitucional y derechos fundamentales. Justicia y Política en América Latina, (Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, Editorial Temis, Editorial Nomos S.A., 2018), 217.

[32] Pedro Salazar Ugarte, La democracia constitucional. Una radiografía teórica, (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), 272.

[33] Así pues, en Venezuela, por virtud del artículo 7, en concordancia con el artículo 333, la Constitución sólo cambia o desaparece,  según  el caso, por reforma, enmienda o una nueva Constitución, pero nunca por las decisiones de los jueces en ejercicio de la jurisdicción constitucional. En efecto, los jueces constitucionales no tienen la facultad del poder constituyente originario para cambiar las normas constitucionales, dado que éste sólo corresponde al pueblo.

[34] Juan V. Sola, Control judicial de constitucionalidad, (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001), 632.

[35] Ibídem.

[36] Sandra Morelli, La Corte Constitucional: un papel por definir, (Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2002), cit. en Allan Brewer-Carías, Tratado de derecho constitucional, Tomo XIV, 77.

[37] Sentencia N° 565 del 15 de abril de 2008.

[38] Pedro Salazar Ugarte, La democracia constitucional, 89.

[39] Manuel García Pelayo, “El Status del Tribunal constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 1 (1981), 15. Cit. en Allan Brewer-Carías,  Dictadura Judicial y Perversión del Estado de Derecho. El Juez Constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela,  Segunda edición, (Caracas / New York, Editorial Jurídica Venezolana International, 2016), 28-29.

[40] Vid. Allan Brewer-Carías, “El reparto de despojos: La usurpación definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asumir el poder absoluto del Estado. (Sentencia N° 156 de la Sala Constitucional)”, Revista de Derecho Público, No. 149-150, (enero-junio 2017), 299.

[41] Decretado inconstitucionalmente por la propia Sala Constitucional en la sentencia citada N° 155 del día anterior, 28 de marzo de 2017.

[42] Declaración de las Academias Nacionales ante las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, de fecha 31 de marzo de 2017, Disponible en: www.acienpol.org.ve 

[44] Gaceta Oficial Nro. 41.127 de fecha 3 de abril de 2017.

[45] No es necesario enfatizar la violación del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual dispone que: “Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado…”, y del artículo 3 de la LOTSJ, de acuerdo al cual las sentencias del máximo tribunal de la República no son susceptibles de ser revisadas ni modificadas.

[46] Sentencia N°9 del 1º de marzo de 2016

[47] sentencia N°03 del 11 de enero de 2017 Artículos 187, 222, 22

[48] sentencia N° 88 del 24 de febrero de 2017

[49] sentencia N° 90 del 24 de febrero de 2017

[50] sentencia N°533 del 10 de julio de 2017

[51]José Ignacio Hernández, ¨El Asedio a la Asamblea Nacional¨, en Allan Brewer-Carías, Dictadura Judicial y Perversión del Estado de Derecho... Ob. cit.  68

[52] Entre ellas las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 4/2016 de 20-1-16; 7/2016 de 11-2-2016; 184/2016 de 17-3-2016; 411 del 19-05-16; 615 del 19-07-2016; 810 del 21-10-2016; 952 del 21-11-2016; 04 del 19-01-17.

[53] El artículo 214 de la Constitución contempla el derecho a veto del Pesidente cuando considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional. En tal caso, solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso previsto el Presidente promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso.”

 

 

[54] Sentencia N° 269  de 21 de abril del 2016.

[55] Como ¨fue el caso, por ejemplo, de la nueva redacción que la Sala Constitucional incluyó en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administracion Financiera del Sector Público, en el cual añadió la exigencia de que las operaciones de crédito público relacionadas con contratos de interés público requieren de la autorización de la Asamblea Nacional¨ Sentencia del 24 de septiembre de 2002, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Andrés Velásquez y otros. Vid. en Margarita Escudero, El control judicial de constitucionalidad sobre las ramas legislativa y ejecutiva del Poder Público, (Caracas:Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2004), 111.

[56] Sentencia N° 155 de 27 de marzo de 2017.

[57] Sentencia Nro. 138 de fecha 17 de marzo de 2014. Vid. en Allan Brewer-Carías, La condena y el encarcelamiento de Alcaldes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, usurpando competencias de la jurisdicción penal, mediante un procedimiento sumario contrario a la Constitución, para despojarlos de su investidura electiva. (New York 21 de marzo, 2014), 6-7.  En http://allanbrewercarias.com/documentos/la-condena-y-el-encarcelamiento-de-alcaldes-por-la-sala-constitucional-del-tribunal-supremo-usurpando-competencias-de-la-jurisdiccion-penal-mediante-un-procedimiento-%C2%93sumario%C2%94-contrario-a/

[58] Cfr. Allan Brewer-Carías, La condena y el… ,6.

[59] Vid. Asdrúbal Aguiar, “La ruptura de la democracia”, en Allan Brewer-Carías,  Dictadura Judicial y Perversión del Estado de Derecho, 44.

[60] Respecto de la única Ley que, según la Sala, sí se ajusta a la Constitución, la Ley de bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados, se anuló la disposición que ordenaba su entrada de vigencia inmediata (es decir, fue declarada "inaplicable" sentencia N° 327 de 28 de abril del 2016).

[61] Sentencia N° 259 del 31 de marzo de 2016.

[62] Sentencia N° 264 del 11 de abril de 2016.

[63] Sentencia N° 341 del 5 de mayo de 2016.

[64] Sentencia N° 343 del 6 de mayo de 2016.

[65] Sentencia N° 460, del 9 de junio de 2016.

[66] Sentencia n° 938 del 04 de noviembre de 2016.

[67] Sentencia n°939 del 04 de noviembre de 2016.

[68] Sentencia n° 1012 del 25 de noviembre de 2016.

[69] Sentencia n°1013 del 25 de noviembre de 2016.

[70] Sentencia n° 1014 del 25 de noviembre de 2016.

[71] Sentencia n°1, del 6 de enero de 2017.

[72] Sentencia 383, del 31 de mayo de 2017.

[73] Jesús M. Casal, Constitución y Justicia Constitucional, 56.

[74] María Amparo Grau, “La omisión legislativa no es un instrumento político”, El Nacional, 8 de octubre de 2014. En: http://www.el-nacional.com/maria_amparo_grau/omision-legislativa-instrumento-politico_0_496750460.html

[75] Este criterio de la Sala Constitucional ¨ha sido aplicado con ocasión de diversos procesos constitucionales en orden a ¨ajustar¨ normas legales a los principios y normas constitucionales, procediendo en algunos casos a establecer nuevas redacciones de las leyes objeto del examen constitucional. Es preciso señalar que la Sala ha advertido sobre el efecto provisorio de sus decisiones con efecto normativo, tanto cuando ha establecido el desarrollo de un precepto constitucional como en los casos en que, dejando sin efecto normas –a su juicio- inconstitucionales, las sustituye por interpretaciones de cómo debía actuarse o ajustando su redacción a los preceptos constitucionales¨, Juan A Berríos Ortigoza, “Bases para la comprensión de la politización de la justicia constitucional en Venezuela (2000-2010): Ensayo de aproximación”, en Jesús M. Casal, Defender la Constitución, (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2011), 85.

[76] Allan Brewer-Carías, Tratado de derecho constitucional, Tomo XIV, 77

[77] Ibídem,

[78] Ibídem,  78.

[79] Ibídem,  78.

[80] Francisco Fernández Segado, “Algunas reflexiones generales en torno a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad y a la relatividad de ciertas fórmulas estereotipadas vinculadas a ellas,” en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N° 12 (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008),  161. Cit. en Allan Brewer-Carías, Tratado de derecho constitucional, Tomo XIV, 79.

[81] Véase Néstor Pedro Sagüés, “La Corte Constitucional como legislador suplente y precario”, en Sergio J. Cuarezma Terán y Rafael Luciano Pichardo, Nuevas tendencias del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, (Nicaragua, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, 2011), 103.

[82] Víctor Bazán, “Justicia, política y búsqueda de mayor transparencia en Argentina”, 23.

[83] Ibídem.  23.

[84] Ibídem.  25.

[85] Vid. Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la decisión de la Sala Constitucional relativa al control parlamentario de los decretos de estado de excepción, de fecha 25 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamiento%20ACPS%20sobre%20sentencia%20No.%207%20de%20la%20Sala%20Constitucional%20del....pdf

[86] Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 207 de 31 de marzo de 2017.



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