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Derecho Mercantil
Decretada quiebra de VIASA
 
Mediante sentencia de fecha 13 de diciembre de 2000, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con ponencia de la Dra. Ada Uriola González, decretó la quiebra de la empresa Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA).
 
El Tribunal consideró que concurrieron irregularidades en la sustanciación del procedimiento de atraso que dio inicio al juicio en fecha 4 de marzo de 1997, ya que se prorrogó el estado de moratoria más allá del plazo máximo establecido por el legislador a tales fines –doce (12) meses más una única prórroga de hasta un (1) año-[1], estimando además que los Síndicos y los auxiliares designados a los fines de la liquidación amistosa de las cuentas, incumplieron sus deberes desde que hicieron pagos en contravención con el orden prelativo que al efecto rige en materia de calificación de los créditos e incluso se ocultó información sobre activos y pasivos de la fallida.
 
Por las circunstancias que anteceden, a tenor de los previsto en el artículo 907 del Código de Comercio, el Tribunal declaró la quiebra de la mencionada empresa y adoptó las siguientes decisiones complementarias:
 
1) Designó como Síndico Provisional para administrar y liquidar el patrimonio de La fallida al ciudadano David José Rosario Krasner.
 
2) Ordenó la ocupación judicial de todos los bienes de la fallida, sus libros, correspondencia y demás documentos.
 
3) Estableció que todas las comunicaciones dirigidas a la fallida deberán entregarse al Síndico Provisional designado.
 
4) Prohibió de manera expresa pagar y entregar mercancías a la fallida, so pena de nulidad en los pagos y entregas que se hagan en violación de tal circunstancia.
 
5) Acordó que las personas que tengan bienes o documentos de la fallida lo pongan a disposición del Tribunal de la causa en un plazo no mayor de tres días de despacho siguientes a la publicación del fallo. Se acordó oficiar a las oficinas de correos y telégrafos para que sea esa orden en las carteleras de tales Oficina.
 
6) Dispuso convocar a los acreedores para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos a la primera Junta General, que se fijará por auto separado, en un plazo no mayor de quince (15) días de despacho contados a partir de que conste en autos la aceptación y juramentación del Síndico Provisional designado.
 
7) Ordenó hacer saber a los acreedores residentes en la República, mediante edicto, que dentro del término de quince (15) de despacho, siguientes a la publicación del fallo que declara la quiebra, más el término de la distancia para los acreedores residentes fuera del Distrito Capital, ocurran con los documentos justificativos de sus créditos, toda vez que conste en autos la publicación y consignación del referido edicto. Igualmente se ordena la fijación del edicto en la cartelera del Tribunal, en la sede de la fallida y se acuerda oficiar la Comisión Ejecutiva de la Magistratura a los fines de que haga de conocimiento de todos los Tribunales de la República la declaratoria de quiebra de la empresa VIASA.
 
8) Ordenó la publicación de un edicto destinado a informar a los acreedores que se hallen fuera de la República, la declaración de la quiebra, para que concurran por ante este Tribunal con los documentos justificativos de sus créditos, lo cual se especificará por auto separado.
 
9) Ordenó publicar el dispositivo de la sentencia.
 
10) Acordó remitir copia certificada del e fallo, del auto de admisión de la solicitud de atraso, del Acta de Asamblea de la reunión de acreedores, de la sentencia que declara el Beneficio de Atraso, de las actas de las reuniones celebradas a los fines de acordar las prórrogas, y las sentencias interlocutorias que las acuerdan; igualmente se envía copia certificada del escrito presentado por los Administradores Mancomunados solicitando autorización para la venta de las acciones de Viasa en Sita y del oficio remitido por la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público en donde informa sobre los resultados obtenidos por la experticia realizada por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, a la Fiscalía General de la República, y visto lo voluminoso del presente expediente se pone a la orden de la República, todas las piezas y anexos que conforman el mismo, por considerar el Tribunal que existen circunstancias que ameritan la investigación penal, a los fines de que se haga la calificación respectiva.
 
11) Se ordenó notificar a la Defensoría del Pueblo por haber intervenido en la causa en defensa de los intereses de los trabajadores de la fallida.
 
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[1] Así lo prevén los artículos 903 en concordancia con el artículo 908 del Código de Comercio


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