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Derecho Tributario
Ingresos brutos por operaciones con títulos de deuda pública y por diferencial cambiario, no deben incluirse en la base imponible del impuesto a las actividades económicas
 

Mediante sentencia de fecha 28 de julio de 2016, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en ponencia de la Juez Yuleima Milagros Bastidas Alviarez, declaró que los ingresos brutos obtenidos por la realización de operaciones con títulos valores emitidos directamente por la República o a través de la empresas del Estado, no deben ser incluidos en la base imponible del impuesto municipal a las actividades económicas. De igual forma expresó que los ingresos brutos generados por diferencial cambiario corresponden a meros ajustes contables, en consecuencia, debe excluirse de la base imponible del aludido impuesto municipal a las actividades económicas.

En efecto, la sentencia estimó que aun cuando la negociación y tenencia de títulos valores emitidos directamente por la República puede perfectamente subsumirse como una actividad económica generadora de ingresos efectivos a sus titulares, “en interpretación histórico-sistemática del artículo 214, numeral 2de la Ley del Poder Público Municipal, se concluye que la intención del legislador nacional, en el desarrollo de una política fiscal armonizadora, es que los ingresos brutos que gocen de exenciones otorgadas por el ejecutivo Nacional, en razón del desarrollo de la política fiscal del Estado, debe ser excluida de la base imponible del Impuesto Sobre Actividades Económicas, en orden de mantener la coordinación entre los entes políticos territoriales, y no afectar, a través del poder tributario Municipal, la política fiscal de la Nación.”

Al respecto se indicó que en la regulación del Impuesto sobre la Renta (artículo 14 numeral 13 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta) existe una exención respecto de los enriquecimientos provenientes de los bonos de la deuda pública nacional y cualquier otra modalidad de título valor emitido por la Republica, por lo que ello debe excluirse de la base imponible del impuesto municipal a las actividades económicas. Es decir, en la legislación nacional se materializa el beneficio (exención) en un estímulo que dispensa la carga impositiva de ciertos contribuyentes en orden de promover su actividad en beneficio de los fines del Estado y como excepción al principio de generalidad tributaria. Dicho criterio, en una interpretación progresiva extiende -con base al artículo 214, numeral 2 de la Ley del Poder Público Municipal- la exención a los impuestos municipales a las actividades económicas.

Por otra parte, la decisión analizó la procedencia de la inclusión de los ingresos obtenidos igualmente por la negociación y tenencia de títulos valores emitidos por empresas del Estado (PDVSA, Fondo Simón Bolívar, FONDEN, BANDES, BANAVIH). Al respecto, expuso el Tribunal que los títulos valores emitidos por las empresas del estado cuentan con el aval del cien por ciento (100%) por parte de la República, de acuerdo con los instrumentos normativos de su creación, por lo que, constituyen operaciones con bonos de la deuda pública de manera indirecta.

En tal sentido, concluyó que las empresas del estado referidas pueden endeudarse en los términos y propósitos del instrumento legal de su creación, por tanto, los ingresos brutos causados por operaciones con títulos valores, como quiera que se encuentran avalados en su totalidad por la República, gozan del beneficio fiscal de exoneración, por lo tanto dichos ingresos deben ser excluidos de la base imponible del impuesto a las actividades económicas.

Por último, respecto a los ingresos obtenidos por el diferencial cambiario, la sentencia indicó que  “es una situación contable vinculada a la fluctuación que tiene el valor de una moneda con respecto a otras divisas a lo largo del tiempo. En el caso concreto de Venezuela, esta variación se refleja por la variación a través del tiempo del tipo de tasa oficial establecida por los distintos regímenes cambiarios que han existido en el país”.

Asimismo, reconoció que “el ajuste contable realizado con respecto a un activo o pasivo y el diferencial causado por la variación de la moneda en la que esta denominada la obligación no es más que un acto de reconocimiento de una situación que bajo ningún concepto es imputable al contribuyente, por lo que la exclusión de la base imponible que realiza la norma comentada anteriormente se encuentra plenamente justificada. El activo en sí mismo no ha cambiado en forma cierta sino que la moneda utilizada para reflejar su valor tiene una relación distinta, una tasa de cambio distinta, con respecto a la moneda en la cual esta originalmente denominada la operación. De hecho, el valor en la moneda que le sirve de sustento no ha variado”.

En conclusión, según el Tribunal, los ingresos obtenidos por diferencial cambiario corresponden a “meros ajustes contables” que no forman parte de los ingresos brutos. De allí que estas son de necesaria exclusión, concretamente por mandato del artículo 214 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Público Nacional.



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