En sentencia T-195 del 28 de mayo de 2025, la Corte Constitucional estableció restricciones a las empresas de telefonía móvil al determinar que no pueden imponer la instalación de aplicaciones sin el consentimiento previo, libre e informado del usuario. El fallo subraya que la autonomía del consumidor debe prevalecer sobre las prácticas comerciales de los proveedores, quienes no pueden utilizar el desconocimiento técnico del usuario para condicionar el uso del dispositivo mediante software no solicitado que consume recursos.
El tribunal precisó que la protección de los derechos digitales implica que los usuarios deben tener el control efectivo sobre la configuración de sus terminales y la información que estos gestionan. En este sentido, cualquier aplicación impuesta por defecto que afecte la privacidad o el rendimiento del equipo constituye una vulneración a la libertad de elección, obligando a las empresas a implementar mecanismos de transparencia que permitan al usuario optar por la instalación o eliminación de dichas herramientas.
